Luis Fernando Nicanor Marquez

Expediente 129/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
129/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/03/2019

Partes del expediente

  • Luis Fernando Nicanor Marquez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, adjunto al cual remite copia certificada de la resolución dictada por ese Órgano Colegiado en el toca del conflicto competencial de trabajo CCT. 15/2019, suscitado con motivo de la demanda de amparo promovida por ************, por su propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades. Hágase del conocimiento de las partes que el referido tribunal, en el toca del conflicto competencial de trabajo CCT. 15/2019, resolvió: "PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, para conocer del juicio de amparo promovido por *************, contra los actos que reclamó del Congreso de la Unión y otras autoridades. SEGUNDO. Remítase los autos al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, y hágase saber lo anterior al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primer Región, con residencia en la Ciudad de México." Háganse las anotaciones respectivas, acúsese de recibo; y en atención a lo ordenado por el órgano colegiado, se provee: En ese contexto, toda vez, que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en los puntos Segundo, fracción XX y Vigésimo, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes formado por incompetencia y a consideración del que suscribe, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el primer párrafo del punto Vigésimo del Acuerdo General invocado. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido Acuerdo General Conjunto, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Por lista Tercero interesado No aplica Ministerio Público Federal Por lista Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Referencia: conflicto competencial de trabajo CCT. 15/2019. Por oficio

  2. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. ACUERDO Agréguese a los autos el oficio remitido, vía juicio en línea, por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, mediante el cual informa el contenido del proveído de veinticinco de febrero del año en curso, a través del cual admitió a trámite el conflicto competencial planteado, quedando registrado con el número 15/2019; de lo anterior este Juzgado Auxiliar toma conocimiento. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Por lista Ministerio Público Federal Por lista

  3. Principal

    Ciudad de México, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio firmado del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por el cual informa que dicho órgano jurisdiccional insiste en declinar la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades; asimismo, informa que remitió los autos, así como las copias de demanda y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Primer Circuito, para que a su vez, lo remita al Tribunal Colegiado en turno, a efecto de que resuelva qué Juez de Distrito es competente para conocer de la demanda de amparo referida; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejoso Por lista Ministerio Público Federal Por lista

  4. Principal

    Ciudad de México, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Registro Téngase por recibido el oficio de cuenta al que se anexan los autos originales del juicio de amparo 375/2019-IX del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, formado con motivo de la demanda de garantías promovida por XXXXXXXXXX, por propio derecho, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, por considerar que el conocimiento del mismo corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en virtud de las consideraciones que vierte dicho órgano jurisdiccional. Fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 004741/2019 129/2019 24410859 XXXXXXXXXXXX Autorizados en términos amplios, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente Respecto de la solicitud de tener como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a XXXXXXXXXXXXX, dígasele que una vez que acredite tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito se acordará lo conducente; en ese sentido, se le tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones. Se autoriza en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las personas restantes que menciona, para el único efecto de oír y recibir notificaciones. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Domicilio dentro de la jurisdicción En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, reconózcase como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso inicial, el cual es el inmueble ubicado en: Domicilio XXXXXXXXXXXXX. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que la demanda de amparo es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado Cámara de Diputados del Congreso de la Unión La expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La expedición del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 Cámara de Senadores del Congreso de la Unión La expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Secretario de Hacienda y Crédito Público La expedición del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal La aplicación de la ley impugnada en el pago de nómina. Comisión Nacional Bancaria y de Valores La aplicación de la ley impugnada en el pago de nómina. Se declina la competencia planteada por el juzgado oficiante En primer término, debe señalarse que mediante Acuerdo CCNO/9/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al turno de nuevos asuntos a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y en Materia civil, todos en la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de febrero de dos mil diecinueve, se asignó a este juzgado auxiliar la competencia para conocer y resolver de los juicios de amparo cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, conforme al número y cualidad de juicios especificados en el propio acuerdo Sobre el particular, el considerando quinto y los artículos 2 y 4 de dicho Acuerdo prevén: "QUINTO. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito Auxiliares de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, tienen una doble función; como auxiliares apoyando en el dictado de sentencias a los Juzgados de Distrito de número; y como órganos jurisdiccionales ordinarios, tramitando y resolviendo asuntos de competencia específica que les ha sido asignada por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual, cuentan con una plantilla de personal amplia. En ese sentido, los referidos órganos jurisdiccionales, apoyarán a los Juzgados de Distrito en Materia Civil y en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, que cuentan con mayor número de asuntos en trámite, recibiendo un número determinado de nuevos asuntos que tramitarán y resolverán, además de dictar todas las providencias posteriores hasta su archivo definitivo; y ACUERDO Artículo 2. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, recibirá los asuntos de nuevo ingreso, y a partir del once de febrero de dos mil diecinueve, turnará por día los primeros ocho juicios de amparo al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, de manera indefinida y hasta que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos determine lo contrario, con el objeto de que los tramite y resuelva. [.] Artículo 4. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, tramitarán y resolverán los asuntos de que se trata, además dictarán todas las providencias posteriores hasta el archivo definitivo." De la transcripción anterior, se desprende la encomienda a este órgano auxiliar de apoyar a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el trámite y resolución de los juicios de amparo de su competencia, hasta su archivo definitivo. En ese sentido, para conocer los asuntos que son competencia de este juzgado auxiliar, en su función ordinaria de juzgado de distrito especializado en la materia administrativa, resulta indispensable hacer referencia al artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual dispone: ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del artículo transcrito se desprende cuáles son los asuntos que son competencia legal de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, de manera que atendiendo al principio de legalidad, el cual establece que las autoridades sólo pueden hacer lo que tienen expresamente permitido, los juicios que no se ubiquen en tales supuestos no pueden ser del conocimiento de dichos órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 145/2015 (10ª) de la Segunda Sala, para determinar la competencia de los órganos de amparo es necesario atender a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, toda vez que este criterio es el que tomó en cuenta el legislador al delimitar la competencia de los juzgadores federales en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En el caso concreto, la quejosa reclama la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la expedición del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 y, el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como su aplicación en el pago de nómina, ya que, a su juicio, transgrede sus derechos laborales y sociales, como lo son de seguridad jurídica e irreductibilidad del salario contenidos, entre otros, en el artículo 123, apartado A) y B) y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se considera comprendido dentro de las normas de naturaleza laboral, toda vez que inciden en derechos de esa naturaleza, dada la relación de trabajo que sostiene la promovente del amparo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo anterior es así, toda vez que la relación que une al quejoso con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es de naturaleza laboral y no administrativa, porque el acto que reclama se relaciona con la remuneración a que tienen derecho por la prestación de sus servicios a la citada Comisión y, por tanto, resulta inconcuso que debe resolverse de acuerdo con la naturaleza del acto que se reclama. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 83/98 (registro 195007) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Asimismo, sirve de apoyo por el sentido que informa la jurisprudencia (V Región) 5o. J/8 (10a.) (registro 2007687) cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. NO PROCEDE TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO SEA DE NATURALEZA LABORAL. De conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en materia laboral debe suplirse la queja deficiente en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo. No obstante, tratándose de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, dicha suplencia no procede cuando la naturaleza jurídica del acto reclamado no sea de carácter laboral, esto es, al no lesionar o guardar relación con alguno de los derechos relativos a la protección al salario o derivados de su afiliación al régimen de seguridad social, dentro de los que se incluyen, seguros de enfermedades, riesgos de trabajo, jubilación, retiro, entre otros, las prestaciones a que se refiere el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o aquellas previstas en las leyes administrativas que rigen su relación jurídica con el Estado." A mayor abundamiento, es preciso señalar que la parte quejosa reclama la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en la medida de que derivado de la aplicación de la misma, se cancelaron diversas prestaciones que percibía, como son: el seguro de gastos médicos subrogado, el seguro de gastos médicos mayores, el fondo de ahorro y club deportivo, lo cual repercute en sus percepciones, pues se reducen sus salarios. De esta manera, se evidencia que el reclamo del quejoso se fundamenta en la relación jurídica de trabajo que tiene con el Estado, pues sostiene que se vulneran sus derechos laborales al aplicar la ley impugnada. Es importante resaltar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el régimen jurídico administrativo que rige las relaciones vinculadas con la prestación de servicios de los servidores públicos es un régimen de excepción, pues salvo los servidores públicos expresa y limitativamente enumerados en la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que son aquellos que desempeñen funciones que por su importancia, incidan en el orden, la estabilidad y defensa de la nación, todos los demás funcionarios públicos, cuya relación de prestación de servicios deba regirse por el apartado B del artículo 123 constitucional, deben estar protegidos por el derecho laboral. En consecuencia, es evidente que la litis en este juicio de amparo tiene por objeto la preservación de un derecho laboral, como lo es el interés que tiene el trabajador para que los ingresos que recibe con motivo de los servicios que presta no sean disminuidos. Asimismo, se debe tener presente que, contrario a lo que sostiene el juzgado oficiante, no se surte la competencia a favor de un juzgado de Distrito en Administrativa, toda vez que en el caso concreto el quejoso reclama la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la expedición del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 y, el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, con motivo de la cancelación de diversas prestaciones que percibía, como lo son: el seguro de gastos médicos subrogado, el seguro de gastos médicos mayores, el fondo de ahorro y club deportivo, lo cual repercute en el ingreso económico y los derechos laborales del trabajador; razón por la que este juzgador considera que corresponde a los juzgados de distrito en materia laboral, el conocimiento del presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 31/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR TRABAJADORES EN ACTIVO QUE RECLAMAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN DE PENSIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE TRABAJO. De los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para determinar la competencia por materia, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Así, se trata de la materia de trabajo cuando el acto afecte de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En congruencia con lo anterior, se concluye que cuando trabajadores en activo reclaman la inconstitucionalidad de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en relación con la modificación al régimen de pensiones y prestaciones de seguridad social, atendiendo al bien jurídico o interés fundamental controvertido, tales actos son de naturaleza laboral, porque se refieren al establecimiento de nuevas condiciones laborales inherentes a la relación existente entre el organismo público y sus trabajadores, dirigidas a la regulación de las prestaciones derivadas del artículo 123, apartado B, fracción XI, constitucional, lo que torna competentes a los órganos especializados en materia de trabajo para conocer los asuntos en que se controvierta ese tema". Por lo expuesto, el órgano jurisdiccional del conocimiento debe ser en materia de trabajo, ya que para resolver el asunto debe recurrirse a las disposiciones tanto constitucionales como legales relacionadas con la materia laboral. En virtud de lo expuesto y atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso punto Cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que el conocimiento de este juicio corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. Por tanto, este juzgador no acepta la competencia planteada por el juzgado oficiante para conocer y resolver este juicio de amparo, toda vez que los actos reclamados no encuadran dentro del Acuerdo General CCNO/9/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al turno de nuevos asuntos a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y en Materia Civil, todos en la Ciudad de México, en relación con el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No pasa desapercibido para este juzgador que mediante Acuerdo General 20/2009 del Consejo de la Judicatura Federal se creó el Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el cual se dispuso que los órganos pertenecientes a dicho centro -como lo es este órgano auxiliar- tendrían jurisdicción en toda la república y competencia mixta. Sin embargo, esto no significa que este juzgado auxiliar no pueda rechazar la competencia planteada, toda vez que en el propio Acuerdo se dispuso que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal determinaría mediante acuerdo qué órganos jurisdiccionales serían apoyados por estos órganos auxiliares. En cumplimiento a ello, por Acuerdo CCNO/9/2019 la citada Comisión asignó a este juzgado federal la competencia para conocer y resolver los asuntos cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; con lo que se estableció una regla especial al Acuerdo General 20/2009 y se delimitó la competencia al auxilio del trámite y resolución de los amparos en materia administrativa. Por ello, este juzgador estima que se encuentra en aptitud legal de analizar la competencia del juzgado auxiliado y, en su caso, no acepta la competencia planteada, toda vez que la encomienda establecida en el multicitado Acuerdo CCNO/9/2019 fue dotar a este juzgado de distrito de competencia ordinaria para conocer y resolver los juicios de amparo que deben ser del conocimiento de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Al respecto, no pasa desapercibido para este juzgador la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 115/2010 de la Primera Sala, así como de la diversa 2a./J. 107/2017 (10ª) de la Segunda Sala, las cuales, respectivamente, establecen: "ÓRGANOS AUXILIARES. DEBEN ANALIZAR LA COMPETENCIA AL DICTAR SENTENCIA. El órgano auxiliar facultado mediante acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para fallar asuntos en apoyo a otros juzgados de amparo debe analizar la competencia, ya que puede hacer todo lo que el tribunal de origen haría si estuviera resolviendo, en virtud de que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias, y la facultad para ello no puede disociarse de la de emitir el fallo." Jurisprudencia 1a./J. 115/2010, registro 163072) "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AUXILIARES. NO PUEDEN DECLARARSE INCOMPETENTES POR RAZÓN DE LA MATERIA [ABANDONO DE LA TESIS 2a. XI/2012 (10a.) (*)]. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares cuentan con competencia mixta para resolver los asuntos que les sean remitidos en cualquier materia y así lograr el objetivo de su creación, consistente en beneficiar al justiciable mediante la impartición de justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, a la vez, abatir el rezago en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, cuando a un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar se le remite un caso para resolverlo, es evidente que es competente para hacerlo, con independencia de si estima que el órgano jurisdiccional del que proviene es competente por materia o no, pues a diferencia de éste, el auxiliar no tiene limitada su competencia por materia, por lo que no puede declararse incompetente por esa razón." Jurisprudencia 2a./J. 107/2017 (10ª) (registro 2014865) Del análisis comparativo, se desprende una discrepancia entre las tesis sostenidas por la Primera y Segunda Salas del Alto Tribunal, toda vez que mientras aquélla impone obligación a los juzgadores auxiliares de analizar la competencia del juez auxiliado, dado que constituye un presupuesto procesal que no puede disociarse de las actuaciones que lleva a cabo en auxilio; la Segunda Sala, por su parte, sostiene que los órganos jurisdiccionales auxiliares no pueden declararse incompetentes por materia, en virtud de que no tienen limitada su competencia. De este modo, si bien conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria, entre otros órganos, para los jueces de amparo, lo cierto es que existe discrepancia entre criterios de la misma jerarquía e igualmente obligatorios para este juez de distrito. Lo anterior, aunado a que la disidencia de tales criterios ya fue denunciada en la contradicción de tesis 230/2017 y se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal Pleno, por lo que no existe un criterio obligatorio que sea uniforme al respecto. Así las cosas, ante la discrepancia de jurisprudencias igualmente obligatorias, este juez de distrito se inclina por observar el criterio de la Primera Sala establecido en la jurisprudencia 1a./J. 115/2010, consistente en que los órganos auxiliares deben analizar la competencia del juez auxiliado y, de ser el caso, declararse legalmente incompetentes. Devolución de autos Por las razones expuestas, este juez de distrito no acepta la competencia planteada para conocer y resolver este juicio de amparo. Por tanto se ordena remitir el expediente relativo al juicio de amparo 375/2019-IX así como las copias de traslado respectivas, al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, solicitándole que tenga a bien remitir el acuse de recibo de estilo. De igual manera, a fin de acordar lo subsecuente, con copia de la demanda y copia autorizada de este proveído, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Suspensión Toda vez que en este asunto no se reclama ningún acto de los establecidos en el artículo 15, en relación con el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, no ha lugar a pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con el artículo 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Ministerio Público Federal Por lista Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México Por oficio

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