Luis Fernando Trigo Moreno
Expediente 1151/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1151/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Fernando Trigo Moreno
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo ***, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo de cuenta promovida por **********, en contra de actos del Tribunal Unitario Agrario 53 de esta ciudad y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales establecidos en el artículo 14 constitucional. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro 1151/2019-I. Desechamiento de demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 17, 61, fracción XIV y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: La hipótesis de improcedencia del juicio señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con la transcripción realizada, se entiende que tal causa de improcedencia se actualiza cuando la parte quejosa no promueve oportunamente su acción de amparo respecto del acto de autoridad que refiere violatorio de sus derechos fundamentales, por lo que precluye su derecho para reclamarlo una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo. Ahora bien, la interpretación de la citada fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, como se indicó, se complementa con lo señalado en los artículos 17 y 18 del propio ordenamiento, que fijan los plazos o términos para la promoción de la demanda de amparo. Por su parte, en el arábigo 17 de la Ley de Amparo, se prevén los supuestos de excepción al término general, pues se dispone el plazo en que ha de promoverse la demanda de amparo contra normas generales autoaplicativas; sentencias definitivas condenatorias en un proceso penal que impongan pena de prisión; actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal y cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En el caso, el acto reclamado no se encuentra en los supuestos de excepción previstos en el numeral 17 de la ley en la materia, por lo que resulta aplicable el término genérico de quince días para promover el juicio de amparo. De esta forma, señalan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que la demanda deberá interponerse dentro de los quince días siguientes, contados de la manera siguiente: a) Desde el día siguiente al en que la parte quejosa le hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado, de acuerdo con la ley que rija dicho acto; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto reclamado; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado el inconforme sabedor de dicho acto. En esa tesitura, en este caso, para la interposición de la demanda de amparo debe computarse el plazo legal conforme al supuesto especificado en el inciso c), esto es, desde el día siguiente al en que la parte quejosa se ostentó sabedora del acto reclamado. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado la inminente privación del derecho de propiedad y posesión del quejoso sobre su área privativa, de domicilio exclusivo y del indiviso del que es poseedor y propietario en porcentaje del condominio horizontal denominado "**********" de esta ciudad, así como de la privación para hacer uso del único camino de acceso a dicho condominio denominado "**********" de esta ciudad. Efectuada la anterior precisión, con relación al conocimiento del acto reclamado, se destaca que en la demanda de amparo el quejoso, bajo protestad de decir verdad, refirió: [.] "3.- Es el caso que el día 3 de diciembre de 2018, llegó a mi domicilio un comunicado sin firma ni sello, en el que supuestamente el Comisariado Ejidal informaba de las medidas que tomarían para ejecutar una supuesta sentencia judicial en la que, dice el comunicado (ANEXO DOS), el predio "**********", donde se encuentra situado el fraccionamiento, debe serles restituido, por lo que hace al frente oeste de la entrada. Acudí a cuestionar al señor **********, quien en un tiempo fue administrador único de mi vendedora **********, S.A. de C.V., quien me confirmó de palabra esa cuestión, habiéndose dictado sentencia y condenándoseles, a él como persona física y a mi vendedora -a pesar de que para entonces el suscrito ya había adquirido la propiedad como adquirente registral de buena fe, no habiendo ningún gravamen inscrito en el respectivo folio real del Registro Público de la Propiedad- a la restitución en favor del Ejido de una porción de terreno del condominio de marras, en la que según él me dijo se sitúa el área de donación que se efectuó al municipio de Celaya, así como mi área privativa y, obviamente, una parte de las áreas comunes, del indiviso, del que soy propietario en el porcentaje que refiere mi escritura. Además, la restitución también comprende el Camino a La Laja, que junto con el área aproximada de 8,000 metros cuadrados ya descrita, es el único acceso que se tiene para el fraccionamiento residencial. Dicha persona me dijo que el número más reciente del expediente era el *** tramitado ante el Tribunal que he señalado como responsable. [.]" Manifestación realizada por la parte quejosa que constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por involucrar un hecho propio del agraviado expresado en el ocurso de demanda y la cual tiene la eficacia convictiva suficiente para demostrar que tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el tres de diciembre de dos mil dieciocho. Al tenor de lo señalado, la presentación del ocurso de impugnación, origen del juicio que se resuelve, resultó extemporánea, al exceder los quince días contados a partir del día siguiente al en que el quejoso se ostentó sabedor del acto reclamado, de acuerdo a las hipótesis contenidas en el artículo 18 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues el peticionario de amparo, expuso en su demanda, que se hizo sabedor de los actos reclamados el tres de diciembre de dos mil dieciocho, lo que incluso cuestionó de ello al que fue administrador único de la persona moral que le vendió su lote que defiende; lo que implica que el cómputo de quince días para la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio inició al día siguiente, esto es, el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Luego, si la demanda que nos ocupa fue presentada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnada a este Juzgado Federal en la misma data, como se advierte del sello de recibo estampado en el escrito de demanda, esto es, un año después, debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 de la Ley de Amparo, tocante a que el quejoso tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que se sustentó sabedor de los actos reclamados, y al no haberlo hecho así, su demanda resulta extemporánea. En lo conducente, por identidad de razón jurídica es aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 14, que aparece publicada en la página 11, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE." Asimismo, lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 232213, séptima época, publicada en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, volumen 193-198, primera parte, página 71, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Domicilio y autorizados. Se tiene al promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en Av. San Patricio número 226, fraccionamiento San Lorenzo Residencial Campestre de esta ciudad. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que Enrique Guerrero Cano tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la ley de la materia (número de cédula profesional o el diverso Registro en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se tiene como autorizado únicamente en términos restringidos del citado numeral, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto se subsane dicha situación, al igual que a **********, por así haberlo manifestado expresamente. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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