Luis Fernando Vargas Argaez

Expediente 688/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
688/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Fernando Vargas Argaez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Se recibe el oficio de cuenta por medio del cual el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, informa en qué términos acató la sentencia de amparo y, para justificar lo anterior, remite copia certificada del acuerdo emitido el siete de noviembre de dos mil veintitrés, en el juicio laboral ********************. Previo a acordar lo conducente, se tiene que del presente expediente se advierte que en la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para efecto de que el Tribunal responsable realizara lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo pronunciado el veinte de junio de dos mil veintitrés, en el expediente laboral ********************, y Emita un nuevo proveído en el que ordene la ejecución del laudo dictado el treinta de agosto de dos mil veintidós, en el citado expediente, esto es, fije fecha para la diligencia de reinstalación del quejoso en su fuente laboral. Ahora, de la documental que se adjunta al oficio que se atiende se aprecia que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en acatamiento a esa ejecutoria, dejó insubsistente el acuerdo emitido el veintitrés de junio del año en curso y, emitió un nuevo proveído en el que fijó las diez horas del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, para llevar a cabo la diligencia de reinstalación del quejoso en su fuente laboral; fecha que a juicio de este órgano de control constitucional trasgrede en perjuicio del quejoso el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva. En efecto, la tutela jurisdiccional se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella; con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión planteada y en su caso, se ejecute esa decisión. Derecho que comprende tres etapas: Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación, a la que le corresponden las garantías del debido proceso, y Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Así las cosas, se considera que este derecho no se limita a la facultad de someter una controversia al conocimiento de los tribunales y que la misma se tramite conforme a los derechos procesales, pues también comprende la posibilidad de que la sentencia dictada tenga plena eficacia mediante su ejecución. Por lo tanto, para que el Estado garantice un efectivo derecho de acceso a la justicia, no basta con la existencia de sistemas legales mediante los cuales las autoridades competentes emitan resoluciones ni con la existencia formal de recursos, sino que éstos deben ser efectivos y parte de esa efectividad implica, precisamente, la ejecución de las sentencias y resoluciones y, respecto al plazo de cumplimiento, que éste sea sin dilación en un tiempo razonable. En consecuencia, dado que el cumplimiento de la sentencias es de orden público, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, fije fecha -dentro de un plazo razonable- para llevar a cabo la diligencia de reinstalación del quejoso ******************** como trabajador del ********************. En el entendido que la saturación de su agenda no es motivo justificable para prolongar el plazo del cumplimiento de la sentencia dictado en el expediente en que se actúa. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que subsiste el apercibimiento que le fuera decretado en proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese y líbrese el oficio correspondiente.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el plazo que el artículo 86 de la Ley de Amparo concede a las partes para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia engrosada el veinticinco de septiembre de la presente anualidad, sin que hayan hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada, para todos los efectos legales. Así, toda vez que, en lo que interesa, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada por ********************, para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, realice lo siguiente: "Deje insubsistente el acuerdo pronunciado el veinte de junio de dos mil veintitrés, en el expediente laboral ********************, y Emita un nuevo proveído en el que ordene la ejecución del laudo dictado el treinta de agosto de dos mil veintidós, en el citado expediente, esto es, fije fecha para la diligencia de reinstalación del quejoso en su fuente laboral." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que en un plazo de tres días, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que al efecto se les realice, cumpla con la sentencia de amparo. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, en relación al 258, de la Ley de Amparo, se impondrá a la omisa una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Séptimo Circuito, para iniciar el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto y su consignación. En la inteligencia que de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contrae el citado artículo 192 de la Ley de la materia. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutora concesoria de amparo, si es injustificado, no las exime de responsabilidad, se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195 de la legislación en consulta. Notifíquese y líbrese los oficios correspondientes.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente.

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