Luis Fernando Maqueda Hernández

Expediente 1335/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1335/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Luis Fernando Maqueda Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *****. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al ARCHIVO de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta de marzo de dos mil veintitrés. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la DESTRUCCIÓN de las constancias que integran el presente expediente. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la comparecencia de la parte quejosa ******, mediante la cual ratifica el escrito por el que desahoga la prevención que se le formuló en autos, por lo que se procede a proveer sobre la demanda en los términos siguientes: ...FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso acude a la presente instancia constitucional, reclamando 1. El auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio oral familiar 325/2016, seguido por ***** contra el hoy quejoso, por el Juez Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el cual se decretó la presunción de paternidad del quejoso respecto de la menor ***** y se ordenaron diversas pruebas y requerimientos de información a las partes. 2. El proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el cual la autoridad responsable, ordenó el embargo de bienes por la cantidad de $68,418.00 (sesenta y ocho mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100, moneda nacional, por concepto de pensión alimenticia provisional, asimismo, estableció un requerimiento por la cantidad de $48,870 (cuarenta y ocho mil ochocientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia provisional, y otro requerimiento por la cantidad equivalente a una anualidad de la pensión alimenticia provisional como garantía. 3.- El proveído veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en el cual la responsable ordenó la diligencia de embargo, referida en el diverso acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, y ordena un requerimiento por la cantidad de $117,288.00 ciento diecisiete mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional por concepto de pensión alimenticia provisional. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO De la lectura de los antecedentes narrados por la impetrante en la demanda de amparo, se desprende lo siguiente: 1. Que el catorce de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo el emplazamiento de Luis Fernando Maqueda Hernández, (quejoso) al juicio oral familiar de reconocimiento de paternidad 325/2016, promovido por Claudia Verónica Ríos Apolonio, tramitado ante el Juez Octavo Oral de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 2. Posteriormente, el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se ordenó girar oficio al INCIFO para que señalara fecha para la toma de muestra de material genético. 3. El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se dictó un auto en el que decreto la presunción de filiación del ahora quejoso respecto de la menor ***** y se ordenaron diversas pruebas y requerimientos de información. 4.- El diez de mayo de dos mil veintiuno, se fijó como medida cautelar el monto de una pensión alimenticia provisional a favor de la menor, por la cantidad de $9,774.00 (nueve mil setecientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda nacional) 5. El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se dictó el acuerdo en el cual la autoridad responsable, ordenó el embargo de bienes por la cantidad de $68,418.00 (sesenta y ocho mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100, moneda nacional, por concepto de pensión alimenticia provisional, también se ordena un requerimiento por la cantidad de $48 870 (cuarenta y ocho mil ochocientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia provisional, y otro requerimiento por la cantidad equivalente a una anualidad de la pensión alimenticia provisional como garantía. 6.- El veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la responsable ordenó la diligencia de embargo, referida en el diverso acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, ordenó un requerimiento por la cantidad de $117,288.00 ciento diecisiete mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional por concepto de pensión alimenticia provisional. 7.- Finalmente el dos de diciembre de dos mil veintidós, se practicó la notificación de los proveídos de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós y veintisiete de octubre de dos mil veintidós, señalados como actos reclamados. ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, de oficio se advierte que en el presente caso respecto el acto reclamado señalado con el número UNO, se ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación al 107, fracción V, del mismo ordenamiento, interpretado a contrario sensu. Los citados preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, el artículo 107 constitucional establece como regla general que, tratándose de amparo directo, éste sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa al quejoso, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio o después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto o biinstancial. Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por acto que tenga una ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquellos por virtud de los cuales se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución definitiva favorable en dicho juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, sin tener que esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses; por lo tanto, no pueden ser considerados actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación sobre derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son estrictamente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que, si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y, por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, siempre que se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo adverso. Así, para que un acto pueda ser calificado como irreparable, necesariamente debe producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 06 de junio de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En esas condiciones, tratándose de una violación procesal en el juicio, que no afecte materialmente alguno de los derechos sustantivos del quejoso, deberá reclamarse en la demanda de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, 172 y 174, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, atento a lo anterior, y al analizar la demanda de amparo y escrito aclaratorio, éste órgano jurisdiccional advierte que se actualiza una causal de improcedencia, pues se llega a la convicción que en relación a los actos reclamados señalados con los número dos y tres, resulta improcedente al surtirse la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas..." De dicho precepto legal, se advierte que el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. El citado principio se encuentra justificado, por el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la propia Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, si previo a la presentación de la demandada de garantías, el quejoso no agota los citados recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley, ello tornará improcedente el citado juicio constitucional, siempre y cuando el acto reclamado no se encuentre en alguno de los casos de excepción mencionados. Ahora bien, como se advierte de la demanda de amparo, en el juicio en el cual en el cual se emitieron los actos reclamados señalados con los numeros dos y tres, se encuentra regulado por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, específicamente por las disposiciones contenidas en el título décimo octavo denominado "Del Juicio Oral en Materia Familiar". Así, el artículo 1076 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, dispone: "Artículo 1076. El recurso de apelación procede contra todas las resoluciones emitidas por el Juez en el juicio oral. Se interpondrá por escrito y se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, con excepción del que se interponga contra la determinación que resuelva medidas provisionales y la pronunciada en el incidente de nulidad de actuaciones, el que procederá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. El recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva será admitido en ambos efectos, salvo en materia de alimentos e interdicción que se tramitará en el efecto devolutivo de tramitación inmediata." Del contenido de dicho precepto, se desprende que el recurso de apelación procede contra todas las resoluciones emitidas en el juicio oral familiar. Así las cosas, al ser el solicitante del amparo parte demanda en el juicio de origen e integrarse a la secuela procesal, antes de acudir a este juicio constitucional debió agotar en contra del auto reclamado el recurso de apelación que establece el artículo 1076 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Por lo tanto, al tener el quejoso el carácter de demandado en el juicio de origen, se encuentra obligado a agotar los recursos y medios de defensa que establecen los ordenamientos legales, previamente a la promoción del amparo, sin que se advierta que, contra el auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Octavo Familiar de Proceso Oral en materia Familiar de la Ciudad de México, en el juicio oral familiar de reconocimiento de paternidad 325/2016, haya hecho valer el recurso de apelación por virtud del cual pudo ser revocado, pues, al haberse vinculado a la secuela procesal, se encontraba en aptitud de promover los recurso y medios de defensa correspondientes, a fin de obtener la nulidad del acto que ahora reclama. Se cita en apoyo, la jurisprudencia número 986, página 678 tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantía, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De igual forma, la jurisprudencia número 1577, visible en la página 2523, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que establece: "RECURSO, SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del fuero común." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona respecto de los actos indicados, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por *****,. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo y por tal motivo desecharse la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.) de la Décima Época, con número de registro digital 2011428, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, página 15, de rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Finalmente, como esta ordenado en el proveído de doce de enero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, notifíquese el presente acuerdo al quejoso por medio de lista. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA QUEJOSA.

  3. Principal

    México, Ciudad de México, a doce de enero de dos mil veintitrés. Intégrese al expediente el escrito presentado por la parte quejosa, y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de las constancias que refiere y entréguense por conducto de alguna de las personas que en este acto y como lo señala, se tienen por autorizadas para tal efecto, previa toma de razón que se asiente en autos para constancia de recibo. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.

  4. Principal

    México, Ciudad de México, a seis de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente al quejoso.

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