Luis Gabriel Jop Corzo
Expediente 967/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 967/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Luis Gabriel Jop Corzo y Otros.
- Eduardo Flores Castro
- Luis Gabriel Jop Corzo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el treinta y uno de marzo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, debido a que no existe trámite por realizar ni documentos originales por devolver, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se ordena el archivo definitivo del presente cuaderno de antecedentes, mismo que por tener el carácter de expediente auxiliar, carecer de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, es susceptible de destrucción, después de transcurridos seis meses. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta [folio 4451] signado por el Juez Decimocuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 139/2023, con número de orden 153/2023 de este índice, el cual se envió para que en auxilio de las labores de ese Juzgado, notifique a los quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, el acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Sin que sea necesario remitir acuse de recibo, pues el mismo es generado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, agréguese a los presentes autos el oficio [folio 4454] remitido por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la ciudad de México, mediante el cual informa que aceptó la competencia para conocer del asunto, declinada por este órgano de control constitucional; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio y anexos signados por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, mediante el cual remite el testimonio de la resolución emitida en sesión ordinaria virtual celebrada el diez de marzo del presente año, en los autos del conflicto competencial 48/2022 de su índice, en la que se determinó: "PRIMERO. Es inexistente el conflicto competencial. SEGUNDO. Se ordena la devolución de los autos del juicio de amparo 967/2022, al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal.". Acúsese el recibo de estilo. Al respecto, debe decirse que la Superioridad declaró que no existe conflicto competencial en el caso, pues consideró que el señalamiento que hicieron los quejosos como autoridades responsables, entre otros, a los Juzgadores de Distrito en el Estado de Quintana Roo, no es causa legal para carecer de competencia ya que no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, como lo sería (incompetencia por razón de materia, grado o territorio), y que el señalamiento como autoridad responsable no determina el lugar de ejecución de los actos reclamados, por ello dicha alzada, declaró inexistente el conflicto. De lo anterior, se advierte que los órganos constitucionales no tienen el carácter de "autoridad responsable" para los efectos del juicio de amparo, ya que por autoridad responsable debe entenderse la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Entonces, se insiste, es manifiesto que en primer orden carece de los requisitos y de las facultades legales a que se refiere el citado numeral de la ley reglamentaria del juicio de amparo, ya que los Juzgados de Distrito de Amparo son precisamente los encargados de tutelar los derechos fundamentales y humanos, de los ciudadanos mediante el juicio de amparo indirecto, dilucidando si los actos reclamados en los mismos son o no inconstitucionales, por lo que en ningún caso podría reprochárseles que actúan coma autoridad responsable y menos aún que violan derechos humanos, cuando son los encargados de tutelar su observancia. Por lo que es imperativo que cuando en una demanda de amparo indebidamente se le dé el carácter de autoridad responsable a un Juez de Distrito en Materia de Amparo, el Juez de Distrito que provea respecto de la presentación de la demanda debe desechar la misma por cuanto a esas autoridades. Ciertamente, dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. Así, la ley de la materia prevé en su numeral 61, las Ilamadas "causales de improcedencia", dentro de las cuales hay causas que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, el artículo 61, fracción II, de la Ley de Amparo, previene que el juicio es improcedente: "II. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Ahora bien, esta hipótesis válidamente debe considerarse aplicable también para el caso en que, como el que se estudia ha sido señalada como autoridad responsable un Juez de Distrito de Amparo, habida cuenta que por regla general, las resoluciones que estos pronuncien, aun cuando son objetables, como se apuntó, su actuación se constriñe únicamente a la tutela de los derechos fundamentales y es manifiesto entonces que no se les debe reprochar una violación de tal índole y menos como autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo en términos del numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En este sentido, debe decirse que la transcrita causal de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídica, ya que esta no existiría si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de estos. Además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable. Aunado, de la lectura de la demanda, no se desprende que los quejosos hicieran referencia a algún procedimiento, causa o juicio, generadora de los actos que, en forma particular atribuyen a los jueces de referencia, mucho menos se advierte dato que permita inferir por lo menos, que el señalamiento con el carácter de autoridades responsables deviene en calidad de autoridad de juicio o contención. Incompetencia Las razones expuestas con antelación, lleva a estimar a este juzgado de distrito no ser competente para conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, ello en razón de que los actos reclamados no se surte la competencia legal por cuestión de territorio a favor de este juzgado, atendiendo a la propia naturaleza jurídica de los mismos y el lugar de ejecución. Lo anterior, porque la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio está obligado a efectuar la persona juzgadora, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, lo que se traduciría en una violación que invalida el proceso en perjuicio de los derechos sustantivos de las partes. Situación jurídicamente inadmisible, porque, se insiste, la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es así porque la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. En ese sentido, toda vez que los actos que se reclaman tienen ejecución material en la Ciudad de México, este órgano de control constitucional, como se adelantó estima carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que la ejecución de los actos reclamados tiene verificativo en la Ciudad de México, lugar donde se encuentra recluido el aquí quejoso. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo; y el artículo primero, fracción XV, segundo, fracción XV, punto 3, y cuarto, fracción XV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece y publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero siguiente, la suscrita jueza determina que carece de competencia legal por razón de territorio para resolver el presente juicio de amparo promovido por 1) ********************2) ******************** 3)********************4) ******************** 5) ******************** 6) ******************** 7) ******************** 8) ******************** 9) ******************** 10) ********************11)********************, 12)********************, 13)********************, 14) ******************** y 15) ********************, contra los actos que atribuyen al Subdirector de Apoyo Técnico a la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades; por lo que se ordena su remisión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera legalmente competente para conocerlo y resolverlo como en derecho proceda. Previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio al juez de distrito en comento, solicitándose al que le corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que se sirva dar a lo anterior, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Corolario, toda vez que los quejosos 1) ********************2) ******************** 3)********************4) ******************** 5) ******************** 6) ******************** 7) ******************** 8) ******************** 9) ******************** 10) ********************11)********************, 12)********************, 13)********************, 14) ******************** y 15) ********************, actualmente se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México; la cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con apoyo en ordinales 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; gírese atento exhorto por la vía electrónica al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda, efectúe la notificación del presente acuerdo en el lugar en el que se encuentran recluidos los promoventes del amparo. Se faculta al Juez exhortado para que en términos del numeral 21, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas hábiles a efecto de que se realice la notificación encomendada. Para cumplimentar lo anterior, remítase la presente comunicación por la vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 78 al 91 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, 67 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; con la firma electrónica del Secretario en funciones de Juez así como el Secretario de su Adscripción, se enviara el exhorto de referencia. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y por exhorto a los directos quejosos.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta remitido vía electrónica por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 502/2022, orden 570/2022, derivado del expediente en el que se actúa, mismo que se envió a fin de notificar a los quejosos el acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio.
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