Luis Flores Rosales
Expediente 1872/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1872/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2021
Partes del expediente
- Luis Flores Rosales
Actuaciones
- Principal
AUDIENCIA INCIDENTAL: En Zapopan, Jalisco, siendo las once horas del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 392/2021, Mabel Cortez Navarrete, Jueza Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien actúa con el licenciado Luis Fernando Vázquez Michel, Secretario que autoriza y da fe; encontrándose en audiencia pública, la declaró abierta con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente incidente de suspensión, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas. Acto continuo, se abre el período de pruebas en el que se ordena desahogar por su propia y especial naturaleza las documentales exhibidas por las partes que así lo hicieron; y al no haber más pruebas que desahogar, se cierra este periodo. Enseguida se abre el período de alegatos, y con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los que realiza la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado federal, los cuales de resultar procedentes, se tomarán en consideración en su oportunidad procesal. Al no existir más argumentos que relacionar se decreta el cierre de este periodo. Con lo anterior se dan por concluidas estas dos fases de la presente audiencia y se levanta esta acta para constancia legal, por lo que la Jueza de Distrito, procede a dictar la interlocutoria que corresponde. V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 392/2021; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. ***, por su propio derecho, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos precisados en su escrito inicial de demanda. SEGUNDO. Admitida la demanda de amparo, por auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, previas prevenciones que cumplió la parte quejosa se formó por duplicado incidente de suspensión, se pidió a las autoridades señaladas como responsables rindieran sus informes previos, se resolvió sobre la suspensión provisional del acto reclamado, y se citó a las partes a la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo. TERCERO. Mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte quejosa interponiendo el recurso de queja contra el auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, por el cual, en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, se negó la suspensión de plano de los actos reclamados. CUARTO. El citado recurso de queja, fue turnado al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano colegiado que al emitir la resolución de nueve de junio de dos mil veintiuno, dentro del recurso de queja ***, de su índice, determino declarar infundado el citado medio de impugnación, y confirmar la resolución emitida por este juzgado federal el catorce de abril de dos mil veintiuno. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para resolver el incidente de suspensión, por ser competente para conocer del juicio de derechos fundamentales del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo; así como 57, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. El Coordinador Administrativo en la Coordinación General de Servicios Periciales; el Director de Área en la Agencia de Investigación Criminal, en suplencia por ausencia del Titular de la Agencia de Investigación Criminal; y el Director General Adjunto de Relaciones Laborales y Apoyo Jurídico, en suplencia por ausencia del Director General de Recursos Humanos y Organización de la Oficialía Mayor; todos de la Fiscalía General de la República, al rendir sus informes de ley, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados. TERCERO. La autoridad señalada como responsable Coordinador General de Servicios Periciales, al rendir su informe de ley, manifestó que es cierto el acto reclamado, únicamente respecto a la emisión del oficio ***, de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual informo la rotación al quejoso. CUARTO. La Coordinadora Estatal de servicios periciales en el Estado de Tabasco de la Fiscalía General de la República, fue omisa en rendir su informe previo, no obstante de estar debidamente notificada para ello, por tanto, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le atribuyen, únicamente para el efecto de resolver lo conducente sobre la suspensión definitiva. QUINTO. Ahora bien, se procede al estudio de la suspensión solicitada, respecto de las citadas autoridades señaladas como responsables. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuáles son los actos reclamados cuya suspensión solicita, por lo que del análisis acucioso de la demanda de amparo y del escrito de prevención, se aprecia que la parte quejosa señala como tales, esencialmente: Oficio ***, de fecha veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, emitido por el Coordinador General de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de la República, dirigido a ***, Perito Profesional Ejecutivo B en la Especialidad de Química Forense, adscrito a la Delegación Estatal en el Estado de Jalisco, relativo a su rotación de adscripción. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que no se ejecute el oficio número ***, y no se lleve a cabo la rotación de su adscripción a diverso Estado. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa es expresa al referir los efectos para los que se solicita la suspensión la materia de la presente incidencia se estudiará a la luz de dicho planteamiento. Cabe puntualizar que para proveer acerca de la suspensión definitiva solicitada, se tomará en cuenta el contenido de la fracción X, del artículo 107 Constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable El artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Con base en lo anterior, este Juzgado de Distrito únicamente se pronunciará por lo que hace a la solicitud plasmada en el capítulo de suspensión. Sirve de fundamento para ello, la jurisprudencia siguiente: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo.". Por ende, si de conformidad con la fracción I, del artículo 128, en relación con el numeral 138, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente; debiendo fijar el órgano jurisdiccional la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, esto es, precisar, conforme a al prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, pero no por actos no reclamados en la demanda. El primer requisito se encuentra acreditado con la manifestación de la parte quejosa, en el sentido de que solicita la suspensión del acto reclamado, tanto que, el otro requisito se cumple, en conjunto con la exigencia de la ponderación de la apariencia del buen derecho. En cuanto al segundo de los requisitos en comento, deriva de lo ostensible que el legislador concede a los intereses sociales o colectivos y de orden público sobre los individuales, pues estos deben tutelarse sí y solo si no están en conflicto con la sociedad y el Estado Al respecto, el segundo párrafo de la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, señala ejemplificativamente los casos en los cuales se entiende se causa perjuicio al interés social y se contravienen normas de orden público, este señalamiento no es limitativo sino enunciativo. El orden público y el interés social no son nociones que se puedan integrar a partir de una declaración formal en la ley, pues por lo general todas las normas son de orden público y tienden a regular un interés de la sociedad que es la función específica del derecho; por tanto, corresponde al juzgador en cada caso concreto determinar de manera específica cómo se perfilan tales conceptos jurídicos indeterminados en atención a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscite el acto que se pretende suspender, así la determinación del orden público e interés social ha quedado confiada al buen criterio del juzgador, sin embargo, el alto tribunal de la Nación, en abundante jurisprudencia como la que enseguida se invoca ha delineado criterios orientadores de esos conceptos Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, cuya voz y texto rezan: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.".Asimismo, atiéndase la tesis de jurisprudencia número I.3o.A.J/16, que la letra dice: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad.". Así, debe tenerse presente que se trata de nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En conclusión de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría En ese cause, en el presente caso se estima, que la suspensión solicitada no se reúnen los parámetros establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el numeral 138 de la Ley de Amparo, pues, en ellos se establece que en los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Por tanto, en el caso se estima que sí se afecta el orden público e interés social con la concesión de la medida cautelar impetrada, es decir, de otorgarse tal medida para que el quejoso no sea reubicado del lugar en donde actualmente presta sus servicios como Perito Profesional Ejecutivo B de la Fiscalía General, adscrito a la Delegación Estatal en el Estado de Jalisco, se afectaría a la colectividad porque está interesada en que en este momento se preste el servicio, con todos los elementos materiales y humanos que tengan las instituciones a su alcance. Por otro lado, no se desconoce que la rotación en su adscripción implica una serie de molestias para el servidor público como la de cambiar el lugar de su residencia habitual; sin embargo, la solicitud del peticionario de amparo a efecto de que se le conceda la suspensión definitiva solicitada contravendría el requisito establecido en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la función que desempeña tiene como destinataria a la sociedad y, por ende, a ésta es a quien le importa que sus actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables. Además, de llegar a ejecutarse su reubicación a diverso lugar al de su residencia, con ello no se consumaría irreparablemente el acto reclamado al grado de que el juicio de amparo quedara sin materia, ni se ocasionaría al aquí quejoso daños y perjuicios cuyo arreglo implique, difícil resarcimiento o que su remedio sea muy complicado; en principio porque la medida decretada por las autoridades responsables no van a afectar sus derechos laborales, toda vez que seguirá percibiendo su salario o cualquier otra prestación de índole laboral; además, porque en caso de obtener resolución favorable en el juicio constitucional, se le restituiría en el goce de sus derechos fundamentales violados a través de su reincorporación en el lugar en que se encontraba adscrita; por lo tanto, no se satisface el requisito establecido por el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo las siguientes jurisprudencias: AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE OTORGAR, POR REGLA GENERAL, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN. Al tener el Agente del Ministerio Público de la Federación funciones que son de interés público conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que tienden a promover la pronta y debida procuración e impartición de justicia, en particular en materia penal, e interviene en los juicios en que la Federación es parte, por ello la sociedad está interesada en que dichas funciones las realice de la mejor manera, y toda vez que su cambio de adscripción se hará conforme a las necesidades del servicio, en términos del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, se concluye que contra el cambio de adscripción previsto en el artículo 30, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, resulta improcedente, por regla general, conceder la suspensión provisional, por no satisfacerse el requisito establecido por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que el perjuicio del interés social y la contravención a disposiciones de orden público quedan acreditados, pues las funciones que realiza tienen como destinataria a la sociedad y, por ende, a ésta es a quien le importa que tales actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables, sin que en el caso se vea afectada la organización de la representación social federal para su debido funcionamiento, ni que el mencionado cambio de adscripción constituya un acto de imposible reparación, atento a que de concederse el amparo, al quejoso se le restituirá en el goce de la garantía violada a través de su reincorporación en el lugar en que se encontraba adscrito.AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE ANTES DE EMITIR LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN O ROTACIÓN, AQUÉLLOS SE ENCONTRARAN ADSCRITOS EN DETERMINADO LUGAR PARA ABATIR UN REZAGO, NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PREVISTA EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 6/2007 (*) Y, POR TANTO, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE DICHA ORDEN. La determinación de cambiar de adscripción o rotar a los agentes del Ministerio Público de la Federación, por necesidades del servicio, beneficia a la sociedad. De ahí que con independencia de que hasta antes de la emisión de la orden de cambio de adscripción o rotación, los agentes se encontraran adscritos al Programa de Apoyo y Abatimiento al Rezago, es evidente que dichos movimientos devienen de disposiciones emitidas con el ánimo de mejorar la procuración de justicia y, de no observarse afectarían a la colectividad, por lo que esa circunstancia no constituye una excepción a la regla general prevista en la jurisprudencia aludida, en el sentido de que la suspensión provisional es improcedente contra la orden de cambio de adscripción de los agentes del Ministerio Público de la Federación. Cabe precisar, que a consideración de quien esto resuelve, de momento no se encuentra acreditado que la parte quejosa se encuentre en el supuesto de excepción que establece la jurisprudencia mencionada en primer término, pues con la rotación en su adscripción reclamada, no se advierte que se le esté cambiando en la realización de las actividades que venía desempeñando como perito, sino que únicamente se le encuentra rotando de adscripción en cuanto a su residencia de lugar de trabajo y no a las actividades que desempeña. En el entendido que en el presente incidente, no se prejuzga sobre la inconstitucionalidad o constitucionalidad de los actos reclamados que el aquí quejoso considera violatorios de sus derechos fundamentales, ya que dicho estudio se deberá hacer en el juicio principal de donde emana la presente incidencia. Aunado a ello, el aquí quejoso, no ofreció medio de convicción del que se desprenda que existe peligro en la demora, para los efectos de que se le concediera la suspensión solicitada. Por tanto, al considerar que no se satisfacen los requisitos previstos en la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, relativo a que no se cumple con el requisito de que no se afecte el orden público ni el interés social, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva respecto a la rotación en su adscripción. En razón de lo anterior, se resuelve: ÚNICO. Se niega a *** la suspensión definitiva del acto reclamado, por los razonamientos expresados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Zapopan, Jalisco, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado admite recurso de revisión y solicita constancias. Se tiene por recibido el oficio procedente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual comunica que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, mismo que se registró con el número *** y solicita copias certificadas de diversas constancias relativas al presente juicio; por tanto, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar y remítase de inmediato a la superioridad las constancias solicitadas. Se informa. En ese sentido, por lo que respecta a la constancia de notificación de la sentencia al Director de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, se hace de su conocimiento que la misma obra agregada en el expediente electrónico que deriva del presente asunto; empero, para mayor ilustración, se le remite copia certificada del acuse respectivo. Por otra parte, por lo que respecta a la remisión de las constancias de notificación de la autoridad denominada Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad, se hace de su conocimiento que a dicha autoridad no se le notificó la sentencia emitida en el presente asunto ni la interposición del recurso de revisión, en razón de que no figura como parte, esto es, no fue señalada como responsable por la parte quejosa; de ahí la imposibilidad para remitirle las constancias solicitadas. En su oportunidad intégrese. Se instruye a la secretaria adscrita para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se da vista con la adscripción de nueva titular. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se acordó la primera adscripción de la jueza ***, en este Juzgado, con efecto a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, lo que se comunicó a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/1095/2021, de veintiocho de octubre del año en curso, emitido por el Encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto con fundamento en lo dispuestos en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo rubro y texto siguientes: "Registro digital: 164217 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 104/2010 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312 Tipo: Jurisprudencia SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. (...)."
- Principal
Visto el escrito signado por ..., autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo, interpone recurso de revisión y expresa agravios en contra de la sentencia dictada en autos. Tramitación del recurso. Ahora bien, atento a la circular DGGJ/0012/2020, signada por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de diez de julio de dos mil veinte, en relación con los Acuerdos Generales 13/2020 y 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los cuales se privilegia el trabajo a distancia haciendo uso de las herramientas tecnológicas en aras de preservar la salud e integridad del personal evitando el contacto físico entre los servidores públicos; y con fundamento en el artículo 3 del Acuerdo emitido por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal el doce de junio del año en curso que habilita el uso de la FIREL en la formalización de instrumentos, oficios y demás documentos que emitan, y el uso del correo institucional como comunicación oficial. Por tanto, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo; dentro del plazo de tres días, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, remítase vía interconexión copia del escrito de agravios, y dese acceso al expediente electrónico de los autos del presente juicio, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer. Para lo cual, sin previo acuerdo se remitirá el oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para que proporcione la papeleta del turno correspondiente y estar en aptitud de realizar el citado envío. IV. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. Acuerdo General. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓIN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, se determina lo siguiente: se establece susceptible de destrucción el original y duplicado del incidente de suspensión en que se actúa, en tanto, se negó la suspensión definitiva. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Intégrese expediente físico. Se instruye al secretario adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
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