Luis Fernando Pablo Gloria
Expediente 965/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 965/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Fernando Pablo Gloria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA VII "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria adscrita para notificar al quejoso Luis Fernando Pablo Gloria, la resolución de veintisiete de octubre del presente año, por las razones que expuso. En esa tesitura, se comisiona al Actuario en turno de este Juzgado, para que de acuerdo al calendario de fechas programadas, se constituya en las instalaciones que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en busca del directo quejoso LUIS FERNANDO PABLO GLORIA, hecho que sea, le notifique la resolución de veintisiete de octubre del presente año, dictado por este Juzgado. CÚMPLASE.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Segundo Tribunal Unitario del Decimotercer Circuito, remite testimonio autorizado de la resolución dictada en el Toca Penal ********************, relativo al recurso de apelación interpuesto por el licenciado ********************, defensor particular del imputado ********************, de la que se advierte que CONFIRMA la determinación emitida en audiencia intermedia de nueve de agosto de dos mil veintidós, por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, en la cual excluyó la prueba pericial del licenciado en derecho y perito ********************, ofrecida por la defensa del imputado, en la carpeta judicial ********************, por los motivos expuestos en dicha resolución. De lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 965/2022 promovido por LUIS FERNANDO PABLO GLORIA, contra actos del Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca; y, R(...) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza penal, seguido ante un juzgado del orden federal con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. ... Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la determinación tomada en audiencia intermedia de nueve de agosto de dos mil veintidós, en que la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de Juez de Control, dentro de la carpeta judicial OAX/000569/2021, desestimó la incidencia de la defensa del acusado Luis Fernando Pablo Gloria, al considerar que en la acusación formulada por el Fiscal Federal se variaron los hechos en relación al auto de vinculación a proceso y en franca violación al penúltimo párrafo del artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos. ES CIERTO el acto reclamado, ya que así lo manifestó la autoridad responsable en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Además con el disco versátil en formato DVD, que contiene las audiencias de ocho de octubre de dos mil veintiuno y nueve de agostos de dos mil veintidós, que remitió la responsable. Así como de conformidad con la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible a página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2004362, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: 1. El ocho de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial ... la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de Juez de Control, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Luis Fernando Pablo Gloria, por el hecho que la ley señala como el delito de TRANSPORTAR POR TERRITORIO NACIONAL A PERSONAS EXTRANJERAS CON EL OBJETO DE OBTENER DIRECTA O INDIRECTAMENTE UN LUCRO Y CON EL FIN DE EVADIR LA REVISIÓN MIGRATORIA, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, agravado de conformidad con el numeral 160, fracciones I y II, de la misma legislación. En la audiencia inicial, al momento de la formulación de la imputación el Fiscal Federal expuso lo siguiente: "Señor Luis en este acto esta fiscalía de la Federación le comunica que con fecha seis de octubre de dos mil veintiuno, se inició en su contra una carpeta de investigación toda vez que se le imputa la comisión de un hecho que la ley señala como delito consistente en el siguiente, el seis de octubre de dos mil veintiuno, aproximadamente a la una hora con veinticinco minutos fue detenido por elementos de la policía federal ministerial cuando circulaba previamente por la carretera 190 con dirección a la Ciudad de México y posteriormente en la calle de Mariano Abasolo tercera sección de la población de San Pablo Huitzo, Oaxaca, al momento que transportaba en un vehículo marca Chevrolet tipo camioneta modelo express Van color blanco con placas de circulación MSS-65-75 modelo dos mil tres, con vidrios polarizados y sin los asientos de los pasajeros de ese vehículo, transportaba usted a veinticinco personas de origen extranjero de los cuales se acreditó que encontraban de manera irregular en nuestro país, siendo de estas veinticinco personas, catorce niños y adolescentes, y las personas que transportaba en específico son las siguientes: La persona de nombre Blanca S.M.N., de diecinueve años de edad, de nacionalidad nicaragüense; el ciudadano de nombre Armando R. B. A., de veintiséis años de nacionalidad nicaragüense; el ciudadano Salvador K. M., de veinticuatro años, de nacionalidad salvadoreña, Wilson E. V. H., de diecinueve años de nacionalidad guatemalteca, Marcelino G. C., de cuarenta y tres años, de nacionalidad guatemalteca, el menor de iniciales MEGO de dieciséis años, de nacionalidad guatemalteca; el ciudadano Manuel J.V, de cuarenta y seis años, de nacionalidad hondureña; el menor iniciales FOVC de tres años, de nacionalidad hondureña; el menor con iniciales JRVC, de trece años de edad, de nacionalidad hondureña; la ciudadana Celia O. F. R., de treinta y cuatro años, de nacionalidad hondureña; el menor con iniciales HYMF, de cuatro años de edad, de nacionalidad hondureña; el menor con iniciales MYMF, de diez años de edad, de nacionalidad hondureña; el adolescente con iniciales WFLR, de dieciséis años de edad, de nacionalidad guatemalteca; adolescente con iniciales FOAV de dieciséis años, de nacionalidad salvadoreño; el menor de iniciales EMLC, de dieciséis años de edad, de nacionalidad guatemalteca; el menor de iniciales EML, de catorce años de edad, de nacionalidad guatemalteca; el menor de iniciales WRIQ de dieciséis años de edad, de nacionalidad guatemalteca; la ciudadana María I. G. G., de cuarenta y dos años de edad, de nacionalidad salvadoreña; el menor de iniciales MAGG, de trece años de edad, de nacionalidad salvadoreña; la ciudadana Elsa V. D. A., de treinta y nueve años de edad, de nacionalidad salvadoreña; el menor de iniciales DARD, de cinco años de edad, de nacionalidad salvadoreña; la ciudadana Maritza E. S. G., de cuarenta y cuatro años de edad, de nacionalidad salvadoreña; el menor de iniciales ACFS, de nueve años de edad, de nacionalidad salvadoreña; el ciudadano Herlín E. C. H., de treinta y cuatro años, de nacionalidad salvadoreña; el menor de iniciales YSCM, de tres años de edad, de nacionalidad hondureña; estas son las personas que transportaba usted con el objeto de obtener un lucro y con la finalidad de evadir la revisión migratoria en virtud de las características del vehículo en que se transportaba, es decir se encontraba polarizado y sin asientos de pasajeros en la parte posterior y también aunado a la hora en que se realizó usted el traslado en la noche, es decir por un camino de terracería que conduce a la población de San Pablo Huitzo, Oaxaca, lo anterior también poniendo en peligro a las veinticinco personas que transportaba esto de acuerdo pues a la emergencia sanitaria que si vive actualmente por la pandemia de COVID y que se incrementa la posibilidad de poder contraer entre esas personas el virus ya citado, así como por superar en demasía el número de capacidad de las personas para que se transportan de manera segura esto es dos personas únicamente de los asientos del conductor y copiloto; señor Luis este hecho que le acabo de narrar a criterio de la fiscalía constituye delito de transporte por el territorio nacional de personas extranjeras, previsto por el artículo 159 fracción III de la ley de Migración, con las agravantes previstas en los numerales del 160 fracciones I y II, de este ordenamiento legal, asimismo la forma de intervención en la comisión de estos hechos son en calidad de autor material ya que por sí mismo transportó a las veinticinco personas extranjeras esto en términos del artículo 13 fracción II del Código Penal Federal, hechos que fueron cometidos en forma dolosa de conformidad con lo señalado en el artículo 8° en relación con el primer párrafo del artículo 9 y siendo un delito de consumación permanente, en términos de lo que dispone la fracción segunda del artículo 7 del Código Penal Federal, de la misma forma le informó que las personas que lo señalan y deponen en su contra son los elementos de la policía Federal ministerial de nombre Juan Carlos Olivera Pacheco, Edwin Emilio Perez Santiago, Antonio San Juan Hernandez y Fausto Manuel Zárate y le hago la aclaración únicamente que las placas de circulación que le mencioné son del Estado de México del vehículo que se transportaban las personas" (DVD AUDIENCIA INICIAL) 2. Inconforme con la anterior determinación, la Defensora Pública Federal del imputado Luis Fernando Pablo Gloria, interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Unitario del Decimotercer Circuito, en el toca penal 123/2021, quien mediante resolución de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, confirmó el auto de vinculación a proceso emitido por la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de Juez de Control, en contra del imputado, por el delito de TRANSPORTAR POR TERRITORIO NACIONAL A PERSONAS EXTRANJERAS CON EL OBJETO DE OBTENER DIRECTA O INDIRECTAMENTE UN LUCRO Y CON EL FIN DE EVADIR LA REVISIÓN MIGRATORIA, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, agravado de conformidad con el numeral 160, fracciones I y II, de la misma legislación. El Segundo Tribunal Unitario del Decimotercer Circuito, para confirmar el auto de vinculación a proceso, tomó como base los siguientes hechos: "Del informe policial homologado de seis de octubre de dos mil veintiuno, se advierte lo siguiente: -El cinco de octubre de dos mil uno, los Policías Federales Ministeriales Juan Carlos Rivera Pacheco, Edwin Emilio Pérez Santiago, Antonio San Juan Hernández y Manuel Zárate García, acompañados de elementos del Instituto Nacional de Migración, se constituyeron en la carretera federal 190 a la altura de la población de San Pablo Huitzo exactamente en la estación de gasolina que se encuentra en el crucero a la población de San Francisco Telixtlahuaca, para dar cumplimiento a la orden de investigación OAXE165849/2021 correspondiente a la carpeta de investigación D/OAX/1640/2021, signada por el licenciado Luis Eduardo Vásquez Sánchez, Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula 1-5 Oaxaca, en el sentido de corroborar la denuncia anónima recibida en la oficialía de partes de la Delegación de la Fiscalía General de la República a las doce horas con veinte minutos del cinco de octubre de dos mil veintiuno, respecto de personas que trafican marihuana, las cuales se hacen pasar como comerciantes de café, té y pacas de ropas, en donde esconden droga, también se dedican a transportar extranjeros ilegales por la carretera federal 190 a bordo de camionetas de tres toneladas y camionetas cerradas tipo Van particulares, para evitar el puesto de revisión que se instala en la entrada de la autopista en San Pablo Huitzo, se meten por dicha población y la rodean. -Por esa razón, los agentes policiales montaron vigilancia sobre la citada carretera federal, en específico sobre el tránsito de los vehículos que circulaban hacia la ciudad de México, para lo cual ubicaron sus unidades sobre el acotamiento de la carretera con las torretas encendidas (código de luz), así como las luces de los vehículos, para alumbrar la carretera, por lo cual, aproximadamente a la una hora con veinticinco minutos del seis de octubre de dos mil veintiuno, observaron una camioneta tipo Expedition color blanca seguida de una camioneta tipo Van color blanca, sus tripulantes al notar la presencia policial se detuvieron bruscamente a ciento cincuenta metros aproximadamente antes de llegar a su ubicación, ingresaron abruptamente por un camino de terracería que retorna a la población de San Pablo Huitzo. -Al percatarse de tal proceder y que la camioneta tipo Van coincidía con la descrita en la denuncia anónima le dieron seguimiento, ingresaron por la carretera de terracería, continuaron por la calle de Hualotitlán, circularon en la calle Mariano Matamoros, finalmente le dieron alcance a la camioneta tipo Van exprés de color blanco con placas de circulación MSS6565 del Estado de México sobre la calle Mariano Abasolo de la población de San Pablo Huitzo, con las torretas encendidas y con el alto parlante ordenaron al conductor que detuviera su marcha, lo cual realizó hasta la segunda ocasión, el conductor se identificó con el nombre de Luis Fernando Pablo Gloria, a quien le comunicaron que verificaban una denuncia, se le cuestionó sobre su origen y destino, sin responder, en ese momento observaron en el interior de la camioneta a diversas personas entre adultos y adolescentes, se le preguntó sobre esas personas, a lo cual expresó que se trataba de extranjeros, para constatar lo anterior, los aprehensores solicitaron que descendiera del vehículo para realizar una inspección al interior de la unidad, lo cual aceptó voluntariamente. -A continuación, el Agente Federal de Migración Camerino Amador Barrera entrevistó a las personas que viajan en dicha unidad, quienes refirieron ser de nacionalidad extranjera y que no tenían cómo comprobar su legal estancia en el país. -Al considerar la posible comisión de un hecho delictivo previsto en la Ley de Migración, aproximadamente a la una hora con cuarenta minutos, el oficial Fausto Zárate García hizo del conocimiento del imputado que estaba detenido, dio lectura a la cartilla de derechos que asisten a las personas detenidas. -Posteriormente, trasladaron a las personas a la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado para su certificación médica y puesta a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación. -De igual forma, trasladaron al Instituto Nacional de Migración a los siguientes extranjero: adulto de nombre Marcelino de cuarenta y tres años, de nacionalidad guatemalteca; adolescente masculino con iniciales MEGO de dieciséis años, de nacionalidad guatemalteca; adulto de nombre Manuel, de cuarenta y seis años, de nacionalidad hondureña; niño con iniciales FOVC de tres años, de nacionalidad hondureña; niño con iniciales JRVC, de tres años de edad, de nacionalidad hondureña; adulta de nombre Celia, de nacionalidad hondureña; niño con iniciales HYMF, de cuatro años de edad, de nacionalidad hondureña; adolescente con iniciales MYMF, de diez años de edad, de nacionalidad hondureña; adolescente con iniciales WFLR, de dieciséis años de edad, de nacionalidad guatemalteca; adolescente con iniciales FOAV de dieciséis años, de nacionalidad salvadoreño; adolecente de iniciales EMLC, de dieciséis años de edad, de nacionalidad guatemalteca; adolescente de iniciales EMLC, de catorce años de edad, de nacionalidad guatemalteca; adolescente de iniciales WEVH, de dieciséis años de edad, de nacionalidad hondureña; adolecente iniciales WRIQ de dieciséis años de edad, de nacionalidad guatemalteca; adulta de nombre María, de cuarenta y dos años de edad, de nacionalidad salvadoreña; adolescente de iniciales MAGG, de trece años de edad, de nacionalidad salvadoreña; adulta de nombre Elsa, de treinta y nueve años de edad, de nacionalidad salvadoreña; niño de iniciales DARD, de cinco años de edad, de nacionalidad salvadoreña; adulta de nombre Maritza, de cuarenta y cuatro años de edad, de nacionalidad salvadoreña; niño de iniciales ACFS, de nueve años de edad, de nacionalidad salvadoreña; adulto de nombre Erlín, de treinta y cuatro años, de nacionalidad salvadoreña; niño de iniciales YSCM, de tres años de edad, de nacionalidad hondureña; adulto de nombre Salvador, de nacionalidad salvadoreña; adulto de nombre Amador, de nacionalidad nicaragüense; y joven de nombre Blanca, de diecinueve años de edad, de nacionalidad nicaragüense; en total veinticinco personas extranjeras entre niños, niñas, adolescentes y adultos. Por lo anterior, pusieron a disposición al imputado con la piernera, el teléfono, el vehículo Chevrolet Van Expréss color blanco, con placas de circulación MSS6575 del Estado de México. 3. En audiencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, se celebró la audiencia intermedia en la carpeta de investigación OAX/000569/2021, en la que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizó exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones del asesor de las víctimas y luego la defensa del acusado. En la exposición sucinta de la acusación el Fiscal Federal expuso: "En cuanto a la individualización del acusado, es el acusado Luis Fernando Pablo Gloria en audiencia presente y con la representación de su defensor particular también presente. Por cuanto hace a la identificación de la víctima u ofendido y su asesor jurídico, estas personas eran extranjeras y eran transportadas de manera ilícita, y esas personas son Marcelino Gutiérrez Chajal de nacionalidad guatemalteca; Mateo Gutiérrez Ortiz guatemalteca, Manuel Jesús Valdez hondureña, Franklin Oved Valdez Cruz hondureña de tres años, Jorge Rodrigo Valdez Cruz hondureño de trece años, Cenia Olivia Funes Ruiz hondureña, Heylin Yahely Matute Funes hondureña de cuatro años, Meylin Yocelin Matute Funes hondureña de diez años, Wilmer Filomeno Lorenzo Ramos guatemalteco de dieciséis años, Francisco Orlando Ávila Valladares salvadoreña de veintiséis años, Elida Maribel López Cinto guatemalteca de dieciséis años, Elías Misael López Cinco guatemalteco de catorce años, Wilson Edgardo Vega Hernández hondureño de seis años, Wilson Raúl Ical Quib guatemalteco de dieciséis años, María Isabel Guardado Galdamez salvadoreña de cuarenta y dos años, Marelyn Andrea Guardado Galdamez salvadoreña de trece años, Elsa Verónica Díaz Alvarado salvadoreña de treinta y nueve años, Diego Alexander Rivas Díaz, salvadoreña de cinco años, Maritza Estela Santos Gutiérrez de nacionalidad salvadoreña, Ariana Camila Flores Santos salvadoreña de nueve años, Herlin Everardo Cáceres Hernandez hondureña de tres años, Yeili Sarahí Cáceres Murillo hondureña de tres años, Salvador Kilner Martínez salvadoreña de cincuenta y cuatro años, y estos dos últimos de nacionalidad nicaragüense Armando Ricardo Benavides Amador de veintiséis años y Blanca Sagrario Mendoza Mairena de diecinueve años, todos representados por el asesor Jurídico que su momento fue el licenciado Germán Martínez Vargas adscrito a la Comisión Ejecutiva de atención a víctimas. Por otra parte la relación clara, circunstanciada y especifica de los hechos es que el cinco de octubre del dos mil veintiuno, aproximadamente a las veintiuna horas elementos de la Policía Federal a efectos de corroborar la información de una denuncia anónima en donde se informaba que personas de conducían camionetas tipo Van transportaban personas extranjeras de forma ilícita, implementaron una vigilancia sobre la carretera general 190 a la altura de la población de San Pablo Huitzo, Oaxaca, exactamente en la estación de gasolina que se encuentra en el crucero de la población de San Francisco Telixtlahuaca, Oaxaca, en específico sobre los vehículos que circulan en dirección a la ciudad de México, colocando dos unidades sobre el acotamiento de dicha carretera con las torretas encendidas y luces de vehículos encendidos alumbrando la carretera y siendo aproximadamente la una horas con veinticinco minutos ya del seis de octubre de dos mil veintiuno, observaron una camioneta tipo Expedition color blanca, seguida de una camioneta tipo Van color blanca, quienes al notar su presencia se detuvieron bruscamente a unos ciento cincuenta metros aproximadamente antes de llegar a su ubicación e ingresaron abruptamente por un camino de terracería que retorna a la población de San Pablo Huitzo, motivo por el cual, al asemejarse dicha conducta y los vehículos a los hechos denunciados sobre todo la camioneta tipo van, les dieron seguimiento para alcanzarlos y poder descartar alguna posible comisión de un hecho delictivo e ingresaron por la carretera de terracería llamada Camino Nacional para continuar por la calle Cuahxilotitlan y encontrar a la calle Mariano Matamoros de la población de San Pablo Huitzo dándole alcance a la camioneta tipo Van express de color blanco con placas de circulación MSS 6575 del Estado de México sobre la calle de Mariano Abasolo indicándole con las torretas encendidas y con el altoparlante que detuvieran su marcha, indicación que acató hasta la segunda ocasión, acercándose el oficial Juan Carlos Olivera Pacheco con el conductor del vehículo hoy acusado, identificándose como Policía Federal Ministerial, a quien se le informó el motivo de la detención momentánea ya que se estaba verificando una denuncia y se le cuestionó su origen y destino quien no respondió, notando que en el interior de ese vehículo se observan diversas personas entre adultos y adolescentes, por lo que se le cuestionó respecto de quienes eran dichas personas a lo que los conductor manifestó: la verdad son extranjeras motivo por el cual a efecto de verificar dicha información, se le solicitó, descendiera del vehículo para realizar una inspección al interior de la unidad, aceptando de manera voluntaria, asimismo en compañía del Agente Federal de Migración Camerino Amador Barrera, se entrevistó a las personas que viajan en dicha unidad, quienes resultaron ser veinticinco personas extranjeras (nicaragüenses, guatemaltecos y hondureños) quienes se encontraban de forma irregular en el país y de los cuales catorce eran niños y adolescentes, transporte que realizó el acusado, con el objeto de obtener un lucro y con la finalidad de evadir la revisión migratoria por las características del vehículo, por la hora en que se realizó que fue en la noche y por circular en un camino de terracería, poniendo en peligro a las veinticinco personas extranjeras, pues incrementó la posibilidad de que su contagiaran del virus COVID-19 y por superar en demasía la capacidad del vehículo para traslados de personas de forma segura. Estos hechos de acuerdo con su clasificación legal constituyen el delito de VIOLACIÓN A LA LEY DE MIGRACIÓN, ENLA HIPOTESIS DE TRANSPORTAR POR EL TERRITORIO NACIONAL A PERSONAS EXTRANJERAS CON EL OBJETO DE OBTENER DIRECTA O INDIRECTAMENTE UN LUCRO Y CON EL FIN DE EVADIR LA REVISIÓN MIGRATORIA, previsto y sancionado en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Migración, con la agravante a que refiere el numeral 160 fracción I y II, de la citada ley; en términos de lo dispuesto por los artículos 7, párrafo primero y fracción II, 8, 9, párrafo primero y 13, fracción II, del Código Penal Federal, en agravio de LA SOCIEDAD y de las personas extranjeras. En relación a las modalidades del delito se consideró que no se acreditaba alguna otra modalidad aplicable al caso en concreto y en cuanto a la forma de intervención que se le atribuye al hoy acusado es de acuerdo al artículo 13 fracción II del Código Penal Federal, es decir que lo realice por sí mismo, pues se advierte que el acusado Luis Fernando, tuvo el dominio del hecho punible siendo la forma de consumación permanente y la conducta reprochada al acusado es de forma dolosa conforme a los artículos 8 y 9, párrafo primero, del Código sustantivo de la materia, y en cuanto a los preceptos legales como ya se hizo mención es el delito de violación a la ley de migración en la modalidad ya citada, previsto y sancionado por el artículo 159, fracción III, con la agravante del artículo 160 fracciones I y II, de la citada ley. Y por lo que hace a la parte de la pena, en primer lugar se anuncia no hubo prueba anticipada y por lo que hace a la reparación del daño en el caso no aplica por tratarse de un delito de peligro y de resultado formal y no de resultado material y en cuanto a la pena como medida de seguridad está fiscalía como ya se hizo mención en la clasificación jurídica, se solicita que se imponga al acusado la pena de prisión contemplada por el delito de violación a la ley de migración en la hipótesis de transportar por el territorio nacional a uno varias personas del centro con el objeto de obtener directa un directamente lucro y con el fin de evadir la revisión migratoria, previsto y sancionado en el artículo 159 fracción III, de la ley de Migración y con la agravante a que se refiere el artículo 160 fracción I, haciendo la corrección formal en los conceptos legales aplicables que se también se aplique del artículo 160 la fracción I y II de la Ley de Migración. Así también se solicita en su momento se decrete el decomiso de los bienes asegurados con fundamento en el artículo 40 del Código Penal Federal y 150 del Código Nacional de Procedimientos penales". (DVD AUDIENCIA INTERMEDIA). 4. En dicha audiencia, a criterio de la defensa, la representación social al realizar una exposición sucinta de la acusación y en el propio escrito de acusación, contravino lo establecido en el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que vario los hechos y las personas señaladas en el auto de vinculación a proceso de fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno. Inconforme la defensa en esa misma audiencia de nueve de agosto de dos mil veintidós, interpuso la incidencia respectiva, sin embargo la Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, desestimó el incidente planteado por las razones que ahí expuso. Esta resolución es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.(...) No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: 1. Que se viola en perjuicio de la parte quejosa el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona, toda vez que la autoridad responsable no garantizó la protección más amplia para salvaguardar su esfera jurídica y realizó una inadecuada aplicación del artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. La autoridad responsable no ajustó su determinación a lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que violenta el debido proceso y se convalidad actos ilegales. 3. Que la resolución de la autoridad responsable no está debidamente fundada ni motivada, porque realizó una interpretación inadecuada del artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al considerar que las personas extranjeras al ser transportadas resultan víctimas, sin embargo, aduce que no existe registro de que hayan comparecido con esa calidad ante el Ministerio Público o la autoridad responsable y con ello deja en estado de indefensión al quejoso. 4. Que los hechos y personas manifestados por el Ministerio Público en el auto de vinculación varían sustancialmente con los señalados por la propia autoridad en su escrito de acusación y dichos hechos fueron convalidados por Juez responsable. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa y, previo a demostrar ello, de manera oficiosa, en suplencia de la deficiencia de la queja que debe realizar este juzgador de acuerdo con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que en la especie el justiciable, tienen el carácter de acusado. Es aplicable la tesis 1a. CCL/2011 (9a.) de la Primera Sala del más Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 1, página 290, que se muestra enseguida: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN CON LA INSTITUCIÓN DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. El principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen; para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la imputación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes, lo cual permitirá al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, en relación con las teorías del caso formuladas tanto por el Ministerio Público como por el imputado y su defensor; sin embargo, la oportunidad de las partes de intervenir directamente en el proceso, no puede traer como consecuencia que en el caso de una defensa inadecuada, por una deficiente argumentación en el debate de los elementos presentados en su contra, se deje al imputado en estado de indefensión, al no haberse controvertido correctamente su valor convictivo, menos aún en el caso de reservarse su derecho a realizar alguna manifestación, y que su silencio sea utilizado en su perjuicio, pues acorde con la fracción II, del apartado B, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no puede utilizarse en su perjuicio. En ese sentido, de la interpretación armónica del principio de contradicción con la institución de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, contenida en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se concluye que ambos procuran proteger ampliamente y apartándose de formalismos, los valores e intereses humanos de la más alta jerarquía, por cuyo motivo, tratándose de la materia penal, la suplencia se da aun en el caso de no haberse expresado conceptos de violación o agravios por el imputado, pues el órgano de control constitucional puede suplir no sólo su deficiente formulación, sino su total ausencia, pudiendo, por ello, el imputado y su defensor, a través del juicio de amparo, impugnar el alcance probatorio que asignó el juez de control o juez de garantía a los datos de investigación que motivaron la formalización del procedimiento y a los datos aportados en su defensa y, en consecuencia, el dictado del auto de vinculación a proceso, expresando las razones por las que a su juicio fue indebida dicha valoración; de estimar lo contrario, se vulneraría su derecho a una defensa adecuada contenido en la fracción VIII del apartado B, del citado artículo 20 constitucional." Ahora bien, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Por su parte, el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 335. Contenido de la acusación Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa: I. La individualización del o los acusados y de su Defensor; II. La identificación de la víctima u ofendido y su Asesor jurídico; III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica; IV. La relación de las modalidades del delito que concurrieren; V. La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado; VI. La expresión de los preceptos legales aplicables; VII. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiere desahogado en la etapa de investigación; VIII. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo; IX. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos; X. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y en su caso, para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma; XI. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados; XII. La propuesta de acuerdos probatorios, en su caso, y XIII. La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacer del conocimiento de las partes. Si el Ministerio Público o, en su caso, la víctima u ofendido ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios." Del artículo 19 de la Constitución se desprende que todo proceso debe seguirse forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso, y que en caso de que durante el desarrollo de su secuela apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, éste deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Por su parte, el artículo 335, fracción XIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, especifica que la acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, en cuyo caso se deberá hacer del conocimiento de las partes. De los anteriores numerales se desprende la restricción que existe respecto los hechos y personas que pueden ser objeto del escrito de acusación que en su momento se formule, los cuales deberán ser los mismos que hubieren sido materia del auto de vinculación a proceso, con la aclaración de que es válido efectuar una distinta clasificación, en cuyo caso, deberá hacerse del conocimiento de las partes. Además, plantea el supuesto de que si durante el desarrollo la secuela del procedimiento apareciera que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, éste deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. En ese contexto, como se adelantó los conceptos de violación formulados por el quejoso son infundados. El principal argumento de la parte quejosa para acudir a la instancia de control constitucional, es que la Representación Social varío los hechos en la acusación realizada en la etapa intermedia a los hechos por los que formuló imputación y por los cuales se dictó auto de vinculación a proceso al ahora acusado Luis Fernando Pablo Gloria, violando con ello lo establecido en el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. A continuación se proyecta el cuadro con el que la parte quejosa sustenta las diferencias sustanciales entre lo determinado en la vinculación a proceso y la acusación de la etapa intermedia: Personas Vinculación a proceso Acusación audiencia intermedia Víctimas El Ministerio Público no señala ni víctimas directas e indirectas Señala como víctimas a las veinticinco personas extranjeras Asesor jurídico Compareció el Lic. Germán Martínez Vargas, sin que exista registro que alguna o alginas personas lo hayan designado, transgrediendo lo establecido en el artículo110 del Código Nacional de Procedimientos Penales Compareció el Lic. Benito López Miguel, sin que exista registro que alguna o alginas personas lo hayan designado, transgrediendo lo establecido en el artículo110 del Código Nacional de Procedimientos Penales Denunciantes El Ministerio Público que las personas que depusieron en contra del acusado son los elementos de la Policía Federal Ministerial Juan Carlos Olivera Pacheco, Edwin Emilio Perez Santiago, Antonio San Juan Hernandez y Fausto Manuel Zárate El Ministerio Público no manifestó nada Participantes en los hechos al momento de la detención del acusado Los elementos de la Policía Federal Ministerial Juan Carlos Olivera Pacheco, Edwin Emilio Perez Santiago, Antonio San Juan Hernandez y Fausto Manuel Zárate Los elementos de la Policía Federal Ministerial Juan Carlos Olivera Pacheco, Edwin Emilio Perez Santiago, Antonio San Juan Hernandez y Fausto Manuel Zárate y el Agente Federal de Migración Camerino Amador Barrera Contrario a lo señalado por la parte quejosa, no hubo una variación entre los hechos por los cuales se formuló imputación y los que formaron parte de la acusación de la Fiscalía, tal como lo puso de manifiesto la Juez de Control correctamente al desestimar la incidencia de la defensa del quejoso, no se trata de un hecho completamente diverso, ya que la fecha de comisión del delito, las circunstancias, el vehículo utilizado, el lugar donde se detuvo al acusado Luis Fernando Pablo Gloria, el número de personas extranjeras, su nacionalidad, los menores, la hora en que acontecieron los hechos coinciden con los sé que tomaron en consideración para emitir el auto de vinculación a proceso. Asiste también razón a la Juez de Control, en precisar que a partir del auto de vinculación a proceso inicia la etapa de investigación complementaria, exactamente para que la Representación Social reúna más actos de investigación, para complementar y mejorar los datos de la imputación inicial. De la misma manera, la Juez de Control adecuadamente indica que la acusación no puede realizarse en los mismos términos en que se solicitó la vinculación a proceso, pues ciertamente la finalidad de la investigación complementaria es que el Ministerio Público junte más datos o elementos de prueba, para tener un panorama más amplío de los hechos por los que se dictó el auto de vinculación y nada impide en que agregue más elementos siempre y cuando no se varié el hecho materia de la investigación. La determinación de la Juez de Control es perfectamente acorde a lo establecido en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que el procedimiento penal comprende tres etapas, destacando en lo que aquí interesa, la primera de ellas que es la de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. Además, de conformidad con el artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación complementaria tiene por objeto que el Ministerio Público reúna más indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar la acusación contra el acusado, como en el caso en concreto. Con base en lo anterior, con las facultades conferidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales al Fiscal Federal durante la etapa de investigación complementaria, es totalmente valido que haya agregado diversos datos de prueba, como son la participación de los aprehensores durante los hechos, la calidad de víctimas de las personas extranjeras y demás circunstancias que no se precisaron al momento de la formulación de la imputación y con los cuales de dictó la vinculación a proceso. Con lo anterior es totalmente claro que los hechos por los cuales se formuló imputación y los que formaron parte de la acusación de la Fiscalía son esencialmente los mismos, al no haber tenido una variación en las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ocurrieron, ya que las diferencias que externa la defensa del quejoso, relativas al reconocimiento de las víctimas, la intervención de su asesor jurídico y la participación de los elementos aprehensores, en ningún momento, modifican los hechos, como lo sería el que hubiera variado el momento en que se realizaron, un lugar diverso de donde ocurrió el ilícito, cuándo se llevó a cabo, es decir una fecha distinta o bien, quienes participaron en su comisión sean otras personas. No debe pasar desapercibido, que el auto de vinculación a proceso emitido en contra del ahora acusado, fue recurrido mediante apelación, el cual fue confirmado por el Tribunal de Alzada, mismo que también precisó las circunstancias y hechos por las que fue sujeto a proceso el hoy acusado, los cuales son coincidentes con los que cita la Fiscalía en su acusación, ante lo cual son infundadas las apreciaciones de modificación a que alude la defensa. Por otra parte, es infundada la apreciación de la parte quejosa, en el sentido de que indebidamente se le reconoció el carácter de víctimas a las veinticinco personas extrajeras; sin embargo, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículos 20, apartado C, en relación con el numeral 4° de la Ley General de Víctimas, contempla diversos derechos y reconocen que tiene esa calidad toda persona que haya sufrido un daño o menoscabo o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no importando que sean extranjeros, como en el caso en concreto. Debe destacarse de igual forma, que conforme a los artículos 20, apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17, 105, fracción II y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona que sea víctima tiene el ineludible derecho a contar con una asesoría jurídica en defensa de sus derechos humanos e inclusive la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 1183/2018, analizó el derecho de las víctimas a contar con una asesoría jurídica adecuada, incluso señala que los Jueces de oficio pueden nombrar un defensor o asesor a dichas personas en pro de la defensa de todas sus garantías, lo que pone de relieve la infundada apreciación de la parte quejosa. En tales condiciones, la determinación de la Juez de Control que desestimó la incidencia planteada por la defensa se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que citó los fundamentos legales además de expresar los razonamientos necesarios, para la emisión del acto ahora reclamado, en la que estableció que no existe variación de los hechos, conforme a lo que dispone el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo al anterior criterio la jurisprudencia número 204, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas 166, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a LUIS FERNANDO PABLO GLORIA, contra actos del Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos del Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a once de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, del contenido anexo al informe justificado rendido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de Juez de Control, se advierte que en términos del artículo 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de tercero interesado al licenciado Germán Martínez Vargas, Asesor Jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Oaxaca; por tanto, mediante oficio respectivo y con una copia de la demanda origen del presente expediente, emplácesele a juicio para que comparezca a juicio si a sus intereses conviniere. Se instruye al Actuario encargado de realizar las notificaciones de este expediente, a fin de que haga entrega del comunicado dirigido al tercero interesado descrito en líneas anteriores, en sus oficinas principales y vincule la constancia respectiva al expediente electrónico. A fin de dar oportunidad a que dicha parte quede debidamente notificada, la audiencia constitucional señalada para hoy se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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