Luis Fernando Vargas Negrete

Expediente 498/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
498/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Luis Fernando Vargas Negrete

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual informa que el órgano de su adscripción se avocó al conocimiento del juicio que motivó el cuaderno de antecedentes en que se actúa. En ese contexto, se ordena el archivo del presente cuaderno de antecedentes, por tratarse de un asunto concluido... este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de seis meses, contado a partir de la emisión de este proveído.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, mediante el cual, en cumplimiento al oficio SECNO/STCCNO/291/2023 emitido el treinta de marzo del presente año, por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, en el que dictó la sentencia respectiva, así como dos tomos de pruebas. Acúsese recibo de estilo y notifíquese a las partes la sentencia dictada por el homologo oficiante y a través del oficio correspondiente a la autoridad responsable. Asimismo, comuníquese que al resolver el presente juicio de amparo se determinó lo siguiente: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando séptimo y para los efectos indicados en el considerando octavo de este fallo." En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y glósese al presente expediente el cuaderno de antecedentes que se formó, previa extracción de las copias con las que se integró. Asimismo, se ordena agregar la sentencia referida al expediente electrónico para su debida integración, a efecto de que las partes puedan visualizar su contenido. De igual manera, se instruye al actuario judicial adscrito que corresponda a fin de que elabore la síntesis de la publicación relativa.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE NUEVE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: y registro de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Fernando Vargas Negrete, por propio derecho, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Decimoprimer Distrito, con residencia en Guanajuato, capital; fórmese expediente y regístrese con el número 498/2023-VI. Ahora bien, atención a los hechos narrados en la demanda de amparo que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, esta juzgadora estima que carece de competencia para conocer del presente juicio, por cuestión de territorio. Las razones que sostienen este criterio, son las siguientes. Precisión del acto reclamado. El quejoso reclama la sentencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Decimoprimer Distrito, con residencia en Guanajuato, capital, en el juicio agrario 836/2022 de su índice, por la cual se desaprobó el convenio conciliatorio celebrado por las partes de ese asunto el seis de febrero de este año, y en consecuencia, se señalaron las diez horas con treinta minutos del doce de junio de dos mil veintitrés, para la continuación de la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley de Agraria. Competencia. En atención a lo expuesto, para discernir la competencia para conocer del presente juicio debe atenderse a la regla establecida en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo que establece que si el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que tenga jurisdicción donde se materializarán los efectos; esto es, donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Es así, pues como quedó precisado, el acto reclamado tendrá ejecución material donde continuará la audiencia prevista en el artículo 185 de la Ley de Agraria, esto es, en las instalaciones de la autoridad responsable. Por ende, se debe atender a la regla de competencia contemplada en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece que si el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que tenga jurisdicción donde se materializarán los efectos. En ese sentido, en relación con la ejecución material de los actos a que alude el artículo 37 de la Ley de Amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/2015, precisó que dicho precepto utiliza el término "ejecución material", como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo. En ese orden de ideas, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo, o bien, que sus efectos conlleven a esa situación. Así, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo alguna acción, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. De tal suerte, conforme a las reglas de competencia previstas en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, el juez que ejerza jurisdicción donde tendrá ejecución el acto reclamado debe conocer del presente juicio. Sirven de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 37/2005 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 179090, del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo." En consecuencia, este órgano jurisdiccional se declara incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo pues, se estima, quien debe conocer de ella son los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno, con residencia en la capital. Por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítanse los autos originales del presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, en turno; se le solicita atentamente se sirva enviar el acuse de recibo correspondiente y comunicar su decisión para los efectos legales conducentes.

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