Luís Fernando Guevara Quintero

Expediente 1242/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1242/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
31/12/2020

Partes del expediente

  • Luís Fernando Guevara Quintero

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de las constancias digitalizadas relativas al juicio de amparo 1242/2020, e informa que acepta la legal competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo propuesta mediante acuerdo quince de diciembre de dos mil veinte, asignándole el juicio de amparo 737/2020-IV. En virtud de lo antes expuesto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. En acatamiento a lo ordenado en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis contenida en el inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General; lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes transcurridos tres años contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción la cual deberá ser remitida a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el tercer párrafo del numeral antes precisado. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. Por otra parte, téngase por realizada la certificación de cuenta en la que teniendo a la vista el presente expediente, se advierte que no obran glosados documentos originales presentados por la parte quejosa. Finalmente, ténganse por recibidos el escrito firmado electrónicamente por Jessica Mayorga Peña así como el oficio signado por el Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México del Instituto Nacional de Migración, Órgano Técnico Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; los cuales se ordenan remitir al Juzgado oficiante así como toda constancia o promoción relacionada con el presente asunto y que obre en autos, vía interconexión, a efecto de que dicho órgano provea lo conducente. Notifíquese.

  2. Principal

    Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por Jessica Mayorga Peña en representación de Luis Fernando Guevara Quintero, contra actos del Titular de la Estación Migratoria del Distrito Federal hoy Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese bajo el número 1242/2020. Determinación jurisdiccional. Ahora bien, de una lectura integral de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de materia para conocer del asunto. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose este dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Sobre dicho criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sostuvo que el legislador tomó como base dos criterios: i) la naturaleza del acto reclamado y ii) la naturaleza de la autoridad responsable. Por lo que solo deben tomarse en cuenta esos elementos, sin acudir a los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS." Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo y de sus anexos se advierte que el promovente reclama lo siguiente: Precisión de actos reclamados. Ahora bien, el promovente de amparo reclama de las autoridades que señala como responsables lo siguiente: "I. ACTO RECLAMADO: Se reclama la orden y ejecución que derivan en ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, esto es, Luis Fernando Guevara Quintero se encuentra privado de su libertad con motivo de una cuestión meramente administrativa, por la naturaleza de la autoridad que lo retiene; así como la posible deportación o expulsión del país; e incomunicación". Razones de la incompetencia por materia Con base en los actos reclamados por el promovente y al realizar la lectura integral de la demanda de amparo, no se desprende que el acto reclamado se encuentre dentro de la esfera competencial de este órgano jurisdiccional, toda vez que su esencia material no es administrativa, ya que si bien en parte dichos actos emanan de autoridades de ese mismo carácter, su naturaleza debe fijarse en concordancia con la esencia de las consecuencias que pueden producir, como es en el caso, la privación de la libertad por su carácter migratorio, lo cual inminentemente tiene el propósito de que los quejosos sean deportados del país. Cabe destacar que, como se dijo en el párrafo anterior, la privación de la libertad por su carácter migratorio, inminentemente concluye en que éstos sean deportados del país. Así, toda vez que el acto reclamado implica materialmente una privación de la libertad y deportación en sí misma, entendida ésta como un ataque a la libertad personal, que aún no está consumada definitivamente, contra ella procede el juicio de amparo indirecto en materia penal, en términos de la fracción I del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece dicho supuesto, como así se desprende de la siguiente transcripción: "51.- De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación a la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)" De ahí, que sea el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, el competente para conocer del presente asunto, puesto que los relacionados con la privación de la libertad y la procedencia o no de la deportación del quejoso a su país de origen necesita ser determinada por aquél que tiene la especialidad en la materia, como así se advierte por analogía, de la tesis jurisprudencial de la Quinta Época número 854, de la Segunda Sala, consultable en el Apéndice de 1995, Tomo II, Parte HO, página 548, que a la letra dice: "DEPORTACIÓN, AMPARO CONTRA LA. (INCOMPETENCIA DE LA SALA ADMINISTRATIVA). La deportación debe estimarse materia penal, y conforme al artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aunque provenga de una autoridad administrativa, debe conocer, en cuanto al amparo, un Juez de Distrito en Materia Penal, y por tanto, la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia es notoriamente incompetente para conocer de la revisión correspondiente, debiendo remitirse los autos al Tribunal Colegiado que corresponda, que es el competente para resolver dicha revisión, al tenor de los artículos 7o. bis, fracción III, del Capítulo tercero bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 84, fracción I, de la Ley de Amparo". Lo anterior obedece a que la intención del legislador al emitir dicho dispositivo legal fue el de dar efectivo cumplimiento al artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en virtud de que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a una rama del derecho. Luego, si el elemento determinante para establecer la competencia para conocer del asunto es, en la especie, la afectación a la libertad personal del quejoso Luis Fernando Guevara Quintero para su posible deportación, resulta inconcuso que quien debe conocer de él es el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, con independencia de que las autoridades señaladas como responsables tengan una naturaleza administrativa, porque el acto que se reclama es de naturaleza penal. Es aplicable al caso las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 29, Tomo 217-228, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece: "LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE AFECTAN LA. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA PENAL PARA CONOCER DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES DISTINTAS DE LAS JUDICIALES QUE LOS EMITAN. De conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Jueces de Distrito en materia penal en el Distrito Federal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad responsable debe ser específicamente judicial; b) Contra actos que afecten la libertad personal, independientemente de la naturaleza de la autoridad que los ordene o ejecute, siempre que no se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal; c) Contra actos que traigan consigo el peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los actos que como penas prohibidas menciona el artículo 22 de la Carta Magna, sin que tenga relevancia la autoridad que los ordene o ejecute, ni la materia específica de que emanen. Cabe advertir, en relación con las hipótesis competenciales identificadas en los incisos b) y c), que éstas no se establecen en razón de actos de naturaleza formal y materialmente penal, como sucede tratándose del supuesto señalado en el inciso a), pues lo que se toma en cuenta fundamentalmente es que el acto, así sea emanado de un orden distinto al penal y emitido por autoridad administrativa, civil, agraria, o de cualquiera otra naturaleza, traiga consigo o tenga como consecuencia la privación de la libertad o de la vida del gobernado, la deportación, el destierro o alguna de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional. Ahora bien, debe estimarse que los actos reclamados, independientemente de que se lleven a cabo por una autoridad distinta a la judicial y no como consecuencia de la comisión de un delito, deben ser del conocimiento de un Juez de Distrito en materia penal, si los imputados al secretario de gobernación y a otras autoridades, consisten en la orden de detención, reclusión y deportación, por una parte, afectan la libertad personal de una persona y, además, existe la posibilidad de que se le deporte". De lo transcrito y expuesto, resulta evidente que el conocimiento de la presente demanda corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, toda vez que el precepto antes citado establece de manera enunciativa, pero no por ello limitativa, su esfera competencial para conocer de actos que pudieran obedecer a irregularidades migratorias, es menester precisar que toralmente se combate la privación de la libertad de la parte quejosa, por lo que, es evidente que el conocimiento de la presente demanda corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal. Resulta aplicable la tesis I.16o.A. 12 K, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL EN MATERIA MIGRATORIA. CORRESPONDE A LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, AUNQUE SE IPMUGNE CONJUNTAMENTE LA CONSTITUCIONALIDAD DE DISPOSICIONES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y SUS ACTOS DE APLICACIÓN." Por lo tanto, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitirla al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, solicitándole acuse de recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada. Remítanse las actuaciones digitalizadas vía interconexión del juicio de amparo en que se actúa al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Sin que haya lugar a conformar cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica. Suspensión de plano. Por otro lado, no obstante la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de que se trata, en virtud de que los actos reclamados se encuentran vinculados con los que establece el artículo 48 de la Ley de Amparo, pues pueden implicar la posible deportación o expulsión del quejoso del territorio nacional, se debe conceder la suspensión de oficio y de plano. En consecuencia, con fundamento en los artículos 48, 126 y 161 de la Ley de Amparo se concede la suspensión de oficio y de plano a Luis Fernando Guevara Quintero para los siguientes efectos: - De que cesen de inmediato la incomunicación y actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, hasta en tanto se determine lo conducente en el presente asunto, esto es, para que las autoridades responsables se abstengan de continuar con los trámites relativos a la ejecución de la posible deportación, hasta que el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal a quien por turno le corresponda conocer del presente asunto, acuerde lo conducente. No obstante, dicha medida surtirá sus efectos únicamente respecto de la EJECUCIÓN DE LA POSIBLE DEPORTACIÓN, salvo que las autoridades responsables acrediten ante el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México que resulte competente, que la privación ilegal de la libertad, haya sido con motivo de un procedimiento de carácter penal o con motivo del cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por la comisión de un delito o haya sido aprehendido en flagrancia o urgencia, en cuyo caso deberán ser puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente en términos del artículo 159, fracción II, de la Ley de Amparo; asimismo, para que no sean detenidos con el objeto de que se les obligue a abandonar el territorio nacional; por tanto, la medida concedida no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado proviene de autoridades distintas a las señaladas como responsables y si el acto resulta ser uno distinto al que aquí se combate. Asimismo, es de enfatizar que dicha determinación también se toma garantizando el derecho a la salud y la vida misma del quejoso, con motivo de la situación sanitaria que tomó el grado de pandemia que atenta contra nuestro país y el mundo derivada del virus COVID-19 y mitigar las posibilidades de contagio para el quejoso. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia número 80/2007, consultable en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Cabe precisar que las medidas ordenadas con motivo de la suspensión de plano aquí ordenada, no restringen la facultad del juez de distrito competente para que, una vez que admita a trámite el juicio de amparo, las limite, reduzca o amplié, en caso de que las considere insuficientes o excesivas para salvaguardar el derecho a la salud de las personas quejosas. Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE".. Importa destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a aquél en que queden debidamente notificados de esta determinación, informen a este órgano jurisdiccional sobre la forma en la que han dado cumplimiento a la suspensión de plano otorgada. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, a la urgencia de la medida cautelar concedida y a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que notifiquen mediante oficio a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que se dé cumplimiento a los efectos por los que se concede la medida cautelar solicitada, por sí, o bien, girando las instrucciones necesarias a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. En este punto, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el referido artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, siempre y cuando no exista duda y resulte evidente su existencia, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan. Debiendo acreditar tales circunstancias a este Juzgado de Distrito con las constancias fehacientes vía correo institucional 4jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la siguiente a la en que queden legamente notificadas del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, las actuaciones que realizan a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto. Apercibidas que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, el Juzgado de Distrito competente estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. Uso de medios electrónicos y expedición de copias. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos -salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidencial-; para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido de que las referidas autorizaciones las podrán hacer valer hasta en tanto se levante la emergencia sanitaria generada por el por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Expediente electrónico. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico, en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró que el nombre de usuario "JESSMAYORGA", corresponde a Jessica Mayorga Peña. Notificación electrónica. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones en el presente asunto que deban ser personales por vía electrónica. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Para ello, al llevarse a cabo la notificación de este proveído, y de conformidad con el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril del año corriente, los fedatarios públicos, en el acto de la diligencia, deberán solicitar el correo institucional de las responsables emplazadas para que las subsecuentes notificaciones se les realicen por ese medio y no se propicie el riego de contraer el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Posteriormente, deberán elaborar una lista con los correos correspondientes, a efecto de que el personal de este juzgado pueda facilitar su consulta y enviar los oficios que correspondan. Ello, con excepción de las dependencias que expresamente detalla ese acuerdo de difusión oficial. Asimismo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Finalmente, tomando en consideración que la demanda de amparo fue recibida dentro de la guardia para recibir demanda en casos urgentes, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la compensación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, último párrafo, inciso c), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

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