LUIS FERNANDO VARGAS CARMONA y Otros.

Expediente 730/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
730/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
03/12/2021

Partes del expediente

  • Luis Fernando Vargas Carmona
  • LUIS FERNANDO VARGAS CARMONA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Civil de Partido Especializada en Materia de Oralidad Familiar de Silao, Guanajuato, pues si bien al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia del acto reclamado (foja 97), lo cierto es que, en el mismo informe realizó manifestaciones que desvirtúan tal negativa, pues alude que en auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno no negó la demanda planteada, ya que no se analizó la admisión de la demanda en términos del artículo 143 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, y a fin de no afectar el derecho de la menor involucrada se remitió a la oficialía de partes a fin de que fuera returnada. Además, su existencia se corrobora con las constancias que acompañó la juez responsable en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio oral ordinario ***, así como discos en formato dvd; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto no se analizará la litis constitucional, debido a que, respecto al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del precepto señalado en primer término se obtiene que el juicio de amparo se tornara improcedente cuando en la tramitación del mismo, aparezca o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la Ley de la materia, o bien, que derive de la Carta Magna. Luego, del diverso artículo y fracción transcrita, interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio siempre que no afecten derechos sustantivos del quejoso tutelados por la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional estableció que dichos actos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, se considera que el acto reclamado no es de aquellos que afectan derechos sustantivos de la parte quejosa, por lo que el amparo indirecto en su contra es improcedente. Así, para demostrar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene narrar algunas de las actuaciones del juicio de origen, en los siguientes términos: 1. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común Civil del Partido Judicial de Silao, Guanajuato, ***, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales ***, promovió un escrito relativo a medidas contra ***, solicitando la medida de guarda y custodia provisional de la menor, así como la de restricción y/o prohibición de acudir a lugar a determinado, a fin de que la demandad no se acercara al promovente y a la menor (fojas 1 a 12, cuaderno de pruebas I). 2. Por razón de turno, correspondió su conocimiento a la Juez Civil de Partido Especializado en Materia de Oralidad Familiar de Silao, Guanajuato, quien, en auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, la radicó bajo el expediente ***, en el que admitió la solicitud de medida y decretó la medida de restricción para que la demandada no se acercara al promovente y su menor hija a una distancia menor de trescientos metros a la redonda (fojas 21 a 24, cuaderno de pruebas I). 3. Luego, en audiencia en medida de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, no se decretó la medida, pues se declaró el desinterés de la parte promovente al no acudir a la audiencia, dado que en ésta no se tuvo por justificada la inasistencia del promovente en virtud de que se presentó un escrito para ese efecto, pero quien lo suscribió no tenía reconocido carácter ya no se había ratificado en su favor el mandato otorgado (fojas 54 y 55, cuaderno de pruebas I). 4.- Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común Civil del citado Partido Judicial el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, ***, presentó la demanda principal en la que demandó en la vía oral ordinaria a ***, de quien reclamó la disolución del vínculo matrimonial, la guarda y custodia de la menor, pago de alimentos en favor de ésta, así como el pago de gastos y costas (fojas 60 a 78, cuaderno de pruebas II). 5.- En auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Juzgado responsable determinó que, al no haberse decretado la medida en la audiencia en medida, no procedía analizar la admisión de la demanda en ese expediente, sino en uno diverso y a fin de que no se viera afectada la menor involucrada en relación a la medida de custodia que solicitó el actor, ordenó remitirla a la Oficialía de Partes a fin de que se returnara al propio juzgado para darle trámite como un diverso juicio (fojas 162 a 163, cuaderno de pruebas II). Determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. 6.- Con motivo del turno de la referida demanda al mismo juzgado, se formó el expediente ***, en el cual, en auto de uno de septiembre de dos mil veintiuno se previno a la parte actora, apercibido que, de no dar cumplimiento en el término de tres días, su escrito sería desechado; y, debido a que no cumplió con tal requerimiento, por acuerdo de diez siguiente se desechó la demanda (fojas 25 a 26 y 27, cuaderno de pruebas III). De lo precisado con anterioridad, se aprecia que el acto reclamado fue emitido dentro de juicio, pues como puede apreciarse del penúltimo punto, el ahora promovente (actor) presentó su demanda ante el juez de origen, a esto recayó el acuerdo reclamado que previo a decidir sobre su admisión, la remitió a la oficialía de partes para que se turnara como demanda nueva. Sin embargo, como se dijo, el acto reclamado no afecta derechos sustantivos del quejoso, dado que, de la propia demanda y de las constancias aportadas por la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado, se aprecia que, si bien, la autoridad no decidió sobre su admisión, lo cierto es que la juez ordenó que, a fin de no vulnerar derechos de la menor involucrada, se remitiera la demanda a la Oficialía de Partes a fin de que fuera returnada al propio juzgado con el número de entrada correspondiente; ocasionando solamente una afectación de índole procesal, puesto que tal actuación ordenó que la demanda se remitiera como un nuevo asunto. Luego, de las actuaciones aportadas por la responsable se advierte que, en atención a lo ordenado por el juzgado de origen, el citado ocurso de demanda le fue turnado y lo registró con el número ****, sin embargo, en acuerdo de diez de septiembre de dos mil veintiuno se desechó la demanda en virtud de que la parte actora no cumplió con una prevención, siendo ese acto ajeno a la litis constitucional. En ese sentido, se insiste, el acto que aquí se impugna no repercute en la esfera de derechos del promovente, ni se le deja en estado de indefensión, dado que su propio escrito de demanda se sujetaría al conocimiento del mismo juez, pero como una demanda y juicio nuevos, estando en condiciones, en su caso, de acudir a este último a hacer valer sus pretensiones y derechos. Bajo esas consideraciones, debido a que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, es incuestionable que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, por lo que procede sobreseer el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del arábigo 63 de la ley de la materia. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional el estudio de los conceptos de violación, como lo indica la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." No es obstáculo para emitir la presente determinación el hecho de que no se haya llamado a juicio a la tercera interesada, pues la decisión antes adoptada, no le genera perjuicio alguno a persona diversa del quejoso, dado que al decretarse el sobreseimiento del juicio subsiste el acto reclamado, lo cual, en todo caso, puede resultar benéfico para esa parte procesal; tanto más que, a ningún fin práctico conduciría ordenar su llamamiento a juicio, se insiste, ya que la resolución no le genera perjuicio. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 45, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado". QUINTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por la Jueza Civil de Partido Especializado en Materia de Oralidad Familiar de Silao de la Victoria, Guanajuato, mediante el cual remite un disco; sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento, toda vez que por auto de cinco de los cursantes se tuvo a la citada responsable remitiendo diversa misiva con similar contenido, proveyéndose lo conducente. Finalmente, se ordena glosarlo a los autos en sobre cerrado, sin perjuicio de que sea reproducido en cualquier momento procesal y de que las partes tengan acceso a este. Notifíquese.

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. SE INFORMA CAMBIO DE TITULAR Vista la cuenta, hágase saber a las partes que mediante oficio SEADS/1115/2021 signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó a este juzgado que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la licenciada Cristina Guzmán Ornelas, funge como Juez de Distrito de este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos a que se refieren los artículos 51 y 60 de la Ley de Amparo. Realícese la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes. Notifíquese.

  4. Principal

    ...REMITE CONSTANCIAS Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por la Jueza Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Silao de la Victoria, Guanajuato, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, remite en disco que contiene la actuación referida en la certificación de cuenta. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada como prueba el medio tecnológico aludido, el cual se ordena poner a la vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. MEDIOS TECNOLÓGICO Asimismo, se ordena a la secretaria que haga constar que el disco que remite la responsable de mérito puede reproducirse, el que deberá glosarse a los autos en sobre cerrado, sin perjuicio de que sea reproducido en cualquier momento procesal y de que las partes tengan acceso a este. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2004362, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL".

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