Luis Fidel Molina Vázquez
Expediente 880/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Luis Fidel Molina Vázquez
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 2120-M con firma electrónica de la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, Jalisco, a través del cual acusa recibo del original del juicio de amparo 880/2021-5 (4/2020-I de su índice), promovido por Luis Fidel Molina Vázquez, por conducto de Salvador Leyva Morelos Zaragoza, con su respectivo incidente de suspensión; asimismo, informa que el pasado trece de julio ese órgano jurisdiccional especializado se avocó al conocimiento de dicho asunto. En consecuencia, al no existir actuación procesal pendiente de realizar, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo General, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción, así que una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Jorge Luis Pérez Martínez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, ocho de julio de dos mil veintiuno. Visto el oficio 1993-M que remite la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, mediante el cual remite copia certificada del expediente 4/2020, de su índice, que contiene la demanda de amparo promovida por Luis Fidel Molina Vázquez, por conducto de Salvador Leyva Moreno Zaragoza, contra actos del Titular de la Fiscalía General de la República, con sede en Ciudad de México y otras autoridades, en razón de lo ordenado por auto de treinta de octubre de dos mil veinte, en el que declara incompetencia para conocer de dicho asunto; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 880/2021-5, que por razón de turno le corresponde; y fórmese expediente. Sin embargo, este órgano jurisdiccional NO ACEPTA LA COMPETENCIA de la demanda promovida por Luis Fidel Molina Vázquez, en atención a las razones que enseguida se expresan. En principio, es necesario establecer que la competencia de la autoridad es un derecho a la legalidad y la seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público. Así, la jurisdicción de los órganos del Estado creados para impartir justicia se determina por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio, a fin de especializar y, con ello, mejorar la impartición de justicia; de ahí que resulta relevante que los órganos jurisdiccionales atiendan estrictamente los asuntos de su competencia, a fin de cumplir con la debida garantía de acceso a la justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. De este modo, los Juzgados de Distrito como órganos jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación distribuyen su competencia, de conformidad a lo dispuesto por el título cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de donde se desprende que la competencia por materia puede ser penal, civil, administrativa y laboral. La distribución de competencias por razón de materia y territorio de los Juzgados de Distrito está encomendada al Consejo de la Judicatura Federal, de acuerdo con lo que dispone el diverso artículo 94, párrafo sexto, del Pacto Federal, cuyo tenor es: "Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios y en Juzgados de Distrito. (.) El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y, en su caso especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. (.)." Resulta importante destacar que para determinar la competencia por razón de territorio donde ejercen jurisdicción los órganos jurisdiccionales federales, se establecen diversas hipótesis, las cuales se contienen en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En ese sentido, en términos del arábigo transcrito si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Por otra parte, el párrafo segundo de dicho numeral también prevé la posibilidad de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o en su defecto que ya haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, hipótesis en la que otorga competencia al juzgador de distrito ante quien se haya presentado la demanda la demanda de amparo. Finalmente, la última de las hipótesis opera en el caso de que el acto reclamado no requiera de ejecución material, caso en que la Ley de Amparo otorga competencia al Juez ante quien se haya presentado la demanda. En el caso, la parte quejosa señala como actos reclamados: "a) Del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa 1, Coordinación "B" de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura: La omisión de realizar con la debida diligencia una investigación por graves violaciones a derechos humanos, correspondiente a la averiguación previa 498/UEIDT/45/2016 de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, en la cual se tiene como víctima a Luis Fidel Molina Vázquez. Misma que se traduce en la excesiva e injustificada dilación en la integración y consecuente judicialización de la averiguación previa, toda vez que han transcurrido cinco años desde que sucedió el probable hecho delictivo y tres años desde que tuvo conocimiento de la denuncia la Unidad Especializada para la Investigación del Delito de Tortura, sin que hasta la fecha se haya investigado, procesado y sancionado a los presuntos responsables, ni reparado a la víctima. b) Del Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República: La omisión de supervisar de manera diligente y efectiva que la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa 1, Coordinación "B" de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, investigue los delitos con la debida diligencia en la averiguación previa 498/UEIDT/45/2016. c) Del Titular de la Fiscalía Especial en Materia de Derechos Humanos: La omisión de supervisar que el Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, investigue los delitos con la debida diligencia en la averiguación previa 498/UEIDT/45/2016. d) Del Titular de la Fiscalía General de la República: De acuerdo con el ejercicio de la autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, en las que delega su función investigadora. Particularmente esta última, ante la que se encuentra activamente la investigación de los hechos, por su flagrante omisión de actuar con la debida diligencia, dentro de un plazo razonable." Ahora bien, la autoridad declinante señala que es incompetente para conocer de la demanda de amparo en razón de que los actos que se combaten tendrán ejecución en el Estado de Tamaulipas. Situación que este juzgador no comparte, puesto que como se evidenció, los actos reclamados consisten en la omisión por parte de la responsable de resolver la averiguación previa 498/UEIDT/45/2016 de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, en la cual se tiene como víctima a Luis Fidel Molina Vázquez, esto es, tales actos son de carácter meramente declarativo y por tanto carecen de ejecución material. Luego, en este Juzgado de Distrito únicamente se recibieron en copia los autos del juicio de amparo en cuestión, así como los oficios de treinta de octubre de dos mil veinte y del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, emitidos por el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, donde se declara incompetente. Esto es, de autos no se aprecia elemento de prueba a partir del cual, este Juzgador pueda asegurar que lo reclamado pueda tener ejecución en más de un circuito, o en su defecto, que contenga una ejecución de carácter material que obligue a aceptar la competencia. En consecuencia, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada. Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes y devuélvanse las constancias remitidas al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, para lo cual solicítese el acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a la presente determinación. En esas condiciones, con apoyo en lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado declara que carece de competencia legal para conocer de la demanda de cuenta, por ende, devuélvanse las constancias que remitiera el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, en la inteligencia que se solicita el acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a la presente determinación. Tiene aplicación por analogía a lo antes citado, la jurisprudencia 1a./J. 83/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 617, Libro 74, del Tomo I, Enero de 2020, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2021413), del rubro y texto siguiente: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN SU CONTRA, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO ANTE QUIEN SE PROMUEVE. La desaparición forzada de personas es un delito de naturaleza permanente o continua, en el que predomina la falta de información de las autoridades estatales acerca del paradero de la persona o la negativa a reconocer la comisión del ilícito, por lo que no siempre es posible determinar con certeza las autoridades responsables ni el lugar o lugares donde se esté ejecutando. Ante tal circunstancia, toda vez que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o incluso puede comenzar a ejecutarse en uno de ellos y continuar ejecutándose en otro, se concluye que en términos del artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo que se presenta en contra de hechos presuntamente constitutivos de desaparición forzada, el juez ante quien se presente la demanda de amparo. Lo anterior, incluso, redunda en un mayor beneficio para las víctimas indirectas, puesto que se asegura que la persona que presenta la demanda de amparo indirecto tenga un acceso más allanado al juicio de amparo y pueda participar de manera inmediata en él, de tal modo que no se establezcan exigencias gravosas sobre circunstancias tales como la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable, acceda de manera personal al expediente, obtenga copias, exprese su opinión, reciba información directa, aporte pruebas, formule alegatos y, en general, haga valer sus derechos de manera eficaz. En paralelo, subsiste un deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno, para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito y en su caso, obtenga su comparecencia, como un auténtico habeas corpus." Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda que se recibe y hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se tiene como medio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, la vía electrónica contemplada en el artículo 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, por conducto del usuario Sleyvamz y en términos restringidos para la consulta del expediente electrónico a los usuarios MonseCamara y víctorparada mencionados en la demanda de cuenta. Por lo que se giran instrucciones al Analista Jurídico SISE para que realice las gestiones administrativas relativas al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para que la parte quejosa tenga acceso total al expediente electrónico derivado de este asunto, con los nombres de usuarios que citan. Ahora bien, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 37/2020, de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, para mejor comunicación, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden entablar comunicación no procesal. Por tanto, se faculta a las partes a utilizar la vía fax al número telefónico 899-9263074, de este Juzgado Federal y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea el quejoso, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Iris Ileana de León Martínez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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