Luis Fernando López Márquez

Expediente 79/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 26 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
79/2016
Año
2016
Actuaciones
26
Última actuación
18/07/2016

Partes del expediente

  • Luis Fernando López Márquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    En dieciocho de julio de dos mil dieciséis, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, C E R T I F I C O: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para las partes del cuatro al quince de julio del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el veinte de junio del presente año.- DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia emitida por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el veinte de junio del presente año, en la que por un lado se sobreseyó el presente juicio y por otro se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Lo anterior, hágase del conocimiento al Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, para los efectos legales que haya lugar. Por último, devuélvase al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en la ciudad del mismo nombre, la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 25/2015-IV, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obra por separado. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Alan.

  2. Principal

    En veintinueve de junio de dos mil dieciséis, la Secretaria del Juzgado, licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con la razón actuarial que antecede. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la razón de cuenta asentada por el Actuario Judicial adscrito, de la que se advierte que no le fue posible notificar a los terceros interesados Luis Alejandro Estrada Navarro, J. Adrián Jaime Méndez, Salvador de Luna Delgado y Octavio Aarón Rosales Pérez, en su carácter de endosatarios en procuración de Ricardo Rodríguez Zamora, el auto de veintisiete de junio, así como la sentencia emitida el veintiuno de junio del año en curso, toda vez que en el presente expediente no obra domicilio para oír y recibir notificaciones, no obstante que fueran debidamente emplazados; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en auto de quince de abril de la presente anualidad y se ordena practicar la notificación del auto y resolución de mérito, por medio de lista así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, en términos del artículo 29, en relación con el diverso numeral 27, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Alan.

  3. Principal

    En veintisiete de junio de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con un oficio registrado con el número 11894 y anexos que se adjuntan. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por el que remite el juicio de amparo 79/2016-4, el cual quedó registrado en el citado órgano jurisdiccional como cuaderno de antecedentes 325/2016; en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el veinte de junio del año en curso, en la que por un lado se decretó el sobreseimiento y por otro se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; así como un disco en el que se contiene dicho fallo y un legajo de pruebas. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia certificada de la indicada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio en que se actúa. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este Órgano Jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Alan.

  4. Principal

    SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS LUIS ALEJANDRO ESTRADA NAVARRO, J. ADRIÁN JAIME MÉNDEZ, SALVADOR DE LUNA DELGADO Y OCTAVIO AARÓN ROSALES PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE ENDOSATARIOS EN PROCURACIÓN DE RICARDO RODRÍGUEZ ZAMORA, TANTO EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LA SENTENCIA EMITIDA EL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, Y 29. AMBOS DE LA LEY DE AMPARO: "En veintisiete de junio de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con un oficio registrado con el número 11894 y anexos que se adjuntan. CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por el que remite el juicio de amparo 79/2016-4, el cual quedó registrado en el citado órgano jurisdiccional como cuaderno de antecedentes 325/2016; en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el veinte de junio del año en curso, en la que por un lado se decretó el sobreseimiento y por otro se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; así como un disco en el que se contiene dicho fallo y un legajo de pruebas. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia certificada de la indicada resolución a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio en que se actúa. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este Órgano Jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Alan.2 SENTENCIA DE 21 DE JUNIO DE 2016. VISTOS los autos relativos al juicio de amparo 79/2016, promovido por Luis Fernando López Márquez contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil dieciséis ante la Oficialía de Partes del Tribunal Unitario del Trigésimo Circuito, sito en Aguascalientes, Aguascalientes, Luis Fernando López Márquez solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos reclamados que más adelante se puntualizarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La Secretaria en funciones de Magistrada del Tribunal Unitario del Trigésimo Circuito, ubicado en Aguascalientes, Aguascalientes, a quien correspondió conocer del asunto, mediante proveído de veinte de enero de dos mil dieciséis -visible en la foja 2 del expediente en que se actúa- lo registró bajo el expediente 4/2016 de su índice, se declaró legalmente incompetente y ordenó remitirlo al Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, con domicilio en Zacatecas, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva. En auto de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del referido juicio; radicó la demanda de amparo bajo el expediente 79/2016 de su índice y requirió al quejoso para que indicara si era su deseo señalar a los Actuarios Judiciales adscritos a los Juzgados de Distrito como autoridades responsables y lo apercibió que en caso de no hacerlo sólo se tendrían como tales al resto de las autoridades. En razón de que el solicitante de la protección constitucional no desahogó la aludida prevención, a través del proveído de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis -visible en la foja 53 del expediente en que se actúa-, la Juez Primera de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, admitió a trámite la demanda de amparo; dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación -quien formuló los pedimentos 318/2016 y 344/2016- y señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el dos de junio de dos mil dieciséis. TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la aludida Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas. CUARTO. Envío de expediente. La Juez Primera de Distrito en el Estado de Zacatecas en cumplimiento a dicha comunicación remitió el juicio de amparo 79/2016 de su control a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciséis se avocó al conocimiento del indicado juicio de amparo, lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el asunto 325/2016 y procedió al análisis del expediente para dictar la sentencia correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 38 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y, además, en términos del oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que esa Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que fueron señalados como autoridades responsables todos los Jueces de Distrito en el Estado de Aguascalientes, por lo que el Juzgado Federal más cercano a ellos es el Juzgado de Distrito auxiliado; de ahí la competencia para resolver el presente asunto, acorde con lo previsto por el dispositivo 38 de la ley de la materia. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia P./J. 44/2001, perteneciente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 75, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 88/2006 perteneciente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, página 75, que reza: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda en relación con los informes justificados, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que el acto impugnado es el siguiente: De los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, todos de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en Aguascalientes, se les reclama: ? El auto de exequendo emitido en un juicio ejecutivo mercantil. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reprochados a los Jueces Primero -visible en la foja 65 del juicio de amparo en que se actúa-, Tercero -visible en la foja 58 ídem-, Cuarto -visible en la foja 63 ídem- y Quinto -visible en la foja 78 ídem-, todos de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes, toda vez que las mencionadas autoridades al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, sin que la parte inconforme desvirtuara tales negativas porque no ofreció algún medio de convicción al presente que acreditara lo contrario. Corrobora lo antes expuesto la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Sexta Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, página 181, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, lo procedente es sobreseer en este asunto respecto de los actos atribuidos a las mencionadas autoridades, en términos del precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con domicilio en Aguascalientes -visible en la foja 60 del sumario en que se actúa-, en virtud de que al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que le fue imputado; además, dicha certeza se corrobora con las constancias que la mencionada autoridad allegó al presente juicio de amparo relativas al juicio ejecutivo mercantil 25/2015 y que se tienen a la vista para resolver; documentales que cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. En virtud de que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todas las causas de improcedencia que hipotéticamente prevé tal precepto. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de 1991, página 60, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento". SEXTO. Justificación para no transcribir los conceptos de violación. Los conceptos de violación si bien no se transcriben se tienen por reproducidos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. El solicitante del amparo aduce que la autoridad responsable violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, en razón de que a través del auto de exequendo se le pretende privar de su patrimonio sin que se hayan cumplido las formalidades que exige la ley, es decir, sin fundar ni motivar la causa legal del procedimiento. El concepto de violación previamente sintetizado es infundado. Para estar en posibilidad de demostrar lo anterior, en principio resulta conveniente precisar algunas consideraciones en torno al derecho fundamental de legalidad consagrado por el ordinal 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El referido párrafo constitucional establece el derecho humano a la legalidad de los actos de autoridad que afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares, sin privarlos de sus derechos, e impone a las autoridades que los emitan la obligación de que tales actos de molestia se expresen por escrito, provengan de autoridad competente y que se funde y se motive la causa legal del procedimiento; esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la autoridad para dictar el acto, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Es decir, el derecho fundamental a la legalidad previsto por la norma constitucional en estudio impone a todas las autoridades el deber de satisfacer un mínimo de requisitos al momento de pronunciar un acto de molestia, a saber: a) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del servidor público que la dicte; b) que el acto provenga de autoridad competente y c) que en el mandamiento relativo se funde y se motive la causa legal del procedimiento. La primera de esas exigencias tiene como propósito que el afectado pueda tener certeza sobre la existencia del acto de molestia y conozca con precisión la autoridad que lo pronunció, así como su contenido y sus consecuencias. Respecto del segundo requisito relativo a que el acto provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad para dictarlo. A su vez, la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que toda autoridad tiene de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer mediante el acto de molestia; presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; en tanto que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas por las cuales la autoridad considera que los hechos en las que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos por la disposición legal que afirma aplicar. Además, la fundamentación y la motivación deben coexistir y se suponen mutuamente, ya que no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica fundar y motivar la causa legal del procedimiento. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 73, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo III, séptima época, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Ahora, es preciso señalar que la contravención al numeral 16, primer párrafo, de la Carta Magna que exige la expresión de la fundamentación y de la motivación en los actos de autoridad que incidan en la esfera jurídica de los gobernados puede revestir dos formas distintas, a saber, la derivada de su falta y la correspondiente a su inexactitud. La falta de fundamentación y de motivación constituye una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo; por tanto, los efectos que generan la existencia de una u otra son distintos. Se produce la falta de fundamentación y de motivación cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones, los motivos o las circunstancias que se hayan considerado para estimar que el caso puede encuadrarse en la hipótesis prevista por esa norma jurídica. En cambio, existe una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, pero resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones, los motivos o las circunstancias que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y de motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal, dado que el acto de autoridad carece de elementos propios, connaturales a él por virtud de un imperativo constitucional, en tanto que el segundo supuesto se traduce en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y de motivos, pero unos y otros son incorrectos. Las consideraciones anteriores tienen sustento en la jurisprudencia I.3o.C. J/47, perteneciente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 1964, que reza: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." También es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, perteneciente a la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 72, Sexta Parte, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista material o de contenido pero no por violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos." Ahora, el auto de exequendo reprochado en la especie al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes, es del tenor siguiente: "VISTO el escrito de demanda y documentos que se acompañan con que se da cuenta, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 25/2015-VI. Se tiene a Ricardo Rodríguez Zamora por conducto de sus endosatrarios en procuración Luis Alejandro Estrada Navarro, J. Adrián Jaime Méndez, Salvador de Luna Delgado y Octavio Aarón Rosales Pérez, promoviendo juicio ejecutivo mercantil, y ejerciendo la acción cambiaria en contra de Gregorio López López, como deudor principal, y Luis Fernando López Márquez como deudor solidario (aval). Con fundamento en los artículos 104, fracción II Constitucional, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1°, 5° 75, fracción XX, 1049, 1054, 1061, 1063, 1090, 1391, fracción IV, 1392 del Código de Comercio, así como los artículos 1°, 5°, 17, 29, 35 y 170 al 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se admite la demanda en la vía y forma propuesta. Ahora bien, toda vez que el documento fundatario de la acción -pagaré-, es de aquellos que traen aparejada ejecución, en términos del artículo 1391, fracción IV, del Código de Comercio, se dicta auto con efectos de mandamiento en forma, por lo que, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios de la adscripción para efecto de que se constituya en el domicilio de alguno de los demandados, es decir, del deudor principal Gregorio López López, el ubicado en calle de Paseo de los Chopos número ciento dos del fraccionamiento Pulgas Pandas, en esta ciudad, o del avalista Luis Fernando López Márquez, el ubicado en calle Cerrada las Torcazas número ciento cuatro, del fraccionamiento La Paloma, en esta ciudad; y lo requiera por el pago de la cantidad de $3'300.000.00 (tres millones trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, así como las anexidades legales, y no haciéndolo en el momento de la diligencia, le embargue bienes de su propiedad suficientes a garantizar lo reclamado, siguiendo las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles respecto del embargo, en términos de lo dispuesto por los artículos 1393 y 1394 del Código Comercio, los que se pondrán en depósito de la persona que nombre la parte actora bajo su responsabilidad. Se hace saber a los demandados que en caso de que fuera necesario dejarle citatorio para la práctica de la diligencia, de no esperar al Ministro Ejecutor en la hora fijada, o no dejar persona instruida para atender la diligencia, se les tendrá por perdido el derecho de señalar bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas y este derecho pasará a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1394 del Código de Comercio, debiéndose de practicar la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al de Comercio respecto de los embargos. Con fundamento en el artículo 1394 del Código de Comercio y fracción II del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al de Comercio, no se suspenderá la diligencia, sino que se llevará a cabo hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. Una vez realizada la diligencia de embargo, notifíquese a la parte demandada o la persona con quien se entienda la diligencia, que aquélla tiene el improrrogable término de ocho días para presentarse ante este juzgado a hacer paga llana de lo reclamado y oponerse a la ejecución, o bien, a oponer las excepciones y defensas que estime pertinentes, apercibida que de no hacerlo se seguirá el juicio en su rebeldía y se tendrá por perdido el derecho que debió ejercer dentro del término concedido, lo anterior, con fundamento en el artículo 1078 del Código de Comercio; debiendo el funcionario judicial en comento, entregar a dicha parte las copias de traslado debidamente autorizadas por la Secretaria, así como la cédula a que se refiere el artículo 1394 del Código de Comercio; juntamente con una copia simple de la diligencia practicada. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1065 del ordenamiento legal referido, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de la actuación ordenada. De conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 1401 del Código de Comercio, en el periodo probatorio, acuérdese lo que en derecho procede respecto de las pruebas ofrecidas por la actora, consistentes en: 1. Documental privada; consistente en un título ejecutivo -pagaré- suscrito por $3'300.000.00 (tres millones trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional) el cual constituye el documento base de la acción. 2. Presuncional, en su doble aspecto de legal y humana. 3. Instrumental de Actuaciones. Guárdese en la caja de valores de este Juzgado el documento base de la acción -pagaré-, bajo el número 17/2015, dejándose en autos copia fotostática del mismo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1069 del Código de Comercio, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indican los promoventes en su demanda. Asimismo, en términos del párrafo tercero del citado numeral, se tiene por autorizada a María Guadalupe Valdivia Martínez, ello al haber acreditado encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogada o licenciada en Derecho, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese con sigilo, omitiéndose los datos de las partes y cúmplase." De la lectura de la transcripción que antecede se observa que la autoridad responsable, con fundamento en los artículos 104, fracción II, Constitucional; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 5, 75, fracción XX, 1049, 1054, 1061, 1063, 1090, 1391, fracción IV, 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio y 1, 5, 17, 29, 35 y 170 a 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito admitió a trámite el juicio ejecutivo mercantil promovido por Ricardo Rodríguez Zamora por conducto de sus endosatarios en procuración Luis Alejandro Estrada Navarro, J. Adrián Jaime Méndez, Salvador de Luna Delgado y Octavio Aarón Rosales Pérez, quienes ejercieron la acción cambiaria en contra de Gregorio López López, como deudor principal, y de Luis Fernando López Márquez, como deudor solidario -aval-. Asimismo, el Juez Federal sostuvo que en razón de que el documento base de la acción -pagaré- era de aquellos que traían aparejada ejecución, lo procedente era -en términos del numeral 1391, fracción IV, del Código de Comercio- que se dictara un auto con efectos de mandamiento en forma, motivo por el cual comisionó a los Actuarios de su adscripción para que se constituyeran en el domicilio de alguno de los demandados, es decir, del deudor principal o del avalista y los requiriera por el pago de tres millones trescientos mil pesos por concepto de suerte principal y, en caso de no cubrir la deuda, autorizó que les fueran embargados bienes suficientes de sus propiedades para garantizar lo reclamado, los que se pondrían en depósito de la persona que en su caso nombrara la parte actora. De igual modo, el Juez responsable ordenó que una vez realizada la diligencia de embargo se notificara a la parte demandada o a la persona con quien se entendiera la diligencia y se le informara que contaba con un término de ocho días para llevar a cabo el pago de lo reclamado, oponerse a la ejecución y hacer valer las excepciones y defensas que estimara pertinentes. Ahora, los preceptos legales en los que la autoridad responsable se fundó para emitir el aludido auto de exequendo establecen lo siguiente: "Código de Comercio Artículo 1°. Los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en este Código y las demás leyes mercantiles aplicables. Artículo 5°. Toda persona que, según las leyes comunes, es hábil para contratar y obligarse, y á quien las mismas leyes no prohiben expresamente la profesión del comercio, tiene capacidad legal para ejercerlo. Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: [.] XX. Los vales ú otros títulos á la orden ó al portador, y las obligaciones de los comerciantes, á no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio; Artículo 1,049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme á los artículos 4°., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales. Artículo 1,054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva. Artículo 1,061. Al primer escrito se acompañarán precisamente: I. El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro; II. El documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presente en juicio en el caso de tener representación legal de alguna persona o corporación o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona; III. Los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus excepciones. Si se tratare del actor, y carezca de algún documento, deberá acreditar en su demanda haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se les expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley. Si se tratare del demandado deberá acreditar la solicitud de expedición del documento de que carezca, para lo cual la copia simple sellada por el archivo, protocolo o dependencia, deberá exhibirla con la contestación o dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del término para contestar la demanda. Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales y exista obligación de expedírselos. Si las partes no tuvieren a su disposición o por cualquier otra causa no pudiesen presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones, lo declararán al juez, bajo protesta de decir verdad, el motivo por el que no pueden presentarlos. En vista a dicha manifestación, el juez, ordenará al responsable de la expedición que el documento se expida a costa del interesado, apercibiéndolo con la imposición de alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley. Salvo disposición legal en contrario o que se trate de pruebas supervenientes, de no cumplirse por las partes con alguno de los requisitos anteriores, no se le recibirán las pruebas documentales que no obren en su poder al presentar la demanda o contestación como tampoco si en esos escritos no se dejan de identificar las documentales, para el efecto de que oportunamente se exijan por el tribunal y sean recibidas; IV. Además de lo señalado en la fracción III, con la demanda y contestación se acompañarán todos los documentos que las partes tengan en su poder y que deban de servir como pruebas de su parte; y, los que presentaren después, con violación de este precepto, no le serán admitidos, salvo que se trate de pruebas supervenientes, y V. Copia simple o fotostática siempre que sean legibles a simple vista, tanto del escrito de demanda como de los demás documentos referidos, incluyendo la de los que se exhiban como prueba según los párrafos precedentes para correr traslado a la contraria. Lo dispuesto en la fracción anterior, se observará también respecto de los escritos en que se oponga la excepción de compensación o se promueva reconvención o algún incidente. Artículo. 1,063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local. Artículo 1,090. Toda demanda debe interponerse ante juez competente. Artículo 1,391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución: [.] IV. Los títulos de crédito; Artículo 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien. Artículo 1,393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio. Art. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores. Artículo 1,401. En los escritos de demanda, contestación y desahogo de vista de ésta, las partes ofrecerán sus pruebas, relacionándolas con los puntos controvertidos, proporcionando el nombre, apellidos y domicilio de los testigos que hubieren mencionado en los escritos señalados al principio de este artículo; así como los de sus peritos, y la clase de pericial de que se trate con el cuestionario que deban resolver; y todas las demás pruebas que permitan las leyes. Si los testigos no se hubieren mencionado con sus nombres y apellidos en los escritos que fijan la litis, el juez no podrá admitirlas aunque se ofrezcan por las partes posteriormente, salvo que importen excepción superveniente. Desahogada la vista o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez admitirá y mandará preparar las pruebas que procedan, de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Civiles, abriendo el juicio a desahogo de pruebas, hasta por un término de quince días, dentro de los cuales deberán realizarse todas las diligencias necesarias para su desahogo, señalando las fechas necesarias para su recepción. Las pruebas que se reciban fuera del término concedido por el juez, o su prórroga si la hubiere decretado, serán bajo la responsabilidad de éste, quien sin embargo, podrá mandarlas concluir en una sola audiencia indiferible que se celebrará dentro de los diez días siguientes." "Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Artículo 1o.- Son cosas mercantiles los títulos de crédito. Su emisión, expedición, endoso, aval, o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen, son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o trasmisión de títulos de crédito, o se hayan practicado con éstos, se rigen por las normas enumeradas en el artículo 2o., cuando no se puedan ejercitar o cumplir separadamente del título, y por la ley que corresponda a la naturaleza civil o mercantil de tales actos o contratos, en los demás casos. Las operaciones de crédito que esta ley reglamenta son actos de comercio. Artículo 5o.- Son títulos de crédito, los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Artículo 17.- El tenedor de un título tiene la obligación de exhibirlo para ejercitar el derecho que en él se consigna. Cuando sea pagado, debe restituirlo. Si es pagado sólo parcialmente o en lo accesorio, debe hacer mención del pago en el título. En los casos de robo, extravío, destrucción o deterioro grave, se estará a lo dispuesto por los artículos 42 al 68, 74 y 75. Artículo 29.- El endoso debe constar en el título relativo o en hoja adherida al mismo, y llenar los siguientes requisitos: I.- El nombre del endosatario; II.- La firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su ruego o en su nombre; III.- La clase del endoso; IV.- El lugar y la fecha. Artículo 35.- El endoso que contenga las cláusulas "en procuración," "al cobro" u otra equivalente, no transfiere la propiedad; pero da facultad al endosatario para presentar el documento a la aceptación, para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para protestarlo en su caso. El endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. El mandato contenido en el endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante, y su revocación no surte efectos respecto de tercero, sino desde que el endoso se cancela conforme al artículo 41. En el caso de este artículo, los obligados sólo podrán oponer al tenedor del título las excepciones que tendrían contra el endosante. Del pagaré Artículo 170.- El pagaré debe contener: I.- La mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento; II.- La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero; III.- El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago; IV.- La época y el lugar del pago; V.- La fecha y el lugar en que se suscriba el documento; y VI.- La firma del suscriptor, o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Artículo 171.- Si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a la vista; si no indica el lugar de su pago, se tendrá como tal el del domicilio del que lo suscribe. Artículo 172.- Los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben ser presentados dentro de los seis meses que sigan a su fecha. La presentación sólo tendrá el efecto de fijar la fecha del vencimiento y se comprobará en los términos del párrafo final del artículo 82. Si el suscriptor omitiere la fecha de la vista, podrá consignarla el tenedor. Artículo 173.- El pagaré domiciliado debe ser presentado para su pago a la persona indicada como domiciliatario, y a falta de domiciliatario designado, al subscriptor mismo, en el lugar señalado como domicilio. El protesto por falta de pago debe levantarse en el domicilio fijado en el documento, y su omisión, cuando la persona que haya de hacer el pago no sea el suscriptor mismo, producirá la caducidad de las acciones que por el pagaré competan al tenedor contra los endosantes y contra el suscriptor. Salvo ese caso, el tenedor no está obligado, para conservar sus acciones y derechos contra el suscriptor, ni a presentar el pagaré a su vencimiento, ni a protestarlo por falta de pago. Artículo 174.- Son aplicables al pagaré, en lo conducente, los artículos 77, párrafo final, 79, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 109 al 116, 126 al 132, 139, 140, 142, 143, párrafos segundo, tercero y cuarto, 144, párrafos segundo y tercero, 148, 149, 150, fracciones II y III, 151 al 162, y 164 al 169. Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en éste, o en su defecto al tipo legal; y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos, al tipo legal. El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones enumeradas antes, salvo el caso de los artículos 168 y 169, en que se equiparará al girador." De los ordinales insertos destaca la naturaleza jurídica de los juicios ejecutivos mercantiles, es decir, su objeto, procedimiento, substanciación, los requisitos del escrito de demanda y de contestación, el desahogo de vistas, el ofrecimiento y el desahogo de pruebas, la ley que debe ser aplicada supletoriamente y los documentos que traen aparejada ejecución, tales como el pagaré. Además, trasciende que la diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda y que, de no hacerse el pago, se le requerirá para que señalen bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas y se le apercibirá que de no hacerlo el derecho pasará al actor y, posteriormente, se emplazará al demandado. Lo anterior pone de manifiesto que la autoridad responsable sí fundó y motivó el proveído materia de impugnación en el presente juicio de amparo, dado que el Juzgador expresó los preceptos legales en los que sustentó su determinación y expuso las circunstancias especiales, las razones particulares y las causas inmediatas por las cuales consideró que los hechos en los que basó su proceder eran probados y los previstos por las disposiciones legales aplicables. Es decir, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes de manera acertada consideró que en razón de la acción intentada y el hecho de que el documento base de la acción -pagaré- era de aquellos que traían aparejada ejecución, lo procedente era -en términos del numeral 1391, fracción IV, del Código de Comercio- que se dictara un auto con efectos de mandamiento en forma, razón por la cual comisionó a los Actuarios de su adscripción para que se constituyeran en el domicilio de alguno de los demandados, es decir, del deudor principal o del avalista y los requiriera por el pago de tres millones trescientos mil pesos por concepto de suerte principal y que, en caso de no hacerlo, autorizó que les fueran embargados bienes de sus propiedades suficientes para garantizar lo reclamado y precisó que una vez realizada la diligencia de embargo se notificara a la parte demandada y se le informara que contaba con un término de ocho días para llevar a cabo el pago de lo exigido, oponerse a la ejecución y hacer valer las excepciones y defensas que estimara pertinentes. De ahí que, opuesto a lo aseverado por el solicitante de la protección de los derechos fundamentales, el proveído de veintiuno de julio de dos mil quince no contraviene en su perjuicio lo previsto por el ordinal 16 Constitucional, ya que se encuentra debidamente fundado y motivado. Asimismo, se puede colegir que el acto reclamado tampoco atenta contra lo previsto por el dispositivo 14 de la Carta Maga que sustancialmente prevé las formalidades esenciales del procedimiento, que consisten en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos; es decir, las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y de desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Lo precedente se estima así, ya que atendiendo a la naturaleza del juicio ejecutivo mercantil y al estado procesal en que se encuentra el contradictorio en relación con el quejoso -que fue señalado como deudor solidario aval y a quien aún no se le ha requerido el pago de la suerte principal ni se le ha emplazado a juicio- es evidente que la notificación del inicio del procedimiento, sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y de desahogar las pruebas, de alegar y el derecho del dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas son acontecimientos que surgirán a la postre del requerimiento de pago; de ahí que en este momento procesal no pueda considerarse que la autoridad responsable en la especie haya atentado contra tales formalidades esenciales del procedimiento y, por ende, opuesto al dicho del quejoso no se advierte violación en su perjuicio a lo dispuesto por el numeral 14 de la Constitución Federal. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación y al no estar en alguna de las hipótesis en las que la queja deficiente deba suplirse lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 79/2016, promovido por Luis Fernando López Márquez contra los actos reclamados a los Jueces Primero, Tercero, Cuarto y Quinto, todos de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con sede en Aguascalientes, por las razones expuestas en el tercer considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Fernando López Márquez respecto del acto reprochado al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, con residencia en Aguascalientes, por los motivos precisados en el séptimo considerando del presente fallo. Notifíquese por conducto del Juzgado de Distrito de origen; se instruye a la Secretaria para que en términos de la circular CAR06/CCNO/2011 de quince de marzo de dos mil once, suscrita por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido del fallo en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, por lo que deberá quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 325/2016 del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, asistido de Paulina Cisneros Nájar, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veinte de junio de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores de este Juzgado. Doy fe. En esta misma fecha, mediante el oficio 693/2016 se devolvieron los autos al juzgado de origen. Conste. PCN/agrp.

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