Luis Fernando Tapia Bocanegra

Expediente 741/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
741/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
03/08/2023

Partes del expediente

  • Luis Fernando Tapia Bocanegra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que la citada resolución que sobreseyó este juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/3650/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diecinueve minutos del dieciocho de julio de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 741/2023-VII, promovido por Luis Fernando Tapia Bocanegra, por su propio derecho, contra un acto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo y anexo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa y con las remitidas por la autoridad responsable. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Ténganse por ofrecidas las pruebas con las que dio cuenta la Secretaría, las cuales conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado hace constar que las partes no los formularon; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto 741/2023-VII. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado vía electrónica el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado ese mismo día a este órgano de control constitucional, Luis Fernando Tapia Bocanegra, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Secretaría de Seguridad Púbica del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, que hizo consistir, medularmente, en la retención del automotor marca "Nissan", tipo "Versa", modelo dos mil catorce, color blanco, con número de serie 3N1CN74D4EL871649, así como de las pertenencias que se encontraban en su interior. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, previo requerimiento, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada en el Libro de Gobierno bajo el expediente 741/2023-VII; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. Debiéndose destacar que mediante acuerdo de siete de junio de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa a fin de que manifestara si ampliaba su demanda de amparo, respecto de la Agencia de Investigación y Litigación Especializado en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, misma autoridad a la que fue puesto a su disposición, cerrado, el automotor del que se ostenta propietario el quejoso. Siendo que en auto de seis de julio de dos mil veintitrés, en virtud de que el quejoso no dio cumplimiento a la prevención de marras, no se tuvo por responsable a la autoridad antes citada. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 36 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013, del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; porque el acto reclamado fue emitido por una autoridad que tiene su sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados y, para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda, congruentemente con la totalidad de la información del expediente del juicio. Para ello, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que forman el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, medularmente, la retención del automotor marca "Nissan", tipo "Versa", modelo dos mil catorce, color blanco, con número de serie 3N1CN74D4EL871649, así como de las pertenencias que se encontraban en su interior. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto que se reclama de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, ya que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. CUARTO. ANÁLISIS DE OFICIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA ACTUALIZADAS. La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa por mandato de la ley, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, aun cuando se haya reconocido la existencia del acto reclamado, en tanto que para que se surta alguna causal de improcedencia, es necesario que se encuentre probado el acto que se reclama. Así pues, procede analizar si, en la especie, se actualiza alguna causal de improcedencia, a efecto de determinar si es necesario, o no, el estudio de los motivos de inconformidad propuestos, pues de ser así, esa circunstancia, excluiría el estudio de fondo de este juicio, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 1002, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA." En el caso a estudio, se estima que, en relación al acto reclamado, consistente en la retención del automotor marca "Nissan", tipo "Versa", modelo dos mil catorce, color blanco, con número de serie 3N1CN74D4EL871649, así como de las pertenencias que se encontraban en su interior; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, si bien es cierto que la Secretaría responsable admitió la existencia de dicho acto reclamado, también lo es que este Juzgado de Distrito, se encuentra impedido para analizar la actual retención del precitado automotor, cuenta habida que el mismo fue puesto a disposición de la Agencia de Investigación y Litigación Especializado en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, mediante oficio SSP/DJ/5269/2023, de uno de febrero de dos mil veintitrés, esto es, con antelación a la presentación de la demanda de amparo; por lo que es evidente que es dicha autoridad quien actualmente mantiene retenido el vehículo de marras. En tanto que por proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, se previno al quejoso para que manifestara si era su deseo señalar a la autoridad antes citada como responsable; acuerdo que fue debidamente notificado, sin que la parte quejosa haya realizado manifestación alguna. Siendo importante determinar que en términos de lo que dispone el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la parte quejosa debe de expresar las autoridades responsables, así como de conformidad con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, por lo que jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de la retención del precitado automóvil, realizada por la autoridad indicada, pues como se dejó visto, no fue señalada como autoridad responsable en este juicio de garantías, motivo por el cual se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. En tal contexto, dada la omisión de la parte quejosa de señalar como responsable a la autoridad citada en el párrafo que antecede, no obstante que se le previno sobre ello, consecuentemente, se ubicó en la referida causa de sobreseimiento, por lo que resulta dable sobreseer en el presente juicio de amparo, en cuanto a la retención del automotor marca "Nissan", tipo "Versa", modelo dos mil catorce, color blanco, con número de serie 3N1CN74D4EL871649, así como de las pertenencias que se encontraban en su interior. Aplica a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CLXIV/98, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SBRESEERSE." Así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro es: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OMISIÓN DE SU SEÑALAMIENTO. IMPOSIBILIDAD DE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS." Sólo resta decir que, atento al resultado del presente fallo, esta Juzgadora Federal no se ocupará de los argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados; ello, de conformidad con el criterio que contiene la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Fernando Tapia Bocanegra, contra el acto que reclamó de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos expuestos en el último subsecuente. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa, en proveído de siete de junio inmediato anterior, para que manifestara si ampliaba su demanda de amparo, en relación a la autoridad "Agencia de Investigación y Litigación Especializado en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán"; sin que hasta la presente fecha haya realizado manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, llevando a cabo el apercibimiento decretado en el auto de marras, sígase el trámite del presente expediente sin tener a la Agencia de Investigación y Litigación Especializado en Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, como autoridad como responsable, debiendo continuarse únicamente con la autoridad responsable señalada en el escrito de demanda. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa, mediante proveído de siete de los cursantes, para que manifieste si amplía su demanda de amparo, en relación a una diversa autoridad. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración, las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese por lista.

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