Luis Fernando Mendoza Félix
Expediente 801/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/12/2021
Partes del expediente
- Luis Fernando Mendoza Félix
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En ese orden, en acatamiento con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 1, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años a partir de este acuerdo, pues se trata de un expediente el cual se sobreseyó el juicio.
- Principal
ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la Ciudad de Toluca, Estado de México, siendo las diez horas con veinte minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 801/2021-III-D; estando en audiencia pública Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito hasta en tanto la Comisión de Carrera Judicial o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine o adscriba titular a este órgano jurisdiccional; conforme a lo dispuesto por los artículos 43 párrafo segundo, 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y con el párrafo cuarto del oficio CCJ/ST/2786/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del Secretario de Juzgado Valdemar González Huerta, quien da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta sin la asistencia de las partes ni de quien legalmente las represente. Abierta la audiencia, el Secretario da cuenta con la relación de constancias que obran en autos y en el expediente electrónico, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas. Al caso es aplicable la Jurisprudencia PC.II.P. J/8 K (10a.), con número de registro 2017786, sustentada por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 1345, de la Gaceta Semanario Judicial de la Federación, septiembre de 2018, Libro 58, Tomo II, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE: El artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que "abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias". Si se parte de dicha referencia normativa, no puede afirmarse que se configure una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando al celebrarse ese acto procesal únicamente se precise que se da lectura a las constancias del expediente y que se tienen por reproducidas, sin que queden plasmadas por escrito en esa diligencia, pues ello constituye un requerimiento extremo no previsto en los artículos 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 indicado pues, por el contrario, si se atiende a los principios que emanan de los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, las autoridades deben privilegiar, por encima de los aspectos formales, la resolución de fondo, toda vez que esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto; lo que deriva en que basta que en la audiencia constitucional se certifique que se dio lectura a las constancias del expediente para entender que fueron relacionadas dentro de esa actuación procesal. Además, lo trascendente es que los actos desarrollados en la primera fase del acto mencionado (invocación de constancias, pruebas, alegatos y la intervención de las partes) se vean asentados en forma congruente en el fallo que ponga fin al acto unitario (audiencia constitucional y sentencia)" PERIODO PROBATORIO Acto continuo y con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se abre el periodo probatorio y el Secretario de Juzgado da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes y, certifica: que no existen pruebas pendientes por admitir o desahogar. El Secretario en funciones de Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las probanzas en razón de su propia y especial naturaleza, por lo que no existir prueba pendiente por desahogar, se cierra este periodo. PERIODO DE ALEGATOS Enseguida, se abre la fase de alegatos y el Secretario de Juzgado hace constar que las partes ni la representación social los formularon. CIERRE DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL No habiendo prueba por desahogar ni promoción por acordar, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la sentencia correspondiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver en los autos del juicio de amparo indirecto 801/2021-III-D, y; R E S U L T A N D O: ÚNICO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado ese día a este Juzgado; ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal. Previa aclaración, por auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se desechó parcialmente respecto de la autoridad responsable denominada Notario Público Número *** del Estado de México, con residencia en Zinacantepec, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 1º y 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, todos de la Ley de Amparo, y en ese sentido, respecto de los diversos actos y autoridades se admitió la demanda, y seguidas las formalidades de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por reclamarse actos emitidos por autoridades administrativas con ejecución dentro de la jurisdicción en que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En este orden de ideas, quien ahora resuelve estima que del análisis integral del libelo constitucional la parte quejosa reclama: De la (1) Legislatura del Estado de México; del (2) Gobernador Constitucional del Estado de México; del (3) Secretario de Gobierno del Estado de México; y del (4) Director de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México: La aprobación y promulgación del Decreto que dio vigencia al artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, (derechos registrales) y los diversos preceptos legales 113 a 117, (impuesto de adquisición de bienes inmuebles) previstos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente en el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno. Del (5) Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Atenco, Estado de México; del (6) Tesorero del Ayuntamiento de San Mateo Atenco, Estado de México; del (7) Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México; del (8) Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; del (9) Subsecretario de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; del (10) Subsecretario de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; y del (11) Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de México: El cobro de las cantidades pagadas por concepto de derechos para inscribir ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, la compraventa contenida en la escritura otorgada para adquirir un inmueble, mismo cobro que se realizó con base en el artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, y el diverso cobro por concepto de adquisición de inmuebles que se realizó con base en los artículos 113 a 117, todo ello de conformidad con lo previsto en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno. La fijación de los actos antes señalados se realiza sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa realizó respecto su inconstitucionalidad, puesto que ello se realizará, en su caso, en el apartado relativo al estudio de fondo respectivo, de conformidad con la jurisprudencia definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 9 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 11, que a la letra señala: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La (11) Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, así como el (7) Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México; el (8) Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; el (9) Subsecretario de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; y el (10) Subsecretario de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México; al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados, consistente en la aplicación del artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, así como la aplicación de los artículos 113 a 117 del propio ordenamiento legal respecto del cobro de derechos por inscripción de documentos o actos relativos a bienes inmuebles y adquisición de los mismos. Además, la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, pese a que se le dio vista con el contenido de los referidos informes de ley; por tanto, deben tenerse por inexistentes los actos reclamados. En este contexto, como el quejoso omitió exhibir medios probatorios idóneos, tendentes a desvirtuar la negativa propuesta por las autoridades responsables, no obstante que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, correspondía a éste la carga de la prueba para acreditar el cobro por concepto de inscripción de la compraventa del inmueble que alude y pago de impuesto por adquisición; con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este asunto. Es así, en virtud de que la parte quejosa, en modo alguno, acreditó que se haya liquidado con anterioridad a la presentación de esta demanda de amparo, el derecho por ese concepto con la exhibición del comprobante correspondiente de ese entero, con lo cual demostraría la autoaplicación o aplicación de la ley en la que se sustenta el tributo cuyo pago reclama ahora; de ahí, que resulte inconcuso que al no haberse actualizado el supuesto previsto por la ley, procede sobreseer en el juicio de amparo, por cuanto a dicha autoridad se refiere. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 153/2007, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, página 367 que es del tenor siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." Por su parte, el representante legal del (5) Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Atenco, Estado de México no se pronunció respecto de la certeza o no del acto que se le atribuye, aduciendo que dentro de sus facultades no se encuentra la de llevar a cabo el cobro de las cantidades por concepto de derechos registrales e impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles; por ende, debe tenerse por inexistente el acto reclamado, motivo por el que se sobresee el presente asunto respecto de la autoridad que nos ocupa, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, máxime que la parte quejosa no ofreció medio de prueba para desvirtuar dicha cuestión. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El representante legal del (3) Secretario de Gobierno del Estado de México; el representante del (2) Gobernador Constitucional del Estado de México; el (4) Director de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México; la Presidenta de la (1) Legislatura del Estado de México; y el (6) Tesorero del Ayuntamiento de San Mateo Atenco, Estado de México al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que por esta vía se les reclaman, en el ámbito de cada una de sus atribuciones. Aunado a lo anterior, debe recordarse que tratándose de actos de naturaleza legislativa, éstos se acreditan con la publicación de la disposición de observancia general controvertida, al estar publicados, en el presente asunto, en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; por lo que no es necesario probar su existencia, pues basta que estén publicados en el medio de difusión oficial local o federal al que correspondan, para que la autoridad esté obligada a analizarlos, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. En consecuencia, el tener o no como ciertas las conductas combatidas no depende únicamente de lo manifestado en los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables, pues es al juzgador a quien compete pronunciarse al respecto y cerciorarse de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65 Primera Parte, página 15, que expresa: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas; debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba". También es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, que a la letra señala: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Asimismo, la Tesorera del Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Atenco, Estado de México remitió copia certificada de la factura de diez de septiembre de dos mil veintiuno, a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. QUINTO. Causas de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Apoya esta consideración la Jurisprudencia VI.2o. J/323, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del mes de Agosto de 1994, foja 87, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la litis constitucional planteada. Lo anterior tiene sustento en la tesis IV.3o.108 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, del mes de Febrero de 1995, foja 353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes". Precisado lo anterior, quien ahora resuelve estima que de oficio al no acreditarse el acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." El precepto legal transcrito encuentra su origen en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". De la porción normativa transcrita se evidencia que el juicio de amparo sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Del precepto constitucional referido, se infiere que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Por su parte, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, en esencia, reitera la norma constitucional y dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Conviene señalar que, de lo establecido por la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5º de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Al respecto, se tiene en cuenta que los artículos 17, 18, 61, fracciones XII y XIV, y 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, de acuerdo con su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso (leyes autoaplicativas), es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer y provoquen con ello la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Amparo. Resulta oportuno destacar en el caso de leyes autoaplicativas, el gobernado podrá impugnarlas con motivo del inicio de su vigencia; o bien, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, en términos del segundo párrafo, de la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En el segundo supuesto (leyes heteroaplicativas), se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar al gobernado, los mandatos legales, para que se produzca la actualización en su perjuicio de la hipótesis normativa; esto es, se condiciona la individualización de la norma, a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con el que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo en contra, será de quince días, según la regla establecida en el artículo 18 de la ley de la materia. De tal forma que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio constitucional, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número P./J. 55/97, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página 123, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, cuyo texto es el siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.". Una vez que se precisó lo anterior, es importante destacar que el artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6 de la Tarifa, así como los diversos 113 a 117 todos del Código Financiero del Estado de México vigente para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, refieren lo siguiente: "Artículo 95.- Por inscripción de documentos o actos relativos a bienes inmuebles se pagarán los siguientes derechos: TARIFA CONCEPTO I. Por inscripciones relativas a la propiedad o posesión originaria de bienes inmuebles: (.) C). La declaración, reconocimiento, adquisición o transmisión de la propiedad o posesión de inmuebles o derechos sobre los mismos por cualquier título. Se considera que existe transmisión o cesión de derechos de fideicomitente o fideicomisario cuando hay sustitución de un fideicomitente o de un fideicomisario por cualquier motivo. En el caso de la permuta de derechos se cobrarán por cada uno de los inmuebles. Los títulos expedidos por el Registro Agrario Nacional. TARIFA 6. Cuando el valor de los actos a inscribir sea de más de $431,773 y hasta de $2,500,000. $22,155 (.) Por las inscripciones a que se refieren los incisos C), D), F) y H), se tomará como valor para la ubicación del rango correspondiente de la tarifa anterior, el que resulte mayor entre el inserto o declarado en la operación, el catastral o el de avalúo. (.) Artículo 113.- Están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas y jurídicas colectivas que adquieran inmuebles ubicados en el Estado, así como los derechos relacionados con los mismos. Artículo 114.- Para efectos de este impuesto se entiende por adquisición, la que se derive de: I. Todo acto por el que se adquiera la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte, la aportación de toda clase de asociaciones o sociedades e incluso los bienes que el trabajador se adjudique por virtud de remate judicial, a excepción de las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal, siempre que sean inmuebles propiedad de los copropietarios o de los cónyuges, o cuando se trate de donación de inmuebles a asociaciones y sociedades que tengan por objeto social la atención a personas discapacitadas y promuevan el cuidado del medio ambiente, y cuyo valor no supere los $200,000.00. En las permutas se considerará que se efectúan dos adquisiciones. II. La compraventa en la que el vendedor se reserve el dominio, aun cuando la transferencia de éste opere con posterioridad. III. La promesa de adquirir, cuando el futuro comprador entre en posesión de los bienes o el futuro vendedor reciba el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido o cuando se pacte alguna de estas circunstancias. IV. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador, en los casos de las fracciones II y III que anteceden. V. Fusión y escisión de sociedades. VI. La liquidación, reducción o aumento de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles. VII. Tratándose del usufructo, los actos por los que se constituya, se transmita el mismo o la nuda propiedad y aquél por el que se extinga, respectivamente. VIII. Prescripción positiva e información de dominio judicial o administrativa. IX. La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en proporción a los inmuebles. Se entenderá como cesión de derechos la renuncia y/o repudio de la herencia o legado efectuado después de la declaratoria de herederos o legatarios. X. Actos que se realicen a través de fideicomiso, así como la cesión de derechos en el mismo, en los siguientes supuestos: A). En el momento en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él, de manera directa cuando se constituya o a través de su adhesión a uno ya existente, siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes. B). En el momento en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho. C). En el momento en el que el fideicomitente ceda los derechos que tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso, si entre éstos se incluye el de que dichos bienes se transmiten a favor. D). En el momento en el que el fideicomitente transmita total o parcialmente los derechos que tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso a otro fideicomitente, aun cuando se reserve el derecho de readquirir dichos bienes. E). En el momento en el que el fideicomisario designado ceda los derechos que tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso, o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos, se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones. F). Derogado. G). Derogado. H). En el momento en el que alguna persona, física o jurídica colectiva, con el carácter distinto de fiduciario o miembro del comité técnico, adquiera algún derecho derivado del fideicomiso relacionado con los inmuebles, con posterioridad a su constitución. Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes que afecte en fideicomiso, se considerarán enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente reciba los certificados, salvo que se trate de acciones o que habiéndose reservado el fideicomitente el derecho de readquirir los bienes, los certificados de participación se emitan al fideicomitente y al gran público inversionista. En este caso, se considerarán enajenados los bienes al momento en que el fideicomitente enajene los certificados recibidos; cuando el fideicomiso enajene los bienes aportados, o cuando el fideicomitente ceda sus derechos fideicomisarios. Cuando se emitan certificados de participación para los bienes afectos al fideicomiso y se coloquen entre el gran público inversionista, no se considerarán enajenados dichos bienes al enajenarse esos certificados, salvo que éstos les den a sus tenedores derechos de aprovechamiento directo de esos bienes, o se trate de acciones. La enajenación de los certificados se considerará como una enajenación de títulos de crédito que no representan la propiedad de bienes y tendrán las consecuencias fiscales que establecen las leyes fiscales para la enajenación de tales títulos. XI. La división de la copropiedad, por la parte que se adquiera en demasía del por ciento que le correspondía al copropietario. XII. La cesión de derechos en los contratos de arrendamiento financiero sobre inmuebles, así como la adquisición de los bienes materia del mismo que se efectúe por persona distinta del arrendatario. XIII. Las operaciones de traslación de dominio de inmuebles celebradas por las asociaciones religiosas, constituidas en los términos de la ley de la materia. XIV. La adquisición de la propiedad de bienes inmuebles a partir de decisiones judiciales o administrativas o por adjudicaciones sucesorias. XV. La readquisición de la propiedad de bienes inmuebles a consecuencia de la rescisión voluntaria del contrato que hubiere generado la adquisición original. XVI. La disolución de la sociedad conyugal, por la parte que se adquiera en demasía del por ciento que le corresponda a cada cónyuge. XVII. La aportación de bienes inmuebles a una sociedad mercantil cuya actividad preponderante sea la adquisición o construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como a otorgar financiamiento para esos fines, que cumpla con los requisitos establecidos en las fracciones II, III y IV del artículo 223 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando se realicen los supuestos siguientes: A) En el momento en que el accionista que aporte bienes inmuebles a la sociedad enajene las acciones emitidas por dicha sociedad. B) En el momento en que la sociedad enajene los bienes que le fueron aportados. C) En el momento en que el accionista que aporte bienes inmuebles a la sociedad pierda el derecho de propiedad por cualquier causa legal o transmita los derechos conferidos por las acciones recibidas. En el momento en que se constituya o transmita el usufructo sobre los bienes aportados a la sociedad, se estará a lo dispuesto por la fracción VII de este mismo artículo. XVIII.En la formalización de sentencia por una acción proforma o formalización de un contrato de compraventa, se cobrará el impuesto tomando en cuenta la fecha en la que se firmó el contrato privado de compraventa debido a que este acto fue el hecho generador de las obligaciones. XIX. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando el acto mediante el cual se configure la adquisición de que se trate deba realizarse en escritura pública por exigencia de la Ley. *Artículo 115.- Este impuesto se determinará conforme a la siguiente: (Se tiene por reproducida tabla) La base gravable de este impuesto será el valor que resulte mayor entre el valor catastral del inmueble, determinado conforme lo establece el Título Quinto de este Código y el de operación estipulado en el contrato respectivo. Cuando el valor de la operación pactado por las partes sea estipulado en moneda extranjera, se deberá atender a lo previsto en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. El monto del impuesto a pagar, será el resultado de sumar a la cuota fija que corresponda, de conformidad con la tarifa, la cantidad que se determine al multiplicar el factor aplicable previsto para cada rango, por la diferencia que exista entre la base gravable determinada conforme al párrafo anterior y el importe indicado en el límite inferior del rango de valor base relativo. Derogado. Derogado. Derogado. En caso de que se transmita el usufructo o la nuda propiedad, el monto del impuesto que se determine según el valor que resulte más alto, entre el catastral y el de operación total, se reducirá en un 50%. Derogado. Derogado. En el caso de la adquisición de inmuebles en copropiedad o de los derechos relacionados con los mismos, el impuesto se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el valor catastral y el de operación total del inmueble; el monto del impuesto así determinado se multiplicará por la parte o proporción que corresponda a cada copropietario, para determinar el monto del impuesto a su cargo. Artículo 116.- El pago del impuesto deberá hacerse dentro de los diecisiete días siguientes a aquél en que se realice cualesquiera de los supuestos de adquisición, mediante declaración, que se presente en la forma oficial autorizada; y en todo caso: I. Cuando se constituya o adquiera el usufructo o la nuda propiedad, así como, cuando se extinga. II. Cuando se trate de bienes de la sucesión a partir de la fecha en que se firme preventivamente la escritura de adjudicación. Al cederse los derechos hereditarios o al enajenarse bienes de la sucesión, el impuesto se causará en el momento en el que se realice la cesión o la enajenación, independientemente del que se cause por el cesionario o por el adquirente. III. Cuando se realicen los supuestos de enajenación a través de fideicomiso. IV. A la fecha en que cause ejecutoria la sentencia de la prescripción positiva, a la de la resolución correspondiente, en los casos de información de dominio y de la resolución judicial o administrativa que apruebe el remate y la adjudicación correspondiente. V. En los contratos de compraventa con reserva de dominio y promesa de venta, cuando se celebre el contrato respectivo. VI. En los contratos de arrendamiento financiero de bienes inmuebles, cuando se cedan los derechos respectivos o cuando la adquisición de los bienes materia del mismo la realice una persona distinta del arrendatario, o bien los arrendatarios financieros al ejercer la opción de compra en los términos del contrato. VII. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, cuando los actos de que se trate se eleven a escritura pública o se inscriban en el Registro Público de la Propiedad, o si se trata de documentos privados, cuando se adquiera el dominio del bien conforme a las leyes. Tratándose de actos jurídicos traslativos de dominio que no son considerados como adquisición para efectos de este impuesto, los particulares deberán de cumplir con la presentación de declaración, cumpliendo con todas sus formalidades. La forma oficial única autorizada en el marco del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México y Municipios para la declaración de este impuesto, será de libre reproducción, para lo cual deberá publicarse en el Periódico Oficial y a través del portal electrónico del gobierno municipal. A la declaración a que se refiere este artículo deberá acompañarse de copia certificada de la escritura pública expedida por notario o de la resolución de autoridad judicial o administrativa, en la que conste el acto o contrato traslativo de dominio, así como el comprobante de pago del impuesto predial actualizado del ejercicio fiscal en que se realice la contribución. En el supuesto previsto en el inciso H) de la fracción X del artículo 114, los sujetos del impuesto están obligados a acompañar además, un informe respecto del avance de las construcciones que en su caso se hubieren edificado en el inmueble fideicomitido con posterioridad a la constitución del fideicomiso en cuestión, a través de constancia emitida por el fiduciario correspondiente, que deberá indicar también la fecha a partir de la cual dichos sujetos adquirieron sus derechos. Cuando no se presente dicho informe, o bien, éste se presente sin la constancia emitida por el fiduciario, se considera como fecha de adquisición la de presentación de la declaración a que se refiere el presente artículo. Las personas físicas o jurídicas colectivas cuya actividad sea la enajenación de bienes inmuebles o la intermediación de operaciones inmobiliarias, estarán obligadas a dar aviso a la tesorería municipal correspondiente, dentro de los 17 días siguientes, a aquél en que tuvieron conocimiento del hecho o hayan intervenido en el mismo, mediante el cual se genere la adquisición. Artículo 117.- En las adquisiciones que se hagan constar en escritura pública, los fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y mediante declaraciones que podrán hacerse y firmarse de forma electrónica en términos de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, lo enterarán en forma en las oficinas autorizadas, dentro del plazo a que se refiere el artículo anterior. Los fedatarios públicos que por disposición legal ejerzan funciones notariales, tendrán la obligación de verificar que todo traslado de dominio de vivienda nueva en que intervenga una desarrolladora de conjuntos urbanos, se lleve a cabo una vez que ésta acredite estar al corriente en el pago del impuesto predial y de derechos por el suministro de agua, en concordancia con lo establecido en los artículos 107 y 129 de este Código, de lo contrario la compraventa no podrá verificarse. Si las adquisiciones se hacen constar en documentos privados, el cálculo y entero del impuesto deberá efectuarlo el adquirente bajo su responsabilidad". El primer precepto transcrito -95-, establece el pago de derechos por concepto de inscripción de documentos o actos relativos a bienes inmuebles, entre los que se encuentran la adquisición o transmisión de la propiedad o posesión de inmuebles o derechos sobre los mismos por cualquier título, así como la tarifa que corresponde a cada uno de los rubros que ahí se contemplan. En tanto que las restantes disposiciones legales, establecen que tratándose de adquisición de inmuebles deberá pagarse el impuesto respectivo -personas físicas o jurídicas-, para lo cual estarán a lo establecido en la tarifa prevista en la codificación de mérito, las cuales se harán constar a través de escritura pública ante el Notario correspondiente quien se encargará de llevar a cabo los trámites administrativos. Así, dada la naturaleza de las normas impugnadas, con su sola entrada en vigor no causan perjuicio alguno a los gobernados, sino que para actualizar el perjuicio, se requiere la existencia de un acto posterior de aplicación que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa y que se funde en los citados preceptos legales, lo cual da pauta, para impugnarse de inconstitucional, como condición sine qua non. De ello se advierte que su naturaleza corresponde a la de las leyes heteroaplicativas, es decir, de individualización condicionada. Ahora bien, la parte quejosa reclama las citadas normas como una ley de naturaleza heteroaplicativa; por tanto debe demostrar la existencia de dichos actos de aplicación, y no sólo eso, sino también que dicho acto irrumpió en la esfera de sus derechos. En ese orden de ideas, quien ahora resuelve determina que opera la anunciada causa de improcedencia, toda vez que el amparista no exhibió documento idóneo con el que acreditara fehacientemente los actos de aplicación de las normas que cita. Lo anterior se considera así, pues la parte quejosa exhibió en este juicio con el propósito de acreditar que las disposiciones impugnadas le resultan aplicables, los siguientes documentos: 1) Copia simple de la escritura pública ***, del protocolo del Notario Público Número ***, Estado de México, correspondiente al contrato de compraventa de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, celebrado entre el quejoso **** como comprador y HSBC, Sociedad Anónima, Institución de Banca Mútiple, Grupo Financiero HSBC como vendedor, respecto del inmueble ubicado en ****, Estado de México. 2) Original de la cotización de honorarios notariales por concepto de escrituración. 3) Copia simple de la credencial de elector a nombre del quejoso ****. En ese orden de ideas, el justiciable exhibió copia simple de la escritura pública ****, del protocolo del Notario Público Número ****, Estado de México, correspondiente al contrato de compraventa de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, celebrado entre el quejoso *** como comprador y *** como vendedor, respecto del inmueble ubicado en ****, Estado de México; documento que al carecer de la certificación correspondiente, de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de conformidad con el numeral 2º de la Ley de Amparo aplicado de manera supletoria, no se le puede otorgar valor probatorio por sí mismas y, por ende, no es susceptible de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por lo cual no pueden acreditar el interés jurídico de quien promueve. Esto es, no se advierten datos que produzcan convicción de que dichas constancias contengan datos reales y vigentes de que se aplicaron al impetrante del amparo las normas que tilda de inconstitucionales; por lo que no resultan suficientes, pues se trata de reproducciones simples que no cuenta con certificación de que dichos datos son fidedignos; o en su caso, que dicha constancia tenga alguna cadena de datos o sello digital. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia IV.3o. J/23, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, mayo de 1996, página 510, que dice: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas." De igual forma, sustenta la consideración expuesta, la jurisprudencia 3a./J. 3/91, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Febrero de 1991, página 58, que dispone lo siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES NO OBJETADAS. NO TIENEN VALOR PROBATORIO Y EL JUEZ NO DEBE ORDENAR DE OFICIO SU COTEJO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio, aun cuando no hubiesen sido objetadas ni puesto en duda su exactitud, pues esa objeción resulta innecesaria para negarles el valor de que legalmente carecen, no estando facultado el juez federal, ante la exhibición de copias de esa naturaleza, para ordenar, de oficio, su cotejo, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo." De igual manera, debe restársele valor probatorio al original de la cotización de honorarios notariales por concepto de escrituración y copia simple de la credencial de elector a nombre del quejoso ****, en virtud de que con la primera documental no se acredita el pago de los derechos e impuestos que aduce fueron aplicados conforme a las normas tildadas de inconstitucionales, cuenta habida que únicamente acredita el pago de los honorarios que debió realizar para poder llevar a cabo el acto jurídico, más no que se pagaron las cantidades a la dependencia respectiva; y respecto de la credencial de elector la misma no es conducente para acreditar los pagos erogados por el fedatario respecto de los impuestos efectuados. Por ello, al no encontrarse adminiculadas dichas constancias con algún otro elemento de convicción, carecen de valor probatorio pleno para ser consideradas en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, la parte quejosa no demostró la afectación a su interés jurídico; pues para ello era necesario que acreditara los actos de aplicación de las normas que reclama, lo que no realizó, pues la exhibición de los medios de prueba a que se ha hecho referencia resultan insuficientes. No pasa inadvertido que la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de San Mateo Atenco, Estado de México al rendir su informe justificado remitió copia certificada de la factura de pago de diez de septiembre de dos mil veintiuno, respecto del pago de impuesto de traslación de dominio del inmueble ubicado en ***, Estado de México; sin embargo, como se explicó a lo largo de la presente sentencia, las normas tildadas de inconstitucionales por su sola entrada en vigor no causan perjuicio al quejoso, sino que requieren de un acto de aplicación para que lo pueda producir una afectación a sus derechos fundamentales; de lo que se sigue que a la presentación de la demanda -treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno- no existía el acto de aplicación respecto del cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, ya que de la documental referida, se observa que ello aconteció el diez de septiembre de dos mil veintiuno, momento en el cual comenzaba a contar el término para en todo caso promover el juicio bi-instancial y no antes, toda vez que el hecho de que el veinticuatro de agosto anterior hubiere acudido a la Notaría respectiva para firmar el acta de escritura del predio adquirido, ello no indica que en ese instante se hayan enterado al fisco las cantidades reclamadas con motivo de las normas que adujo son inconstitucionales. Con base en todo lo hasta aquí señalado, válidamente se concluye que no demostró la aplicación del artículo 95, fracción I, inciso C, rango 6 de la tarifa, así como los diversos 113 a 117 todos del Código Financiero del Estado de México, y por ende la afectación a su esfera jurídica; esto es así, pues el interés jurídico en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones; es decir, corresponde la carga de la prueba de ese extremo a la parte quejosa, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, Febrero de 2002, página 15, cuyo epígrafe y texto establecen lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4º. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Así como en la tesis III.1o.A.25 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, página 401, que textualmente dispone lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, por propio derecho, en contra de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los diversos tercero y quinto del presente veredicto constitucional.
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Toluca, Estado de México, siete de octubre de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO Intégrese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés convenga. DELEGADOS Y DOMICILIO Con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a los designados y por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones descritos en el oficio de cuenta. PRUEBAS De igual forma, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la oficiante las documentales que anexa; dada su naturaleza por admitidas y desahogadas, debiendo dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional. TRASNFERENCIA Por otra parte, del estado procesal de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el termino para que la autoridad responsable Ayuntamiento de San Mateo Atenco, Estado de México, rinda su informe justificado, y en razón de que la audiencia constitucional se encuentra prevista para las nueve horas con treinta minutos del ocho de octubre de dos mil veintiuno, lo procedente es transferir la misma y su lugar se fijan las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, para su verificativo.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense los informes justificados rendidos por las autoridades que los suscriben; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a los designados así como los domicilios para oír y recibir notificaciones señalados por las responsables. Por otra parte, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal) el número telefónico descrito en el informe de cuenta. Ahora bien, respecto a la solicitud en el sentido de autorizar el empleo de medios electrónicos, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de dichos medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que aducen las oficiantes, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de dar cuenta con ellas en la audiencia constitucional.
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