Luis Fernando Mendoza Loza
Expediente 1073/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1073/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Fernando Mendoza Loza
- Presidente de la Junta Especial Número 3 Tres de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, misma que causó ejecutoria en auto de veintiocho de septiembre del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a********************y/o********************, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1) Decrete el cierre de instrucción en el juicio laboral ********************; y, 2) Emita el laudo correspondiente dentro de dicho expediente de origen 2. Actos llevados a cabo para cumplir con la sentencia de amparo. Mediante oficio ********************, recibido en proveído de seis de octubre del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia certificada del acuerdo dictado el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, relativo al cierre de instrucción, del proyecto, y del laudo correspondiente emitido el once de septiembre del año en curso, emitido dentro del juicio laboral ********************. 4. Conclusión. En tales circunstancias, se estima que la autoridad responsable restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, ya que dictó el acuerdo del cierre de instrucción, del proyecto, y del laudo correspondiente, dentro del juicio laboral ********************. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaría encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 6. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -en adelante Acuerdo General-, el presente asunto es CONSERVABLE. 7. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional del edificio sede de este órgano jurisdiccional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 8. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. 9. Documentos originales. En términos del artículo 19 del citado acuerdo, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidas que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 10. Constancia. Como lo establece el ordinal 34, párrafo segundo, del Acuerdo General, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACION DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE HABERLE DEJADO EL CITATORIO/AVISO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, misma que causó ejecutoria en auto de veintiocho de septiembre del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a********************y/o********************, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: 1) Decrete el cierre de instrucción en el juicio laboral ********************; y, 2) Emita el laudo correspondiente dentro de dicho expediente de origen 2. Actos llevados a cabo para cumplir con la sentencia de amparo. Mediante oficio ********************, recibido en proveído de seis de octubre del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable remitiendo copia certificada del acuerdo dictado el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, relativo al cierre de instrucción, del proyecto, y del laudo correspondiente emitido el once de septiembre del año en curso, emitido dentro del juicio laboral ********************. 4. Conclusión. En tales circunstancias, se estima que la autoridad responsable restituyó al solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, ya que dictó el acuerdo del cierre de instrucción, del proyecto, y del laudo correspondiente, dentro del juicio laboral ********************. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaría encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 6. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -en adelante Acuerdo General-, el presente asunto es CONSERVABLE. 7. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional del edificio sede de este órgano jurisdiccional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 8. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, virtud a que no se tramitó incidente de suspensión. 9. Documentos originales. En términos del artículo 19 del citado acuerdo, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidas que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 10. Constancia. Como lo establece el ordinal 34, párrafo segundo, del Acuerdo General, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veintitrés. 1. Se recibe oficio. Agréguese el comunicado signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención a lo requerido en autos, remite copia certificada del acuerdo de cierre de instrucción, del proyecto de laudo, y del laudo emitido dentro del juicio laboral 3A-1055/2019, con las que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 2. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Con ello dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente a las partes y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por licencia del titular, que le fue autorizada a éste en el punto quinto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se determina la lista de las personas participantes que pasan a la segunda etapa, en el Segundo Concurso Interno de Oposición para la designación de Magistradas y Magistrados de Circuito conforme a la Reforma Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés; dando fe el secretario Josué Romero Mena.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1073/2023, promovido por ********************representante legal de********************, por alegada violación de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: "La omisión de emitir dictar laudo en juicio laboral ********************". SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; virtud a que se reclaman actos de naturaleza omisiva que atribuye a una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la omisión que se le reclama. Lo anterior se corrobora con la copia certificada que allegó de las principales constancias del expediente laboral ********************, con valor probatorio pleno conforme los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Materia Común, correspondiente a la Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causal de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia; tampoco fueron hechas valer por las partes. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. En el caso concreto, tenemos que la parte quejosa esencialmente aduce que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el dispositivo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no ajusta su actuación a los plazos y términos que fija Ley Federal del Trabajo, omitiendo impartir justicia de manera expedita, en razón a que ha sido omisa en dictar el laudo. Es fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, en virtud de que el artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los Tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa y expedita. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." En ese sentido, se considera fundado lo alegado por la parte quejosa, ya que la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 885 al 890, en lo medular disponen que al concluir del desahogo de las pruebas, formular los alegatos y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, de oficio se declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes se formulará por escrito el proyecto de laudo, el cual deberá contener los elementos que señala el artículo 840 de la citada ley, del cual se entregará copia a cada uno de los integrantes de la junta, para que dentro de los cinco días hábiles siguientes al haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes podrán solicitar se practiquen las diligencias que se juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad; en su caso señalando día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de diligencias solicitadas. Transcurrido dicho término, el presidente de la junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro del término de diez días, al que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas; la discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas establecidas en el artículo 888 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al momento que fue promovido el juicio natural de donde emana el acto reclamado. Posteriormente, si el proyecto fuese aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la junta, y en caso de que se realizaran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado, en cuyo caso el resultado se hará constar en acta. Finalmente, engrosado el laudo, el secretario recabará las firmas de los miembros de la junta que votaron en el negocio, hecho lo anterior se turnará el expediente al actuario, para su inmediata notificación a las partes. Ahora, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, aceptó que desde el trece de marzo de dos mil veintitrés, certificó que no existía ningún a prueba pendiente por desahogar en el juicio de origen, otorgando a las partes el términos de tres días para que realizaran sus respectivas manifestaciones; por ello, es evidente que desde esa data no ha cerrado instrucción, y no ha emitido el laudo respectivo, lo que hace evidente la existencia de una abierta dilación, lo cual se corrobora con las constancias que anexó a su informe justificado. Lo anterior pone de manifiesto que la responsable ha excedido en los términos legales y no ha dictado el laudo, lo que trajo como consecuencia la inobservancia del numeral 17 constitucional que establece que la impartición de justicia debe ser gratuita, pronta y expedita, violación directa que es considerada de ejecución irreparable y trasciende a los derechos de la parte quejosa. Precisado lo anterior, puede concluirse válidamente que dicho juicio se encontraba paralizado. En las apuntadas condiciones, es incontrovertible la omisión de la Junta responsable para substanciar el procedimiento dentro de los plazos de ley, para decidir la controversia sometida a su potestad; por ende, resulta violatoria del derecho fundamental de la parte quejosa a que se le administre justicia pronta y expedita contemplado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez relacionado lo anterior, se concluye que la omisión de la responsable en cumplir con los plazos legales para tramitar el juicio laboral, ha ocasionado que a la fecha no se haya dictado el laudo, con lo cual se priva a la parte quejosa del derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, los cuales, se reitera, han transcurrido con exceso en el presente asunto. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." Robustece lo anterior, la jurisprudencia IV.3o.T.J/575 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que dispone: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 Constitucional". En ese contexto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicitó********************, a través de su representante legal. SEXTO. Precisión de los efectos de la protección constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión para el efecto de que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: Decrete el cierre de instrucción en el juicio laboral ********************; y, Emita el laudo correspondiente dentro de dicho expediente de origen. Sin que dicha concesión implique abarcar las subsecuentes etapas durante el desarrollo del procedimiento laboral, toda vez que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función de las omisiones reclamadas y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª.CV/2013(10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Sin que sea el caso hacer manifestación alguna en cuanto a lo que concierne al pedimento presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, dado que no forma parte de la litis. Apoya la consideración anterior, la tesis que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se comparte, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA AL JUZGADOR CONSTITUCIONAL.- Al dictar sentencia, el juez de Distrito no está obligado a resolver en el sentido del pedimento del Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, cuenta habida de que ese documento tan sólo contiene la opinión de una de las partes del juicio y, por lo tanto, no obliga al juzgador constitucional a fallar necesariamente en tal sentido". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, contra la omisión reclamada a la autoridad responsable, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto de este fallo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- Luis Felipe Pineda Cazarez56/2023
- Luis Fernando Álvarez Galindo918/2019
- Luis Fernando Gaitán Contreras1086/2017
- Luis Fernando Huerta Ríos641/2023
- Luis Fernando Lemus Tovar621/2021
- Luis Fernando Mendoza Loya798/2021
- Luis Fernando Mendoza Loza219/2023
- Luis Gabriel Guijosa Anaya895/2020
- Luis Gallegos Villa579/2023
- Luis Gálvez Antúnez248/2017
- Luis García Cortes754/2017
- Luis García López743/2022