Luis Fernando Zuñiga Valdovinos
Expediente 914/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 914/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Fernando Zuñiga Valdovinos
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del expediente de amparo del que deriva este cuaderno e informa que se avocó al conocimiento del asunto. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 19 fracción I inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, conservación, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 19 fracción I inciso b) del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito firmado electrónicamente por Valente Álvarez Reyes, apoderado jurídico del quejoso Luis Fernando Zúñiga Valdovinos, mediante el cual cumple con el requerimiento realizado en autos. Ahora, del escrito de demanda y aclaratorio se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados se reclaman los siguientes: La Iniciativa con carácter de Dictamen que contiene el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, elaborado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de data treinta de mayo de dos mil veintitrés, publicado en la Gaceta Parlamentaria el primero de junio de dos mil veintitrés; turnado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación, y de Seguridad Pública y Protección Civil, para su análisis, discusión y aprobación. - - - La Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, contendida en el Decreto número cuatrocientos cinco, dirigido al Ejecutivo del Estado, en data primero de junio de dos mil veintitrés, como resultado del inconstitucional, inconvencional e ilegal proceso legislativo del que fue materia, esto es, su discusión, votación y aprobación, que concluyó con su publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado del Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de junio de dos mil veintitrés. - - - Así como, los artículos 20, fracción XV y XVI, 206, 223, fracción IV, 224, 228, 229, 234, 252, 254, 256, 258, 259, fracción II y último párrafo, 261, 297 y 298 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, por infringir derechos fundamentales y disposiciones constitucionales, en perjuicio de la quejosa. - - - La expedición, promulgación y la orden de publicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, el primero de junio de dos mil veintitrés, derivada del precitado decreto número cuatrocientos cinco y, publicada el dos de junio de dos mil veintitrés, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo; que, conforme al artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, dichas autoridades hicieron constar mediante su firma. Asimismo, en los antecedentes se puntualizó, respecto a tales actos, lo siguiente: Generando a la quejosa, de manera inmediata, desde su entrada en vigor, una afectación jurídicamente relevante, palpable y discernible objetivamente, atendiendo a las cargas que impone a los particulares que materialmente prestan el servicio de transporte público y el trato desigual que se les da; ya que, los vincula a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho, en cuanto norma autoaplicativa. - - - En ese sentido, desde el inicio de su vigencia, el sistema normativo impugnado, afecta concretamente el derecho de la quejosa de prestar el servicio de transporte público autorizado, al imponerle cargas y obligaciones directas a quienes tienen el derecho de prestar servicios de autotransporte de carga, pasaje o turismo para operar o explotar servicios auxiliares, en las vías generales de comunicación y que para el cumplimiento de sus fines transita en vialidades de jurisdicción federal, estatal o municipal. - - - Por lo que, los requisitos, términos y condiciones que, la norma autoaplicativa, establece para la prestación del servicio de transporte público, irradian en la esfera jurídica de la quejosa, quien por su posición frente al ordenamiento jurídico, resentirá los efectos de las consecuencias asociadas a esas hipótesis normativas, lo cual, explica cómo le afecta a la parte quejosa, concretamente la ley reclamada, por realizar actividades conexas al servicio de transporte público, a través de la cual, el Ejecutivo del Estado, satisface las necesidades de transporte de pasajeros o carga en todas sus modalidades. Impuesto de lo anterior, quien esto acuerda procede a examinar la competencia por razón de territorio, a la luz de los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reza así: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. - - - Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. - - - Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tratarse de un presupuesto procesal para la válida tramitación y resolución del juicio de amparo. Lo anterior, desde luego, al amparo del criterio plasmado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. II/92, que a la letra dice: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. Conforme al invocado artículo 37, son tres las reglas de competencia por razón de territorio que rigen en materia de amparo: a) Es competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Reglas que contemplan la ejecución de los actos como factor determinante para definir el juzgado que habrá de conocer de una demanda de amparo. De las tres reglas competenciales, la primera se define por el lugar en donde deba tener ejecución el acto reclamado; por lo que se considerará juez competente, a aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar en donde los actos de ejecución se vayan a realizar, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. En otras palabras, cuando se trata de actos susceptibles de ser ejecutados, debe atenderse al lugar efectivo de su ejecución, como referente para determinar la competencia territorial en el amparo indirecto. Sobre este tema, es conveniente precisar que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva. Así, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo en el que se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar en donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial. Luego, es el sitio en donde los actos reclamados deban ejecutarse, se traten de ejecutar, se ejecuten o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que define la competencia de los Jueces de Distrito; de modo que, para fijar la competencia para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida en contra de actos que requieren una ejecución, necesariamente debe atenderse a la localidad en que se cumplen o han de materializarse tales actos, pues es ahí en donde se producen consecuencias en el mundo fáctico. La segunda regla, plantea a partir de esa idea, una hipótesis distinta, esa en la que los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito; que la ley define al fincar la competencia para conocer del amparo respectivo a cualquiera de los órganos de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, ante el juzgado de distrito en donde se presentó la demanda. Finalmente, como lo dicta la última regla de competencia por razón de territorio, cuando el acto reclamado se hace consistir en una resolución que no requiere ejecución material, lo que define la competencia del Juzgado de Distrito, es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda. Conforme a los parámetros normativos existentes, para definir a qué juzgado de Distrito corresponde conocer de una demanda de amparo, es preciso tener en cuenta la naturaleza del acto reclamado, esto es, si requiere ejecución material o carece de ésta, así como sus características fundamentales, acto complejo o simple, con ejecución en diferentes lugares o en un lugar determinado, para establecer en cuál de las reglas precisadas se ubica el supuesto particular, conforme a los datos que de manera más objetiva y razonable puedan permitir concluir la asignación de la competencia relativa según el momento procesal en que esto deba ocurrir. En el caso de normas auto aplicativas, que es como el quejoso ha calificado la ley que genera su molestia, la circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no conduce a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que al momento de la vigencia de la norma queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. Entonces, tomando en consideración que la naturaleza del acto reclamado conlleva a un principio de ejecución, en la medida que se combate la inconstitucionalidad de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, con motivo de su expedición y promulgación, resulta competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio en que el quejoso deba acatar las disposiciones plasmadas en dicha ley. De ahí que sí de los anexos de la demanda, se advierte del formato múltiple de pago contribuciones Estatales y/o Federales el pago de alta de expedición de concesión a nombre del quejoso Luis Fernando Zúñiga Valdovinos, en la modalidad de auto de alquiler, en el Municipio de Sahuayo, Michoacán; es inconcuso que es ahí donde tendrá ejecución el acto de aplicación derivado de las disposiciones normativas reclamadas, máxime que el quejoso cuenta con la tarjeta de circulación de Servicio Público de Autotransporte en Sahuayo, Michoacán, esto es, fuera de la circunscripción territorial en la que este Juzgado de Distrito ejerce Jurisdicción. En conclusión, puede afirmarse que los actos reclamados por esta vía Constitucional tienen como consecuencia, un principio de ejecución; es decir, la norma autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que amerita una ejecución material precisamente en el lugar en que el gobernado deba acatar sus prescripciones, lo cual sucederá en la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. Soporta lo definido líneas atrás, por las razones que expone, la jurisprudencia 2a. 11, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 193, Tomo IV, primera parte, Julio-Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, con número de registro 206498, de rubro y texto siguientes: LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. En consecuencia, como los actos reclamados en la demanda que se analiza tienen un principio de ejecución que amerita materializarse precisamente en el lugar en que el gobernado debe acatar sus prescripciones, en este caso en el municipio de Sahuayo, Michoacán; lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver la demanda de amparo que nos ocupa y declina tal competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán. En consecuencia, remítase el expediente en que se actúa al juez que se considera competente por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas determine si acepta o no la competencia que se le plantea; se le solicita tenga a bien hacer del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, de acuerdo con lo plasmado en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Por otra parte, como la parte quejosa solicita se le autorice la consulta del expediente vía electrónica, proporcionando al efecto el nombre del usuario que empleó al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario VALENTEALVAREZ; por lo que se ordena asociarlo al presente juicio mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se toma nota de que el acceso al expediente electrónico otorgado a Valente Álvarez Reyes para consultar este expediente, vía electrónica, SÍ implica permiso para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, por así haberse solicitado expresamente en el escrito que hoy se provee, a la luz del arábigo 39 del invocado Acuerdo General 12/2020. Ello, se aclara, únicamente se refiere a las notificaciones que ameriten realizarse de manera personal, ya que las ordinarias se realizarán por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, así como en la página electrónica oficial respectiva. Se tiene por señalados los autorizados que designa para imponerse de los autos, oír y recibir notificaciones, recibir documentos y copias; quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, si tienen registradas sus correspondientes cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Se autoriza al actuario de este juzgado practicar notificaciones por lista a la parte quejosa de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo cuando para llevar a cabo una notificación personal se constituya en el domicilio correcto de lo cual deberá cerciorarse y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previo aviso fijado en la puerta y las razones que al respecto se levanten. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. Por otra parte, en atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se impongan de los acuerdos dictados en este expediente, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por ********************, apoderado jurídico de la quejosa ********************, por el cual formula alegatos en relación al Dictamen en Materia de Grafoscopía, rendido por el perito oficial en Grafoscopía ********************. En tal virtud, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos. Con lo anterior, hágase nueva relación en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.ERR/Jjg
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