Luis Fernando Vargas García
Expediente 177/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Luis Fernando Vargas García
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRECE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. SE AGREGA ACUSE DE RECIBO Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio 10302 que remite la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual acusa de recibo del oficio 6446 con el cual este órgano jurisdiccional, le remitió vía incompetencia los autos del juicio de amparo 177/2018-1A, promovido por LUIS FERNANDO VARGAS GARCÍA, del índice del este juzgado, avocándose dicha autoridad al conocimiento del mismo, para los efectos legales a que haya lugar. CALIFICACIÓN DEL CUADERNILLO Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, de los que se desprende que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, conforme al punto Vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace la indicación que el cuaderno es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado] ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado y archívese como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual de referencia anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. También, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Jesús Javier Segovia Sánchez, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia académica concedida al Titular de este órgano jurisdiccional, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicada mediante oficio CCJ/ST/1646/2018, de diez de abril del presente año, emitida por el Secretario Técnico de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos del Poder Judicial de la Federación, asistido del Secretario Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. SE AGREGA EXHORTO SIN DILIGENCIAR Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, que remite el Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual remite el exhorto 100/2018, con número de orden 102/2018, girado en el juicio de amparo 177/2018-1A, del índice de este órgano jurisdiccional, mismo que registró con el número 58/2018, número de orden 106/2018-H, el cual devuelve sin diligenciar; acúsese de recibo de la llegada de la citada comunicación. Hágase el registro respectivo, en el Libro Cuatro de Juzgado, correspondiente a las Comunicaciones Oficiales Enviadas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos, levántese la certificación respectiva de dichas circunstancias. Por otra parte, visto el exhorto señalado en el primero párrafo de este proveído, se advierte que no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa LUIS FERNANDO VARGAS GARCÍA, el proveído de catorce de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, por las razones que ahí indica; en consecuencia, proceda el Actuario adscrito a notificar dicho auto a la parte quejosa, por medio de lista, en términos de la fracción III, del artículo 26 y 29, de la Ley de Amparo; lo anterior, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. INCOMPETENCIA Vista la certificación que antecede, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** fórmese juicio de amparo y regístrese bajo el número 177/2018-1A, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, analizada íntegramente la demanda de amparo, es indispensable establecer en primer término que la competencia legal es de orden público, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede a analizar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Es aplicable al caso, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Por su parte el artículo 37, de la Ley de Amparo, previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de dicho precepto se obtienen distintas reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, entre las cuales, en lo que aquí interesa, se destaca que será juez competente aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado haya sido ejecutado. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables ordenadoras al Coordinador de la Unidad de Delitos Contra el Patrimonio, Sociedad, el Estado y la Administración de la Justicia, en Tecate, Baja California, y Karla Esther Caballero Burciaga, quien actuó conforme lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Firma Electrónica del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, Baja California. De las autoridades responsables reclama: "A. Del Coordinador de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, El Estado y la Administración De Justicia En Tecate de nombre C. LIC. ROSA VANESSA NAVARRO DURAN, se reclama la determinación en el sentido de que dictó un auto de no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 0203-2017-01446 por el delito de fraude por el aprovechamiento de el error de una persona. B. De la C. Karla Esther Caballero Burciaga con facultades que señala en el escrito de fecha 23 de febrero del 2018 la cual se anexa al presente escrito. En el cual se solicitaba una impugnación contra la determinación dada por el ministerio publico señalado con antelación en el cual señala que no es viable darle el trámite respectivo señala que es a una diversa jurisdicción a quien le corresponde hacerlo." Así, resulta prominente destacar cual es la consecuencia del acto reclamado, pues es ésta la que precisamente determinará la competencia correspondiente, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que por una parte, el quejoso, reclama del Coordinador de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, el Estado y la Administración de Justicia, con sede en Tecate, la determinación del no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 0203-2017-01446, por el delito de fraude, con sede en Tecate; así como la diversa determinación emitida por Karla Esther Caballero Burciaga, quien firmó electrónicamente la determinación de no dar inicio al trámite de impugnación hecho valer en contra del no ejercicio de la acción penal; autoridad que tiene su sede en Tijuana, Baja California. De lo anterior, se concluye que los actos reclamados, se consumaron fuera de la jurisdicción donde reside este órgano jurisdiccional; de ahí que, lo procedente es declararse legalmente incompetente para seguir conociendo del presente juicio de amparo, y en consecuencia, se estima que el competente para conocer del mismo es un JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN TIJUANA, pues de la demanda de amparo se advierte que no existe algún diverso acto de ejecución que brinde la competencia a favor de este Juzgado Federal. Para fines de robustecer lo afirmado, se reproduce el contenido a que se hace referencia: Sirve de apoyo a lo anterior por razón jurídica substancial, la tesis XIX.2o.P.T.9 L, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, página 2299, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, perteneciente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉLLA DEBA EJECUTARSE. En el caso de una resolución incidental de liquidación del laudo, que contiene requerimiento de pago y ejecución contra la demandada y, ante su negativa, orden de embargar bienes suficientes para garantizar el crédito laboral, que vía exhorto se encomendó a la autoridad señalada como ejecutora, residente en la jurisdicción territorial de un Juez de Distrito diverso al que previno, debe considerarse que la competencia se surte a favor del primero, dado que, si bien es cierto que la autoridad responsable que dictó la resolución de liquidación respectiva tiene su residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, no menos lo es que, al contener aquella resolución un mandato de requerimiento y ejecución, se surte la regla de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde deba ejecutarse el acto reclamado." Similares consideraciones sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 192/2008. De igual forma, a fin de orientar los anteriores razonamientos, se cita la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 174, Tomo XXIII, Enero de 2006, perteneciente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." En ese tenor, resulta claro que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que dentro de la jurisdicción de este juzgado no existe algún acto que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En apoyo a lo anterior se cita la ejecutoria sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Séptima Época, publicada en el Informe 1972, Parte II, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En ese tenor, resulta claro que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que dentro de la jurisdicción de este juzgado no existe algún acto que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Por lo tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, comuníquese lo aquí determinado y remítase el presente expediente al Juez de Distrito en Turno en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a fin de que comunique a éste Juzgado si acepta o no el conocimiento de este asunto, debiendo formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. DOMICILIO QUEJOSO Téngase como domicilio que señala el promovente para efectos de oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo, y por autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Leonel Rodrigo González Tavizón y para oír y recibir notificaciones a Paola Arizmendi Santana. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en las listas de ingresos y egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. SE ORDENA GIRAR EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA. Consecuentemente, atento a que la parte quejosa, señaló domicilio que se ubica fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley de Amparo, 48 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena girar exhorto al Juez de Distrito en turno, con sede en Tijuana, Baja California, para que en auxilio de la Justicia Federal y de las labores propias de este juzgado, realice lo siguiente: Notifique personalmente a la parte quejosa ******************** o por conducto de su autorizado, el presente proveído, en el domicilio que señaló en su escrito de demanda ubicado en CALLE DE LOS ROSALES EN TECATE. Ahora y toda vez tratarse de un órgano del Poder Judicial de la Federación, en acatamiento al principio de impartición de justicia pronta y expedita de conformidad con el artículo 17 Constitucional, y observando las políticas de celeridad implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, se privilegie el uso del correo electrónico oficial, para que sea por medio de esta herramienta, el envío y recepción de los acuses de recibo que se generen en la presente comunicación oficial; información que podrá ser enviada al siguiente correo 2jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, para confirmación al teléfono (686) 5 59 81 13 y 5 59 81 00 extensión 1154. Se solicita al Juez exhortado para que tan pronto sea diligenciado el exhorto de mérito, lo devuelva a este órgano jurisdiccional con la actuación practicada. Para lo cual, desde este momento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, de ser necesario, se habilitan al Juez exhortado días y horas inhábiles, para la debida notificación encomendada. Hecho lo anterior, se solicita al referido Juez, se sirva remitir a su lugar de origen el exhorto que se le encomienda. Hágase el registro respectivo, en el Libro Cuatro de Juzgado, correspondiente a las Comunicaciones Oficiales Enviadas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos, levántese la certificación respectiva de dichas circunstancias. NOTIFÍQUESE, Y POR EXHORTO A LA PARTE PROMOVENTE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CATORCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. INCOMPETENCIA Vista la certificación que antecede, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ******************** fórmese juicio de amparo y regístrese bajo el número 177/2018-1A, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, analizada íntegramente la demanda de amparo, es indispensable establecer en primer término que la competencia legal es de orden público, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede a analizar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Es aplicable al caso, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Por su parte el artículo 37, de la Ley de Amparo, previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de dicho precepto se obtienen distintas reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, entre las cuales, en lo que aquí interesa, se destaca que será juez competente aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado haya sido ejecutado. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables ordenadoras al Coordinador de la Unidad de Delitos Contra el Patrimonio, Sociedad, el Estado y la Administración de la Justicia, en Tecate, Baja California, y Karla Esther Caballero Burciaga, quien actuó conforme lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Firma Electrónica del Estado de Baja California, con sede en Tijuana, Baja California. De las autoridades responsables reclama: "A. Del Coordinador de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, El Estado y la Administración De Justicia En Tecate de nombre C. LIC. ROSA VANESSA NAVARRO DURAN, se reclama la determinación en el sentido de que dictó un auto de no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 0203-2017-01446 por el delito de fraude por el aprovechamiento de el error de una persona. B. De la C. Karla Esther Caballero Burciaga con facultades que señala en el escrito de fecha 23 de febrero del 2018 la cual se anexa al presente escrito. En el cual se solicitaba una impugnación contra la determinación dada por el ministerio publico señalado con antelación en el cual señala que no es viable darle el trámite respectivo señala que es a una diversa jurisdicción a quien le corresponde hacerlo." Así, resulta prominente destacar cual es la consecuencia del acto reclamado, pues es ésta la que precisamente determinará la competencia correspondiente, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En efecto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que por una parte, el quejoso, reclama del Coordinador de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, el Estado y la Administración de Justicia, con sede en Tecate, la determinación del no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 0203-2017-01446, por el delito de fraude, con sede en Tecate; así como la diversa determinación emitida por Karla Esther Caballero Burciaga, quien firmó electrónicamente la determinación de no dar inicio al trámite de impugnación hecho valer en contra del no ejercicio de la acción penal; autoridad que tiene su sede en Tijuana, Baja California. De lo anterior, se concluye que los actos reclamados, se consumaron fuera de la jurisdicción donde reside este órgano jurisdiccional; de ahí que, lo procedente es declararse legalmente incompetente para seguir conociendo del presente juicio de amparo, y en consecuencia, se estima que el competente para conocer del mismo es un JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN TIJUANA, pues de la demanda de amparo se advierte que no existe algún diverso acto de ejecución que brinde la competencia a favor de este Juzgado Federal. Para fines de robustecer lo afirmado, se reproduce el contenido a que se hace referencia: Sirve de apoyo a lo anterior por razón jurídica substancial, la tesis XIX.2o.P.T.9 L, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, página 2299, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, perteneciente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉLLA DEBA EJECUTARSE. En el caso de una resolución incidental de liquidación del laudo, que contiene requerimiento de pago y ejecución contra la demandada y, ante su negativa, orden de embargar bienes suficientes para garantizar el crédito laboral, que vía exhorto se encomendó a la autoridad señalada como ejecutora, residente en la jurisdicción territorial de un Juez de Distrito diverso al que previno, debe considerarse que la competencia se surte a favor del primero, dado que, si bien es cierto que la autoridad responsable que dictó la resolución de liquidación respectiva tiene su residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, no menos lo es que, al contener aquella resolución un mandato de requerimiento y ejecución, se surte la regla de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde deba ejecutarse el acto reclamado." Similares consideraciones sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 192/2008. De igual forma, a fin de orientar los anteriores razonamientos, se cita la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 174, Tomo XXIII, Enero de 2006, perteneciente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." En ese tenor, resulta claro que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que dentro de la jurisdicción de este juzgado no existe algún acto que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En apoyo a lo anterior se cita la ejecutoria sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Séptima Época, publicada en el Informe 1972, Parte II, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." En ese tenor, resulta claro que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, dado que dentro de la jurisdicción de este juzgado no existe algún acto que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Por lo tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, comuníquese lo aquí determinado y remítase el presente expediente al Juez de Distrito en Turno en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a fin de que comunique a éste Juzgado si acepta o no el conocimiento de este asunto, debiendo formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. DOMICILIO QUEJOSO Téngase como domicilio que señala el promovente para efectos de oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo, y por autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Leonel Rodrigo González Tavizón y para oír y recibir notificaciones a Paola Arizmendi Santana. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en las listas de ingresos y egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. SE ORDENA GIRAR EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA. Consecuentemente, atento a que la parte quejosa, señaló domicilio que se ubica fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley de Amparo, 48 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena girar exhorto al Juez de Distrito en turno, con sede en Tijuana, Baja California, para que en auxilio de la Justicia Federal y de las labores propias de este juzgado, realice lo siguiente: Notifique personalmente a la parte quejosa ******************** o por conducto de su autorizado, el presente proveído, en el domicilio que señaló en su escrito de demanda ubicado en CALLE DE LOS ROSALES EN TECATE. Ahora y toda vez tratarse de un órgano del Poder Judicial de la Federación, en acatamiento al principio de impartición de justicia pronta y expedita de conformidad con el artículo 17 Constitucional, y observando las políticas de celeridad implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal, se privilegie el uso del correo electrónico oficial, para que sea por medio de esta herramienta, el envío y recepción de los acuses de recibo que se generen en la presente comunicación oficial; información que podrá ser enviada al siguiente correo 2jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, para confirmación al teléfono (686) 5 59 81 13 y 5 59 81 00 extensión 1154. Se solicita al Juez exhortado para que tan pronto sea diligenciado el exhorto de mérito, lo devuelva a este órgano jurisdiccional con la actuación practicada. Para lo cual, desde este momento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, de ser necesario, se habilitan al Juez exhortado días y horas inhábiles, para la debida notificación encomendada. Hecho lo anterior, se solicita al referido Juez, se sirva remitir a su lugar de origen el exhorto que se le encomienda. Hágase el registro respectivo, en el Libro Cuatro de Juzgado, correspondiente a las Comunicaciones Oficiales Enviadas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos, levántese la certificación respectiva de dichas circunstancias. NOTIFÍQUESE, Y POR EXHORTO A LA PARTE PROMOVENTE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Roberto Pérez de Gante, quien autoriza y da fe.
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