Luis Gabriel Jop Corzo

Expediente 681/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
681/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Luis Gabriel Jop Corzo

Actuaciones

  1. Principal

    V- Vista la certificación que antecede y advirtiéndose que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de 23 de agosto del año en curso, mediante el cual este Juzgado desechó la demanda de amparo, promovida por Luis Gabriel Jop Corzo; por tanto, con fundamento en el precepto 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, previstos por los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; toda vez que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo promovida, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del citado acuerdo. De conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos de expediente impreso y del electrónico. De igual forma, atendiendo a la certificación con la que se dio cuenta, hágase efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de 23 de agosto de 2022, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena realizar las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, por medio de lista autorizada que se fije en lugar visible de este Juzgado Federal, hasta en tanto señalen domicilio procesal para tal efecto. Notifíquese.

  2. Principal

    V- Agréguese el oficio remitido por el secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve las constancias relativas del exhorto 289/2022-V-B, número de orden 405/2022-V-B, del propio índice, a efecto de notificar a la parte quejosa el auto de 23 de agosto de 2022, que ahí se tramitó como exhorto 591/2022, con número de orden 629/2022-lV. Al respecto, de la constancia anexa se advierte que se notificó al quejoso el 30 de agosto de 2022, sin realizar manifestaciones, para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que sea necesario acusar recibo al juzgado exhortado, toda vez que al ser devuelto vía electrónica, el mismo es generado por el propio sistema. Notifíquese.

  3. Principal

    V- Recepción y radicación de la demanda. Agréguese el escrito mediante el cual Luis Gabriel Jop Corzo, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al juez Cuarto de lo Familiar en Minatitlán y otra autoridad En consecuencia, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 681/2022-V-B. Desechamiento. Es importante precisar que del contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, el promovente del amparo reclama: ".1) La modificación del estado civil de la sociedad conyugal del quejoso Luis Gabriel Jop Corzo y Miriam Gracida Quinto que le causa angustia y dolor síquico. 2) Resolución dentro del estado civil de la sociedad conyugal de Luis Gabriel Jop Corzo y Miriam Gracida Quinto. 3) Indefensión jurídica del quejoso que se equipara a tormento síquico prohibido por el artículo 22 Constitucional.". Sobre lo cual, se estima en este asunto se actualiza la causal de improcedencia que contempla el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política y el artículo 6°, párrafo primero de la ley de la materia. Al respecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Finalmente, por cuanto hace al dispositivo 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esa Ley. De los artículos 107, fracción I de la Constitución Política y 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se desprenden dos presupuestos procesales del amparo: A. Instancia de parte agraviada. La acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio, con motivo de la violación a sus derechos, al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad; y, B. Legitimación procesal. El quejoso podrá promover el amparo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. En ese orden, conforme al artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política y el artículo 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente si no se promueve a instancia de parte agraviada, o bien, si quien promueve el amparo carece de legitimación procesal. Para sostener lo anterior, es necesario citar el artículo 3º de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 3°. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Por su parte, el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en sus artículos 1°, 2°, fracción II, 60, 64, 72, 73 y 76 disponen lo siguiente: "Artículo 1. El presente Acuerdo General Conjunto tiene por objeto regular los sistemas tecnológicos que conforman el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del juicio de amparo de manera electrónica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, a que se refiere la Ley de Amparo. Asimismo, tiene por objeto regular la utilización de los sistemas tecnológicos con los que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal para la tramitación de los juicios de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y las comunicaciones oficiales electrónicas." "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General Conjunto, se entenderá por: [.] II. Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL): El Documento Electrónico expedido por alguna de las Autoridades Certificadoras Intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico remitido mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación." "Artículo 60. En los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del CJF conforme a las disposiciones de este capítulo." "Artículo 64. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos del artículo 59 del presente acuerdo general y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña", y vincular al registro su firma electrónica. El registro de cada usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. [.]". "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la oficina de correspondencia común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la oficialía de partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos". "Artículo 73. Una vez enviada su demanda de amparo, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. De proporcionarse una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda de amparo se remitirá automáticamente a ésta el acuse de recepción electrónica. [.]" "Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente". Del análisis de las disposiciones citadas se obtiene lo siguiente: - Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente y para el caso que se opte por esta última, los escritos se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. - La "firma electrónica" es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y se establece que ésta producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para -entre otras opciones- enviar promociones. - Para presentar una demanda de amparo por vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que el quejoso se registre como usuario del sistema, para lo cual debe proporcionar su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única del Registro de Población, así como generar un nombre de usuario y una contraseña, y vincular a dicho registro su firma electrónica. - El registro de cada usuario en el sistema es personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. - Una vez enviada la demanda, el sistema genera un acuse de recepción, en el que se indican los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contiene su demanda y los archivos anexos, así como la fecha, hora de envío, recepción y un folio electrónico; y, - El sistema plasma en la parte final de la demanda y de cualquier otro documento que se reciba, una evidencia criptográfica de la firma electrónica, la cual muestra el nombre del titular de ésta, si el certificado es reconocido y si se encuentra vigente; siendo tales datos los que deben servir de base a los órganos jurisdiccionales para acordar lo conducente. En ese contexto, es advertible el principio de instancia de parte agraviada, el cual tiene como punto de partida la circunstancia de que el juicio de amparo nunca procede oficiosamente, es decir, sin que haya un interesado legítimo en provocar su actividad tuteladora. Por tanto, debe existir iniciativa del afectado por un acto de autoridad, a fin de evitar un desequilibrio entre los Poderes del Estado, ya que no son éstos los que impugnan los actos de los demás, sino los gobernados a través de uno de esos Poderes, en este caso, el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, un presupuesto lógico del principio mencionado consiste en que la demanda de amparo cuente con la firma de quien dice ser el agraviado por el acto de autoridad, ello, ya que si tal escrito constituye la base del juicio es indispensable, como requisito de su admisibilidad y procedencia, que contenga un signo expreso inequívoco de la voluntad del gobernado, pues de no ser así, se estimaría que es el propio órgano de control constitucional quien oficiosamente está verificando la regularidad de las actuaciones de las autoridades; situación que también debe regir para todas las promociones que se presenten durante la substanciación del juicio de amparo. Sirve de fundamento, la tesis aislada III.4o.T.14 K (10a.), de la Décima Época, registrada con el número 2013100, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, visible en la página 2361, que es del rubro y tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión." Así, la ausencia de algún signo que conduzca al tribunal de amparo a considerar que, efectivamente, es el agraviado quien incita su actividad jurisdiccional, es indicativo de incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, ya que la falta de firma tiene como consecuencia que el escrito relativo no constituya propiamente una demanda y, por ende, que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó; así como que no fue su voluntad presentar las promociones. Atendiendo a lo anterior, se evidencia que la demanda que nos ocupa no se encuentra firmada electrónicamente por la persona a la cual supuestamente perjudica el acto reclamado, esto es, por el directo quejoso Luis Gabriel Jop Corzo; de tal manera, que si la nombrada peticionaria al promover su demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información debió hacer el uso de la firma electrónica (FIREL), como lo establece el artículo 3° de la Ley de Amparo, ya que al carecer de dicha firma no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad de la promovente de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplio de las personas que se mencionan en la demanda. En consecuencia, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política y el artículo 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo indirecto carece de la firma electrónica de la parte quejosa; además, porque no nos encontramos en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, donde se exime el uso de la firma electrónica. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 2019715, Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 8/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, Tipo: Jurisprudencia, del rubro y tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Lo anterior, no evade que la parte quejosa solicitó la suspensión de plano respecto de los actos que señaló como angustia y dolor psíquico -a dicho de Luis Gabriel Jop Corzo - derivados modificación del estado civil de la sociedad conyugal y la indefensión jurídica que reclama, así como, por cuanto hace a los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual peticiona en los términos siguientes: "Suspensión Del Acto. En términos del artículo 126, 128, 129, 134 147 y relativos dé la ley de amparo le solicitamos: A) Se otorgue la suspensión de plano de los actos señalados con el numeral 1, 2 para efecto que cesen de forma inmediata y devuelvan a su estado original, para preservar la materia de amparo y evitar se produzcan daños de imposible reparación. B) Se otorgue la suspensión de plano de los actos señalados con efecto restitución del artículo 147 ley de amparo para efecto restitutorio y evitar daños de imposible reparación. C) Se Comisione a Los actuarios judiciales para dar cumplimiento a la suspensión decretada y se realicen inspección actuarial de cumplimiento de la suspensión. D) Así mismo no omito sean suspendidos los actos señalados con los numerales 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 y 25 y 24 y 26". Al respecto, es necesario destacar que los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Por su parte, el artículo 22 constitucional, en lo conducente establece que: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." De la transcripción anterior, se desprenden los supuestos en los cuales el órgano jurisdiccional debe conceder la suspensión de oficio y de plano, a saber, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; incomunicación; deportación o expulsión; proscripción o destierro; extradición; desaparición forzada de personas; alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y los que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Pues si bien en la demanda de amparo el quejoso expone resentir los actos consistentes en la angustia y dolor psíquico, no se puede decir que se trata de actos destacados, sino que resulta claro que aquellas violaciones los aduce en vía de consecuencia, de los diversos relativos a la modificación y resolución del estado civil de la sociedad conyugal, así como la indefensión jurídica que se equipara a tormento psíquico que reclama, los cuales no se encuentran contemplados por los artículos 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. De igual forma, no es obstáculo para lo anterior, que el artículo 109 de la Ley de Amparo, disponga que cuando se promueva el juicio en los términos del artículo 15 de esa ley bastará que se exprese el acto reclamado, la autoridad responsable y el lugar en que se encuentre el quejoso, pues ello no exime a éste de precisar claramente el acto que reclama, para conocer si efectivamente se trata de los contenidos en el precepto legal en cuestión. En otras palabras, si bien el mencionado artículo 109 no exige el señalamiento de mayores datos de los que especifica, lo cierto es que el acto reclamado debe ser alguno de los contenidos en el artículo 15 de la ley de la materia, pues de lo contrario no podría concluirse la aplicabilidad de éste. En este sentido para la aplicabilidad del citado artículo 15, el acto reclamado debe, naturalmente, encuadrar en alguno de los previstos por dicho numeral, sin que sea factible que el juez que conozca del amparo amplíe con otra clase de actos los especificados en dicho precepto, a fin de concluir que el reclamado sí encuadra en el dispositivo legal en cuestión. Asimismo, no basta que el quejoso manifieste reclamar un acto consistente en alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, sino que es preciso que de la propia demanda de amparo y de las pruebas que a ella se acompañen se desprenda que efectivamente lo que se reclama constituye una de las penas prohibidas, lo que se insiste, en el caso no acontece. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la presente demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y notificación de la parte quejosa Por otro lado, se advierte que el domicilio para oír y recibir notificaciones que señaló la parte quejosa se encuentra fuera de la demarcación territorial en la que este juzgado federal ejerce su jurisdicción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y en los numerales 107, 108 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; gírese atento exhorto por la vía electrónica al Juzgado de Distrito en Materia Penal, en turno en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, notificar la presente determinación al quejoso Luis Gabriel Jop Corzo , en el domicilio ubicado en la penitenciaria de la Ciudad de México. Asimismo, le requiera para que en dicho acto o en el término de tres días legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacer manifestación al respecto, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, se le efectuarán mediante lista que se fije en los estrados de este juzgado, solicitándole atentamente al juez exhortado que una vez hecho lo anterior, devuelvan a la brevedad la comunicación oficial de mérito, con las constancias respectivas. Se faculta al juez exhortado para que en términos del numeral 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habiliten días y horas hábiles a efecto de que se realice la notificación encomendada. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales y transparencia Finalmente, con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese y mediante exhorto a la parte quejosa.

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