Luis Fernando Jiménez Calderón

Expediente 1061/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1061/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Luis Fernando Jiménez Calderón

Actuaciones

  1. Principal

    ---Juicio de amparo 1061/2023-I.. Puebla, Puebla, diez de octubre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Vista la demanda signada por ++++++++++++++++++, por su propio derecho, así como víctima indirecta y hermana de la persona desaparecida de nombre Luis Fernando Jiménez Calderón, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Desechamiento parcial. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . En el caso, se tiene una demanda de amparo, en la cual se reclama lo siguiente: "El SOBRESEIMIENTO parcial de la causa penal 742/2020/PUEBLA, en favor de Óscar Orea Carranza, Juan Anselmo Camacho Reyes y José Santos Saguilan Campos, ordenando su libertad inmediata, DERIVADO DE LA PREVIA DECLARACIÓN DE NULIDAD (en la misma audiencia de fecha 28 de diciembre de 2022), de actos de investigación dentro de la carpeta de investigación ++++++++++++++++ en la cual se investigan hechos constitutivos de delitos vinculados con la desaparición de personas, ilícito previsto y sancionado por el artículo 37 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cometido en agravio de +++++++++++++++++++." Asimismo en los antecedentes del acto reclamado, vertidos bajo protesta de decir verdad por la quejosa, señala lo siguiente: "9. El miércoles 28 de diciembre de 2022, a petición de la defensa particular de ++++++++++++++++++, se llevó a cabo la audiencia de nulidad de actos de investigación, en la cual estuve presente en mi carácter de víctima indirecta y hermana del desaparecido Luis Fernando Jiménez Calderón, acompañada de mi asesora jurídica audiencia en la cual se declararon nulos los siguientes datos de prueba. 10. El día 02 de enero de 2023, se interpuso por parte del Ministerio Público y de mi asesora jurídica, el recurso de apelación en contra de la resolución, dictada en audiencia de 28 de diciembre de 2022, por la Abogada Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, Puebla, dentro de la causa penal 742/2020/PUEBLA, a través de la cual se decretó el sobreseimiento parcial de la mencionada causa penal, en favor de ++++++++++++++++++, ordenando su libertad inmediata, derivado de la previa declaración de nulidad (en la misma audiencia) de actos de investigación dentro de la carpeta de investigación ++++++ en la cual se investigan hechos constitutivos de delitos vinculados con la desaparición de personas, ilícito previsto y sancionado por el artículo 37 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cometido en agravio de Luis Fernando Jiménez Calderón. En el caso, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución dictada en audiencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, emitida en la causa penal +++++, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, a través de la cual se decretó el sobreseimiento parcial de la mencionada causa penal, en favor de +++++++++++++++++, ordenando su libertad inmediata. Empero, tras una revisión exhaustiva de la demanda, respecto de ese acto, se advirtió la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, la cual refiere: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Se explican las razones de dicha aseveración. De la fracción XIV en cita, se desprende que el juicio constitucional es improcedente cuando el quejoso no lo promueve dentro de los plazos previstos para tal efecto, pues se entiende que lo ha consentido tácitamente. Al respecto, es necesario referir el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, porque éste prevé el plazo para la presentación de la demanda de derechos fundamentales: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De lo anterior se obtienen cinco plazos para la presentación de la demanda: uno genérico y cuatro específicos. Sin embargo, dada la naturaleza del acto reclamado por la quejosa, el mismo debe someterse al plazo genérico; esto, quince días. Ello, porque no se trata de una norma general, de una sentencia definitiva en materia penal, no involucra derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal, ni se reclama alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución. Ahora, según lo manifiesta la promovente -bajo protesta de decir verdad-, la resolución reclamada fue emitida en audiencia celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en contra de la cual fue interpuesto recurso de apelación por la asesora jurídica de la aquí quejosa, así como por el ministerio público, el dos de enero de dos mil veintitrés, de lo cual se desprende que desde el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós la quejosa tenía conocimiento de tal resolución por haberse encontrado presente en la audiencia en la que se emitió. Sin embargo, la acción de amparo se ejerció fuera del plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues la demanda se depositó hasta el seis de octubre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal, de lo cual se advierte que ha trascurrido en exceso el plazo para le interposición de la demanda de amparo, esto es, han trascurrido poco más de nueve meses, ya que el plazo para la presentación de la demanda respecto ese acto le trascurrió del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós al el diecisiete de enero de dos mil veintitrés; de lo cual se colige que la acción de amparo se instauró fuera del plazo legalmente previsto para ello. Lo cual, se evidencia ya que si se toma en consideración que el veintinueve de enero de dos mil dos, la quejosa se hizo sabedora de la resolución reclamada; de ahí que, en términos de los artículos 82, fracción I, inciso a), último párrafo y 94, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el plazo de quince días para promover la demanda de amparo comenzó a transcurrir el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós al el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, sin contar los días treinta y uno de enero de dos mil veintidós, uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de enero de dos mil veintitrés, por ser sábados y domingos, los cuales se encuentran señalados como inhábiles para instar ante esta sede constitucional según lo previsto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y el numeral 94, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación. (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." Artículo 94. Reglas generales (.) Los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento y los establecidos en días a partir del día en que surte efectos la notificación." Por tanto, es concluyente que para el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, la parte quejosa tenía pleno conocimiento de la determinación emitida en su contra, y el plazo para presentar la demanda de amparo (contra esa resolución) comenzó a computarse el veintinueve del mismo mes y año. Entonces, si la demanda de amparo se presentó hasta el seis de octubre de dos mil veintidós, como se desprende del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, es claro que la quejosa excedió el plazo de quince días que tenía para ello. Dicha circunstancia se convierte en un consentimiento tácito del acto reclamado, pues no se advierte ninguna circunstancia que justificara dicho retardo en la presentación de la demanda. En consecuencia de lo expuesto, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha de manera parcial la demanda presentada por Selene Jiménez Calderón, respecto de la resolución dictada en audiencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, emitida en la causa penal +++++, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, a través de la cual se decretó el sobreseimiento parcial de la mencionada causa penal, en favor +++++++++++++++++++, ordenando su libertad inmediata. Anotaciones Internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial A, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento parcial previo. Incompetencia legal respecto del segundo acto reclamado Por otra parte, la parte quejosa reclama la resolución de once de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el toca de apelación 10/2023, del índice de la Sexta Sala Unitaria Penal. Ahora, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permite detectar que en la causa penal +++++, se dictó el sobreseimiento parcial de la mencionada causa penal, en favor de ++++++++, ordenando su libertad inmediata (por tener efectos de sentencia absolutoria), misma que fue impugnada a través del recurso de apelación, el cual fue resuelto en el sentido de declarar improcedente el citado recurso de apelación en contra de auto que decretó el sobreseimiento parcial de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. En efecto, tanto de los antecedentes narrados, bajo protesta de decir verdad, así como de los autos del juicio de amparo 1041/2022 del índice de este Juzgado de Distrito (también citado en los antecedentes del acto reclamado), cuyo expediente electrónico se tiene a la vista, se advierte que óscar Orea Carranza y Juan Anselmo Camacho Reyes, fueron vinculados a proceso en la causa penal +++++++, al haberse establecido el hecho con la apariencia del delito de desaparición forzada de personas por particulares, previsto y sancionado por el artículo 37 de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la probabilidad de que participaron en su comisión en conjunto con otras cuatro personas (entre ellos, ++++++++++++++). Vinculación a proceso que fue combatida a través de citado juicio de amparo 1041/2022, en el cual, por sentencia dictada en audiencia constitucional de quince de noviembre de dos mil veintidós, se les negó la protección constitucional; la cual causó ejecutoria el siete de diciembre de dos mil veintidós. Seguido el procedimiento de origen, la Jueza de Control adscrita al Jugado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, generó la audiencia desahogada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en la que decretó la nulidad de diversos actos de investigación y, como consecuencia, decretó el sobreseimiento parcial de la causa penal en cita, únicamente por lo que respecta a +++++++++++++++++, la cual tendría efectos de sentencia absolutoria tal como lo sostiene la quejosa en la demanda de amparo, y conforme lo previsto en el artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que, la causa penal sólo se investiga un único hecho con apariencia de delito, pero al existir una multiplicidad de personas que, de manera probable participaron en su comisión, el sobreseimiento de la causa fue parcial, pero puso término al procedimiento sólo por cuanto hace a +++++++++++++++++++. Bajo esas consideraciones, la resolución dictada el once de septiembre de dos mil veintitrés, por el Magistrado de la Sexta Sala Unitaria en el toca de apelación 10/2023, a través de la cual declara improcedente el recurso de apelación interpuesto por la agente del Ministerio Público y la Asesora Jurídica, puso fin al procedimiento respecto de +++++++++++++++++++s. Por consiguiente, la impugnación de la mencionada ejecutoria debe encausarse en la vía directa, motivo por el cual habrá de remitirse la demanda al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, para que éste determine lo conducente. A fin de justificar la postura de esta juzgadora constitucional, se invocan los artículos 1073 y 1704 de la Ley de Amparo, porque estos disponen los casos en los que el juicio de amparo debe promoverse ante los jueces de distrito, y cuándo habrá de instaurarse ante los tribunales colegiados de circuito. Lo anterior implica una delimitación del juicio constitucional en la vía directa y en la indirecta. En torno a ese tema, debe indicarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial 51/2004, interpretó los supuestos que demarcan la procedencia del amparo directo, de la siguiente manera: ". 1) Se está ante una sentencia definitiva cuando2) Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, (es oportuno recordar que conforme al principio de definitividad, para efectos de la promoción del juicio de amparo (directo o indirecto), deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de garantías)..." La referida tesis jurisprudencial tiene el rubro siguiente: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO"5 . Con esas premisas, esta juzgadora considera que la ejecutoria dictada el once de septiembre de dos mil veintitrés, en el toca de apelación 10/2023 constituye la resolución que puso fin al juicio penal únicamente por lo que respecta a Óscar Orea Carranza, Juan Anselmo Camacho Reyes y José Santos Saguilán Campos, y debe ser impugnada en la vía de amparo directo. Sobre todo porque la ejecutoria que decide el recurso o recursos de apelación interpuestos contra una sentencia definitiva condenatoria, implica una terminación del juicio penal respecto de los referidos procesados. Entonces, si de conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, los tribunales colegiados de circuito tienen la competencia legal para conocer del amparo directo, es válido afirmar que la vía indirecta nunca permitiría a esta juzgadora asumir la competencia legal para examinar la ejecutoria dictada el once de septiembre de dos mil veintitrés, en el toca de apelación 10/2023, por el Magistrado de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por tanto, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, relacionado con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, entre otros temas: Se declara la incompetencia legal por la vía en que fue promovido el juicio de tutela, y se ordena remitir la demanda de amparo -en el expediente respectivo- a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, para que esta la turne al órgano respectivo, el cual habrá de esclarecer si la vía directa corresponde a la demanda presentada por la quejosa Selene Jiménez Calderón, por su propio derecho, así como víctima indirecta y hermana de la persona desaparecida de nombre Luis Fernando Jiménez Calderón -acorde a las consideraciones desarrolladas en líneas previas-, o si por algún escenario particular debiera tramitarse en la vía indirecta. En consecuencia, se pide en forma atenta al magistrado presidente del tribunal colegiado que reciba la demanda del quejoso, acuse recibo del expediente constitucional que se remite y de ser posible, informe la resolución emitida para la competencia legal declinada. Anotaciones internas. Se ordena a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes a la declinación de competencia legal por territorio. Además, se hace notar que la declaración de incompetencia legal representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad deberá archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Domicilio procesal, autorizado y medio de contacto. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el inmueble que citó en su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fernando Romero Zacahua, toda vez que no tiene registrada su respectiva cédula profesional ante el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se toma nota del correo electrónico proporcionado para establecer contacto en caso de ser necesario, no así para notificarlo, por no estar contemplado en la Ley de Amparo. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera personal a la quejosa (en su domicilio procesal) y cúmplase

  2. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. Juicio de amparo 1061/2023-I.. Puebla, Puebla, diez de octubre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Vista la demanda signada por ++++++++++++++++++, por su propio derecho, así como víctima indirecta y hermana de la persona desaparecida de nombre Luis Fernando Jiménez Calderón, contra actos del Magistrado de la Sexta Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Desechamiento parcial. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . En el caso, se tiene una demanda de amparo, en la cual se reclama lo siguiente: "El SOBRESEIMIENTO parcial de la causa penal 742/2020/PUEBLA, en favor de Óscar Orea Carranza, Juan Anselmo Camacho Reyes y José Santos Saguilan Campos, ordenando su libertad inmediata, DERIVADO DE LA PREVIA DECLARACIÓN DE NULIDAD (en la misma audiencia de fecha 28 de diciembre de 2022), de actos de investigación dentro de la carpeta de investigación ++++++++++++++++ en la cual se investigan hechos constitutivos de delitos vinculados con la desaparición de personas, ilícito previsto y sancionado por el artículo 37 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cometido en agravio de +++++++++++++++++++." Asimismo en los antecedentes del acto reclamado, vertidos bajo protesta de decir verdad por la quejosa, señala lo siguiente: "9. El miércoles 28 de diciembre de 2022, a petición de la defensa particular de ++++++++++++++++++, se llevó a cabo la audiencia de nulidad de actos de investigación, en la cual estuve presente en mi carácter de víctima indirecta y hermana del desaparecido Luis Fernando Jiménez Calderón, acompañada de mi asesora jurídica audiencia en la cual se declararon nulos los siguientes datos de prueba. 10. El día 02 de enero de 2023, se interpuso por parte del Ministerio Público y de mi asesora jurídica, el recurso de apelación en contra de la resolución, dictada en audiencia de 28 de diciembre de 2022, por la Abogada Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Control de la Región Judicial Centro con sede en Puebla, Puebla, dentro de la causa penal 742/2020/PUEBLA, a través de la cual se decretó el sobreseimiento parcial de la mencionada causa penal, en favor de ++++++++++++++++++, ordenando su libertad inmediata, derivado de la previa declaración de nulidad (en la misma audiencia) de actos de investigación dentro de la carpeta de investigación ++++++ en la cual se investigan hechos constitutivos de delitos vinculados con la desaparición de personas, ilícito previsto y sancionado por el artículo 37 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cometido en agravio de Luis Fernando Jiménez Calderón. En el caso, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución dictada en audiencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, emitida en la causa penal +++++, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, a través de la cual se decretó el sobreseimiento parcial de la mencionada causa penal, en favor de +++++++++++++++++, ordenando su libertad inmediata. Empero, tras una revisión exhaustiva de la demanda, respecto de ese acto, se advirtió la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, la cual refiere: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Se explican las razones de dicha aseveración. De la fracción XIV en cita, se desprende que el juicio constitucional es improcedente cuando el quejoso no lo promueve dentro de los plazos previstos para tal efecto, pues se entiende que lo ha consentido tácitamente. Al respecto, es necesario referir el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, porque éste prevé el plazo para la presentación de la demanda de derechos fundamentales: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De lo anterior se obtienen cinco plazos para la presentación de la demanda: uno genérico y cuatro específicos. Sin embargo, dada la naturaleza del acto reclamado por la quejosa, el mismo debe someterse al plazo genérico; esto, quince días. Ello, porque no se trata de una norma general, de una sentencia definitiva en materia penal, no involucra derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal, ni se reclama alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución. Ahora, según lo manifiesta la promovente -bajo protesta de decir verdad-, la resolución reclamada fue emitida en audiencia celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en contra de la cual fue interpuesto recurso de apelación por la asesora jurídica de la aquí quejosa, así como por el ministerio público, el dos de enero de dos mil veintitrés, de lo cual se desprende que desde el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós la quejosa tenía conocimiento de tal resolución por haberse encontrado presente en la audiencia en la que se emitió. Sin embargo, la acción de amparo se ejerció fuera del plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues la demanda se depositó hasta el seis de octubre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal, de lo cual se advierte que ha trascurrido en exceso el plazo para le interposición de la demanda de amparo, esto es, han trascurrido poco más de nueve meses, ya que el plazo para la presentación de la demanda respecto ese acto le trascurrió del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós al el diecisiete de enero de dos mil veintitrés; de lo cual se colige que la acción de amparo se instauró fuera del plazo legalmente previsto para ello. Lo cual, se evidencia ya que si se toma en consideración que el veintinueve de enero de dos mil dos, la quejosa se hizo sabedora de la resolución reclamada; de ahí que, en términos de los artículos 82, fracción I, inciso a), último párrafo y 94, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el plazo de quince días para promover la demanda de amparo comenzó a transcurrir el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós al el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, sin contar los días treinta y uno de enero de dos mil veintidós, uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de enero de dos mil veintitrés, por ser sábados y domingos, los cuales se encuentran señalados como inhábiles para instar ante esta sede constitucional según lo previsto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y el numeral 94, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación. (.) Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." Artículo 94. Reglas generales (.) Los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento y los establecidos en días a partir del día en que surte efectos la notificación." Por tanto, es concluyente que para el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, la parte quejosa tenía pleno conocimiento de la determinación emitida en su contra, y el plazo para presentar la demanda de amparo (contra esa resolución) comenzó a computarse el veintinueve del mismo mes y año. Entonces, si la demanda de amparo se presentó hasta el seis de octubre de dos mil veintidós, como se desprende del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, es claro que la quejosa excedió el plazo de quince días que tenía para ello. Dicha circunstancia se convierte en un consentimiento tácito del acto reclamado, pues no se advierte ninguna circunstancia que justificara dicho retardo en la presentación de la demanda. En consecuencia de lo expuesto, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha de manera parcial la demanda presentada por Selene Jiménez Calderón, respecto de la resolución dictada en audiencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, emitida en la causa penal +++++, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, a través de la cual se decretó el sobreseimiento parcial de la mencionada causa penal, en favor +++++++++++++++++++, ordenando su libertad inmediata. Anotaciones Internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial A, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento parcial previo. Incompetencia legal respecto del segundo acto reclamado Por otra parte, la parte quejosa reclama la resolución de once de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el toca de apelación 10/2023, del índice de la Sexta Sala Unitaria Penal. Ahora, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, permite detectar que en la causa penal +++++, se dictó el sobreseimiento parcial de la mencionada causa penal, en favor de ++++++++, ordenando su libertad inmediata (por tener efectos de sentencia absolutoria), misma que fue impugnada a través del recurso de apelación, el cual fue resuelto en el sentido de declarar improcedente el citado recurso de apelación en contra de auto que decretó el sobreseimiento parcial de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. En efecto, tanto de los antecedentes narrados, bajo protesta de decir verdad, así como de los autos del juicio de amparo 1041/2022 del índice de este Juzgado de Distrito (también citado en los antecedentes del acto reclamado), cuyo expediente electrónico se tiene a la vista, se advierte que óscar Orea Carranza y Juan Anselmo Camacho Reyes, fueron vinculados a proceso en la causa penal +++++++, al haberse establecido el hecho con la apariencia del delito de desaparición forzada de personas por particulares, previsto y sancionado por el artículo 37 de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la probabilidad de que participaron en su comisión en conjunto con otras cuatro personas (entre ellos, ++++++++++++++). Vinculación a proceso que fue combatida a través de citado juicio de amparo 1041/2022, en el cual, por sentencia dictada en audiencia constitucional de quince de noviembre de dos mil veintidós, se les negó la protección constitucional; la cual causó ejecutoria el siete de diciembre de dos mil veintidós. Seguido el procedimiento de origen, la Jueza de Control adscrita al Jugado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, generó la audiencia desahogada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, en la que decretó la nulidad de diversos actos de investigación y, como consecuencia, decretó el sobreseimiento parcial de la causa penal en cita, únicamente por lo que respecta a +++++++++++++++++, la cual tendría efectos de sentencia absolutoria tal como lo sostiene la quejosa en la demanda de amparo, y conforme lo previsto en el artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que, la causa penal sólo se investiga un único hecho con apariencia de delito, pero al existir una multiplicidad de personas que, de manera probable participaron en su comisión, el sobreseimiento de la causa fue parcial, pero puso término al procedimiento sólo por cuanto hace a +++++++++++++++++++. Bajo esas consideraciones, la resolución dictada el once de septiembre de dos mil veintitrés, por el Magistrado de la Sexta Sala Unitaria en el toca de apelación 10/2023, a través de la cual declara improcedente el recurso de apelación interpuesto por la agente del Ministerio Público y la Asesora Jurídica, puso fin al procedimiento respecto de +++++++++++++++++++s. Por consiguiente, la impugnación de la mencionada ejecutoria debe encausarse en la vía directa, motivo por el cual habrá de remitirse la demanda al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, para que éste determine lo conducente. A fin de justificar la postura de esta juzgadora constitucional, se invocan los artículos 1073 y 1704 de la Ley de Amparo, porque estos disponen los casos en los que el juicio de amparo debe promoverse ante los jueces de distrito, y cuándo habrá de instaurarse ante los tribunales colegiados de circuito. Lo anterior implica una delimitación del juicio constitucional en la vía directa y en la indirecta. En torno a ese tema, debe indicarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial 51/2004, interpretó los supuestos que demarcan la procedencia del amparo directo, de la siguiente manera: ". 1) Se está ante una sentencia definitiva cuando2) Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, (es oportuno recordar que conforme al principio de definitividad, para efectos de la promoción del juicio de amparo (directo o indirecto), deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de garantías)..." La referida tesis jurisprudencial tiene el rubro siguiente: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO"5 . Con esas premisas, esta juzgadora considera que la ejecutoria dictada el once de septiembre de dos mil veintitrés, en el toca de apelación 10/2023 constituye la resolución que puso fin al juicio penal únicamente por lo que respecta a Óscar Orea Carranza, Juan Anselmo Camacho Reyes y José Santos Saguilán Campos, y debe ser impugnada en la vía de amparo directo. Sobre todo porque la ejecutoria que decide el recurso o recursos de apelación interpuestos contra una sentencia definitiva condenatoria, implica una terminación del juicio penal respecto de los referidos procesados. Entonces, si de conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, los tribunales colegiados de circuito tienen la competencia legal para conocer del amparo directo, es válido afirmar que la vía indirecta nunca permitiría a esta juzgadora asumir la competencia legal para examinar la ejecutoria dictada el once de septiembre de dos mil veintitrés, en el toca de apelación 10/2023, por el Magistrado de la Sexta Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por tanto, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, relacionado con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, entre otros temas: Se declara la incompetencia legal por la vía en que fue promovido el juicio de tutela, y se ordena remitir la demanda de amparo -en el expediente respectivo- a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, para que esta la turne al órgano respectivo, el cual habrá de esclarecer si la vía directa corresponde a la demanda presentada por la quejosa Selene Jiménez Calderón, por su propio derecho, así como víctima indirecta y hermana de la persona desaparecida de nombre Luis Fernando Jiménez Calderón -acorde a las consideraciones desarrolladas en líneas previas-, o si por algún escenario particular debiera tramitarse en la vía indirecta. En consecuencia, se pide en forma atenta al magistrado presidente del tribunal colegiado que reciba la demanda del quejoso, acuse recibo del expediente constitucional que se remite y de ser posible, informe la resolución emitida para la competencia legal declinada. Anotaciones internas. Se ordena a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes a la declinación de competencia legal por territorio. Además, se hace notar que la declaración de incompetencia legal representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad deberá archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Domicilio procesal, autorizado y medio de contacto. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el inmueble que citó en su demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Fernando Romero Zacahua, toda vez que no tiene registrada su respectiva cédula profesional ante el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se toma nota del correo electrónico proporcionado para establecer contacto en caso de ser necesario, no así para notificarlo, por no estar contemplado en la Ley de Amparo. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera personal a la quejosa (en su domicilio procesal) y cúmplase

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano