Luis Fidel Molina Vázquez y Otros.

Expediente 188/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
188/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Luis Fidel Molina Vázquez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 1-B.- Téngase por recibido y agréguese a sus autos, el oficio signado por el actuario de la adscripción mediante el cual exhibe la constancia de notificación realizada el once de junio de dos mil veintiuno, practicada al quejoso Luis Fidel Molina Vázquez, en su carácter de representante común de los quejosos, en cumplimiento al proveído de veintisiete de mayo pasado. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    MESA 1-A.- Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de treinta de abril del año actual, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. Por otra parte, dado que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Quince, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, es decir fuera de la residencia de este Juzgado, pero dentro de esta jurisdicción, en términos del artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal, a través del correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx, para los efectos legales a que haya lugar, que el actuario adscrito a este Juzgado debe trasladarse a dicho centro carcelario, a fin de notificar esta determinación.

  3. Principal

    MESA 1-A.- Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Fidel Molina Vázquez, Pedro Odiel Villegas Coronado y José Miguel Zarate Álvarez, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS CHIAPAS" y los Titulares de las Áreas Técnicas que integran el Comité Técnico de dicho centro penitenciario, residentes en Villa Comaltitlán, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 188/2021 1-A. DESECHAMIENTO Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece:...De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo manifiesto significa claro o evidente, mientras que indubitable, cierto, seguro, que no puede dudarse...En ese precepto legal se encuentra contenido uno de los principios rectores del juicio constitucional que es el de definitividad, conforme al cual, solamente serán impugnables en la vía de amparo, aquellos actos en contra de los cuales no proceda algún recurso o medio de impugnación, a través del cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. En primer lugar, es conveniente señalar que en la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, ya se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues de acuerdo con el artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; por lo tanto, se encuentra en vigor desde el diecisiete de junio de dicho año. También no hay que perder de vista que la fracción II, del artículo 1º de la ley de ejecución, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva ley creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión, de allí que los internos tengan la posibilidad de instar cualquier de esos procedimientos para la resolución de controversias que se susciten durante la privación de la libertad. Por su parte el artículo 2 de la citada ley, como ámbito de aplicación señala en general a todas las personas privadas de la libertad que incluye tanto a los internos por prisión preventiva como a los que están compurgando una pena o medida de seguridad. Esto significa que la ley incluye expresamente a todas las personas privadas de la liberad sin importar el estado procesal en que se encuentren. Bajo ese contexto, por tratarse el acto reclamado de situaciones relacionadas con las condiciones de reclusión del quejoso, le resulta aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se afirma lo anterior, dado que la actuación reclamada se clasifica dentro de las condiciones de internamiento previstas en los artículos 30 al 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las que desde luego se relacionan con los derechos que tienen las personas privadas de su libertad, entre los que se encuentran los previstos por el artículo 9 de la citada legislación, por ende, lo relativo a la designación de estancias en el centro de reclusión, se encuentra dentro de las mismas. Ahora bien, por su parte los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativos al procedimiento administrativo; los numerales 130 a 135, del mismo ordenamiento legal, atinentes a los recursos y finalmente, el artículo 9, relativo a los derechos de las personas privadas de la liberad, y 74, 76, 77 y 78, referentes a los servicios de atención médica, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Del contenido de dichos numerales se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran:...En ese orden, en la especie no se aprecia que los aquí quejosos, hayan agotado el recurso previsto en el artículo 114, párrafo tercero, previamente citado; ya que sólo a través de ese medio de impugnación es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto a su petición, situación de la que se duelen en esta vía constitucional. En esas condiciones, al no agotarse el medio de defensa que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, se incumple con el principio de definitividad de que se trata, actualizándose la causa de improcedencia transcrita; por tanto, con fundamento en lo contemplado en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Luis Fidel Molina Vázquez, Pedro Odiel Villegas Coronado y José Miguel Zarate Álvarez. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita...Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", residente en Villa Comaltitlán, Chiapas, donde se encuentran recluidos los quejosos, a quien deberá realizarse las notificaciones en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal, por el correo electrónico autorizado, que el actuario adscrito a este Juzgado debe trasladarse al citado centro carcelario para los efectos indicados. REPRESENTANTE COMÚN En términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Luis Fidel Molina Vázquez. DESIGNACIÓN DE DEFENSOR PÚBLICO. En otro aspecto, por cuanto que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 CPS CHIAPAS, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, a efecto de no dejarlos en estado de indefensión, gírese oficio al Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, residente en Tuxtla Gutiérrez, esto para que en el ámbito de sus atribuciones de ser procedente, designe profesionista que patrocine a los promoventes en la tramitación del presente juicio de amparo; ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Federal de la Defensoría Pública. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a efecto que, de estimarlo pertinente, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", proporcionando a éste órgano jurisdiccional el nombre de usuario con el que se registren en el portal del de Juicio de amparo en línea bajo la siguiente liga electrónica: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea. A través del cual se podrá llevar a cabo la consulta, el seguimiento y recibir las notificaciones que deriven del presente asunto. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como números telefónicos, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. DESAHOGO- ENLACE DE VIDEOCONFERENCIAS Y DILIGENCIAS NECESARIAS Hágase del conocimiento de las partes que con la finalidad de respetar las medidas sanitarias preventivas del momento que se vive ante la contingencia por el virus COVID-19, así como la de procurar una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en la fracción I y III, del artículo 1 del Acuerdo General Conjunto 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y debido a las restricciones para acceder al edificio en términos de las medidas de seguridad establecidas en el diverso Acuerdo General 21/2020 del citado órgano administrativo colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, requiérase a las partes para en caso de ordenarse en el presente asunto una diligencia donde sea necesaria la comparecencia de alguna de ellas, realicen en cualquier dispositivo electrónico (teléfono celular, laptop, ipad, tablet, PC de escritorio, etc.) las descarga de la aplicación CISCO WEBEX, bajo las siguientes indicaciones: 1) Descargar la aplicación de la siguiente liga electrónica: https://www.webex.com/es/downloads.html 2) Descargar la versión Webex Meetings; 3) Ejecutar la aplicación y registrarse con su nombre completo y correo electrónico personal; y 4) Conectarse el día y hora señalado ordenado en autos en la siguiente liga de conferencia: http://meetingsamer21.webex.com/meet/pr1261408 503 Lo anterior, a efecto de realizar la videoconferencia correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

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