Luis Fernando Malaca Reyes

Expediente 61/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
61/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
21/02/2019

Partes del expediente

  • Luis Fernando Malaca Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Agréguense a los autos los oficios signados por el JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA y otras autoridades, ténganse por rendido los informes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo y por hechas las manifestaciones que del mismo se advierte a fin de que surtan los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que en el caso se actualiza una causa de sobreseimiento, razón por la cual procede decretarlo aún fuera de la audiencia. Al respecto, cabe destacar que de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I inciso d), de la Ley de Amparo se desprende que el legislador previó la posibilidad de que se decretara el sobreseimiento en los términos referidos, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. En el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado la ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O DETENCION, PRESENTACION Y/O COLABORACION dictada en su contra por las autoridades responsables, así como su ejecución. Las autoridades responsables Juez Primero, Tercero, Cuarto y Quinto Penal de Puebla negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de garantías conforme a lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por lo que respecta a las citadas autoridades, en virtud de que no se acredita la existencia de los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número 310, publicada en la página 209, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por otra parte, en relación los actos atribuidos al Juez Segundo de lo Penal de Puebla, se considera que se actualiza la diversa causal de improcedencia que imposibilita continuar con la tramitación del presente juicio de amparo, toda vez que se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, mismo que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con la causal de improcedencia que se invoca, es preciso advertir que el juicio de amparo indirecto tiene como finalidad, en caso de prosperar la acción correspondiente, el anular una actuación autoritaria si ésta resulta ilegal y como consecuencia de ello, restablecer las cosas al estado que tenían con anterioridad a la violación. De esta manera, la improcedencia en cuestión no se actualiza cuando el acto de autoridad sujeto a estudio en el juicio de amparo, se encuentra validado por sus efectos y eficacia, esto es, si se encuentra incólume lo determinado en dicho acto y, por ende, se encuentra dotado de plena vigencia en tanto no sea modificado o revocado. En ese contexto, si el acto pierde vigencia o desaparece de hecho o de derecho, dicha particularidad tiene como resultado que no haya materia de estudio, lo que hace procedente decretar el sobreseimiento de la instancia constitucional, ello siempre y cuando todos sus efectos queden destruidos como si se hubiera otorgado la protección de la justicia federal a la parte quejosa, pues la subsistencia de un mínimo efecto sobre la esfera jurídica del quejoso, impide la actualización de esa causal de improcedencia. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Luego, de las constancias remitidas por las autoridades responsables Juez Segundo de lo Penal en la Ciudad de Puebla, Fiscal General del Estado de Puebla y Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla resulta necesario precisar que si bien es cierto el referido juez en trece de julio de dos mil siete libró una orden de aprehensión en contra de LUIS FERNANDO MALACA REYES dentro del proceso 252/2007 de su índice, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas, no menos cierto es que dicha orden de búsqueda aprehensión y detención dejó de surtir sus efectos en virtud de que el veintiocho de enero de dos mil diecinueve se declaró prescrita la acción persecutoria y consecuentemente la extinción de la acción penal. Asimismo, el juez responsable ordenó girar oficio al Fiscal General del Estado de Puebla, a efecto de que tuviera conocimiento de la prescripción de la acción penal y acción persecutoria a favor del quejoso; documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, es dable colegir que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión de que se trata se encontraba vigente; también lo es que, la misma dejó de estarlo, por lo expuesto con anterioridad. En esas condiciones, resulta incuestionable que en el caso de que se trata, han cesado los efectos del acto reclamado, dado que la autoridad judicial responsable el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, declaró la prescripción de la acción penal y acción persecutoria a favor del quejoso y, por esa circunstancia, dejó de surtir efecto alguna dicha orden de aprehensión; de ahí que se surta la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en ese orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de dicha Ley, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. Cobra aplicación, la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 917637 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 103 Página: 81 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer por lo que respecta a las autoridades responsables Juez Segundo de lo Penal en la Ciudad de Puebla, Fiscal General del Estado de Puebla y Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla en el juicio de garantías en conformidad con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuatro minutos del día veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Incidental

    Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se NIEGA a la parte quejosa LUIS FERNANDO MALACA REYES la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada contra los actos que reclama a las autoridades responsables señaladas, por las razones expuestas en el considerando primero y segundo de esta resolución.

  4. Incidental

    Agréguense a los autos los oficios del JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA y otras autoridades, mediante los cuales rinden sus informes PREVIOS; con sus contenidos dése vista a las partes en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo.

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