Luis Gabriel Jop Corzo
Expediente 943/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Luis Gabriel Jop Corzo
- Juan Manuel Espinoza González
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual, devuelve diligenciado el exhorto 376/2021-AP-G, orden 376/2021, del índice de este juzgado, el cual fue librado a fin de notificar a los quejosos el auto de trece de octubre del año en curso. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), sin que haya lugar a realizar el acuse de recibo correspondiente, en virtud de que el mismo es generado por el referido sistema. Atento a lo anterior, y toda vez que en el auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, este juzgado se declaró legalmente incompetente y que en diverso proveído de veinte de octubre siguiente, se informó el Juzgado que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo; en consecuencia, envíese el oficio de cuenta y sus anexos al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, a fin de que provea lo que en derecho corresponda dentro del juicio de amparo ***, de su índice; dejando copia simple en autos del presente cuaderno para constancia.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunica el proveído de dieciocho de octubre del año en curso, dictado en el juicio de amparo indirecto *** de su índice, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***, en representación de ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, en razón de la incompetencia planteada por este juzgado en auto de trece de octubre del presente año. En consecuencia, una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido. En ese orden de ideas, el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo. De igual manera, se establece que este expediente es susceptible de depuración, en atención a que, si bien este juzgado de distrito se declaró incompetente para conocer del asunto; lo cierto es que en auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, se acordó lo relativo a la concesión de la suspensión de plano dados los actos reclamados en este juicio, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa
- Principal
Vista la demanda de amparo, promovida por ***, en representación de***, ***, o ***, ***, ***, ***, ***, ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 943/2021-G. Se DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, en forma específica, para el efecto de que de inmediato cesen los actos de discriminación, intimidación, traduciéndose en dolor psíquico y amenazas y cualesquiera otros prohibidos por el artículo 22 constitucional de los que se dicen, son objetos, los aquí quejosos directos, toda vez que el derecho a la integridad personal, así como a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad. Por otra parte, se decreta la suspensión de plano, para el efecto que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, que los quejosos directos no sean trasladados a un centro penitenciario diverso al que se encuentran recluidos. Lo anterior, siempre que dicha orden no se haya dictado conforme a uno de los supuestos previstos en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual dispone: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Para el caso de que se trate de alguna de las excepciones previstas en el citado numeral 52, se requiere a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe respecto a la suspensión de plano, comuniquen y acrediten tal circunstancia ante este juzgado con las constancias conducentes. Lo anterior se justifica debido a que la medida cautelar decretada contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, debe restringirse en cuanto a su concesión, si dicha orden se encuentra relacionada con el delito de delincuencia organizada o si el quejoso requiere medidas especiales de seguridad, siempre que se emita por autoridad judicial; en razón de que el diverso 128, fracción II, de la Ley de Amparo, así lo condiciona, en el sentido de que esa medida no surtirá efectos si contraviene disposiciones de orden público. En efecto, el artículo 18 constitucional establece que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Incluso, dispone que podrán imponerse medidas de vigilancia especial de seguridad a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. De ahí que ningún derecho fundamental es absoluto y, en esa medida, todos admiten restricciones, con la salvedad de que no se realicen a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros derechos constitucionalmente protegidos Se previene a las autoridades responsables que la violación de este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo, así como que entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad conforme a lo dispuesto por el artículo 215, fracción XIII, del Código Penal Federal, por lo que de no acatarse sin justificación legal alguna de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. Asimismo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables ya precisadas, para el efecto de que informen en un término no mayor de VEINTICUATRO HORAS sobre el cumplimiento que den a esta determinación, apercibidos de que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionados en términos del Código Penal Federal, ello conforme lo dispone el artículo 204 de la Ley de Amparo; para tal efecto, remítase a dichas autoridades copia simple de la demanda de amparo respectiva. En el entendido de que tratándose de la medida suspensiva cualquier dependencia o autoridad, está obligada a acatar la medida cautelar otorgada en un juicio de amparo. Sin que haya lugar a decretar la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la reubicación de dormitorio; pues dicho acto no está previsto en alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, máxime que dicho acto no genera de facto una incomunicación, -supuesto bajo el cual los quejosos no refieren ubicarse- o algún ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, por lo que será el juez que se avoque al conocimiento quien en su caso provea lo conducente, una vez que cuente con mayores elementos. Toda vez que la parte quejosa es omisa en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, con apoyo en la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. No obstante, dado que los quejosos refieren que se encuentran internos en diversos reclusorios de la Ciudad de México, envíese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial correspondiente, a efecto de que el JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TURNO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que realice lo siguiente: 1) De conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que se constituya ante el encargado de las instalaciones del centro de reclusión en el que se encuentren los quejosos y les notifique personalmente el presente acuerdo. 2) De conformidad el ordinal 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, comisione al actuario judicial adscrito al juzgado exhortado a efecto de que proceda a dar fe de las condiciones físicas en las cuales se encuentren los quejosos, de lo cual deberá realizar una relación detallada; asimismo, de estimarlo necesario, realice toma de placas fotográficas a fin de acreditar el estado físico de los peticionarios de amparo. En el entendido que la autoridad administrativa ante quien están a disposición los quejosos directos, deberá prestar todas las facilidades a efecto de que el actuario facultado se pueda constituir a desahogar la diligencia de mérito. 3) Ordene al actuario de su adscripción, se constituya en el domicilio oficial de las autoridades responsables administrativas con sede en la Ciudad de México y les notifique el presente acuerdo, conforme a los oficios que se adjuntan a la comunicación oficial. -Incompetencia. En otro orden de ideas, cabe señalar que los presupuestos procesales son los requisitos que los gobernados deben cumplir al hacer uso del derecho de acceso a la justicia. A razón de ejemplo cabe citar, entre otros, la competencia (el gobernado debe de presentar su petición ante el órgano facultado por el legislador para conocer del procedimiento); la legitimación (cuáles son las personas que pueden demandar y cuáles pueden ser demandadas); la vía (el procedimiento que el legislador previó para el caso concreto). Así, la competencia es la distribución de jurisdicción entre los jueces, que se realiza mediante la asignación de determinadas facultades para realizar la función jurisdiccional en determinados asuntos y dentro de cierto territorio. La competencia se traduce en los límites del poder jurisdiccional, dentro de los cuales el juez puede conocer de los conflictos o controversias que los gobernados le presentan; en ese orden ideas, podemos decir que la competencia es sólo la facultad que tiene el juzgador para ejercer su jurisdicción en determinados asuntos y sólo dentro de determinado territorio. En esa tesitura, al ser la competencia de estudio preferente, este órgano jurisdiccional procede a examinar si resulta competente para conocer del presente asunto. Como se ve, en la demanda que se analiza se señala como autoridad responsable al suscrito Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala -pues se señalaron como tales la totalidad de juzgadores de amparo del Estado de Tlaxcala- motivo por el cual este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente asunto, por las razones que a continuación se exponen: El artículo 38 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". El precepto legal en cita determina la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un juez de distrito, siendo competente otro de la misma categoría dentro del mismo distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca dicho juez. Lo anterior, resulta evidente ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de amparo respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez. Por lo tanto, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, se declara legalmente incompetente para conocer y resolver sobre la referida demanda de amparo y la declina a favor del JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN TAMPICO, por ser el que no fue señalado como autoridad responsable. Por tanto, remítase mediante oficio el expediente en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, con el objeto de que lo turne al Juzgado Noveno de Distrito, para que tenga a bien determinar si acepta o no la competencia propuesta, solicitando que a la brevedad posible remita el acuse de recibo respectivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con copia simple de la demanda de cuenta, así como autógrafa del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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