Luis Gabriel Ávila Moreno

Expediente 468/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
468/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • Luis Gabriel Ávila Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, recibido vía electrónica a través del Sistema Integral del Seguimiento a Expedientes (S.I.S.E.)., remitido por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el que informa que ese Tribunal es competente por razón de la vía, para conocer y resolver el juicio 468/2023-VI-3, del índice de este Juzgado, y se avocó al conocimiento de la demanda promovida por Luis Gabriel Ávila Moreno, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Penal, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Archivo. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ********************, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos seis meses de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto en el que se determinó remitir por incompetencia el presente juicio de amparo es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 19 del Acuerdo General de referencia, que establece: Artículo 19. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: Expedientes Auxiliares: Cuadernos de antecedentes; Incompetencias; Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo, del artículo 19, del Acuerdo General en cita, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, destrúyase el presente expediente y remítase, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos, y en atención a su contenido, se estima que este órgano jurisdiccional resulta legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo por las razones y consideraciones siguientes. INCOMPETENCIA. En principio, cabe puntualizar que las cuestiones de competencia son de orden público y de pronunciamiento oficioso, por imperativo del artículo 16 constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309, Tomo XCVII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 345468 que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Ahora bien, del análisis integral del ocurso de la demanda de amparo, y constancias remitidas por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, se logra conocer lo siguiente: En fecha diecinueve de agosto de dos mil veintiuno el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, dictó sentencia condenatoria en procedimiento abreviado en contra de por el delito de violencia familiar cometido en perjuicio de s y la adolescente de iniciales C.A.A.V., dentro de la causa penal 2148/2020, en la que en lo medular resolvió (foja 31 vuelta): "PRIMERO.- Se condena a, por ser penalmente responsable de la comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en perjuicio de Y EL ADOLESCENTE DE INICIALES C.A.A.V., por hechos ocurridos en las temporalidades y domicilios ya señaladas en el cuerpo de la presente resolución, por lo tanto se dicta en su contra sentencia condenatoria. SEGUNDO.- Por su referida conducta delictuosa, se impone a una pena consistente en SEIS AÑOS de prisión, abonándosele 393 DÍAS (1 año con 25 días), que es el tiempo que ha permanecido privado materialmente de su libertad en prisión preventiva por los hechos que nos ocupan. TERCERO.- Se condena a , al pago de la reparación del daño material por la cantidad de $112,800.00 (ciento doce mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), y por concepto de daño moral, la cantidad de $17,376.00 (diecisiete mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), en los términos ya expuestos, por lo que se condena al pago de la reparación del daño integral por la cantidad total de $130,176.00 (ciento treinta mil ciento setenta y seis pesos 00/100 moneda nacional), al cual como ya se indicó se le da un plazo de tres meses para cubrirlo. QUINTO (sic).- Se Niega a , el beneficio de la CONDENA CONDICIONAL, por no reunirse el requisito establecido en el artículo 86 fracción I del Código Penal del Estado, puesto que la pena impuesta excede del máximo establecido correspondiente a tres años (.)." Inconforme con dicho fallo, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación del cual correspondió conocer al Magistrado de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, quien al resolver el toca N-10/2022 en ejecutoria de dieciocho de febrero de dos mil veintidós determinó modificar la sentencia impugnada, en los términos siguientes (fojas 99 a 108 del legajo): "PRIMERO.- Se MODIFICA la sentencia impugnada. SEGUNDO.- Quedan firmes las decisiones por las que, el Juez de Control: 1.- Estimó que es responsable del delito de VIOLENCIA FAMILIAR, en perjuicio de y el adolescente identificado con las iniciales C.A.A.V. Los hechos ocurrieron entre el diecisiete de mayo y el tres de agosto de dos mil veinte, en esta ciudad. 2.- Le impuso una pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN. Y, 3.- Lo condenó a pagar, como reparación del daño integral, CIENTO TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS. TERCERO.- Por las razones expresadas, no ha lugar a pronunciarse sobre la condena condicional (lo que, por tanto, no implica que se conceda) y se reserva e análisis y la resolución de algún beneficio para que lo realice el Juez de Ejecución conforme a los parámetros establecido en la Ley Nacional de Ejecución, Por lo que quedan a salvo los derechos del sentenciado para solicitar aquel que considere pertinentes ante el Juez de ejecución correspondiente. En el entendido de que, como se destaca en la sentencia de amparo de referencia, criterio asumido por esta Alzada, el sentenciado deberá permanecer bajo la medida en que se encuentra actualmente, la que deberá subsistir hasta que el Juez de Ejecución se pronuncie sobre lo que corresponda. Notifíquese. (.)." Determinación la cual constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. En tales condiciones, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal por razón de grado, para conocer del presente asunto, por los motivos que enseguida se exponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; Asimismo, en términos del diverso 38, fracción I de la Ley Orgánica de Poder Judicial Federal, que dispone: "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas; b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales; c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por juntas o tribunales federales o locales; (.)." Ahora bien, de lo anterior se desprende que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, contra las que deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la Ley de materia, por virtud de los cuales, aquéllas sentencias o laudos y resoluciones puedan ser modificadas o revocadas y específicamente en materia mercantil contra sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen. En la especie, como se puntualizó, el quejoso se duele de la sentencia dictada en su contra en la causa penal 2148/2020 por el delito de violencia familiar, modificada por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca 10/2022. Bajo ese contexto, como la resolución cuya constitucionalidad cuestiona el promovente, encuentra cabida dentro de aquéllas a las que alude el artículo invocado, lo que permite afirmar desde luego, que la demanda de amparo que aquélla promueve, debe enderezarla ante los Tribunales Colegiados de Circuito a través del juicio de amparo directo correspondiente, en observancia a lo establecido en el ordinal 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 47, último párrafo, y 170 de la Ley de la materia. Resulta aplicable la tesis del tenor literal: "RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. SU SIGNIFICADO CONFORME A LAS REFORMAS DE LA LEY DE AMPARO. Es verdad que con anterioridad a las reformas que fueron efectuadas a la Constitución Federal, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entraron en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se establecía que sólo correspondía conocer a la Suprema Corte de Justicia o a los Tribunales Colegiados de Circuito según su respectiva competencia de los juicios de amparo promovidos contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometiera durante el procedimiento o en la sentencia misma, sin embargo, a raíz de dichas reformas se incluyó una nueva facultad de competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, además de las sentencias definitivas o laudos, también de resoluciones que pongan fin al juicio, ahora bien, la palabra "resolución" empleada por el legislador en la nueva figura de competencia, "resoluciones que pongan fin al juicio", no fue empleada como sinónimo de sentencia definitiva, por el contrario, se refirió a aquellas resoluciones que sin tener tal naturaleza ponen también fin al juicio, esto es, que puede tratarse de un simple auto o de una resolución interlocutoria. Lo común tanto a los autos definitivos como a las sentencias interlocutorias que ponen fin al juicio para efectos del caso que nos ocupa, estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución de éste, dándolo así por concluido. Tanto la doctrina como el legislador coinciden en que por resolución que pone fin al juicio debe entenderse, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por terminado y respecto de las cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario en su contra por lo que pueden ser modificadas o revocadas, por tanto indispensable es la reunión de todas estas características para que puedan ser consideradas como tales. De esta forma participan así dichas resoluciones de algunas de las características que contienen también las sentencias definitivas". (Época: Octava Época. Registro: 227370. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989. Materia(s): Común. Tesis: Página: 466). Atento a los razonamientos antes blandidos, este resolutor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, último párrafo, de la Ley de Amparo, se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, por estimar, salvo la opinión de la Superioridad, que resulta serlo el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad; quien será el que deba calificar la procedencia del amparo, respecto de los actos que en esta vía se reclaman. Apoya lo anterior, el criterio jurisprudencial siguiente: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 16/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." (Época: Décima Época. Registro: 2006612. Instancia: Plenos de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo II. Materia(s): Común. Tesis: PC.XXX. J/8 K (10a.). Página: 854). Luego, en acatamiento al imperativo legal contenido en el numeral 47, último párrafo, de la invocada codificación, se ordena remitir el presente juicio de amparo y sus anexos (dos discos y un legajo de pruebas), previa formación del cuadernillo en el cual se dejará copia certificada de las constancias conducentes, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, con residencia en esta ciudad, para que el órgano colegiado al que corresponda conocer de la misma tenga a bien, si así lo estima, proveer lo que en derecho corresponda. Se solicita el acuse el recibo correspondiente y comunique a este Juzgado de Distrito sí se avoca o no al conocimiento del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese este asunto como concluido. Finalmente, dado lo aquí acordado, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con dieciséis minutos del día de hoy. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo, suscrito por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Litigación de Segunda Instancia de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas del Delito por razones de Género, con sede en esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos, y al efecto remite los emplazamientos de los terceros interesados . En consecuencia, téngaseles por legalmente emplazados al presente juicio de amparo, y a partir de este momento, se ordena que las subsecuentes notificaciones de carácter de personal, se les realicen por conducto de la Agente del Ministerio Público de antecedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos, y toda vez que del informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal adscrito al Distrito Morelos, en Funciones de Control, se advierte que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, les resulta el carácter de terceros interesados a y el adolecente de iniciales , dentro de la causa penal ********************. Por tanto, se ordena el emplazamiento de los citados terceros, por conducto de la licenciada ********************, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Familia de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, con sede en esta ciudad. Por lo cual, las subsecuentes notificaciones de los aludidos terceros, serán por su conducto en su domicilio oficial. En consecuencia, requiérasele a la representante social, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, y con copia de la demanda, emplacé a los terceros interesados ********************, ********************, ******************** y el adolecente de iniciales ********************, y remita a este Juzgado las constancias justificativas correspondientes; o bien, informe el impedimento legal o material que tenga para ello. Apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá en vía de apremio, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en relación con el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cantidad publicada el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, equivalente a $10,354.00 (diez mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese.

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