Luis Gabriel Job Corzo

Expediente 1569/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1569/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • Luis Gabriel Job Corzo
  • Alejandro Díaz Madrid

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el seis de diciembre del año en curso, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la resolución por la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***; para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 25/03/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, por propio derecho, contra actos que reclama del Director de la Penitenciería de la Ciudad de México y otras autoridades. Ahora, se analiza si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, de conformidad con el artículo 62, relacionado con el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo. Revisada la demanda en su integridad, los actos reclamados consisten en: El Traslado de la Penitenciaría a otro centro diverso; La Reubicación del dormitorio, estancia o módulo diverso en el que se encuentran; y, Discriminación por condición médica. De lo que no se advierte motivo por el cual el promovente comparezca en favor de los directos agraviados. De forma clara y manifiesta se revela la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6, 14 y 15, todos de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, que indican: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." "Artículo 14. Para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal bastará que el defensor manifieste, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter. En este caso, la autoridad ante quien se presente la demanda pedirá al juez o tribual que conozca del asunto, que le remita la certificación correspondiente (...)" "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimientos, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa a las Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad (.)" La regla general para cumplir con el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo en términos del ordinal 6 de la ley de la materia, es que el juicio lo promueva directamente la persona a quien perjudique la ley, tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto de autoridad. Dicho principio, empero, puede cumplirse cuando el agraviado insta al órgano jurisdiccional por conducto de su representante legal, apoderado, lo cual deberá acreditarse con las constancias respectivas (artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo). En materia penal, también puede comparecer el defensor o cualquier persona en los casos que la ley permita; éstos últimos son, específicamente: 1. Cuando el promovente, bajo protesta de decir verdad, manifieste ser defensor del agraviado ello bastará para el trámite inicial pero deberá ser corroborado por la autoridad responsable con las constancias relativas (artículo 6, segundo párrafo y 14 de la Ley de Amparo). 2. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo (artículos 6, segundo párrafo, y 15 de la Ley de Amparo). En el caso, por una parte, el representante común de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y/o los propios quejosos no firmaron el escrito de demanda. Por otra, los actos reclamados no son de los comprendidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, tampoco se menciona ni se advierte que los diversos quejosos Juan Manuel Espinosa González, Irvin o Edwin Daniel Guerra Córdova, Alejandro Díaz Madrid, Luis Gabriel Jop Corzo, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez y Eduardo Flores Castro, estén imposibilitados para promover de manera directa la demanda, o bien, incomunicados para justificar que cualquier persona lo haga en su nombre (como acontece). En tanto, el traslado, reubicación de dormitorio y discriminación por su condición médica, señalados como actos reclamados, por sí mismos no entrañan incomunicación o imposibilidad alguna para promover la demanda por propio derecho, de ahí que se concluye que los citados quejosos están en aptitud de presentarla por sí mismos y no a través de quien promueve en su nombre. Por lo que hace a los actos derivados de la discriminación que refieren, posiblemente consistentes en la intimidación según equiparado a tortura socio emocional y psicofísica, dichos actos son actos futuros e inciertos y por tanto siguen la misma suerte que los anteriores actos. Lo anterior se robustece con el criterio contenido en la tesis aislada IV.3º.A.T.29 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, visible en la página mil seiscientos setenta y cinco, tomo XIII, enero de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO FUTURO E INCIERTO. NO SIEMPRE ES NECESARIA LA RECEPCIÓN DE PRUEBAS SOBRE EL PARTICULAR, SI EL QUEJOSO EN SU DEMANDA NARRA HECHOS QUE ASÍ LO INDICAN. Para apreciar si un acto es futuro e incierto no siempre es necesaria la recepción de pruebas sobre ese particular, puesto que de advertirse tal calificativa desde la presentación de la demanda, esto constituiría una causa notoria y manifiesta para desechar de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, toda vez que aun cuando en el juicio se aportaran pruebas, para ese efecto las mismas no podrán variar la calificativa antes mencionada, pues los hechos reconocidos y aceptados por el quejoso en la demanda son los que califican al acto de futuro e incierto". También es aplicable al caso la tesis XX.308K, visible en la página 138, Tomo XV-I, Febrero de 1995, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías.". En ese orden, al no cumplirse con el principio de acción por parte agraviada, rector del juicio de amparo lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Toda vez que el promovente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, se ordena realizar todas las notificaciones aún las de carácter personal por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado; ello en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que prevé que las partes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar domicilio ubicado en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales, hasta en tanto designe uno. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese por lista.

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