Luis Fernando Migueles Ayala
Expediente 1203/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1203/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 10/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Fernando Migueles Ayala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que, por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, y depúrese el incidente de suspensión debido a que se concedió la medida cautelar. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1203/2021; promovido por Luis Fernando Migueles Ayala, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Luis Fernando Migueles Ayala, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Separación de juicios. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia, quien mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, ordenó la separación de juicios, al advertir que los actos reclamados por el quejoso derivan de cuatro causas penales distintas, por lo que a través del oficio 2763/2021, remitió un legajo en copia certificada y un disco compacto relativo a la causa penal 2070/2020, mismo que fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional, el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Tercero. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió a este Juzgado de Distrito el conocimiento del asunto, por lo que se registró bajo el número 1203/2021 y se admitió mediante proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete, y se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. En el mismo auto, se reconoció el carácter de tercera interesada a Ana Teresa Mancilla López, en cuanto víctima indirecta en la causa penal de origen; así como a Guillermo Antonio Macías García, Agente del Ministerio Público que intervino en la solicitud de orden de aprehensión de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso c), y 26, fracción I, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede y ahora se resuelve al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que la orden de aprehensión reclamada fue dictada por una autoridad que reside en Morelia, Michoacán, donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado consiste en lo siguiente: La orden de aprehensión dictada contra Luis Fernando Migueles Ayala el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal 2070/2021, por el delito de homicidio calificado, previsto en los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado, en relación con los numerales 19, fracción I, 20, fracción I, y 24, fracción III, del Código Penal del Estado, en agravio de la víctima de iniciales M.A.L.C., así como su ejecución. Acto que atribuyó a las siguientes autoridades: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia; Director de Mandamientos Judiciales de la Coordinación General de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; Titular de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Homicidio Doloso, Homicidio Contra la Mujer y Feminicidio, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; y, Director de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Homicidio Doloso, Homicidio Contra la Mujer y Feminicidio, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y ontenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades Director de la Policía de Investigación y Titular, ambos de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Homicidio Doloso, Homicidio Contra la Mujer y Feminicidio, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado, consistente en la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, con lo cual se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido. No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en cita, aun cuando se le dio vista con los informes justificados, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En ese sentido, dado que se advierte que el Titular y el Director de la Policía de Investigación en cita no tienen el carácter de ejecutoras respecto de la orden de aprehensión aquí combatida, se tiene por inexistente el acto reclamado a dichas autoridades. De modo que, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades señalada en esta consideración, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a las autoridades de que se trata. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarta. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, así como a la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó el Juez responsable a su informe justificado, consistentes en un disco que contiene la videograbación de la audiencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, mediante la cual se dictó la orden de aprehensión reclamada por el quejoso, así como el archivo que contiene la carpeta digital relativa a la causa penal 2070/2020, en formato PDF. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditada la existencia de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Quinta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. Al efecto, la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, en su pedimento 099/202 manifiesta que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo [falta de interés], porque la parte quejosa no acredita encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y por tanto, no demuestra la afectación en sus intereses jurídicos o legítimos. Al respecto, no procede atender el alegato de la fiscal de la federación, relativo a que el peticionario de amparo no acredita el interés jurídico para reclamar la norma, atendiendo a que en el caso, el reclamo constitucional lo constituye la orden de aprehensión dictada contra el quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, lo cual evidentemente afecta su esfera de derechos y le da interés para comparecer a solicitar la tutela constitucional. Las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia y dado que este juzgado tampoco de manera oficiosa advierte la existencia de alguna, procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En principio, cabe señalar que tomando en consideración que el acto reclamado deriva de un proceso penal que se instruye contra del aquí quejoso por el delito de homicidio calificado, con fundamento en el artículo 20 apartado C fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ofendidos de dicho ilícito tienen derecho al resguardo de su identidad y otros datos personales, por lo que a juicio de este juzgador es necesaria la protección de sus datos como víctimas directas del delito, por lo que se les tendrá en el presente juicio de amparo únicamente con sus iniciales. Al respecto, son infundados los conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien esto resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso lo perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida cuenta que la orden de aprehensión reclamada no transgrede los derechos fundamentales del quejoso previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis 2ª./J.67/2017 (10ª), emitida por sustitución, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, Décima Época, del Semanario Judicial de la federación, Registro 2014703, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." En el apartado relativo a los conceptos de violación el peticionario de amparo manifiesta que las autoridades responsables vulneran en su perjuicio el contenido de los artículos 1º, 14 y 16, de la Constitución Federal, en virtud de que se le pretende privar de la libertad sin haber sido oído en juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y sin haber cometido delito alguno que merezca pena privativa de la libertad, por lo que la orden de aprehensión o detención dictada en su contra es carente de fundamentación y motivación. Como se adelantó, dichos motivos de disenso devienen infundados. Para dar sustento a la premisa anterior, se estima necesario traer a glosa el contenido del artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su orden disponen. "De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." De los artículos transcritos se advierte que una orden de aprehensión es constitucional cuando reúne los siguientes requisitos: a) Que sea dictada por autoridad judicial competente; b) Que le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión; d) La necesidad de cautela; y, e) Asimismo, que deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. El requisito identificado con el inciso a), relativo a que la orden sea dictada por autoridad competente se cumple en el caso, ya que la orden de aprehensión que se reclama la emitió una autoridad judicial competente, esto es, el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán. Se estima lo anterior, porque la autoridad responsable fundó su competencia [Min 1:40:45] para emitir la orden de aprehensión reclamada, en el artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 39, párrafo tercero, 44, 46 fracción II y 47 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán; de los que se desprende, en esencia, que los Órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo; que el Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que ese Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio y que son atribuciones del Juez de Control: resolver sobre la aplicación, suspensión, modificación, sustitución o cancelación de las medidas cautelares de carácter real o personal que les sean solicitados por quien esté legitimado para ello; presidir las audiencias que legalmente le corresponda y asumir las decisiones atinentes al caso, entre otros. Ello además, tomando en consideración que los hechos delictivos acontecieron en esta ciudad de Morelia, Michoacán, donde legalmente ejerce jurisdicción la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; entonces, es claro que la Juez de Control de la Región Morelia, es competente para emitir el acto reclamado. El requisito identificado con el inciso b), relativo a que al acto reclamado le preceda denuncia, querella o su equivalente, de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, se cumplió en el caso, dado que como señaló el juez responsable [Min 01.42.55] existió la constancia de noticia criminal levantada por el agente del Ministerio Público el uno de agosto de dos mil veinte a las quince horas con cuarenta minutos, la cual se constituye como el medio idóneo para que la autoridad encargada de la investigación de los delitos pueda dar inicio a la indagatoria, esto en razón de la naturaleza del hecho y a la calificación jurídica otorgada al mismo por la Fiscalía, por lo que incluso, era innecesario que los familiares de la víctima directa hicieran patente su deseo de denunciar el hecho en contra de quien resultara responsable, al ser un delito que se persigue de oficio y por ello la constancia de noticia criminal es en sí misma suficiente para tener por acreditado el supuesto de que se trata. De igual modo, para justificar que se actualiza el cumplimiento de los anteriores requisitos, y al margen de que los hechos materia de la causa se persiguen de forma oficiosa, es importante mencionar que los numerales que prevén y sancionan el hecho delictivo de homicidio calificado, el cual es sancionado con pena privativa de libertad y perseguible de manera oficiosa, disponen lo siguiente: Del Código Penal para el Estado de Michoacán: "Artículo 117. Homicidio simple A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de quince a treinta años de prisión." "Artículo 122. Homicidio calificado A quien cometa el delito de homicidio calificado se le impondrá una pena de veinte a cincuenta años de prisión." "Artículo 135. Circunstancias calificativas El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria. I. Existe ventaja: [.] b) Cuando el sujeto activo es superior por las armas empleadas, por su mayor destreza en el manejo de éstas o por el número de personas que intervengan con él; [.]" Luego, los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, son los siguientes: Constancia de noticia criminal de uno de agosto de dos mil veinte, [Min 00:03:52 del registro de audio y video] suscrita por la agente del Ministerio Público Mónica Núñez Chávez en la que hizo constar que a las 15:40 fue informada que elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen de la Fiscalía, se trasladaban a la calle Constituyentes de 1857 frente al número 99 de la colonia Emiliano Zapata de Morelia, Michoacán, donde se encontraba una persona del sexo femenino fallecida, misma que presentaba impactos de proyectil producidos por arma de fuego; motivo por el cual se dio inicio a la carpeta de investigación y se generaron actos de investigación. Informe policial de uno de agosto de dos mil veinte, [Min 00:04:50] signado por el agente de investigación Valentín Ayala Santos, quien señaló que a las quince horas con treinta y un minutos recibió reporte de la base de radio C5i, donde le informaron que cuatro sujetos a bordo de un vehículo rojo de la marca Mazda se encontraban realizando detonaciones de arma de fuego sobre la calle Constituyentes de 1857 los cuales se dieron a la fuga sobre la Avenida Pedregal y Madero, mismos que dieron muerte a una persona en el mercado de la colonia Eduardo Ruiz. Asimismo, que aproximadamente a las dieciocho horas con seis minutos le reportaron que en la calle Himno Nacional, por fuera del domicilio marcado con el número 109, de la colonia Primo Tapia, de Morelia, Michoacán, encontraron un vehículo de la marca Honda CRV, color rojo con placas JPS-29-76 del Estado de Jalisco, el cual al parecer presentaba disparos de arma de fuego y podía tener relación con los hechos investigados. Dictamen sobre inspección pericial y levantamiento de cadáver de uno de agosto de dos mil veinte, [Min 00:10:25] suscrito por la perito en criminalística Damaris Paz Rodríguez. Dictamen sobre necropsia de cadáver de fecha uno de agosto de dos mil veinte, [Min 00:13:50] signado por el perito médico Ramón Sixtos Guillén, donde se especificaron la lesión externa que presentó el cuerpo de la víctima M.A.L.C. y concluyó que la causa de muerte se debió a hemorragia por laceración de paquete vascular de cuello del lado derecho, carótida y yugular, secundario a penetración de proyectil de arma de fuego. Dictamen en materia de mecánica de lesiones de veinticinco de septiembre de dos mil veinte [Min 00:15:51] suscrito por la doctora Claudia Eugenia Olivera Jiménez, mediante el cual concluyó que el cadáver de la víctima M.A.L.C. no presentó lesiones producidas por lucha ni forcejeo. Dictamen en materia química forense de fecha de uno de agosto de dos mil veinte [Min 00:16:18], suscrito por el perito Jesús Wilbert Cabrera Huape, en el que concluyó que no se encontraron evidencias de plomo y bario en las zonas más frecuentes de maculación de las manos de la víctima. Acta de reconocimiento e identificación de cadáver de la víctima M.A.L.C., [Min 00:24:10], ante la agente del Ministerio Público, en la que Ana Teresa Mancilla López, reconoció a la víctima como su madre, manifestando que era su deseo que dicha diligencia le fuera tomada como denuncia por el homicidio de su progenitora. Acta de entrevista de Ana Teresa Mancilla López, [Min 00:16:35] de fecha uno de agosto de dos mil veinte, quien refirió que en la fecha indicada se encontraba en su domicilio cuando escuchó disparos de arma de fuego y se dirigió al puesto de su madre donde la vio tirada en el piso sangrando; donde se encontraban los nietos de la víctima de nombres Carlos Alberto Rodríguez Mancilla y Diego Armando García, quienes le dijeron que llegó una camioneta cerrada color guinda o rojo de la que se bajaron varios sujetos y uno de ellos le disparó a su abuela. Entrevista de Diego Amando García Chávez, de fecha uno de agosto de dos mil veinte, [Min 00:28:00] en la que refirió que la víctima era su abuela, y en la fecha indicada como a las quince horas con treinta minutos se encontraba platicando con su abuela, como a cinco metros de distancia cuando vio frente a su abuela como a un metro y medio, frente al puesto a un sujeto con camisa negra y pantalón de mezclilla azul, proporcionó su media filiación y señaló que traía un arma de fuego color negra que sostenía con sus dos manos y sin decir nada, le disparó a su abuela en el cuello y el hombro derecho. Entrevista del adolescente Carlos Alberto Rodríguez Mancilla, de fecha dos de agosto de dos mil veinte, [Min 00:31:40] quien en similares condiciones narró los hechos antes precisados, proporcionó las características de los agresores y realizó un retrato hablado de la persona que le disparó a su abuela. Entrevista de Honorio Sandoval García de fecha seis de agosto de dos mil veinte, [Min 00:33:35] quien señaló que el uno de agosto del mismo año, como a las quince horas con treinta minutos se encontraba parado en un poste en la esquina del puesto de la víctima que era su pareja, cuando vio la camioneta guinda de la que del lado del copiloto, descendió un sujeto del que proporciona su media filiación el cual traía camisa negra y pantalón de mezclilla quien le disparó a la víctima que era su pareja; que junto con Carlos Alberto Rodríguez Mancilla corrieron detrás del vehículo y le aventaron piedras logrando romper el medallón trasero por lo que pudo ver a los sujetos que iban a bordo. Dictamen en materia de balística e identificación [Min 00:42:40], de fecha doce de octubre de dos mil veinte, suscrito por el perito Alonso Vera Regalado, en el cual identifica dos grupos de elementos balísticos, los localizados en el lugar del levantamiento de la víctima sobre la banqueta y la calle, y los localizados al interior del vehículo sub cuatro puertas, marca Honda de la línea CRV, color guinda. Estudio del que se obtuvo que cuatro casquillos localizados en el lugar del levantamiento de cadáver y los localizados al interior del vehículo pertenecen al calibre .38 súper auto, los cuales fueron percutidos por una misma arma de fuego. Dictamen periciales sobre extracción, análisis y contenido de videos de vigilancia correspondientes al uno de agosto de dos mil veinte [Min 00:42:40], realizado por el perito Alejandro Meza Marroquín, los cuales proporcionados por las negociaciones Panadería Rico Mac Pan, Ferretería Trupper, Servicio Automotriz Tauro, Ferremateriales Los Picones, además de diecinueve videos proporcionados por el Director de C5i. Diligencias de identificación por fotografía de fecha dos de diciembre de dos mil veinte [Min 01:09:20], en la que Cinthia Jazmín Rodríguez González y Sonia Yuritzi Ramírez González, al comparecer a declarar sobre diversos hechos ante el agente del Ministerio Público identificaron entre otros, a Luis Fernando Migueles Ayala en diversas imágenes del set fotográfico que les fue mostrado del dictamen de extracción de videos de fecha ocho de agosto de dos mil veinte. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Los anteriores datos de prueba -destacó el juez responsable- [Min 01:46:08], son todos pertinentes, porque tienen relación directa en la mayoría de los casos e indirecta en otros, pero vinculada con la materia de la investigación; asimismo, los consideró idóneos, al no advertir que alguno de los actos de investigación adolezca de vicios de ilicitud o vulnere derechos humanos, y además consideró que resultan formalmente válidos pues se llevaron a cabo ajustándose a las formalidades que al efecto establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente el artículo 217 del citado ordenamiento. En concordancia con lo anterior, el juez responsable en forma correcta sostuvo que, para establecer la dinámica en la que sucede el hecho se cuenta con las entrevistas rendidas por Diego Armando García Chávez, al adolescente Carlos Armando Rodríguez Mancilla y a Honorio Sandoval García, quienes esencialmente coinciden y son concordantes en torno a la dinámica del hecho, cómo se llevó a cabo la agresión y por quién, así como el resultado de esa agresión y cuántos sujetos intervienen en ella, por lo que existe congruencia y coincidencia respecto de lo descrito por cada uno de los entrevistados. Datos de prueba que concatenó con los dictámenes relacionados con el levantamiento de cadáver, no solamente porque en el lugar fue localizado el cadáver de la víctima en consonancia con lo que señalaron los entrevistados en torno al lugar de los hechos, sino también porque en él se localizaron una serie de elementos balísticos vinculados con el actuar de quienes intervinieron en los hechos; así como la necropsia médico legal que viene a confirmar que la muerte de la víctima se debió a las heridas producidas por la penetración de proyectil de arma de fuego, y la localización del vehículo que intervino en los hechos y que fue empleado por los agresores, no sólo por las características que pudieron percibirse respecto del mismo sino también porque en su interior fueron localizados indicios de carácter balístico que después de ser analizados pudo determinarse la intervención de armas de fuego relacionadas con el hecho, además del medallón quebrado. Lo anterior, lo corroboró el juez responsable con los diversos registros de video recabados por el agente del Ministerio Público, mismos que dan cuenta de las características del vehículo que se empleó en el hecho y el seguimiento que se da a la unidad, así como de las personas que descienden de la misma, sus características y su actuar, así como hacia dónde se dirigen, por lo que a partir de ello y la relación del propio vehículo y modus operandi de las personas, se recabaron datos que permitieron identificar por su nombre a los sujetos que intervinieron en el hecho imputado. Atento lo anterior, el juez responsable estimó que con base en los datos de prueba aportados por la Representación Social, analizados en su conjunto, permiten establecer en un grado de probabilidad que el uno de agosto de dos mil veinte, Luis Fernando Migueles Ayala y otro, acompañados de dos personas más del sexo masculino, se encontraban a bordo de un vehículo automotor color guinda, marca Honda, y circulaban sobre la calle Constituyentes de 1857 colonia Emiliano Zapata de Morelia, Michoacán; que de ese vehículo descendió del lado del copiloto una persona que vestía playera negra con pantalón oscuro y se dirigió al frente del inmueble marcado con el número 99 de esa calle, en donde se encontraba la víctima M.A.L.C., accionando hacia ella disparos con el arma de fuego que portaba impactando uno de los proyectiles en el cuello que provocó laceración de paquete vascular derecho, lo que a su vez derivó en una hemorragia profusa interna que ocasionó la muerte de la víctima. Que después de agredir a la víctima la persona que le disparó abordó la unidad, pero al verse obstruidos para huir, Luis Fernando Migueles Ayala y otro individuo descendieron del vehículo y realizaron disparos para poder retirarse del lugar a bordo de la camioneta. Por tanto, -dijo el juez responsable- la hipótesis fáctica del Ministerio Público encuentra corroboración razonable con los datos de prueba expuestos, y ese hecho se encuentra señalado en la ley como delito de homicidio calificado, porque quedó evidenciado que M.A.L.C. fue privada de la vida, lo que así describen y presenciaron los nietos y la pareja de la víctima; persona que fue lesionada haciéndose uso de un arma de fuego, uno de cuyos proyectiles deflagrados la lesionó en el cuello y generó lesiones externas e internas mortales por su propia naturaleza. En relación con la calificativa -estableció el juez de control-, existe coincidencia entre quienes presenciaron el hecho, de que la muerte de la víctima fue producida por una conducta humana ajena y que en el contexto del hecho en concreto, quien llevó a cabo la agresión se encontraba en una condición de superioridad no solamente por el instrumento empleado sino también de carácter numérico, y no se ha evidenciado que la víctima estuviera en condiciones de repeler la agresión en igualdad, porque no contaba con un arma de fuego y aun cuando contara con ella no puede soslayarse que en el hecho intervinieron además de quien la agredió directamente, al menos dos personas armadas más, lo que implica superioridad de carácter numérico y también por los instrumentos empleados. De esa manera -destacó el juez responsable-, el delito de homicidio es por su naturaleza instantáneo, y el contexto del hecho, implica que estamos en presencia de un delito de carácter doloso, pues quien disparó a la víctima actuó de manera consciente y voluntaria con la intención de provocar el resultado. Probable participación. En relación con lo anterior, el juez responsable sostuvo que existe coincidencia esencial en lo señalado por los entrevistados Diego Armando García Chávez, el adolescente Carlos Armando Rodríguez Mancilla y Honorio Sandoval García, en relación a que al lugar de los hechos llegó una camioneta guinda, se detiene frente al puesto propiedad de la víctima, desciende una persona de playera negra y pantalón oscuro, se dirige específicamente a la víctima y le dispara; que venía otra persona conduciendo la unidad y dos personas más que vestían camisa blanca, uno con gorra blanca y otro con gorra negra. Que con motivo de distintos hechos, se pudo obtener la identificación por nombre de algunas de las personas que intervinieron en el hecho; que estos datos los aporta Cinthia Jazmín Ramírez González y Sonia Yuritzi Ramírez González, y lo relevante son los datos aportados acerca del conocimiento de los nombres y apellidos de algunos de los intervinientes en el hecho, a partir no solo de lo que relatan, sino de manera específica de la identificación que realizan del set de veintiséis fotografías que se obtuvieron de los registros de videos recabados durante la investigación, de las que se perciben las cuatro personas que momentos previos tripulaban el vehículo empleado para cometer el hecho y a partir de la observación pueden señalar que uno de ellos es Luis Fernando Migueles Ayala, y ello debe vincularse con lo que refirió el adolescente Carlos Armando Rodríguez Mancilla, a quien también le fue mostrado el set fotográfico y quien señaló que los sujetos que bajaron del vehículo se aprecian en esas fotografías e identificó al de playera negra como el que le disparó a su abuela. Necesidad de cautela. En cuanto a la necesidad de cautela para emitir la orden de aprehensión reclamada, el juez de control estableció en primer lugar, que las personas de que se trata ya no son localizables, de acuerdo a la investigación que se llevó a cabo para localizarlos, y en segundo lugar, el máximo de la sanción de cincuenta años, lo cual puede constituir un incentivo para en el caso de enterar a los imputados que se sigue una investigación en su contra y citarlos para escuchar la imputación se sustraigan de la acción de la justicia, y lo mismo ocurre en cuanto a la medida cautelar que pudiera llegar a imponérsele. En consecuencia, el juez dictó orden de aprehensión en contra Luis Fernando Migueles Ayala, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), del Código Penal para el Estado de Michoacán, en agravio de M.A.L.C. Por lo antes expuesto, se estima que contrario a lo que expone el quejoso en su demanda, existen datos de prueba idóneos pertinentes y suficientes para emitir una orden de aprehensión en su contra, porque con los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público se acreditan los elementos constitutivos del hecho delictuoso de homicidio calificado, así como su probable intervención en su comisión. En ese orden de ideas, también es infundado el argumento del quejoso en el sentido de que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, pues la autoridad responsable estableció que la conducta delictuosa que se le imputa, encuadra con lo establecido en los artículos ya señalados de Código Penal para el Estado de Michoacán. Es así porque el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la emisión de un acto de molestia que afecte la esfera jurídica de los gobernados; tiene como propósito fundamental dar a conocer las razones de la decisión de la autoridad, para que así la persona agraviada tenga oportunidad de controvertir dichos razonamientos jurídicos. Esta obligación se satisface (desde el punto de vista formal), cuando se citan los ordenamientos legales aplicables y los hechos que hacen que el caso actualice o sea subsumible en la hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse, formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado; esto es, que se den a conocer, en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron la voluntad del juzgador, de suerte que fuese clara y evidente para que el afectado pudiese cuestionar el mérito de la decisión y le permitiese una real y auténtica defensa, que es el propósito y la ratio del derecho humano de legalidad. Cabe señalar que tal derecho de legalidad se encuentra previsto en el artículo 16 constitucional, relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el justiciable conozca el porqué de la conducta de la autoridad, circunstancia que se traduce en darle a conocer, en detalle, la esencia y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurídico de decisión, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado, poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, si bien no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, tampoco es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues basta la expresión de lo estrictamente necesario (explicar, justificar, posibilitar defensa y comunicar decisión), para que se considere debidamente fundada y motivada la actuación de la autoridad, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4.A. J/43 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1531, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En ese mismo sentido, resulta infundado el concepto de violación que se analiza, pues en el acto reclamado se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión de esa orden de aprehensión, se justipreciaron los datos de prueba que fueron referidos respecto a su idoneidad, pertinencia y suficiencia; sin que se advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado, además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Cobra especial relevancia el hecho de que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para librar una orden de aprehensión, no se requieren pruebas formalizadas, sino datos de prueba recabados en la carpeta de investigación y que sólo son reseñadas por el agente ministerial y el único requisito es que tales datos de prueba resulten idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer que se ha cometido un hecho delictuoso y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión. De tal forma que la valoración que realiza el juez de control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos, por ello, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público, cumplen esas características y que en conjunto resultan suficientes para presumir que el inculpado participó en su comisión, para justificar la emisión de una orden de aprehensión. Por último, también es infundado el concepto de violación en el que el peticionario de tutela constitucional refiere que el acto reclamado es ilegal, porque se le pretende privar de su libertad personal sin haber sido oído en juicio y sin que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior, dado que si bien, por principio todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado; requisitos que en el caso se encuentran satisfechos, según lo expuesto en párrafos que anteceden. Es aplicable, por analogía jurídica la tesis asilada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XCVI, página 1375 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, registro 302153, que dice: "ORDEN DE APREHENSION, NO SE NECESITA DE LA GARANTIA DE PREVIA AUDIENCIA PARA DICTARLA. El artículo 16 de la Constitución Federal, no exige la audiencia previa del acusado ni la comprobación del cuerpo del delito, para que pueda dictarse orden de aprehensión, sino sólo la acusación o querella, apoyada por declaración de persona digna de fe o por otros actos que hagan probable la responsabilidad del acusado en el delito que se le impute; y si en el caso existió la querella y acusación del Ministerio Público, apoyadas con documentos, es claro que el Juez de primera instancia tuvo facultades y base suficiente para dictar esa orden; no siendo cierto que no se hubiera practicado una averiguación previa por el Ministerio Público, ya que ante él ocurrió el querellante y dicha institución consignó el caso al Juez, con solicitud de la orden de aprehensión, que fue dictada legalmente." En consecuencia al no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso Luis Fernando Migueles Ayala, y sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Séptima. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Fernando Migueles Ayala, respecto del acto y autoridades que quedaron precisados en la consideración tercera de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Fernando Migueles Ayala, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en la consideración cuarta, y por las razones expresadas en la diversa sexta de la presente resolución. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y por mediante a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy seis de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercero interesado por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de seis de abril de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) y c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de 06 de abril de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I inciso C), de la Ley de Amparo.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Luis Felipe Hernández Manzo859/2018
- Luis Felipe Magaña Medina287/2023
- Luis Ferando Romero Romero544/2018
- Luis Fernando Alcaraz Rangel1276/2023
- Luis Fernando Barajas Chávez819/2020
- Luis Fernando Gómez Zamora744/2018
- Luis Fernando Morales Pescador636/2023
- Luis Fernando Nava Reyes885/2022
- Luis Fernando Ortiz Garcia1100/2023
- Luis Fernando Pelagio Ramirez1430/2022
- Luis Fernando Rangel Avalos54/2022
- Luis Fernando Rojas Sánchez115/2022