Luis Fidel Molina Vasquez

Expediente 122/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 30 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
122/2021
Año
2021
Actuaciones
30
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Luis Fidel Molina Vasquez
  • Pedro Odal Villegas Coronado
  • Carlos Alejandro Avila Segura
  • PEDRO ODAL VILLEGAS CORONADO y Otros.
  • REFUGIO MACIAS ROMERO y Otros.
  • Juez Primero de Distrito En el Estado de Oaxaca
  • Jorge Alán Alvarez Rojo
  • Agustín Pavón Tapía
  • Eduardo Ezequiel Hernández Hernández
  • CÉSAR ALEJANDRO GARAY LUNA y Otros.
  • LUIS FIDEL MOLINA VASQUEZ y Otros.
  • Adalberto Villalobos López
  • Juan Ángel Calles Cohen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintisiete de junio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Vista la certificación de cuenta, se desprende que al día de hoy transcurrió el término de diez días previsto en el Notificación personal Surte efectos Inicia y concluye termino Días inhábiles [artículo 19 de la Ley de Amparo] Quejosos 03 de junio de 2022 [foja 453] 06 de junio de 2022 07 al 20 de junio de 2022 04, 05, 11, 12, 18 y 19 de junio de 2022. Defensor Público Federal 01 de junio de 2022 [foja 454] 02 de junio de 2022 03 al 16 de junio de 2022 04, 05, 11 y 12 de junio de 2022. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN VALORES DOCUMENTOS ORIGINALES TOMOS DE PRUEBAS NO NO NO SI ERICK MANUEL RUIZ ABARCA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.33.e3 27/05/23 11:29:33 2 artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución constitucional que sobreseyó en el presente juicio; sin que lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como el Manual para la Organización de los ERICK MANUEL RUIZ ABARCA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.33.e3 27/05/23 11:29:33 3 Amparo indirecto 122/2021 ??????????????? Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto del mismo año, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso a) del Acuerdo General de referencia, y capitulo 8 Expedientes Destruibles, 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos, sub punto 12, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 153, del citado Acuerdo General. 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados [.]. 2 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos. [.] 1. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. [.] 3 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional ERICK MANUEL RUIZ ABARCA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.33.e3 27/05/23 11:29:33 4 Por lo tanto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 del citado instrumento normativo, consérvese este expediente por el término de tres años, y cumplido que sea dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes destrúyase, debiéndose remitir el acta de baja documental condigna, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 254 , del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." 4 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." ERICK MANUEL RUIZ ABARCA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.33.e3 27/05/23 11:29:33 5 Amparo indirecto 122/2021 ??????????????? DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En virtud de que no existen en autos documentos originales exhibidos por los quejosos no es necesario requerirlos para que los recoja, como lo exige el artículo 215 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, se vislumbra que bajo el resguardo de esta secretaria, obran un tomo de copias certificadas remitidas por el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince CPS- CHIAPAS, con sede en Villa Comaltitlán; sin embargo, resulta innecesario proveer respecto a su devolución, toda vez que no encuadra en el artículo citado en párrafo precedente, por lo que, será destruido junto al expediente principal. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 122/2021. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el veintidós de marzo del dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, 1Luis Fidel Molina Vásquez y otros [15], demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Incompetencia. De dicho asunto le correspondió su conocimiento al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec; el cual mediante proveído veintidós de marzo del dos mil veintiuno se declaró incompetente por considerar que el acto reclamado tiene su ejecución dentro de la circunscripción de este juzgado federal, pues los peticionarios de amparo, se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS". TERCERO. Trámite. En auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal aceptó la competencia planteada; registró la demanda con el número de expediente 122/2021, y desechó la demanda de amparo. Inconformes con tal determinación, los quejosos en la constancia de notificación personal practicada en el lugar de su reclusión, interpusieron recurso de queja, el cual resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito dentro del recurso de queja 50/2021 de su índice. Luego, mediante acuerdo de cinco de noviembre siguiente, se recibió el testimonio de ejecutoria del Tribunal de alzada, quien declaró fundado el aludido medio de impugnación, revocó el auto recurrido y ordenó pronunciarse respecto de la admisión del libelo constitucional, por lo que, se admitió a trámite la citada demanda, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó los informes justificados a las autoridades responsables, se solicitó la designación de un defensor público federal para la representación de los quejosos y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Cambio de titular. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, acordó la primera adscripción de la Jueza Rosa Patricia Córdova Rangel, como Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en sustitución del Juez Iván Millán Escalera, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; circunstancia se fue notificada a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/1161/2021, de veintiocho del mismo mes y año. Finalmente, previas gestiones y diferimientos para la integración de la presente Litis constitucional, tuvo verificativo la audiencia de ley al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicados el siete de junio y veintidós de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación; en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman actos de una autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado a las autoridades responsables consiste en: La falta de atención médica especializada y cobro de medicamento. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El 5Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, el 6Coordinador General de los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ambos con sede en la Ciudad de México, y el 7Comandante Penitenciario Superior de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince CPS-CHIAPAS, con sede en Villa Comaltitlán, al rendir su informe justificado negaron el acto reclamado, pues refieren que dichas atribuciones recaen en el Director General del Centro de reclusión social. Al respecto, los artículos 12, 13, fracción XIV, 28, 29 y 49 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, disponen que el Titular de los centros de reclusión podrá autorizar el acceso de profesionales de la salud ajenos al Centro Federal, para atender los casos que lo requieran, así como el traslado de internos a instituciones del sector salud, previo dictamen del Área de Servicios Médicos del Centro Federal, también, que debe existir un titular del área de servicios médicos, el cual será encargado de proporcionar a los internos la atención médica necesaria, quien se encuentra subordinado jerárquicamente a la primera autoridad citada; además, que el aludido servidor público debe integrar un expediente médico de cada interno en el que se dé seguimiento a su estado físico. Bajo esas premisas, se colige que la comprobación de la atención médica brindada a un recluso, corresponde al titular del centro de reclusión, así como a los encargados del área de servicios médicos, ya que éstos se encuentran en condiciones de demostrarlo por contar con los antecedentes clínicos de las personas privadas de la libertad; de ahí que se tenga en su términos la negativa esbozada, por lo que con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales respecto a las autoridades citadas en este considerando. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1Directora General, 2Comité Técnico, 3Director de Administración, 4Encargado de la Coordinación de Servicios Médicos, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince CPS-CHIAPAS, con sede en Villa Comaltitlán, negaron el acto reclamado. Sin embargo, para los efectos del presente juicio, debe tenerse por cierto el acto reclamado, en tanto que la atención médica especializada fue otorgada de manera posterior a la fecha de la presentación de la demanda, y será en un considerando por separado que se analizará si es motivo de actualización de una causal de improcedencia del juicio. Es aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 91-96 Tercera Parte, página 7, Séptima Época, de rubro: ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Así como la tesis 1a. CLXXV/2015 (10a.) , emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR. El artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada prevé que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso demostrar la inconstitucionalidad de dicho acto, salvo que sea violatorio de garantías en sí mismo, pues en ese caso la carga de la prueba se revierte a las autoridades para demostrar su constitucionalidad. En esas condiciones, cuando en el juicio de amparo se reclama que la autoridad no ha desplegado sus facultades, se genera una presunción de inconstitucionalidad que ésta debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o. de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de sus facultades, es la autoridad quien debe probar lo contrario. Esto con base a las constancias que obran en autos, documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Máxime que, por la naturaleza del acto reclamado, así como los criterios que han sostenido los tribunales de alzada, no procede sobreseer por inexistencia sin que se haga un análisis para establecer si se ha prestado o no atención médica, el cual no es posible desarrollar en este considerando sino en el estudio de los conceptos de violación -en el supuesto de no advertirse alguna causa de improcedencia-. Apoya el criterio sostenido, la tesis jurisprudencia PC.VII.P. J/3 P que dice: ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO. El Estado es responsable, en su condición de garante, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia; así, en términos del numeral 29 del Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2006, el área de Servicios Médicos es la responsable de velar por la salud física y mental de los internos, así como de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo. En ese tenor, cuando el acto reclamado por un interno en el juicio de amparo consiste en la negativa u omisión de proporcionarle atención médica y la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, niega el acto y exhibe diversas constancias para acreditar que sí ha proporcionado al recluso el servicio médico, no procede sobreseer en el juicio de conformidad con en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo por inexistencia del acto reclamado, sino determinar, mediante un estudio de fondo si se ha respetado o no el derecho humano a la salud, al ser éste, precisamente, el acto reclamado, partiendo de la base de que el quejoso, al estar privado de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad; estimar lo contrario implicaría dejarlo en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le ha prestado el servicio y en qué condiciones. Esto es, sobreseer con base en la causa referida, aunque sea realizando un estudio periférico o superficial de las constancias para establecer si se le ha prestado o no la atención médica (para determinar la existencia o no del acto), atañe necesariamente al fondo de la cuestión planteada, pues implica tomar en cuenta los padecimientos reportados y la atención médica proporcionada CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente, de conformidad con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985, de que literalmente establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Subsiste el acto reclamado pero no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Ahora bien, esta juzgadora advierte que respecto a los quejosos Agustín Pavón Tapia y César Alejandro Garay Luna, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, la cual textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." De inicio, conviene destacar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, cuyo último y primordial fin es restituir en el pleno goce de las garantías individuales al gobernado que se duele del proceder del órgano del Estado, en su carácter de autoridad. El legislador ordinario estableció como principio que rige su procedencia, que el fallo protector se concrete y trascienda en la esfera jurídica de aquél quien lo promueve, de tal manera que se repare la afectación que resintió. Así, la causa de improcedencia en estudio estriba en que el efecto y finalidad del juicio de derechos fundamentales, conforme a lo estipulado en el artículo 77, de la Ley de Amparo, sea conseguir la restitución en el goce del derecho violado, a favor del quejoso, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada; por tanto, resulta lógico que si la materia sobre la cual recayó el acto reclamado deja de existir, no podrá restituirse al gobernado en el goce del derecho fundamental conculcado, y por ende, la sentencia que se dictare no podría cumplimentarse, haciendo que el juicio de amparo sea ocioso Luego, la razón legal de la fracción normativa en cita tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto mismo; en otras palabras, la no realización de los efectos del acto impugnado en el caso previsto en esta fracción está subordinada incondicionalmente a que deje de existir el objeto o la materia del acto reclamado. Bajo ese tenor, es posible que aun subsistiendo el acto reclamado, sus consecuencias jurídicas, reales y concretas, no pueden surtir efecto legal o material, porque el objeto que lo propició ha desaparecido, ante la presencia de un hecho extraordinario que no depende de la autoridad responsable, pues resulta indudable que, en el caso: 1. La falta de atención médica reclamada subsiste en la actualidad, por obrar en autos constancias de las que se observa que si bien se les habían efectuado revisiones generales, lo cierto es que requerían atención médica especializada; y 2. No puede surtir efecto legal o material alguno, ya que dejó de existir su objeto. En efecto, de actuaciones previas y las constancias remitidas por la autoridad oficiante [fojas 340 y 345 de autos], se advierte que el treinta de marzo y el veintinueve de julio, ambos del dos mil veintiuno César Alejandro Garay Luna y Agustín Pavón Tapia egresaron del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince CPS-CHIAPAS, por otorgárseles la libertad anticipada y por compurgación de la pena respectivamente. Sin embargo, a la fecha en que se emite la presente resolución, subsiste la falta de atención médica especializada; empero, no puede surtir efecto legal alguno porque su objeto ha desaparecido (que los quejosos ya egresaron del centro penitenciario en el que se encontraban privados de la libertad), lo cual, como resulta evidente, aconteció con antelación al dictado de este auto. Por tanto, si el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera en la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el goce pleno de los derechos fundamentales que le hayan sido vulnerados, el principio que rige su procedencia lo es la circunstancia de que el fallo protector que en su caso se llegara a emitir, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. De ahí que, si las consecuencias del acto de autoridad impugnado han dejado de existir, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia, en caso de conceder el amparo solicitado, de estimar inconstitucional el acto reclamado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Además, la improcedencia deviene de la presencia de un hecho extraordinario que no depende de la autoridad responsable, que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido; por lo que ya no es dable que el acto lesione a la parte quejosa, y por tanto no es posible realizar el estudio relativo. Sustenta el criterio antepuesto, la tesis aislada 2a. XLVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se en el juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, únicamente respecto a los quejosos César Alejandro Garay Luna y Agustín Pavón Tapia. Definitividad El Comisionado de Prevención y Readaptación Social y el Coordinador General de Centros Federales aducen que el juicio de amparo es improcedente, dado que se actualiza la causa prevista en la fracción XX del precepto 61 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tal tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". El juicio de amparo como medio de control constitucional extraordinario, se funda entre otros principios, en el de definitividad, el cual consiste en que previo a acudir a esa instancia deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley y a través de los cuales pueda modificar, revocar o anular el acto materia del reclamo. Tal principio se consigna en el artículo 61, fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo, la segunda de las cuales, establece que el juicio de amparo será improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los que proceda algún juicio, recurso o medio de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; en la inteligencia de que existe obligación de agotar el principio de definitividad, siempre y cuando conforme a la ley que lo rija se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria en mención y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sin embargo, dicho precepto en su segundo párrafo establece como excepción, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. Por ende, cuando se reclaman actos provenientes de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, susceptibles de ser impugnados a través de un juicio o medio ordinario de defensa ordinario, con el cual se obtenga su modificación, revocación o anulación, debe hacerse un cuidadoso análisis atendiendo a la naturaleza del acto y la magnitud o relevancia de la infracción constitucional, a fin de descartar de manera absoluta, la posibilidad de que se encuentre en los casos de excepción legalmente previstos. Sobre esa base, es dable afirmar que si bien las autoridades señaladas como responsables revisten la calidad de autoridades penitenciarias y los actos y omisiones que realizan con motivo del internamiento de los quejosos son susceptibles de impugnarse a través del procedimiento administrativo contenido en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; no resulta procedente que se exija a los aquí quejosos agotar ese procedimiento, cuando, como en el caso, reclaman actos que podrían poner en peligro su salud y vida, relacionado con el derecho fundamental previsto en el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que éste podría ubicarse dentro de las reglas de excepción a que se refiere el mencionado precepto. Tal afirmación obedece a que, si bien el procedimiento contenido en la mencionada Ley Nacional fue establecido para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, de disponer la posibilidad de impugnar las decisiones u omisiones de la autoridad penitenciaria, por medio de la controversia que se plantee ante el juez de ejecución, incluso, prevé que los internos tienen a su alcance los recursos de revocación y apelación para el caso de estar inconformes con alguna decisión de la autoridad judicial; por lo que, por regla general, debe ser agotado antes de acudir al juicio de amparo; ello no sucede cuando los actos que se reclamen afecten directamente derechos sustantivos, cuyas consecuencias pudieran resultar irreversibles o fatales al encontrarse en riesgo, tal es el caso de la vida, salud o integridad física de los internos, al actualizarse el supuesto de excepción a dicho principio; por lo que, en su contra, procede el juicio de amparo indirecto. En efecto, quien resuelve estima la posibilidad de que opere la excepción al principio de definitividad, al plantearse en la demanda de amparo una violación directa a la Constitución, ya que el acto reclamado por los quejosos pudiera afectar gravemente su dignidad e integridad personal, lo cual a su vez podría tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida. Lo anterior es así, de acuerdo con las consideraciones vertidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver contradicción de tesis 42/2018, en la que consideró -en lo que aquí interesa- lo siguiente: la omisión de las autoridades penitenciarias de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida. De ahí que, cuando se trate de la omisión de atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, es factible que pudiese operar la excepción al principio de definitividad, prevista en el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues como se apuntó, la omisión de las autoridades penitenciarias de proporcionar atención médica, podría llegar a tener consecuencia irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, lo que transgrede el artículo 4° constitucional, pues debe garantizarse el derecho fundamental a la salud. Cesación de efectos En cambio, respecto a la falta de atención médica y cobro de medicamentos alegados por los quejosos, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En primer término, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido a establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no; es decir, la improcedencia va a impedir que el juzgador federal dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causales que conforman a la misma, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el texto del artículo 62, de la ley en cita. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61 fracción XXI, en relación con el diverso 77 fracción II de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por no contravenir las disposiciones legales aplicables vigentes en la nueva Ley de Amparo, cobra aplicación la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y uno, Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora bien, como quedó precisado con antelación, la falta u omisión reclamada a las autoridades penitenciarias, ha cesado en sus efectos, debido a que, de manera especial, destacan los informes y documentales aportados por el entonces director y ahora directora del centro federal responsable, de los cuales se advierte que cada quejoso fue atendido médicamente, como se aprecia del cuadro inserto a continuación: No. QUEJOSO VALORACIÓN MÉDICA TRATAMIENTO PLANTEADO REQUERIMIENTO DE ESPECIALIDAD 1 Luis Fidel Molina Vásquez. Valoración médica de 25 de marzo, diagnóstico gastritis crónica, trastorno de ansiedad, y masa tumoral en muslo derecho. Clonazepam, Ezomeprazol, senosidos y USG de partes blandas de muslo derecho. 2 Pedro Odal Villegas Coronado. Valoración médica de 25 de marzo, diagnóstico gastritis, síndrome de colon irritable, lumbalgia. Ezomeprazol, butilhisocina, senosidos, ABS tabs, gabapentina tabs, cetirizina. 3 Carlos Alejandro Ávila Segura. Valoración médica de 25 de marzo del dos mil veintiuno, prótesis dentaria. Valoración por odontología. Odontología, se le otorgó prótesis. 4 Eduardo Ezequiel Hernández Hernández. Valoración médica de 11 de abril del dos mil veintiuno, diagnóstico síndrome migrañoso, artralgia residual de rodilla izquierda, trastorno por consumo de sustancias tóxicas. Tratamiento psiquiátrico, valoración y seguimiento a psicología. Psicología 5 Juan Ángel Calles Cohen. Valoración médica de nueve de marzo del dos mil veintiuno, diagnóstico hipoacusia mixta izq. Severa, cefalea episódica tensional, lumbalgia postural. Pregabalina, ergotamina y cafeína, montelukas tab., metamizol. Ultrabengue, IC a odontología, evitar ejercicio de alto impacto Odontología 6 Adalberto Villalobos López. Valoración médica de veintisiete de marzo del dos mil veintiuno, diagnóstico: enfermedad de ácido péptica, trastorno de ansiedad, lumbalgia crónica, migraña. Continuar con tratamientos vigentes de consulta previa, bromuro de pinaverio, diclofenaco, quetiapina, IC a psiquiatría. Psiquiatría 8 Refugio Macías Romero. Valoración médica de veintisiete de marzo del dos mil veintiuno, diagnosticándolo con IDX: Pb secuelas por fractura femoral izquierda/acortamiento pélvico izquierdo secundario. Plan de tratamiento consistente en autorización uso de calzado tipo tenis de suela plana con las características permitidas por el centro penitenciario (recurso enviado por familia), se anexa constancia médica y hoja de referencia a trabajo social para trámite de llamada familiar. 9 Jorge Alan Álvarez Rojo. Valoración médica de quince de marzo del dos mil veintiuno, diagnosticado con esguince de tobillo izquierdo I/Pb tobillos inestables, Pb Hipertensión Arterial descontrolada. Plan de tratamiento consistente en no realizar ejercicios de alto impacto para los tobillos, diclofenaco sol inyectable, celecoxib tab. Claritromicina, acido acetil salicílico, aplicar hielo local 2 veces al día durante tres días, en tobillo afectado, toma de T/A durante 7 días, incapacidad para utilizar venda elástica de 10 cm durante 60 días, programar consulta dentro de 1 mes. 11 Carlos Cerda González Valoración médica de veinticuatro y treinta de marzo del dos mil veintiuno, y cuatro y cinco de abril del dos mil veintiuno, diagnosticado con IDX: HAS controlada/enfermedad acido péptica remitida/Pb intolerancia alimenticia. Continuar con tratamiento establecido y agregar loperamida 2mg., CGE y DVPT. Revaloración medica de treinta de marzo del año en curso, el cual refiere mejora con respecto a la anterior valoración. Nuevo tratamiento médico por valoración de cuatro de abril de dos mil veintiuno, en el área de hospitalización, el cual refiere sentirse bien, con mejoría sintomatología, con diagnóstico de IDX: Estable , enfermedad acido-péptica remitida /síndrome de intestino irritable/HAS en control, se realiza modificación a dieta, con plan de tratamiento consistente en dieta normal sin pescado, telmisartan 40 mg tabletas, ácido acentilsalicilico 100 mg tabletas, omeprazol 20 mg, mesalazina 500 mg tabletas, suspender hidroclorrotiazida, Bromuro de pinaverio, USG abdomen total (recurso por familiar familiar), laboratorios BH. QS, ES, EGO, SVPT y CGE. Nueva valoración de cinco de abril de dos mil veintiuno, donde refiere sentirse bien y con mejoría, presenta enfermedad acido--peptica remitida/síndrome de intestino irritable/HAS en control, iniciando indicaciones médicas consistentes en dieta normal sin pescado, telmisartan 40mg tabletas, ácido acetilsalicilico 100 MG tabletas, omeprazol 20 MG, mesalazina 500 mg tabletas, usg abdomen total (recurso por familiar), T/A cada 24 horas por 7 días. 12 José Alfredo González Quintanar Valoración médica de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, diagnósticado con IDX: síndrome de ansiedad/insomnio. Valorado por especialista en psiquiatría/psicogeriatria en tres de abril de dos mil veintiuno, diagnósticado con IDX: trastorno de ansiedad generalizada, con antecedentes de consumo de multiples sustancias psicoactivas. Tratamiento quetiapina taba 10 mg, aliviax tabs tomar en caso de dolor de cabeza intenso, biolectrico tabs, tomar 1 1tab en caso de dolor, senocidos AB., TABS, continuar con tratamiento establecido en consulta en consultá anterior, Tratamiento sugerido en clonazepam tabletas 2mg, citalopram tabletas 20 MG, quetiapina tabletas de 100 mg, encontrandose con tratamiento vigente. 13 José Miguel Zárate Álvarez. Valoración médica de once de abril de dos mil veintiuno, diagnósticado con IDX: pb. Si. Migrañiso en control/insuficiencia venosa periférica/tendría en 5° dedo mano mano derecha. Tratamiento médico consistente en propanalol 40 mg, metamizol sódico tabs, omeprazol capa 20mg, diosmia/herperidina comprimidos, 1 cada 24 horas por 90 días (con recurso médico para su compra), naproxeno tabs 250 mg. 14 Jaime de Jesús Corrales Romero. Valoracion medica de veintisiete de marzo de dos mil veintiuno, diagnosticado con IDX: Fx de primera falange del pulgar derecho. Revalorado medica de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, diagnosticado con rinofaringitis aguda, pie equino varo, dándole plan de tratamiento médico consistente e clorfenamina compuesta, ibuprofeno tabs de 400 mg, dar segumietno a IC con traumatología y ortopedia. Tratamiento médico, consistente en paracetamol 500 mg, continuar por 2 semanas con la férula y citar toma Rx Traumatología y ortopedia 15 Brandon Yaír Villalobos García. Atención medica de nueve de abril de dos mil veintiuno, con diagnostico IDX: Pb distres vs neusosis. Tratamiento médico consistente en brindar orientación de habitos higienico dietéticos y tomar abundantes liquidos, brindar continuidad a la consulta psquiatrica. Psiquiatría 16 Víctor Flores Romero. Valoracion medica de veinticinco de marzo de dos mil veintinuno, diagnosticado con IDX: Artralgias de origen medico/Bp trastorno de ansiedad/Tiña pedís. Plan de tratamiento, consistente en pregablina, miconazol crema. Del que se evidencia que los justiciables recibieron atención médica y les fueron suministrados los medicamentos prescritos, según fue el caso. Aunado a lo antepuesto, en proveído de ocho de diciembre del dos mil veintiuno, se requirió a la Directora del Centro Federal responsable para que informara el seguimiento dado al oficio HGTD/DJ/303/2021 de trece de abril de ese año, a través del cual solicitó al Hospital General de Tapachula, la programación de citas para la atención especializada que requerían algunos de los aquí quejosos, el cual se tuvo por cumplido el diecisiete de febrero del año en curso, en el que a través de oficio remitió lo siguiente: Las notas de atención psicológica individual, así como la lista de asistencia relacionadas con el quejoso Eduardo Ezequiel Hernández Hernández. La nota de evolución de cinco de febrero del presente año, así como la constancia de valoración psiquiátrica, relacionada con el quejoso Adalberto Villalobos López. La nota informativa TS/00021/2022 de dieciocho de enero del presente año, así como la solicitud de interconsulta a la especialidad de traumatología y ortopedia de diez de enero del dos mil veintidós a nombre del quejoso Jaime de Jesús Corrales Romero; y, la nota médica de psiquiatría y la constancia médica de psiquiatría de ocho de mayo del año próximo pasado a nombre del quejoso Brandon Yair Villalobos García, de la que se advierte que el doctor Rodrigo Osuna Martínez, dejó cita médica hasta nueva valoración en doce meses. De lo anterior, se colige que los actos reclamados han cesado sus efectos, pues se restituyó a los inconformes en el goce de sus derechos fundamentales, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo. Sin que se soslaye que, por cuanto hace a Luis Fidel Molina Vázquez, si bien, en la valoración médica de veinticinco de marzo del dos mil veintiuno, el galeno penitenciario asentó que apreció una tumoración en la pierna derecha con aproximadamente cuatro meses de evolución, solicitando un USG de partes blandas de muslo derecho, no obstante el quejoso refirió que no contaba con recurso, el posterior valoración de diecisiete de noviembre del dos mil once (foja 1 del cuaderno de pruebas), dicho interno manifestó que contaba con una bolita en la pierna desde hace un año, que no le dolía, que únicamente cuando hacía ejercicio de alto impacto; al efecto el médico tratante precisó que se encontraba en la programación de ese día para realizar USG, oftalmología, psiquiatría, traumatología y ortopedia; que la neoformación con la que contaba en su pierna derecha parecía coincidir con un desgarro muscular, por lo que le indicó no realizar deporte de alto impacto, por lo que consideraba que no requería una atención de especialidad. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa 2a./J. 9/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En esas condiciones, es inconcuso que en el caso, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77 fracción II de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V, del numeral 63 del ordenamiento legal antes invocado, procede sobreseer en el juicio de amparo, promovido por Luis Fidel Molina Vásquez, Pedro Odal Villegas Coronado, Carlos Alejandro Ávila Segura, Eduardo Ezequiel Hernández Hernández, Juan Ángel Calles Cohen, Adalberto Villalobos López, Refugio Macías Romero, Jorge Alan Álvarez Rojo, Carlos Cerda González, José Alfredo González Quintanar, José Miguel Zárate Álvarez, Jaime de Jesús Corrales Romero y Brandon Yaír Villalobos García, Víctor Flores Romero. Lo anterior, impide analizar el fondo del asunto, según lo dispone la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos treinta y cinco, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, que señala: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que la determinación adoptada implique denegación de justicia porque las causas de improcedencia establecidas en la ley reglamentaria del juicio de amparo, corresponden a lo que en la doctrina se conoce como presupuestos procesales, motivos que una vez advertidos en el juicio de amparo, de oficio o a instancia de parte, impiden al órgano jurisdiccional emitir un pronunciamiento de fondo, sin prejuzgar sobre el contenido de la pretensión planteada en la demanda, es decir, sin resolver en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Encuentra sustento a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación el diez de octubre del año en curso, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." De igual forma, se considera que el sentido de la determinación adoptada no contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en atención a las consideraciones expuestas en la Jurisprudencia 14/2014 (10ª Época) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesión de fecha siete de febrero de dos mil catorce, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por 1Luis Fidel Molina Vásquez, 2Pedro Odal Villegas Coronado, 3Carlos Alejandro Ávila Segura, 4Eduardo Ezequiel Hernández Hernández, 5Juan Ángel Calles Cohen, 6Adalberto Villalobos López, 7Agustín Pavón Tapia, 8Refugio Macías Romero, 9Jorge Alan Álvarez Rojo, 10Cesar Alejandro Garay Luna, 11Carlos Cerda González, 12José Alfredo González Quintanar, 13Jose Miguel Zárate Álvarez, 14Jaime de Jesus Corrales Romero, 15Brandon Yair Villalobos Garcia y 16Víctor Flores Romero, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión, por oficio al Agente del Ministerio Público Federal y a autoridades responsables; y lístese. Así lo resolvió y firma la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Judith Ventura Ávila, secretaria del Juzgado con quien actúa, el día de hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos los informes justificados rendidos por el 1Encargado de la Coordinación de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", por conducto del Encargado de la Dirección Técnica de dicho Centro Federal de Readaptación Social, y del 2Director de Administración de ese Centro Federal de Readaptación Social, todas las autoridades con residencia en Villa Comaltitlán. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con los mismos al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, toda vez que el representante común de los quejosos [Luis Fidel Molina Vásquez] se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Quince "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, se ordena notificarle la presente determinación con copia de los oficios de cuenta. Notifíquese personalmente al representante común de los quejosos en el lugar de su reclusión con copias de los informes de cuenta.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el 1Comandante Penitenciario Superior de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social de Sentenciados Número Quince "CPS-CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con los mismos al momento de celebrarse la audiencia constitucional. AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO YAZMIN GISELLE OSORIO LECONA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.b0.fb 18/08/22 11:02:30 2 Finalmente, agréguese a los autos el oficio signado por la 2Directora General del Centro Federal de Readaptación Social de Sentenciados Número Quince "CPS-CHIAPAS", con residencia en Villa Comaltitlán, y anexo que acompaña, a través del cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de ocho de diciembre del año dos mil veintiuno, reiterado en acuerdo de uno de febrero del año en curso. Lo anterior es así, ya que al efecto remite en copia certificada las notas de atención psicológica individual, así como la lista de asistencia relacionadas al quejoso Eduardo Ezequiel Hernández Hernández. Copia certificada de la nota de evolución de fecha cinco de febrero del presente año, así como la constancia de valoración psiquiátrica, relacionada con el quejoso Adalberto Villalobos López. Copia certificada de la nota informativa TS/00021/2022, de fecha dieciocho de enero del presente año, así como la solicitud de interconsulta a la especialidad de traumatología y ortopedia de fecha diez de enero del dos mil veintidós a nombre del quejoso Jaime de Jesús Corrales Romero; y, Copia certificada de la nota médica de psiquiatría y la constancia médica de psiquiatría de ocho de mayo del año próximo pasado a nombre del quejoso Brandon Yair Villalobos García, de la que se advierte que el doctor Rodrigo Osuna Martínez, deja cita médica hasta nueva valoración en doce meses, la cual se está en espera de que se cumpla con la temporalidad para ser valorado. En virtud de lo anterior, se dejan sin efectos los apercibimientos decretados en proveído de ocho de diciembre del dos mil veintiuno, en el entendido de que dichas constancias serán tomadas en consideración al momento de resolver el asunto en trato. Notifíquese personalmente al representante común de los quejosos con copia de las constancias de cuenta.

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