Luis Fernando González Hernandez

Expediente 66/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 43 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
66/2017
Año
2017
Actuaciones
43
Última actuación
06/11/2017

Partes del expediente

  • Luis Fernando González Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 43.

  1. Principal

    III La certificación de cuenta evidencia que el quejoso dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la vigente Ley de Amparo, no recurrió la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado estado. Las háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De igual forma, devuélvase a la responsable Juez Sexto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, las copias certificadas del expediente 665/2015, de su índice estadístico que adjuntó como complemento a su informe justificado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito, en el libro de gobierno, háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). 2. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). En el entendido que en ambos cuadernos (principal e incidentales) no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo de las disposiciones generales, inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    III. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 66/2017-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México,********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: "3.- LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES; Se señala, en su carácter de ordenadora y ejecutora: A).- AL JUEZ SEXTO MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, con domicilio en la Avenida de Doctor Nicolás San Juan, en ********************, Estado de México. 4.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: . La falta de emplazamiento al quejoso en el Juicio Ejecutivo Mercantil 665/201********************radicado y ventilado en el Juzgado Sexto Mercantil del Distrito Judicial de ********************, Estado de México, respecto del Juicio Ejecutivo Mercantil, intentado por ******************** (en su carácter de acreedora), en contra de ********************y ******************** (en su carácter de deudores). .La nulidad de lo actuado en el Juicio Ejecutivo Mercantil 665/201********************radicado y ventilado en el Juzgado Sexto Mercantil del Distrito Judicial de ********************, Estado de México, así como la celebración del supuesto convenio judicial celebrado en fecha treinta de octubre de dos mil quince, por una parte ******************** (en su carácter de acreedora) y por otro lado ********************y ******************** (en su carácter de deudores), ya que con la celebración del mismo, dan por concluido el Juicio Ejecutivo Mercantil al ratificarlo y ser aprobado por la autoridad responsable, obteniendo el grado de cosa juzgada, ello ********************que el suscrito haya sido llamado para estar en aptitud de deducir derecho alguno respecto al inmueble que diera en pago." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos violados, los protegidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 7). TERCERO. Trámite del amparo. Recibida la demanda en este juzgado de Distrito, se registró con el juicio de amparo indirecto 66/2017-III, por auto de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se admitió; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; y, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo, en términos del acta de veinte de junio de dos mil diecisiete, fecha en la que se emitió la resolución correspondiente, cuyo punto resolutivo es del tenor siguiente: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por********************, contra los actos y por la autoridad que fueron precisados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando último de la presente resolución." Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual se radicó con el número 215/2017, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el cual mediante ejecutoria de siete de septiembre de dos mil diecisiete, determinó: "PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo 66/2017-III promovido por ********************, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria." En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por auto de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, se señaló nueva fecha para la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos emitidos dentro de juicio por un tribunal del orden civil, que afectan a personas extrañas al juicio y que se ejecutan dentro de la jurisdicción donde este juzgado de distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: Todo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 665/2015, del índice del Juzgado Sexto Mercantil del Distrito Judicial de ********************, México, en especial el auto de diecisiete de diciembre de dos mil quince, mediante el cual eleva a la categoría de cosa juzgada el convenio celebrado por las partes, en el que dieron en pago el bien inmueble ubicado el calle ********************, con las siguientes medidas y colindancias: ****************************************Al oriente: ******************** metros con ********************y ********************. ********************Con una superficie aproximada de ******************** metros cuadrados. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia de ********************, México (foja 41); al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos que se le reclaman. Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó, consistentes en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 665/2015; a las cuales por ser documentos públicos se les otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde con el numeral 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, es importante hacer relación de los antecedentes más trascendentes que dieron origen al acto reclamado en el presente juicio constitucional: 1. ********************, mediante escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil quince, en la oficialía de partes de los Juzgados Civiles de ********************, México, demandó de ********************como deudor principal y de ********************, como aval, en ejercicio de la acción cambiaria directa y en la vía ejecutiva mercantil el pago de diversas prestaciones (foja 1, anexo 665/2015). 2. Por auto de diecinueve de junio de dos mil quince, se registró la demanda con el número de expediente 665/2015, del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de ********************, México, quien la admitió en los términos solicitados y ordenó el emplazamiento de los demandados (foja 5, anexo 665/2015). 3. Mediante escrito presentado ante el juez responsable el catorce de diciembre de dos mil quince, la actora ******************** y ********************, exhibieron un convenio, en el que los deudores reconocieron el adeudo que se les reclamaba, asimismo, dieron en pago la fracción de terrero marcada como el número uno y que corresponde a un predio mayor que se ubica en la calle ********************, ********************número, en el Poblado de ********************, Municipio de ********************, México, con las siguientes medidas y colindancias; al poniente ******************** metros con ********************, actualmente ********************; al oriente ******************** metros con propiedad de los señores ********************y ********************; al norte ******************** metros con calle ******************** y al sur ******************** metros con ******************** actualmente ********************; con una superficie de ******************** metros cuadrados (foja 42, anexo 665/2015). 4. Por auto de diecisiete de diciembre de dos mil quince, el juez responsable aprobó el convenio señalado, elevándolo a la categoría de cosa juzgada, quedando obligadas las partes a respetarlo como si se tratare de sentencia debidamente ejecutoriada (foja 52, anexo 665/2017). QUINTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causales de improcedencia, cuyo estudio es preferente conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, señalan que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran un acto de aplicación posterior al inicio de vigencia." De dicha disposición, interpretada a contrario sensu, se desprende que para que el juicio de amparo sea procedente, además de otras cuestiones, es menester que el acto reclamado cuando emana de una controversia jurisdiccional, afecte los intereses jurídicos del impetrante. En este sentido, para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera, sino que éste debe fundarse en un derecho derivado de la ley, a exigir del gobernante determinada conducta, positiva o negativa. En efecto, la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido por el artículo 6º de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que aparece en la página 35, tomo 60, diciembre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Lo anterior, a fin de que, si así lo estima fundado el órgano de control constitucional, esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada, pues de otra forma se correría el riesgo de otorgar el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de los establecidos por los invocados preceptos de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, por los motivos que refiere, la jurisprudencia 3a./J. 45/90, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 199, tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, Materia Común, Octava Época, que expresa: "INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." Puntualizado lo anterior, se tiene que en el presente asunto, el quejoso******************** reclama todo lo actuado, pero principalmente el auto de diecisiete de diciembre de dos mil quince, emitido por el Juez Sexto Mercantil del Distrito Judicial de ********************, México, en el expediente 665/2015, mediante el cual eleva a la categoría de cosa juzgada el convenio celebrado por las partes en dicho juicio, en el que se dio en pago el bien inmueble que aduce es de su propiedad. Ahora, el quejoso manifiesta que es propietario y poseedor del inmueble ubicado en calle ******************** número ********************, en ********************, ********************, Estado de México, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte: ******************** metros con calle ********************. Al sur: ******************** metros con ********************. Al oriente: ******************** metros con ********************. Al poniente: ******************** metros con ********************. Con una superficie aproximada de novecientos diecinueve punto tres metros cuadrados. Ahora si bien para acreditar su interés jurídico, el quejoso exhibió copia certificada del convenio celebrado entre los padres del impetrante y exhibido en el juicio sobre divorcio incausado 609/2013 del índice del Juzgado Quinto Familiar de ********************, México, a través del cual pretendían la disolución del vínculo matrimonial, documento del que se advierte que el progenitor del quejoso en la cláusula segunda, adujo que el bien inmueble que constituía el hogar conyugal, ubicado en ********************, número ****************************************, en ********************, ********************, Estado de México, "pasaría" a favor de los tres hijos procreados por ambas partes, entre ellos el peticionario del amparo; esto es, propiamente estaba donando dicho inmueble. Sin embargo, dicho acuerdo por sí mismo es insuficiente para demostrar la titularidad del bien y que por ende deba ser respetado el derecho que dice tener sobre ese inmueble. Es así, dado que respecto de la aprobación, validez y alcances de ese acuerdo de voluntades, nada se adujo en aquel procedimiento, toda vez que se consideró precluido el derecho concedido a las partes para formular sus pretensiones y en consecuencia, se dejaron a salvo sus derechos para hacerlos valer en juicio diverso, ordenándose el archivo del expediente. En consecuencia, en ningún momento en dicho convenio se aprobó en esa instancia judicial y tampoco se elevó a la categoría de cosa juzgada, condenándose a las partes a estar y pasar por él; es decir, no fue calificado por la autoridad judicial, de ahí que se reduce a la simple intención de quien ofreció donar dicho inmueble y no puede tener una trascendencia jurídica mayor a esa voluntad, pero insuficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo. Además, debe señalarse que de la lectura del convenio con el que se pretende demostrar el interés jurídico, se advierte que el donante solamente manifestó que el inmueble que ahora defiende el quejoso, le había sido cedido a su vez por su padre el señor ********************y por haber servido el mismo de domicilio conyugal; ********************embargo, en ningún momento se demuestra el acto traslativo a través del cual el donante ********************, adquirió la propiedad, sino solo se menciona que su padre se lo cedió. Por ello, la sola expresión realizada en ese sentido, efectivamente constituye una manifestación subjetiva de quien cedía o donaba, pero ********************demostrar el acto jurídico a través del cual adquirió el dominio, para que a su vez estuviera facultado para trasladar la propiedad del bien a favor del impetrante del amparo. Por tales razones, el documento exhibido es insuficiente para acreditar que efectivamente el quejoso adquirió por causa legalmente tutelada para poseer o adquirir la propiedad del bien litigioso, en suma, su interés jurídico para efectos del juicio de amparo. Pensar de forma contraria a lo argumentado, sería tanto como permitir que cualquier documento fuera suficiente para acreditar el interés en el juicio de amparo, pues con ello dicho juicio se utilizaría para entorpecer la eficaz administración de justicia. Además, no influye el que por haberse exhibido al juicio de divorcio tenga fecha cierta, pues lo trascedente en la especie, es que por si mismo resulta insuficiente para demostrar el interés jurídico para efectos del juicio de amparo; es decir, una causa legal para defender la propiedad y posesión del bien. Ahora, por cuanto hace a la copia simple de una carta poder de diez de febrero de dos mil seis, al ser valoradas en términos de los artículos 133, 136 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, carece por sí sola de valor probatorio para demostrar su interés jurídico, pues si bien una copia es una reproducción fotográfica de un documento del cual podría presumirse su existencia; también lo es que, si se toma en consideración que en la actualidad la tecnología en ese ámbito es avanzada, se estaría en la posibilidad de que dicha reproducción sea de un documento inexistente y por tanto prefabricado. En esos términos, se tiene que las copias simples, por sí solas, son insuficientes para que el quejoso acredite el interés jurídico que le asiste para solicitar el amparo y protección de la justicia federal respecto de los actos reclamados, ya que son consideradas como simples indicios que no acreditan la titularidad sobre el bien jurídico que, en su caso, constituya la materia del juicio. Sirve de apoyo, la tesis emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, Materia Común, página 219, del rubro y texto siguiente: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia considera que las copias de esa naturaleza que se presentan en el juicio de amparo carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen; pero ********************que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que, como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Por otra parte, respecto de la copia certificada del contrato de compraventa de catorce de enero de mil novecientos noventa y ********************, la cual es valorada en términos del artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º, la misma no es idónea para acreditar el interés jurídico del quejoso para promover el juicio de amparo, toda vez que del mismo se desprende la existencia de un acto jurídico entre ********************y ********************, relativo a la compraventa del inmueble ubicado en ******************** número 5, ********************, Municipio de ********************, México; ********************embargo, no se advierte la constitución de algún de derecho a favor del quejoso, respecto de dicho inmueble. Máxime, que respecto de dicha documental, no se advierte que haya adquirido fecha cierta con antelación a la tramitación del juicio del que deriva el acto reclamado; pues la misma adquirió fecha cierta el tres de mayo de dos mil diecisiete, en razón de que es la fecha de la certificación del Notario Público número Ochenta y seis del Estado de México, por lo que es evidente que dicho documento lo tuvo a la vista un funcionario público, que por razón de su oficio goza de fe pública; entonces, resulta posterior a la tramitación del juicio del que deriva el acto reclamado, lo que indica que no demostró un derecho preexistente que le hubiese sido afectado con motivo de la tramitación del juicio de origen. Por tanto, los medios de convicción aportados por el quejoso son insuficientes para acreditar el interés jurídico necesario para solicitar la protección constitucional; fundamentalmente, ante el hecho de que al ostentarse tercero extraño al juicio, era insoslayable la acreditación del derecho subjetivo que lo legitima para acudir a la instancia constitucional, en el caso, la titularidad del bien que defiende proveniente de un acto jurídico válido y preexistente. Máxime que el quejoso tampoco ofreció medio de convicción idóneo para acreditar la posesión que dice detentar respecto del inmueble que defiende, lo que hace evidente la falta de interés jurídico para promover el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia II.2o.C. J/10, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, diciembre de 2000, página 134, que dice: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. " Aunado a ello, tampoco quedó acreditado que el inmueble que defiende se trate del mismo que se dio en pago en el juicio de origen, pues no quedó demostrada la identidad del bien inmueble cuya desposesión argumenta el ahora quejoso se pretende realizar, pues del juicio ejecutivo mercantil 665/2015, se advierte que el juez responsable elevó a la categoría de cosa juzgada el convenio celebrado entre, la actora ******************** y ********************en su carácter de representante común de la parte demandada, en el que los demandados dieron en pago la fracción de terrero marcado como el número uno, misma que corresponde a un predio mayor que se ubica en la calle ********************, ********************número, en el Poblado de ********************, Municipio de ********************, México, con las siguientes medidas y colindancias: Al poniente ******************** metros con ********************, actualmente ********************. Al oriente ******************** metros con propiedad de los señores ********************y ********************. Al norte ******************** metros con calle ********************. Al sur ******************** metros con ******************** actualmente ********************. Con una superficie de ******************** metros cuadrados. De lo que se advierte que el bien inmueble que defiende el quejoso difiere en cuanto a la numeración, las medidas y por tanto de la superficie, con el que es materia del juicio ejecutivo mercantil del que deriva el acto reclamado. Por tanto, correspondía al quejoso quien se ostenta como tercero extraño al juicio natural, aportar los elementos de convicción conducentes para demostrar de manera fehaciente que el bien inmueble dado en pago por los demandados en el juicio ejecutivo mercantil 665/2015, corresponde al mismo inmueble que defiende en el juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicado en la página quinientos cincuenta y ********************, tomo II, diciembre de mil novecientos noventa y ********************, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: "PROPIEDAD Y POSESIÓN DE INMUEBLE. NECESARIA IDENTIFICACIÓN CUANDO SE RECLAMA PRIVACIÓN DE LA. Si la parte quejosa que se ostenta como tercera extraña en el juicio natural, no aporta al juicio de garantías los elementos de convicción conducentes que demuestran de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio ordinario del cual emana el acto reclamado, patente resulta que, en dicho supuesto, no puede sostenerse válidamente que tal acto le irrogue perjuicio, siendo evidente, por ende, que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ante la ausencia de probar que hubo afectación al interés jurídico de la quejosa.". En las apuntadas circunstancias, cabe sostener que el quejoso no justificó la afectación a los derechos de propiedad y de posesión que dijo tener respecto del inmueble mencionado en su escrito inicial de demanda, lo anterior en virtud de no haber acreditado el derecho de propiedad que adujo tener respecto del citado inmueble ni tampoco acreditó la identidad del bien con aquél que fue dado en pago en el juicio natural. Por tanto, es de considerar que no se demostró el presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional, exigido por el artículo 6° de la Ley de Amparo, el que dispone que el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que obliga a decretar el sobreseimiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por********************, contra los actos y por la autoridad que fueron precisados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el considerando último de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    III. Toluca, Estado de México; seis de octubre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy a las once horas con cuarenta minutos, como se ordenó en auto de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete; sin embargo, hasta esta fecha se tuvo por notificado a los terceros interesados del auto por el cual se reanudo el procedimiento dentro del presente juicio de amparo. Por tanto, a efecto de no dejar en estado de indefensión a las partes con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional a celebrarse el día de hoy, en su lugar se fijan las doce horas con quince minutos del once de octubre de dos mil diecisiete, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    III) (AVISO PARTE TERCERO INTERESADA). Toluca, Estado de México; veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Por el oficio de cuenta a través del cual el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, envía el juicio de amparo 66/2017-III del índice estadístico de este juzgado de Distrito, promovido por Luis Fernando González Hernández, contra actos del Juez Sexto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, y remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada por dicho órgano colegiado el siete de septiembre de dos mil diecisiete, en el amparo en revisión 215/2017, en la cual se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo 66/2017-iii promovido por LUIS FERNANDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria." En conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales procedentes, y acúsese recibo. Ahora, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta desglósense las actuaciones posteriores a la tramitación del medio de impugnación, una vez hecho lo anterior, agréguense éstas al sumario constitucional en el cual se actúa y, el citado cuaderno de antecedentes manténgase por separado. Expuesto lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, dése cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes, así como las aludidas por el tribunal de alzada en la celebración de la audiencia constitucional. Por ende, se fijan las once horas con cuarenta minutos del seis de octubre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese, personalmente

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