Luis Fernando Salazar Rodriguez
Expediente 650/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Fernando Salazar Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que remite el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 238/2021 del índice de este juzgado, al cual adjunta las constancias relativas. Sin que resulte necesario se acuse recibo de la comunicación oficial de mérito, toda vez que al realizarse el envío electrónico, el referido sistema genera la constancia respectiva. Ahora bien, como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece, para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de queja, en contra del proveído que desechó la demanda de garantías promovida por .. o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto indirectamente ante la superioridad; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, ha causado estado. De igual forma, como se evidencia de las referidas constancias, que el impetrante no señaló domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; por tanto, se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones por medio de lista, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio correcto para tal efecto. Asimismo, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción y no se formaron cuadernos incidentales; lo anterior, de conformidad con el artículo 21 fracción I, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: I. En los Juzgados de Distrito: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado.
- Principal
Morelia, Michoacán, a catorce de julio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la encargada del despacho en cuestión, al que anexa demanda de amparo presentada por -, contra actos de los Jueces de Ejecución de Sentencias del Distrito de Reynosa, Tamaulipas, y otras autoridades; en ese sentido regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número IV-650/2021-C. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".reclamo a las Autoridades señaladas como ordenadoras y ejecutoras la ilegalidad del traslado del cual fui víctima como lo expreso en los antecedentes del presente ocurso.". Ahora, el suscrito estima que procede desechar la presenta demanda por ser notoriamente improcedente, conforme a lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, al surtirse la causa de improcedencia prevista por el precepto legal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, según la razones que a continuación se expresan. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable (por identidad) la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Por su parte, el precepto 61, fracción XVIII, del mismo ordenamiento legal, textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (...) De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente asunto se hace consistir en la orden de traslado del aquí quejoso del Cedes de Matamoros, Tamaulipas, al Centro Federal número 17 CPS Michoacán. Ahora, los artículos 117 fracción III y 132 fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén: "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: [.] III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados." Preceptos legales de los que se desprende que contra la orden de traslado de un cereso a otro se podrá presentar controversia judicial de resultar desfavorable la decisión judicial, se podrá interponer recurso de apelación a fin de que tal resolución pueda ser confirmada, modificada o revocada por un tribunal de alzada. De ahí que antes de acudir el peticionario, debió agotar dichos medios ordinarios de defensa, para satisfacer el principio de definitividad que resulta necesario para la procedencia del juicio de amparo, de acuerdo con el invocado artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que por contradicción de tesis aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada del expediente 448/2019, en sesión celebrada en veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, que a la letra reza: "CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, DEBE PROMOVERSE EL RECURSO PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL ANTES DE INTERPONER JUICIO DE AMPARO: PRIMERA SALA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión remota de la Primera Sala, resolvió mediante jurisprudencia que cuando una persona privada de su libertad reclama una orden de traslado calificada como urgente o excepcional, de un centro penitenciario a otro, sin tener certeza de su legalidad, no deberá promover un juicio de amparo sino el recurso denominado "controversia judicial" previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia quien resuelva respecto a la posible afectación a alguno de sus derechos fundamentales. En ese sentido, la Primera Sala refirió que el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que las personas privadas de su libertad podrán presentar la controversia judicial contra las cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados. De resultar desfavorable la decisión judicial, podrán interponer un recurso de apelación, de conformidad con el artículo 132, fracción VII, del mismo ordenamiento, a fin de que tal resolución pueda ser confirmada, modificada o revocada, por un tribunal de alzada. Asimismo, consideró que la controversia judicial es un medio de defensa legal que prevé la posibilidad de que el juez de ejecución ordene la suspensión inmediata de la orden de traslado presumiblemente emitida por la autoridad administrativa sin autorización judicial previa, la cual no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para tal efecto, ya que únicamente requiere que el interesado la pida en su escrito inicial, e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de dicha suspensión. Por lo anterior, la Primera Sala determinó que la orden de traslado urgente o excepcional no constituye una violación directa a la Constitución federal que haga procedente el juicio de amparo indirecto como excepción al principio de definitividad, pues se trata de un acto dentro del procedimiento respecto del cual existe un medio ordinario de defensa que permite combatirlo e incluso suspenderlo." Por lo antes expuesto, se concluye que al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, tomando en consideración que el quejoso directo -, se encuentra recluido en el Centro Federal número 17 CPS Michoacán, con fundamento en el artículo 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso 27 fracción II, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en Uruapan, Michoacán, para que ordene a quien corresponda, se constituya en dicha Penitenciaria, y en auxilio de las labores de éste Órgano Jurisdiccional, con las medidas legales necesarias realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el lugar de reclusión de referencia. 2. Le notifique personalmente el presente proveído; 3. Lo requiera para que en el momento de la diligencia señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes se le practicarán por medio de lista que se fijen en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que si es así su deseo, durante la tramitación del presente asunto designe domicilio para tal efecto. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza al actuario para que realice la notificación encomendada aun en días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente. Hecho lo anterior, devuelvan la constancia que acredite su diligenciación, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes
- Luis Fernando Mendoza Vazquez513/2021
- Luis Fernando Morales Heredia14/2020
- Luis Fernando Morales Heredia596/2021
- Luis Fernando Morales Heredia856/2017
- Luis Fernando Rodriguez Vera887/2020
- Luis Fernando Rodriguez Vera346/2020
- Luis Fernando Sanchez Aguirre571/2016
- Luis Fernando Suarez Padilla283/2019
- Luis Gabriel Perez Vazquez1248/2022
- Luis Garcia Arroyo170/2016
- Luis Garcia Reyes928/2019
- Luis Gerardo Barrera Hipolito18/2022