Luis Gabriel Jop Corzo
Expediente 510/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/05/2023
Partes del expediente
- Luis Gabriel Jop Corzo
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 291901012151/Dirección/00442/2023, signado por el Director Médico del Hospital General de Zona Número Trece, del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta ciudad, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado al fallo protector dictado por este órgano jurisdiccional, remitiendo las constancias respectivas. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días, para que expresen lo que a su interés convenga. En la inteligencia, que este órgano jurisdiccional en el momento procesal oportuno procederá a analizar de oficio sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. RADICACIÓN: Visto el escrito de demanda de amparo promovida por 1. ********************, 2. ********************, 3. ********************, 4. ********************, 5. ********************, 6. ********************, 7. ********************, 8. ********************, 9. ********************, 10. ********************, 11. ********************, 12. ********************, 13. ********************, 14. ********************, 15. ********************, y 16. ********************, a través de la cual comparecen ante este órgano de control constitucional solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades que ahí mencionan; en consecuencia, regístrese la demanda bajo el número 510/2023-I, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este tribunal. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN DE LOS QUEJOSOS: Aquí, ha de precisarse que en virtud de que la demanda de amparo que nos ocupa es promovida por varios quejosos, en términos del dispositivo 13 de la ley de la materia, este órgano jurisdiccional designa como representante común a ********************; de ahí que las notificaciones que ameriten notificarse de manera personal, se entenderán únicamente con éste. INCOMPETENCIA: Ahora, una vez analizada la demanda con la que se da cuenta, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la misma. Para ello, pertinente resulta reproducir el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, mismo que prevé las hipótesis que se deben tomar en consideración para fijar la competencia en materia de amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, al tenor siguiente: I. La primera hipótesis que se encuentra contenida en el numeral en comento, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de autoridad diversa a la ordenadora. II. La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo transcrito, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito a que se ha hecho alusión se establece que en caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, III. En el tercer párrafo del precepto aludido, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera la ejecución material resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del dispositivo legal antes reseñado, se aprecian supuestos que pueden actualizarse y que deben ser analizados para establecer la competencia para conocer de un asunto. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalaron como autoridades responsables a diversas dependencias del poder ejecutivo federal y local de la Ciudad de México, así como a órganos constitucionales autónomos y gobernadores de distintas entidades federativas, a quienes reclaman actos de tortura, reubicación de dormitorio dentro de la penitenciaría en que se encuentran internos, castigo, confinamiento, segregación, restricción de revivir atención médica, prohibición de acudir al servicio médico e intimidación y actos discriminatorios. También, señalaron como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Civil en la Ciudad de México, así como a sus homólogos con sede en Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas, a quienes les reprochan los actos consistentes en "violación al principio Pro Persona" e "inaplicación de criterios internacionales". Aunado a lo anterior, resulta necesario distinguir, como ya se precisó, que de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consistentes en tortura, reubicación de dormitorio dentro de la penitenciaría en que se encuentran internos, castigo, confinamiento, segregación, restricción de revivir atención médica, prohibición de acudir al servicio médico e intimidación y actos discriminatorios, se atribuyen a diversas autoridades, pero no a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México o algún otro órgano jurisdiccional, por lo que respecto a ellos no existe motivo alguno que les impida conocer del asunto. Así, en relación con ese primer grupo de actos reclamados, si los quejosos se encuentran internos en centro penitenciario en la Ciudad de México, con base en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que será competente el juez de amparo que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame, deba tener ejecución o se haya ejecutado, entonces se estima que debe conocer de la demanda, un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Ahora, tocante a los actos reclamados a los jueces federales señalados como autoridades responsables, entre quienes se encuentran precisamente los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se debe tener en consideración las razones que sirvieron como base para resolver el conflicto competencial 11/2019 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues, en ese asunto, nuestro Alto Tribunal consideró que el desacuerdo entre los tribunales intervinientes no derivó de un aspecto de jurisdicción objetiva por razón de materia, territorio y grado, ya que uno de los órganos alegó no poder conocer de la demanda por haber sido señalado como autoridad responsable. También, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que lo anterior no representa un aspecto que establezca la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, por lo que el tribunal que se encuentre en ese supuesto no puede declararse de facto incompetente para conocer de un asunto, ya que previamente debe constatar si el acto reclamado deriva de un procedimiento del orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. De igual manera, determinó que el tribunal a quien inicialmente se le turnó la demanda, contrario a lo considerado, sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y decidir lo que corresponda en relación con ella. Concluyó que, de lo contrario, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige al juicio de amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por voluntad o equivocación, a determinado órgano judicial a quien le atribuyan el acto reclamado, existente o inexistente, para que quedara excluido injustificadamente del conocimiento de la demanda, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley. Consideraciones que se encuentran reflejadas en la tesis aislada 1a. LXXIX/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 2020659, consultable en la Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 115, que a la letra dice: "CONFLICTO COMPETENCIAL. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONOCE POR RAZÓN DE TURNO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN LA CUAL SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que corresponda a un Tribunal Colegiado de Circuito conocer de una demanda de amparo directo, por razón de turno, donde se le señala como autoridad responsable, es insuficiente para declararse incompetente. De ahí que resulte necesario establecer las siguientes directrices para casos análogos: a) la circunstancia aludida no conlleva que de manera inmediata el Tribunal Colegiado de Circuito decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria ya que sólo produce dilación en la impartición de justicia; b) el tribunal de amparo, a través de su presidente, está obligado al momento de proveer sobre la demanda, a realizar un análisis integral de ésta, del informe de la autoridad responsable y, de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél; si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda precisando que al no existir el acto que se le reclama al Tribunal Colegiado de Circuito, no puede considerarse como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda; c) si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, con fundamento en los artículos 175, fracción III, 179 y 180 de la Ley de Amparo, debe prevenir al quejoso a efecto de que en el plazo de cinco días precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano colegiado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza de dicho acto; y, d) si derivado del análisis mencionado surge la duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al Tribunal Colegiado de Circuito, es plantear el impedimento para conocer del asunto de uno o más Magistrados integrantes del órgano colegiado, deberá prevenirse al quejoso para que aclare su demanda y, en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención debe determinarse si existen motivos para iniciar el trámite establecido en el artículo 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en el inciso b)." El criterio mencionado, como se indicó, es aplicable al caso en concreto, porque los promoventes señalaron como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, así como sus homólogos los Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Civil en la Ciudad de México, así como a sus homólogos con sede en Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. Por lo que, atendiendo a los razonamientos expresados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien debe evitarse que una autoridad sea juez y parte en el conocimiento de un asunto, también lo es que primero debe verificarse la vinculación que efectivamente pudiera tener el juzgado con los actos reclamados. De modo que, si del escrito inicial de demanda no se advierte algún acto reclamado en el que, con suficiente verosimilitud pueda hacer partícipes a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, no se encuentra justificación para que dichos tribunales no conozcan de la demanda de amparo de mérito. Criterio que también fue sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, en la ejecutoria dictada en sesión de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, al resolver el conflicto competencial 17/2022 de su índice. Consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 37, fracción I, la Ley de Amparo, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la citada demanda de amparo, dado que se actualiza la hipótesis competencial del aludido precepto legal, que en lo conducente establece que es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la legislación de la materia, se declina la competencia para conocer del presente juicio de amparo en favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno en la Ciudad de México. Por ello, de inmediato remítasele el expediente en que se actúa por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esa localidad, con el propósito de que decida si acepta la competencia planteada, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de las constancias necesarias deducidas de este expediente y autógrafa de este acuerdo. SUSPENSIÓN DE PLANO DE LOS ACTOS RECLAMADOS: En otro aspecto, con independencia de que se sostiene el planteamiento de competencia de que aquí se trata, tocante a la medida cautelar solicitada, cabe destacar que el numeral 48 de la Ley de Amparo establece que cuando se presente una demanda ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano con sus anexos al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano solicitada respecto a los actos reclamados consistentes en las reubicaciones de los quejosos 1. ********************, 2. ********************, 3. ********************, 4. ********************, 5. ********************, 6. ********************, 7. ********************, 8. ********************, 9. ********************, 10. ********************, 11. ********************, 12. ********************, 13. ********************, 14. ********************, 15. ********************, y 16. ********************, de los dormitorios en los que se encuentren asignados a uno diverso; lo anterior, ante las manifestaciones de que ello pone en riego grave la salud, vida, integridad y dignidad de los quejosos directos. También, se les otorga la suspensión de plano respecto del servicio médico deficiente que aluden, para que de inmediato se les brinde atención médica adecuada para preservar su derecho humano a la salud. Lo anterior, sin que este Juzgado de Distrito condicione dicha medida ya que se contravendría el efecto útil de la misma. Máxime que el legislador no introdujo matices o requisitos adicionales en el propio artículo 126, citado con antelación; asimismo, en relación con los actos que los agraviados hacen consistir en los prohibidos en los artículos 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, que aducen se ejecutan en su contra, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, en relación con el diverso 15, ambos de la Ley de Amparo, se concede a los directos quejosos 1. ********************, 2. ********************, 3. ********************, 4. ********************, 5. ********************, 6. ********************, 7. ********************, 8. ********************, 9. ********************, 10. ********************, 11. ********************, 12. ********************, 13. ********************, 14. ********************, 15. ********************, y 16. ********************, la suspensión de plano para que cesen de manera inmediata los actos mencionados, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, se requiere a las autoridades penitenciarias responsables denominadas Director; Subdirector Jurídico; Subdirector de Seguridad; Comité Técnico; Jefe de la Unidad Departamental de Jurídico y Normativa; Subdirector de Apoyo Técnico y Jefe de la Unidad Departamental de Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento, todos de la Penitenciaría de la Ciudad de México, para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este proveído, informen sobre el cumplimiento dado a esta medida, con el apercibimiento que de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrán incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracción III, de la ley de la materia. No se soslaya que en términos de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO DEBE PROMOVERSE EL RECURSO PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL ANTES DE INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO", la demanda de cuenta resulta notoriamente improcedente; sin embargo, este Juzgado carece de jurisdicción para pronunciarse sobre la admisión, prevención o desechamiento de la misma y sobre la suspensión de los actos reclamados que atribuye a las autoridades que señala como responsables distintas a aquéllas en donde se encuentran recluidos los directos quejosos, pues en su momento, se pronunciará el Juez Federal que con motivo de la competencia planteada, le toque conocer del presente asunto. Por otra parte, con base en el arábigo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, el lugar donde se encuentran recluidos, esto es, en el interior de la Penitenciaria de la Ciudad de México. NOTIFICACIÓN DEL QUEJOSO EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE COMÚN VÍA EXHORTO: Toda vez que los quejosos directos se encuentran recluidos en la Penitenciaría en la Ciudad de México, es decir, fuera de la jurisdicción de este tribunal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México que por razón de turno corresponda, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional tenga a bien comisionar al actuario de su adscripción para que de inmediato se constituya en dicho centro penitenciario, con el propósito de que haga entrega de los oficios que al efecto se le remiten respecto de las autoridades adscritas a dicho reclusorio, así como buscar al quejoso ******************** y le notifique personalmente este proveído en su calidad de representante común. Asimismo, se faculta al titular del juzgado que corresponda diligenciar la comunicación oficial, para que ordene cualquier tipo de diligencias que tiendan a cumplimentarla, entre ellas acordar promociones, habilitar días y horas, así como imponer sanciones y ordene a quien corresponda la notificación a las autoridades responsables precisadas, de la suspensión de plano aquí decretada, para lo cual deberán remitirse los oficios correspondientes por conducto del juez exhortado. Notifíquese vía exhorto a ********************, en su calidad de representante común de la parte quejosa.
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