Luis Fernando Rosas Herrera
Expediente 362/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 362/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Luis Fernando Rosas Herrera
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE AUTO QUE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA CAUSÓ ESTADO. SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN TRES AÑOS SIN QUE SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL NI OBREN DOCUMENTOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS DEBAN SER DEVUELTOS. EL INCIDENTE ORIGINAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN TRES AÑOS. GLÓSESE AL CUADERNO PRINCIPAL. EL INCIDENTE DUPLICADO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN SEIS MESES. GLÓSESE AL MISMO COPIA DE ESTE ACUERDO
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta levantada por el Actuario Judicial de la adscripción, de las que se advierte que no le fue posible emplazar al presente juicio a la tercera interesada Miriam Alejandra Cervantes Arriaga, por las razones que señaló en la misma, sin que haya lugar a acordar lo relativo a tal emplazamiento toda vez que el presente juicio debe sobreseerse fuera de audiencia constitucional por los motivos jurídicos que se expondrán más adelante; de ahí que a nada práctico conduciría ordenar tal emplazamiento, pues ello retardaría la resolución del presente asunto sin causa justificada, lo que sería contrario a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro orden, agréguense a los autos los oficios de cuenta que remite la Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrita al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí y el Gestor de la Primera Región Judicial del Estado, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, mediante los cuales la primera hace del conocimiento a este órgano de control constitucional que dentro de la causa penal RI/SLP/CP-417/2020, de su índice, en la audiencia de formulación de imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión, el imputado Luis Fernando Rosas Herrera, aquí quejoso, se acogió al término constitucional de setenta y dos horas para resolverse su situación jurídica preliminar; y el segundo de los mencionados, hace del conocimiento que en la continuación de audiencia inicial dentro de la citada causa penal se dictó auto de vinculación a proceso en contra del referido disidente, por el hecho que la Ley señala como delito de violencia familiar, cometido en agravio de la víctima Miriam 2023-09-03 09:38:26 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.1b.dd Enrique Acevedo Mejía Alejandra Cervantes Arriaga, sin imponerse medida cautelar alguna al no haber sido solicitada, ordenándose la inmediata libertad del multicitado quejoso, única y exclusivamente por lo que a esa causa y delito se refiere, fijándose un mes quince días como plazo de investigación complementaria, feneciendo el veintitrés de noviembre del año en curso. Asimismo, se señalaron las nueve horas del veintidós de octubre del año que transcurre, a efecto de llevar a cabo la audiencia de Suspensión Condicional del Proceso y en alcance remite copia certificada del audio y video de dicha audiencia; con lo anterior dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, la documental que anexa al oficio de cuenta el Gestor de la Primera Región Judicial del Estado, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, consistente en CD-ROM relativo a la causa penal RI/SLP/CP-417-2020, que será tomada en consideración al resolver el presente asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Décima Época, número de registro 2004362 que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los 2023-09-03 09:38:26 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.1b.dd Enrique Acevedo Mejía 3 SECCIÓN DE integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Procédase al resguardo del disco compacto que la citada autoridad acompañó a su comunicación de cuenta, en la Secretaría de este Juzgado. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinar con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el quejoso Luis Fernando Rosas Herrera, acude a la presente instancia constitucional a reclamar: La orden de aprehensión librada en su contra, así como su ejecución. Respecto de tales actos el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Como se señaló con antelación, de las constancias que integran el presente sumario se advierte que, en audiencia de catorce de febrero del año en curso, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí libró orden de aprehensión en contra del quejoso Luis Fernando Rosas Herrera, por el hecho que la ley señala como delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Miriam Alejandra Cervantes Arriaga. Asimismo, el Gestor de referencia, adjuntó a su oficio de cuenta, copia certificada del audio y video de la audiencia celebrada el once de septiembre del año en curso, en la citada causa penal RI/SLP/CP-417/2020, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del referido disidente, por el hecho que la Ley señala como delito de violencia familiar, cometido en agravio de la víctima Miriam Alejandra Cervantes Arriaga, sin imponerle medida cautelar alguna al no haber sido solicitada, ordenándose su inmediata libertad, única y exclusivamente por lo que a esa causa y delito se refiere, fijándose un mes quince días como plazo de investigación complementaria (2:35:50). En ese contexto, si el once de septiembre del año en curso, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de la orden de aprehensión reclamada, librada en su contra el catorce de febrero del año que transcurre, puesto que debido a la emisión de la referida determinación, el mandamiento de captura ha sido substituido por esta última, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Corrobora lo expuesto la tesis II.2º. P.20 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 1287 del Libro XV, 2023-09-03 09:38:26 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.1b.dd Enrique Acevedo Mejía Diciembre de 2002, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados." Asimismo, adquiere aplicación la tesis XVII. 1o.P.A.51 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que aparece publicada en la página 2687 del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE DICTÓ DICHO AUTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE LA LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política Por tanto, al haberse actualizado respecto de la orden de aprehensión reclamada, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional por lo que a dicho acto se refiere. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.El sobreseimiento decretado se hace extensivo al acto atribuido a las autoridades señaladas como ejecutoras Fiscal General del Estado, Director General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado y Jefe de Grupo Encargado de la 2ª. Coordinación de Aprehensiones de la Dirección General de Métodos de Investigación (denominación correcta), no obstante que el primero de los nombrados haya negado el acto de ejecución que se le reclama, pues como ya se vio, la autoridad ordenadora aceptó la emisión de la orden de aprehensión reclamada, por lo que en su carácter de ejecutora está obligada a dar cumplimiento a ese mandamiento de captura. Lo anterior es así, ya que tales actos de ejecución no se combaten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar del acto reclamado a la autoridad judicial responsable, y como ya se vio, en contra de éste procede sobreseer en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número 516, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en su anterior integración, visible en la página 339, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de la Materia, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las doce horas del uno de octubre de dos mil veinte, quedando sin efecto la misma. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta levantada por el Actuario Judicial de la adscripción, de las que se advierte que no le fue posible emplazar al presente juicio a la tercera interesada Miriam Alejandra Cervantes Arriaga, por las razones que señaló en la misma, sin que haya lugar a acordar lo relativo a tal emplazamiento toda vez que el presente juicio debe sobreseerse fuera de audiencia constitucional por los motivos jurídicos que se expondrán más adelante; de ahí que a nada práctico conduciría ordenar tal emplazamiento, pues ello retardaría la resolución del presente asunto sin causa justificada, lo que sería contrario a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro orden, agréguense a los autos los oficios de cuenta que remite la Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrita al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí y el Gestor de la Primera Región Judicial del Estado, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, mediante los cuales la primera hace del conocimiento a este órgano de control constitucional que dentro de la causa penal RI/SLP/CP-417/2020, de su índice, en la audiencia de formulación de imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión, el imputado Luis Fernando Rosas Herrera, aquí quejoso, se acogió al término constitucional de setenta y dos horas para resolverse su situación jurídica preliminar; y el segundo de los mencionados, hace del conocimiento que en la continuación de audiencia inicial dentro de la citada causa penal se dictó auto de vinculación a proceso en contra del referido disidente, por el hecho que la Ley señala como delito de violencia familiar, cometido en agravio de la víctima Miriam 2023-09-03 09:38:26 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.1b.dd Enrique Acevedo Mejía Alejandra Cervantes Arriaga, sin imponerse medida cautelar alguna al no haber sido solicitada, ordenándose la inmediata libertad del multicitado quejoso, única y exclusivamente por lo que a esa causa y delito se refiere, fijándose un mes quince días como plazo de investigación complementaria, feneciendo el veintitrés de noviembre del año en curso. Asimismo, se señalaron las nueve horas del veintidós de octubre del año que transcurre, a efecto de llevar a cabo la audiencia de Suspensión Condicional del Proceso y en alcance remite copia certificada del audio y video de dicha audiencia; con lo anterior dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza, la documental que anexa al oficio de cuenta el Gestor de la Primera Región Judicial del Estado, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, consistente en CD-ROM relativo a la causa penal RI/SLP/CP-417-2020, que será tomada en consideración al resolver el presente asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Décima Época, número de registro 2004362 que establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los 2023-09-03 09:38:26 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.1b.dd Enrique Acevedo Mejía 3 SECCIÓN DE integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Procédase al resguardo del disco compacto que la citada autoridad acompañó a su comunicación de cuenta, en la Secretaría de este Juzgado. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza una causa de improcedencia, y a fin de evidenciar lo anterior, en principio, se debe determinar con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que el quejoso Luis Fernando Rosas Herrera, acude a la presente instancia constitucional a reclamar: La orden de aprehensión librada en su contra, así como su ejecución. Respecto de tales actos el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. Como se señaló con antelación, de las constancias que integran el presente sumario se advierte que, en audiencia de catorce de febrero del año en curso, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí libró orden de aprehensión en contra del quejoso Luis Fernando Rosas Herrera, por el hecho que la ley señala como delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Miriam Alejandra Cervantes Arriaga. Asimismo, el Gestor de referencia, adjuntó a su oficio de cuenta, copia certificada del audio y video de la audiencia celebrada el once de septiembre del año en curso, en la citada causa penal RI/SLP/CP-417/2020, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del referido disidente, por el hecho que la Ley señala como delito de violencia familiar, cometido en agravio de la víctima Miriam Alejandra Cervantes Arriaga, sin imponerle medida cautelar alguna al no haber sido solicitada, ordenándose su inmediata libertad, única y exclusivamente por lo que a esa causa y delito se refiere, fijándose un mes quince días como plazo de investigación complementaria (2:35:50). En ese contexto, si el once de septiembre del año en curso, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral del Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en San Luis Potosí, dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de la orden de aprehensión reclamada, librada en su contra el catorce de febrero del año que transcurre, puesto que debido a la emisión de la referida determinación, el mandamiento de captura ha sido substituido por esta última, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Corrobora lo expuesto la tesis II.2º. P.20 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 1287 del Libro XV, 2023-09-03 09:38:26 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.1b.dd Enrique Acevedo Mejía Diciembre de 2002, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados." Asimismo, adquiere aplicación la tesis XVII. 1o.P.A.51 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que aparece publicada en la página 2687 del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE DICTÓ DICHO AUTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE LA LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política Por tanto, al haberse actualizado respecto de la orden de aprehensión reclamada, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional por lo que a dicho acto se refiere. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.7º.P. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página1600, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.El sobreseimiento decretado se hace extensivo al acto atribuido a las autoridades señaladas como ejecutoras Fiscal General del Estado, Director General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado y Jefe de Grupo Encargado de la 2ª. Coordinación de Aprehensiones de la Dirección General de Métodos de Investigación (denominación correcta), no obstante que el primero de los nombrados haya negado el acto de ejecución que se le reclama, pues como ya se vio, la autoridad ordenadora aceptó la emisión de la orden de aprehensión reclamada, por lo que en su carácter de ejecutora está obligada a dar cumplimiento a ese mandamiento de captura. Lo anterior es así, ya que tales actos de ejecución no se combaten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar del acto reclamado a la autoridad judicial responsable, y como ya se vio, en contra de éste procede sobreseer en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número 516, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en su anterior integración, visible en la página 339, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de la Materia, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las doce horas del uno de octubre de dos mil veinte, quedando sin efecto la misma. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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