Luis Fernando Mendoza Valdez

Expediente 1307/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1307/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2022

Partes del expediente

  • Luis Fernando Mendoza Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del diez de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida; por lo que con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Finalmente, en cumplimento a lo establecido en el Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger el documento original que anexó a su escrito inicial, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se procederá a su glose y tendrá el mismo destino del presente asunto, es decir su destrucción junto con el expediente. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por *********, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Ecatepec, con residencia en Coacalco, Estado de México, realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1307/2022-VII. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado la resolución interlocutoria del doce de octubre del año en curso, dictada en el expediente 333/2022, del índice de la autoridad responsable, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en la que determinó desahogar la prueba pericial ofertada por la parte actora, a efecto de acreditar la identidad del inmueble que refiere poseer. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción V, 170, fracción I, y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. De los preceptos se desprende que el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra los actos que tienen el carácter de intraprocesales y no traen como consecuencia una ejecución irreparable, es decir, aquellos que sus consecuencias no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etcétera) y que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos humanos, por lo que en estos casos no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial, dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. Lo anterior se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales, evitando que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, en virtud de que con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. En ese sentido, el acto que por esta vía se reclama no tiene efectos de imposible reparación, sino que se trata de una determinación que afecta derechos procesales de las partes en el juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del proceso de origen; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En efecto, es una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable en el momento de resolverse el proceso de donde emana el acto reclamado o, en su defecto, podrá combatirse a través del juicio de amparo directo, en su caso, (en el supuesto de obtener una sentencia adversa), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, se desecha la demanda en términos del artículo 113 de la ley de la materia. No ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en la demanda, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado; por lo que por única ocasión se comisiona a un actuario adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que se indica, y notifique este proveído a la parte quejosa. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito a este órgano constitucional practique dicha diligencia. Es preciso destacar que para la práctica de la notificación personal, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Asimismo, se destaca al fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional que para realizar las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan, deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la ley de la materia. Por otro lado, se tienen por autorizadas a las personas que señala, para los efectos que se precisa, en el entendido de que en el supuesto de que sea en amplios términos deberán contar con el registro respectivo. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Conforme a los artículos 2 del Acuerdo General 21/2020 y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    VII. aviso. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista al quejoso, el proveído de diez de noviembre dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por *********, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia de Ecatepec, con residencia en Coacalco, Estado de México, realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1307/2022-VII. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado la resolución interlocutoria del doce de octubre del año en curso, dictada en el expediente 333/2022, del índice de la autoridad responsable, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto del veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en la que determinó desahogar la prueba pericial ofertada por la parte actora, a efecto de acreditar la identidad del inmueble que refiere poseer. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción V, 170, fracción I, y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. De los preceptos se desprende que el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra los actos que tienen el carácter de intraprocesales y no traen como consecuencia una ejecución irreparable, es decir, aquellos que sus consecuencias no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etcétera) y que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos humanos, por lo que en estos casos no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial, dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. Lo anterior se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales, evitando que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, en virtud de que con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. En ese sentido, el acto que por esta vía se reclama no tiene efectos de imposible reparación, sino que se trata de una determinación que afecta derechos procesales de las partes en el juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del proceso de origen; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En efecto, es una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable en el momento de resolverse el proceso de donde emana el acto reclamado o, en su defecto, podrá combatirse a través del juicio de amparo directo, en su caso, (en el supuesto de obtener una sentencia adversa), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, se desecha la demanda en términos del artículo 113 de la ley de la materia. No ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en la demanda, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado; por lo que por única ocasión se comisiona a un actuario adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que se indica, y notifique este proveído a la parte quejosa. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito a este órgano constitucional practique dicha diligencia. Es preciso destacar que para la práctica de la notificación personal, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Asimismo, se destaca al fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional que para realizar las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan, deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la ley de la materia. Por otro lado, se tienen por autorizadas a las personas que señala, para los efectos que se precisa, en el entendido de que en el supuesto de que sea en amplios términos deberán contar con el registro respectivo. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Conforme a los artículos 2 del Acuerdo General 21/2020 y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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