Luis Francisco Nava Jiménez
Expediente 1261/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1261/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 14/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Luis Francisco Nava Jiménez
- Sala Colegiada Civil y Familiar de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza. Saltillo.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro respectivo. 1.1 Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 1.2 Valoración. Toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 1.3 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 1.4 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA Este Juzgado resuelve el juicio de amparo indirecto 1261/2022, emitiendo la siguiente: DECISIÓN Única. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, en representación de la sucesión a bienes de ******************** en contra del Magistrado Presidente de la Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de seis de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca civil ********************, que determinó dejar insubsistente la sentencia de primera instancia y ordenó reponer el procedimiento del juicio civil de nulidad de escritura ********************del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno, ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, ********************, en representación de la sucesión a bienes de ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos ahí precisados. 2. Trámite. En auto de once de noviembre de dos mil veintidós, previa prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo. La audiencia constitucional tuvo verificativo el día de hoy. RAZONES Y FUNDAMENTOS 3. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo. 4. Precisión de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se puntualiza que la parte quejosa reclama: 4.1 Autoridad responsable. Magistrado Presidente de la Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo. 4.2 Acto reclamado. La resolución de seis de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro del toca civil ********************, que determinó dejar insubsistente la sentencia de primera instancia y ordenó reponer el procedimiento del juicio civil de nulidad de escritura ********************del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad. Es aplicable la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Procedencia. En esta parte considerativa se estudiará la existencia del acto y las causales de improcedencia que en su caso aleguen las partes o bien, las que de oficio advierta este órgano de justicia. 5.1 Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo señala la autoridad responsable al rendir su informe justificado; manifestación que resulta suficiente para acreditar la existencia del acto que se le reclama. Circunstancia que se corrobora con la copia certificada de las actuaciones emitidas dentro procedimiento de origen ********************y del toca civil ********************, enviado por la autoridad responsable como complemento a su informe con justificación, con las cuales se formó por separado el tomo I y II de pruebas; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 5.2 Causa de improcedencia de oficio. En el caso, respecto a los actos reclamados por la parte quejosa este órgano de justicia advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. En la jurisprudencia 37/2014 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que, a diferencia de la ley de la materia abrogada, la cual no contenía una definición de los actos de ejecución irreparable, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, estableció que por éstos debe entenderse aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, como son la vida, la libertad personal o de tránsito, la propiedad, posesión, entre otros. En tal sentido, cuando los actos que se reclamen sean emitidos dentro de juicio y no sean de imposible reparación, el amparo promovido en su contra resultará improcedente. Para llegar a dicha conclusión, es fundamental dejar en claro que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquéllos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10ª). 5.2.1 Premisa de hecho. En el caso, del original del toca de origen, se advierte lo siguiente: i) El treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, dictó sentencia definitiva en el juicio ordinario civil de nulidad de escritura ********************, que en lo que aquí interesa, determinó: (.) Tercero. Se declara la nulidad de la escritura pública trescientos setenta y nueve del treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis; no obstante, se determina que es materialmente imposible que se produzca el efecto restitutorio de la acción de nulidad ejercitada, por los razonamientos expuestos en la presente resolución (.) Quinto. Se absuelve a la Sucesión a bienes de ********************, por conducto de su albacea ********************, de las prestaciones que le fueron reclamadas en los incisos b), c), d) y e); asimismo, se absuelve al codemandado Director Registrador del Registro Público de la Propiedad de Piedras Negras, de las prestaciones que le fueron reclamadas. ii) Inconformes con dicha decisión, promovieron recurso de apelación la parte actora ******************** ******************** ********************, por sus propios derechos y como albacea de la sucesión a bienes de José Salvador ******************** Garza, así como la demandada licenciada ********************, en su carácter de ********************y de los recursos de apelación adhesiva promovidos por el tercero llamado a juicio ******************** y por el aquí quejoso ********************, por sus propios derechos y en su carácter de albacea de la sucesión de ********************. iii) El seis de octubre de dos mil veintidós, en el toca civil ********************, la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, determinó dejar insubsistente la sentencia de primera instancia y ordenó reponer el procedimiento del juicio civil de nulidad de escritura ********************del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, para efecto de que se ordene nuevamente el emplazamiento de ********************, en su carácter de Notario Público número 16 de este Distrito Judicial, hecho lo anterior, se continuara con el procedimiento y en su oportunidad, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera. Además, en la sentencia reclamada, específicamente el apartado identificado con el número 1.25 (foja 325 del tomo de pruebas), la Sala responsable hizo énfasis que quedaba subsistente el escrito de demanda, su auto de radicación, así como todo lo actuado posterior a ello hasta el auto de diecinueve de octubre de dos mil veinte (declaración de rebeldía), inclusive el emplazamiento efectuado a la sucesión de ********************, por conducto de su albacea ********************, licenciada ********************, en su carácter de ********************, Director Registrador del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, así como a los terceros llamados a juicio ******************** y ********************, la contestación que éstos hicieron a la demanda incoada en su contra y la rebeldía decretada al Registrador del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad. Bajo esas consideraciones, la anterior resolución reclamada que repuso el procedimiento, se advierte que no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio natural, si éste es favorable a los intereses de la parte quejosa, y en caso contrario, si éste resultara contrario a sus intereses, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la misma, impugnando la resolución reclamada como violación procesal, en términos del artículo 172 de la ley de la materia, previo cumplimiento del principio de definitividad. Esto es así, toda vez que la resolución impugnada emitida por la autoridad responsable en el que se ordenó la reposición del juicio ordinario civil de origen, hasta el auto que declaró la rebeldía del licenciado ********************, en su carácter de Notario Público número 16 de este Distrito Judicial y que ordenó su correcto emplazamiento, sólo podría tratarse de una violación a derechos adjetivos y no a los sustantivos que busca proteger el juicio de amparo biinstancial. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo que es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la citada ley de la materia. Luego, el acto reclamado no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, y no impiden ser reparados en la sentencia que se pronuncie en el juicio respectivo, en tanto que el mismo resulte favorable a sus intereses, y en tal caso, la afectación de que se queja en la demanda de garantías habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. En caso contrario, como ya se precisó, el promovente estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes, en dado caso que le sea adversa el dictado de la nueva sentencia. Así entonces, los actos reclamados no colman los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, ya que, en su caso, las pruebas que en su caso, nuevamente se admitan o se desahoguen, no constituyen una violación de carácter irreparable, en virtud de que sólo tienen efectos dentro del procedimiento; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es así, porque en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que la parte agraviada obtenga un resultado favorable a sus intereses en el procedimiento natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos, como se señaló, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, por la información jurídica que contiene, la jurisprudencia 1/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6. Conclusión. Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretando en sentido contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio. 7. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
1. Estado procesal. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, toda vez que se encuentra en vías de emplazamiento la tercera interesada *****, atento a que se ordenó mediante proveído de veintisiete de febrero del año en curso. 2. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración.
- Principal
. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el once de noviembre de dos mil veintidós, se reservó proveer en relación con la parte tercero interesada, hasta en tanto la responsable rindiera su informe justificado, lo cual ya sucedió.****************************************1.1 Tercera interesada. En ese sentido, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercera interesada a ********************, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de********************, con domicilio en calle********************número********************, colonia********************, en esta ciudad.****************************************1.2 Emplazamiento. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario de la adscripción que corresponda para que se constituya en el citado domicilio, a fin de emplazar a la tercera interesada a quien deberá correrle traslado con copia de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y auto admisorio, haciéndole de su conocimiento que se encuentran señaladas las diez horas con diez minutos del dos de marzo de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional.***************************************
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