Luis Francisco Herrera García
Expediente 1069/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1069/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Francisco Herrera García
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de catorce de noviembre del presente año, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por********************en su carácter de apoderado legal de********************, calidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con el legajo de copias certificadas que exhibe, contra actos del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1069/2019-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Como se observa de la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta de la fracción VIII del artículo 107 de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, aplicado a contrario sensu. De la literalidad de este último precepto, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar competencia o el conocimiento de un asunto. En sentido contrario, el juicio de amparo será improcedente cuando el acto reclamado no se ubique en la hipótesis aludida. Acerca de cuál es el alcance del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo en relación con la procedencia del juicio de amparo en contra de los actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, en sesión pública ordinaria celebrada el veintiocho de mayo de dos mil quince, esencialmente determinó que la fracción normativa en comento no puede interpretarse en su literalidad, ya que se soslayarían los principios rectores del juicio de amparo, constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad. Por ello, el Alto Tribunal estableció que los actos de autoridad que determinan declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, en el caso de la competencia por declinatoria, o bien, cuando el órgano requerido se inhibe del conocimiento de un asunto, en el caso de la competencia por inhibitoria, por ser ese el momento cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y cuando, en todo caso, se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado. De tal manera que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que acontece cuando el acto es definitivo. Luego, si en el caso concreto la parte quejosa reclama la resolución de********************, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dentro del expediente ********************de su índice, en la que declaró su legal incompetencia en razón de la materia, y ordenó remitir los autos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 28, con sede en la ciudad de Guanajuato; es incuestionable que el presente juicio constitucional no se actualiza la hipótesis de procedentica a que se refiere la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, deviene improcedente. Se afirma lo anterior, pues el referido acto no es de los que hacen procedente el juicio de amparo indirecto cuando se reclama la determinación de la autoridad de declinar o inhibir la competencia, según se explicó en líneas anteriores, ya que la autoridad a favor de quién se declinó la competencia no ha determinado si la acepta o no. En efecto, el acto reclamado no es definitivo para los efectos del juicio de amparo, dado que se encuentra supeditado a que la Junta Federal que conozca de la competencia la acepte o la rechace y, en todo caso, la que éste emita será la que en todo caso podría causar el agravio para ser impugnada a través del juicio biinstancial. De ahí que se estime que el acto reclamado no se ubique en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo en que la autoridad determina declinar o inhibir la competencia, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por tratarse de un asunto en materia laboral, y la parte trabajadora. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por********************en su carácter de apoderado legal de********************, calidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con el legajo de copias certificadas que exhibe, contra actos del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1069/2019-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Como se observa de la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta de la fracción VIII del artículo 107 de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, aplicado a contrario sensu. De la literalidad de este último precepto, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar competencia o el conocimiento de un asunto. En sentido contrario, el juicio de amparo será improcedente cuando el acto reclamado no se ubique en la hipótesis aludida. Acerca de cuál es el alcance del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo en relación con la procedencia del juicio de amparo en contra de los actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, en sesión pública ordinaria celebrada el veintiocho de mayo de dos mil quince, esencialmente determinó que la fracción normativa en comento no puede interpretarse en su literalidad, ya que se soslayarían los principios rectores del juicio de amparo, constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad. Por ello, el Alto Tribunal estableció que los actos de autoridad que determinan declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, en el caso de la competencia por declinatoria, o bien, cuando el órgano requerido se inhibe del conocimiento de un asunto, en el caso de la competencia por inhibitoria, por ser ese el momento cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y cuando, en todo caso, se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado. De tal manera que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que acontece cuando el acto es definitivo. Luego, si en el caso concreto la parte quejosa reclama la resolución de********************, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dentro del expediente ********************de su índice, en la que declaró su legal incompetencia en razón de la materia, y ordenó remitir los autos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 28, con sede en la ciudad de Guanajuato; es incuestionable que el presente juicio constitucional no se actualiza la hipótesis de procedentica a que se refiere la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, deviene improcedente. Se afirma lo anterior, pues el referido acto no es de los que hacen procedente el juicio de amparo indirecto cuando se reclama la determinación de la autoridad de declinar o inhibir la competencia, según se explicó en líneas anteriores, ya que la autoridad a favor de quién se declinó la competencia no ha determinado si la acepta o no. En efecto, el acto reclamado no es definitivo para los efectos del juicio de amparo, dado que se encuentra supeditado a que la Junta Federal que conozca de la competencia la acepte o la rechace y, en todo caso, la que éste emita será la que en todo caso podría causar el agravio para ser impugnada a través del juicio biinstancial. De ahí que se estime que el acto reclamado no se ubique en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo en que la autoridad determina declinar o inhibir la competencia, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por tratarse de un asunto en materia laboral, y la parte trabajadora. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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