Luis Fernando Rincon García
Expediente 974/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 974/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Luis Fernando Rincon García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de julio de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por la parte quejosa; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Informe y acredite si se llevó a cabo la diligencia de reinstalación a la fuente de trabajo del actor, aquí quejoso ********************señalada para las once horas del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, o en caso contrario, dicte nueva fecha la que deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en la resolución, a fin de salvaguardar el derecho de la parte quejosa de que se administre justicia de manera pronta y expedita. En caso de llegar el día del desahogo de la citada diligencia, y ésta se encuentre preparada, deberá desahogarla, o en caso contrario respetando los términos y plazos contenido los artículos en la Ley Federal del Trabajo, dicte otra en la que deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en la resolución, a fin de salvaguardar el derecho de la parte quejosa de que se administre justicia de manera pronta y expedita. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio ********************de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, remitió copia certificada de la diligencia de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno donde se acredita que si se llevó a cabo la diligencia de reinstalación a la fuente de trabajo del actor, aquí quejoso ********************ordenada en el juicio laboral ********************; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar por diligencia de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno haber llevado a cabo el desahogo la diligencia de reinstalación a la fuente de trabajo del actor, aquí quejoso ********************ordenada en el juicio laboral ********************. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable acredite llevar a cabo la diligencia de reinstalación a la fuente de trabajo del actor, aquí quejoso ********************señalada para las once horas del veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, o en caso contrario, dicte nueva fecha la que deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en la resolución, a fin de salvaguardar el derecho de la parte quejosa de que se administre justicia de manera pronta y expedita; en caso de llegar el día del desahogo de la citada diligencia, y ésta se encuentre preparada, deberá desahogarla, o en caso contrario respetando los términos y plazos contenido los artículos en la Ley Federal del Trabajo, dicte otra en la que deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en la resolución. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno si se llevó a cabo el desahogo la diligencia de reinstalación a la fuente de trabajo del actor, aquí quejoso ********************ordenada en el juicio laboral ********************, tal como se desprende las constancias que adjuntó la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por María Magdalena Kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial número Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de mayo de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, para lo cual deberá informar en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Ángel Meneses García solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Juez Tercero Civil del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores. Acto reclamado. ".la falta de emplazamiento y llamamiento formal al juicio civil radicado bajo el número de expediente 312/13-II radicado en el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, cuyas partes son ALBERTO BRITO MEZA vs NANCY GÁLVEZ SALAS." SEGUNDO. El catorce de octubre de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1370/2019, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede. TERCERO. Mediante acuerdo de siete de enero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional dio vista a la parte quejosa, para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el llamamiento al procedimiento de remate efectuado el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio especial hipotecario 312/2013, del índice de la autoridad responsable. CUARTO. Por escrito recibido el veintiuno de febrero de dos mil veinte, el quejoso amplió su demanda de amparo, en la que señaló como acto reclamado: "La falta de notificación de la cesión de derechos de crédito hipotecario y como consecuencia de ello la falta de emplazamiento y llamamiento formal a juicio.- Lo constituye la falta de llamamiento formal al juicio civil radicado bajo el número de expediente 312/13-II radicado en el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, cuyas partes son Alberto Brito Meza VS Nancy Gálvez Salas, respecto al remate del bien inmueble del cual soy propietario y en el cual no se han cumplido las formalidades esenciales del procedimiento". QUINTO. Una vez subsanada la prevención, el cuatro de marzo de dos mil veinte, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, por cuanto hace al acto precisado en el resultando anterior; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 primer párrafo y 107 de la Ley de Amparo; 1° fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza del acto reclamado, es menester precisarlo, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad la demanda. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis número VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de privada de veinticinco de marzo del año en curso, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, y del análisis tanto de aquélla como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que en esencia se reclama: - La falta de llamamiento al juicio 312/13-II, radicado en el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y el remate del bien inmueble del cual aduce ser propietario. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con la técnica que rige al juicio, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia, o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese sentido se tiene que la autoridad señalada como responsable Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, Delegación Morelos, al rendir el informe justificado, no aceptó ni negó categóricamente la existencia del acto que se le atribuye, sin embargo, debe tenerse por inexistente ya que de autos se desprende que dicho Instituto no figuró como parte y mucho menos como autoridad jurisdiccional en la contienda hipotecaria de donde emana el acto reclamado. Es decir, el hecho de haber celebrado o no un contrato de cesión de hipoteca con otro particular, y haberlo hecho del conocimiento al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, Delegación Morelos, no lo torna en autoridad responsable si en el caso, el quejoso se ostenta como tercero extraño por equiparación al juicio especial hipotecario 312/13-II. Aunado a que la circunstancia de haber o no registrado dicha cesión no puede generar un acto concreto de autoridad, pues en dado caso se estaría ante la presencia de un acto entre particulares y hecho del conocimiento a la entidad financiera en su carácter de acreedor de ese crédito hipotecario. Por su parte, si bien es cierto que el Juez Tercero Civil del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, aceptó la existencia del acto reclamado, lo cierto es que no se advierte su participación en acto alguno que afecte al quejoso, sino que su intervención fue en colaboración procesal con la finalidad de emplazar a juicio a la parte demandada Nancy Gálvez Salas. Por lo que procede decretar el sobreseimiento del presente juicio por lo que hace al acto reclamado, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado, aceptó la existencia del acto que se les atribuye, en el sentido de sustanciar el juicio especial hipotecario materia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con las actuaciones que envió en apoyo al citado informe; documentales públicas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo segundo. QUINTO. Procedencia del juicio. Previo al estudio de los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, lo aleguen o no las partes, resulta necesario analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio oficioso, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En primer lugar, se establece que el impetrante comparece a esta instancia constitucional con el carácter de tercero extraño a juicio -en estricto sentido-, debido a que como ya se dijo, no figura como parte en el procedimiento natural, sin embargo, aduce una afectación a su prerrogativa de posesión que dice tener respecto del inmueble que ahí se controvierte sin haber sido oído ni vencido, con infracción a su derecho humano de audiencia previa contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, se tiene que no procede entrar al estudio del fondo del medio de control de constitucionalidad que nos ocupa, atento a que en la especie, se advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, establece: "Artículo 61.El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". En efecto, los ordinales 17 y 18, del mismo ordenamiento disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como puede apreciarse, de la trascripción de los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, se desprende que el consentimiento expreso implica la conducta que desarrolla la quejosa, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que le cause un agravio o perjuicio, lo que implica la manifestación de voluntad que entraña el consentimiento del acto reclamado, al no impugnarse dentro del plazo que se puntualiza en los citados preceptos, que por regla general es de quince días. En la inteligencia de que el lapso referido se computará de la siguiente manera: a) Al día siguiente al en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al día siguiente en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al día siguiente en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el caso concreto, el quejoso acude a esta instancia señalando como acto reclamado, la falta de llamamiento al juicio especial hipotecario 312/2013, pues sostiene que sin ser parte, se afectan sus derechos. Luego, al tener a la vista las constancias que integran el expediente de origen, se advierte que el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, la actuaria adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial notificó al aquí quejoso Ángel Meneses García, en los siguientes términos: ".mediante cédula de notificación personal que contiene los datos del juicio, el número de expediente, las partes, el juzgado y la secretaría a la que pertenecen, por lo que le notifico el contenido íntegro de los autos de diez de julio de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, así como el auto de trece de agosto de dos mil diecinueve del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos; por lo que le hago saber que en el término de cinco días contados a partir de la presente notificación, deberá manifieste (sic) lo que a su derecho corresponda a efecto de que intervenga en el acto del remate, pudiendo hacer al Tribunal las observaciones que estime oportunas para garantizar sus derechos." Atento a lo anterior, es que debe concluirse como se hace, que la demanda de amparo con que se da cuenta es extemporánea, pues si como se vio, la notificación del acuerdo que sirvió de base para que el quejoso tuviera pleno conocimiento de la existencia del juicio que según su exposición, le afectaba en sus derechos fundamentales, se llevó a cabo el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, por lo que si surtió efectos ese mismo día, el cómputo empezó a correr al día siguiente; entonces, debió haber hecho valer su derecho, dentro del plazo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales, el lapso para promover su demanda trascurrió del veintiséis de agosto al trece de septiembre. Entonces, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, hasta el once de octubre de dos mil diecinueve; la misma resulta extemporánea, ya que trascurrió en exceso el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2º. J/21, publicada en la página 291, Tomo II, de Agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que a continuación se transcribe: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Pues, al notificarse la existencia del juicio de origen, e incluso formulársele un requerimiento en torno a los derechos posesorios que pudieran estar involucrados, es evidente que a partir de esa data, tuvo conocimiento del mismo, pues estimar lo contrario implicaría dejar al arbitrio de una de las partes la presentación de una demanda de amparo, lo cual implicaría atentar contra el principio de seguridad jurídica, ya que los demás intervinientes del juicio nunca podrían tener la tranquilidad de que no se interpondrían recursos o medios de defensa en contra de las determinaciones que pudiesen estimarse como cosa juzgada. Máxime que se reitera, la finalidad de dicha notificación, fue precisamente incorporarlo a la etapa de ejecución del juicio para que pudiera hacer valer sus derechos posesorios involucrados, situación que decidió no llevar a cabo, y tampoco acudir al juicio de amparo, en el plazo previsto por el artículo 17 de la normatividad aplicable. Ahora bien, solo resta decir que al propio quejoso mediante auto de siete de enero de dos mil veinte y notificado el cuatro de febrero siguiente, se le dio vista para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo por cuanto hace al llamamiento al procedimiento de remate efectuado el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio especial hipotecario 312/2013, del índice de la autoridad responsable. Lo cual se corrobora que fue del conocimiento del quejoso, pues en su escrito de ampliación de demanda, refirió que la efectuaba en términos del requerimiento de esa data; sin embargo, de su contenido no se desprende que en efecto hubiese pretendido reclamar la ilegalidad de dicha notificación, y mucho menos incorporar a la actuaria que practicó la diligencia como autoridad responsable. Razón por la cual, al quedar incólume dicha notificación al no poder ser materia de análisis constitucional, por así haberlo decidido la parte quejosa al no reclamarla pese a la vista ordenada en autos, es que de acuerdo a la presunción de legalidad de los actos de autoridad, debe tomarse como data en que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado, la plasmada en la diligencia de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Al respecto, cobra aplicación por los argumentos que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 5/2006, con registro digital 174744, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. TRATÁNDOSE DE TERCERO EXTRAÑO A JUICIO DEBE DESCONTARSE DEL CÓMPUTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, EL PERIODO DE VACACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE (APLICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL 3a./J. 42 30/89).el artículo 21 de la Ley de Amparo se advierte que el término para promover la demanda en el juicio de garantías se computará, entre otros supuestos, a partir de que el quejoso tenga conocimiento del acto reclamado. Ahora bien, si se atiende a que por disposición expresa de la ley los terceros extraños a juicio tienen derecho de acudir al juicio de garantías a partir de que adviertan la afectación a su interés jurídico, es decir, cuando se percaten de que en un proceso judicial o procedimiento seguido en forma de juicio no han sido escuchados previamente, resulta indudable que, a fin de preparar su demanda, deben conocer directa, exacta y completamente las consideraciones y fundamentos legales sustentados por la autoridad responsable, de lo que se sigue que tratándose de tercero extraño a juicio sí debe descontarse del cómputo del término para presentar su demanda de amparo el periodo de vacaciones de la autoridad responsable, pues si a aquél se le diera un tratamiento diverso, se atentaría contra el principio de igualdad procesal entre las partes, ya que cualquier quejoso, por el solo hecho de serlo, debe estar sujeto a las mismas disposiciones procesales. En tal virtud, resulta aplicable al caso la tesis jurisprudencial de la anterior Tercera Sala, identificable bajo el rubro: "AMPARO. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DÍAS INHÁBILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD.", que aparece publicada con el número 3a./J. 42 30/89 en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 279; máxime, que uno de los criterios en contradicción de los cuales derivó la citada jurisprudencia emanó de un amparo seguido por un tercero extraño a juicio." Ante tales circunstancias, al surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la ley de la materia, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Por lo anteriormente, expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por Ángel Meneses García, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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