Luis Gabriel Jop Corzo y Otros.

Expediente 387/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
387/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Luis Gabriel Jop Corzo y Otros.
  • Edwin Daniel Guerra Cordova y Otros.
  • José Othón Ramiro Hernández Lima y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 197/2022-I-B orden 402/2022, enviado a fin de notificar a los quejosos el proveído de once de mayo del año en curso. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de Comunicaciones Oficiales Enviadas; sin que haya lugar de acusar recibo toda vez que no fue solicitado por la autoridad oficiante. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. SE ACEPTA COMPETENCIA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, téngase recibido y agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que hubiere lugar el oficio que remite el Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, a través del cual acusa recibo del comunicado por el cual este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del presente juicio de garantías, de cuyo contenido se advierte que el dieciséis de mayo del año en curso, se aceptó la competencia declinada por este juzgado, y se avocó al conocimiento del asunto, radicándolo bajo el número estadístico 622/2022-II. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de tres años a que refiere dicho punto, destrúyase este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. ANOTACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARÁTULA DE EXPEDIENTE. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es destruible, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de mayo de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vistas las demandas de amparo promovidas por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta y Luis Arturo Zavala Rosas, contra actos del Director de la penitenciaria de la ciudad de México y otros, por trasgresión que estima de los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 17, 18, 19 y 22 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 387/2022-I-B. NO SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Como se advierte de las demandas, los promoventes reclaman actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, sobre la base que los actos administrativos relativos a cuestiones de internamiento como el cambio de dormitorio o el traslado los generan. Al respecto, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva de la presente juzgadora, quien debe atender a la naturaleza del acto y no a los enfoques subjetivos de las partes, pues le corresponde ponderar íntegramente si lo reclamado provoca en los quejosos actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 Ley de Amparo. Partiendo de este supuesto, se puede colegir que los actos cuya trasgresión se reclama tienen su origen en cuestiones de internamiento y actividades administrativas penitenciarias, tales como el traslado de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro o fuera de la Ciudad de México y la reubicación de un dormitorio a otro diverso o estancia, módulo o área diversa, por lo que en el caso no se ubican en la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo; lo anterior, debido a que se advierte que los directos quejosos no están incomunicados, pues son éstos quienes promovieron por derecho propio y en uso de medios electrónicos las demandas de amparo, por lo que tampoco implica que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno que pudiera equipararse. Es aplicable a lo anterior la tesis: VI.10.A.19 K, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." Así como la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 951; con número de registro 229397; de rubro y contenido siguiente: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Aunado a lo anterior, es pertinente precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir del cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario por lo que las autoridades de ese ramo ya no pueden decidir discrecionalmente respecto de las medidas de internamiento de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios. Lo anterior atento a que tal facultad le corresponde a las autoridades judiciales en materia penal; en especial a los jueces de ejecución quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos fundamentales de los sentenciados se respeten. Lo que lleva a concluir que los actos reclamados que se destacan por los quejosos, como violatorios del artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, no constituyen una violación directa a la Constitución Federal, sino devienen directamente de la actividad penitenciaria y la apreciación que sobre tales tienen los quejosos. HECHO NOTORIO. Lo anterior aunado a que, como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo segundo, y atento a la certificación de cuenta, se advierte que existe la presentación desmedida de demandas de amparo -nueve mil veinte juicios de amparos indirectos- a partir del año dos mil veinte al nueve de mayo del año en curso, promovidas por Angelino Barrón y otros, ante múltiples juzgados de distrito, de distintos circuitos, lo que ocurre día con día, esto es, de manera diaria los referidos impetrantes de amparo, presentan demandas de amparo idénticas o similares, con pequeñas variantes, aduciendo en todas ellas violación directa a la Constitución, por tratarse de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ello evidentemente para obtener, lo que así ha acontecido, infinidad de suspensiones de oficio, respecto de los referidos actos, dada la urgencia aducida, varias de las cuales, incluso se han decretado por este juzgado, en los distintos asuntos en los que se ha declarado incompetente para continuar en su conocimiento (derivado de la variante constante que presentan pues en algunas, eliminan con el carácter de responsable a un juzgado de distrito determinado o los que integran un circuito), que forman parte de la estadística mencionada con antelación, que se puede corroborar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación (SISE), incluso diversas de las medidas decretadas por este órgano aún se encuentran vigentes, en virtud de que la modalidad de las últimas semanas, lo que también constituye un hecho notorio, es la presentación de múltiples denuncias de violación a las suspensiones de oficio decretadas, las que incluso se formulan de manera dogmática, de ahí que es manifiesto que el señalamiento de los quejosos en cuanto a las referidas violaciones tiene como finalidad que se tramiten sus múltiples demandas, en la forma que las presentan, incluso, sin la expresión de voluntad y para obtener las anotadas suspensiones, y dado que en meses recientes también se han propuesto interponer recursos de queja contra las determinaciones que se les notifican, así como la tramitación y resolución de diversos conflictos competenciales, lo aquí mencionado constituye un hecho notorio tanto para este juzgado, como para los distintos Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados del país, que tienen acceso al señalado sistema. Al respecto, cobra aplicación en lo conducente, la tesis I.3o.C.102 K, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, febrero de 2011, Novena Época, materia común, página 2333, que dice: "HECHO NOTORIO. SU INVOCACIÓN NO ES UN DERECHO DE LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO SINO UNA FACULTAD JURISDICCIONAL CONFERIDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE NO DEBE APLICAR FRENTE A LA CARGA PROBATORIA QUE DERIVA DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados o probados por las partes. Tal es el caso de las sentencias que emite la autoridad judicial federal en los juicios de amparo que se tramitan ante ella, de las que tiene conocimiento por razón de su actividad y, por ello, al ser notorio, la ley exime de su prueba; sin embargo, su invocación no constituye un derecho de las partes, sino una facultad del órgano jurisdiccional federal que no debe aplicar cuando se actualiza la obligación establecida en el artículo 78 de la Ley de Amparo, que consiste en analizar el acto reclamado tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, cuando la quejosa intervino como parte y estuvo en aptitud legal de ofrecer todos aquellos medios de prueba que a su interés conviniera en el juicio de origen y el hecho notorio respecto del cual se alegue, ya sea en el juicio de amparo biinstancial o en la revisión de la sentencia ahí dictada que en su caso se recurra, que debió ser invocado por el Juez de Distrito, tiene por objeto probar la legalidad de la referida sentencia o aspectos que debieron formar parte de la litis del juicio natural y probarse en esa oportunidad con las actuaciones y sentencias que se hayan dictado en los diversos juicios de amparo relacionados con el juicio principal en el que se emitió la resolución reclamada. La controversia de origen quedaría alterada si bajo el supuesto del hecho notorio, el Juez de amparo tuviera que analizar la legalidad del acto con el contenido de diversas ejecutorias dictadas en los juicios de garantías que se afirma, se tramitaron ante el mismo juzgador. Además, no debe pasar por alto que el hecho notorio del que dicha autoridad tiene conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional, no constituye un derecho de las partes dentro del procedimiento del juicio de amparo, porque es claro lo que señala el citado numeral 78 de la ley de la materia, concerniente a que el acto reclamado debe apreciarse tal como fue probado ante la autoridad responsable y, por ende, no pueden admitirse ni tomarse en consideración en el juicio de garantías o en la revisión pruebas que no se hubieren rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, ni aquellas que no sean de las consideradas necesarias para la resolución del juicio de amparo, menos aún cuando las pruebas de que se trate el recurrente las exhiba hasta la revisión sin haberlas ofrecido en la audiencia constitucional." DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA. Por otra parte, del análisis integral de la demanda se advierte que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por los promoventes del amparo, conforme con lo dispuesto en el artículo 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;. "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." De lo anterior se pone de manifiesto, que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley que rige el juicio constitucional, se establecen tres hipótesis para determinar la competencia de un Juzgado de Distrito, que son: 1.- Es competente el Juez de Distrito del lugar en que debe tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. 2.- Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un Distrito y siga realizándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar de prevención; y 3.- Cuando el acto reclamado no exige ejecución material resultará competente el juez en cuya jurisdicción reside la autoridad que hubiera dictado la resolución reclamada. Y de igual forma que será competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. En la especie, los peticionarios del amparo señala como actos reclamados entre otros: a) Traslado de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro diverso. b) Reubicación de dormitorio. c) Intimidación d) Discriminación e) Afectaciones a la salud psicofísicas y emocionales. f) Actos prohibidos en el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. g) Violación al principio pro persona e inaplicación de criterios internacionales Asimismo, señaló como autoridades responsables al Director de la Penitenciaria, Subdirector Jurídico de la Penitenciaria, Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria, Comité Técnico de la Penitenciaria, Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaria, Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria, Subsecretario de Sistema Penitenciario, Secretario de Seguridad Ciudadana, Jefe de Gobierno, Jefatura de Unidad Departamental de Jurídico y Normatividad de la penitenciaria, todos de la Ciudad de México. Así como a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México del Primero al Décimo Sexto; Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México del Primero al Décimo Séptimo; Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí (excepto los de Ciudad Capital), Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. De igual manera, de la demanda de amparo se advierte que los impetrantes se encuentran internos en la Penitenciaria de la Ciudad de México. Bajo ese contexto, se colige que no se surte la competencia para conocer de los actos que por esta vía se combaten, en virtud de que se señalaron como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito que menciona, comprendido también a los Jueces de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, incluida la suscrita, con excepción de los de la Ciudad Capital. Entonces, al encontrarse este Juzgado Federal señalado como autoridad responsable, resulta incuestionable que no se surte la competencia legal para conocer de la referida demanda, sino que ésta se actualiza a favor del Juzgado de Distrito residente con mayor proximidad a este órgano judicial, conforme al artículo 38 de la Ley de Amparo y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Luego, conforme con la citada normativa, el Juzgado con mayor proximidad es el Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, perteneciente a este Noveno Circuito, en turno. Por ende, este Juzgado declina competencia para conocer de la demanda que promueven Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta y Luis Arturo Zavala Rosas, contra actos de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado y otras autoridades, a favor del Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno. Se cita a fin de robustecer lo anterior, la jurisprudencia P./J. 44/2001, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, página 75, con registro digital 190008, de rubro: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO EN LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN", por lo que de conformidad con el criterio jurisprudencial invocado, será competente el Juez de Distrito con mayor proximidad a este Juzgado. En virtud de lo anterior, en aras de preservar la seguridad jurídica en la administración de justicia, con fundamento en lo establecido en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, previa formación del cuaderno de antecedentes, se ordena remitir la misma al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la Ciudad de San Luis Potosí, en Turno, por no encontrarse señalado como autoridad responsable, para que resuelva lo que estime procedente; solicitándole el acuse de recibo respectivo. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Carlos Alberto Angelino Barrón, por así haberse solicitado en la demanda. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Dado que el representante común de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, se encuentra privado de su libertad en la Penitenciaría de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición del artículo segundo de la Ley de Amparo, envíese atento exhorto electrónico al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a fin de que genere la boleta respectiva y lo envíe al órgano jurisdiccional que por turno corresponda, con el objeto que de no existir inconveniente legal alguno y en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda notifique personalmente el presente proveído al citado representante común de la parte quejosa, hecho lo cual deberá devolver todo lo actuado por la misma vía. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, firmar los oficios que deriven del presente auto. Notifíquese y personalmente al representante común de la parte quejosa vía exhorto.

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