Luis Fernando Garza Herrera

Expediente 913/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
913/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Luis Fernando Garza Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En la Ciudad de México; veintinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, la copia autorizada del proveído dictado en el cuaderno de VARIOS 1/2022 "REFORMA FISCAL" del índice de este juzgado, a través del cual, remite una promoción dirigida al presente expediente. Ahora, visto el diverso que anexa, se provee: Téngase por recibido el oficio 40837/2022 remitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, mediante el cual, informa el contenido del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, asimismo solicita que se le informe el estado procesal que guardan los autos del expediente en el que se actúa. Atento a lo anterior, agréguense a los autos el oficio en comento únicamente para que obre como corresponda, toda vez que mediante proveído de tres de junio de dos mil veintidós, se acordó lo conducente respecto de diverso oficio de idéntico contenido. Fundamento. Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México; tres de junio de dos mil veintidós. Se acuerda promoción. Téngase por recibido el oficio remitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, mediante el cual, informa el contenido del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, al cual anexa el diverso 37991/2021 de su índice, por el cual solicita que se le informe el estado procesal que guardan los autos del expediente en el que se actúa, así como las partes y actos reclamados en el mismo, a fin de estar en posibilidad de resolver lo conducente dentro del juicio de amparo 189/2021 de su índice. En consecuencia, y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de siete de abril de dos mil veintidós se atendió dicha petición contenida en la diversa comunicación oficial 14182/2022 de su índice y se ordenó notificar vía interconexión al juzgado en comento lo solicitado, no obstante lo anterior y en aras de la pronta y expedita impartición de justicia, tal y como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en obvio de mayores dilaciones procesales, se hace del conocimiento de la autoridad oficiante que la parte quejosa en el presente asunto es Luis Fernando Garza Herrera, representante legal de STAR JUICE, Sociedad Anónima de Capital Variable, asimismo que el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia definitiva mediante la cual se determinó sobreseer el presente asunto respecto de las siguientes autoridades responsables y actos reclamados: Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión Presidente de la República Jefe del Servicio de Administración Tributaria La aprobación, expedición, sanción, promulgación, refrendo y orden de publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en particular los siguientes artículos: Del Código Fiscal de la Federación: 5-A, 17-H Bis, 23, 26, fracciones III y X, 197 a 202. De la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 28, fracción XXXII. De la Ley del Impuesto al Valor Agregado: 1-A, fracción IV. La aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del Decreto publicado el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, y en vigor a partir del uno de enero del año pasado, por el que se expide Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, en particular el artículo: De la Ley de Ingresos de la Federación: 21. Fundamento: artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Reanudación. Vista la tercera certificación de cuenta, de conformidad con el inciso II, numeral 16 de la Circular SECNO 10/2021, en relación con los artículos 1 y 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de términos procesales a que aluden los acuerdos y circulares enumeradas en la primera certificación; a lo que se provee: Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que actúa, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha, las partes hayan interpuesto recurso de inconformidad en contra del proveído de treinta y uno de enero de dos mil veinte en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio; por lo tanto; se declara que se encuentra firme dicha determinación. Archivo del asunto, valoración del expediente y anotación en el Libro Electrónico. En virtud a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, se ordena el archivo del cuaderno principal en que se actúa. Valoración del expediente, anotación en el Libro Electrónico y colocación de los sellos en la carátula. Por otra parte, se valora que el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, por tanto, colóquese el sello de fecha de archivo, destino final en la carátula y que carece de relevancia documental, asimismo, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito. Fundamento: Artículo 18, párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Invitación juicio en línea. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: ricardo.molina.alfaro@correo.cjf.gob.mx y juana.garcia.lara@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, tercera interesada y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Incidental

    Ciudad de México, siendo las nueve horas con siete minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno, se encuentra en audiencia pública el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, Diego Alejandro Ramírez Velázquez, asistido de Samantha Lecona Rodríguez, Secretaria que da fe, procede a celebrar la relativa al incidente de suspensión emanado del juicio de amparo 913/2020, de nuestro índice. Fundamento: Artículo 144 de la Ley de Amparo. Inicio de la audiencia. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes, asimismo, se hace constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el módulo "Agenda visita a OJ", "Reporte de Agenda" opción "Consulta General" no se desprende que de alguna de las partes haya solicitado cita para comparecer a esta audiencia y, hecho lo anterior, la Secretaria hace una relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: Copia del escrito de demanda, aclaratorio y sus anexos. Copia autorizada el proveído dictado en el cuaderno principal por el que este juzgado admitió el presente asunto. Proveído en el cual se determinó respecto de la suspensión provisional, se requirió el informe previo a las autoridades responsables y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental y sus respectivas constancias. Informes previos rendidos por la autoridades responsables. Suspensión definitiva de doce de marzo de dos mil veinte dictada por el juzgado de origen, únicamente respecto a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión Certificación de cuenta de la descarga de la dirección http://sise. cjf.gob//sise/ExpedienteElectrónico/PanelCentral.aspx, relativa al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Certificaciones de cuenta. La Secretaria hace constar que las anteriores actuaciones, representan la totalidad de las constancias que obran en este cuaderno incidental. El Juez acuerda: Con fundamento el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos que en su integridad serán tomados en consideración al resolver sobre la suspensión solicitada. Abierto el periodo probatorio. La Secretaria hace constar que la parte quejosa ofreció como pruebas las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda, consistentes en: Copia certificada de la Escritura Pública que hace constar la protocolización del acta de Asamblea General de Accionistas. Copia certificada de las boletas de inscripción del instrumento descrito en el párrafo que antecede. Constancia de situación fiscal y acuse de recibo de la declaración provisional o definitiva de la parte quejosa. Por otro lado certifica que las demás partes no ofrecieron prueba alguna en el presente incidente. El Juez acuerda: Se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas del quejoso y por precluído el derecho de las demás partes para ofrecerlas, con lo que se da por concluido el presente período. Fundamento: Artículos 143, segundo párrafo y 146, fracción II de la Ley de Amparo. Abierto el periodo de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar: que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado de origen, formuló la intervención ministerial correspondiente a su representación social, y que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Ténganse por hechas las manifestaciones vertidas por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado de origen y por precluído el derecho de las demás partes para formular alegatos, con lo cual se da por concluida esta etapa. Fundamento: Artículo 144 de la Ley de Amparo. Cierre de audiencia. Al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta y se procede a dictar la resolución correspondiente; y, Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 913/2020 promovido por Luis Fernando Garza Herrera, por propio derecho, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. La parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se mencionan en la demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaren. SEGUNDO. Admitida la demanda de amparo, se pidió a las autoridades señaladas como responsables que rindieran sus informes previos; se negó la suspensión provisional de los actos reclamados, finalmente se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual fue celebrada por la jueza de origen el doce de marzo de dos mil veinte, por lo que hace a la autoridad responsable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y respecto a las demás autoridades responsables se difirió, señalándose nueva fecha y hora para su celebración misma que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa solicitó la medida cautelar en el juicio de amparo del que deriva este incidente. Lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo; así como el Acuerdo General 2/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a la Circular SECNO/3/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Actos reclamados y medida suspensional solicitada. La parte quejosa señaló como actos reclamados, esencialmente, los que se indican a continuación: Precisión del acto reclamado. "IV. ACTOS RECLAMADOS. . Decreto publicado el 09 de diciembre de 2019 y en vigor a partir del 1º de enero de 2020, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, particularmente los artículos 5-A, 17-H Bis, 23, 26 fracciones III y X y el Título Sexto comprendido por artículos 197, 198, 199, 200, 201 y 202 del Código Fiscal de la Federación, los artículos 28 fracción XXXII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el artículo 1-A fracción IV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. . Decreto publicado el 25 de noviembre de 2019 y en vigor a partir del 1º de enero de 2020 por el que se expide la Ley de Ingreso de la Federación para el ejercicio 2020, particularmente su artículo 21" La quejosa manifestó que solicita la suspensión del acto reclamado para los siguientes efectos: ". a efecto de que no se aplique en su perjuicio el contenido de los actos reclamados." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Jefa del Servicio de Servicio de Administración Tributaria, al rendir su informe previo negó la existencia de los actos que se le atribuyen; sin que la parte quejosa haya aportado pruebas en contrario tendientes a desvirtuar tal negativa, por lo que lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada por no existir materia sobre la medida cautelar pedida. Por su aplicación al caso, es de citarse la jurisprudencia número 1128, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 777, del rubro literal siguiente: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Así como la diversa tesis publicada en la página 356, del Tomo X, Octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que establece: "INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos." Igualmente tiene aplicación la tesis número VI. 2°. J/308, visible en la foja 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Octava Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL, CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, ésta obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes en el ámbito de sus atribuciones legislativas o reglamentarias. Con independencia de las omisiones, negativas o manifestaciones de las diversas autoridades responsables, tales actos se acreditan con los propios ordenamientos normativos y con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, registro 191452, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." QUINTO. Análisis de la solicitud de Suspensión. En ese tenor, se tiene en cuenta que en el artículo 107 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo se contemplan los requisitos para la procedencia de la suspensión solicitada los cuales son: a. La solicite el quejoso; b. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En la especie, el quejoso aduce que la entrada en vigor de las normas que reclama afecta en forma importante su esfera de derechos, ya que la sujeta a una nueva mecánica de tributación donde limita deducciones y aumenta e impone tasas de retención de impuestos. Asimismo, señala que se otorgan nuevas facultades a la autoridad fiscal, como la de practicar revisiones en donde podrá de manera arbitraria re caracterizar operaciones, así como solicitar la relación de información relativa a sus estrategias fiscales y violenta el derecho de audiencia al adicionar nuevos supuestos de cancelación de sello digital y de responsabilidad solidaria a los accionistas y directivos de una sociedad. Luego, con base en lo anteriormente expuesto, y atendiendo a las manifestaciones del quejoso formulada en la demanda, bajo protesta de decir verdad, así como con los documentos ponderados con anterioridad, se estima que se acredita el interés suspensional, al resultar, en apariencia, afectadas por las disposiciones cuya inconstitucionalidad reclama. Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por el quejoso, respecto de los efectos para los cuales se solicita la medida, atento a las siguientes consideraciones: El citado artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." De la anterior trascripción se desprende que, para conceder la suspensión a petición de parte, deben satisfacerse previamente ciertos requisitos como son: La solicitud formulada por el quejoso en ese sentido. Que los actos no contravengan disposiciones de orden público ni afecten el interés social. Ahora bien, el primero requisito es que la suspensión sea solicitada por el quejoso, situación que en la demanda que nos ocupa acontece. Luego, en segundo término, contempla que no se deberá seguir perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; requisito de procedibilidad que, en el caso a estudio, no se actualiza, toda vez que de concederse la medida cautelar solicitada para que no se aplique en la esfera jurídica de la parte agraviada el contenido de los artículos reclamados, este juzgador se contrapondría con el interés social, ya que el objeto de dichos preceptos es evitar la posible comisión del algún delito fiscal; objetivo que las autoridades responsables pretenden alcanzar en beneficio del interés público. En efecto, en relación con el orden público y el interés social, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instituyó en la contradicción de tesis número 266/2007-SS, que dichos conceptos son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese tenor, el Tribunal Supremo del país sostiene que por disposiciones de orden público deben entenderse las plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En vinculación con los razonamientos de mérito, definió que se considera que el orden público y el interés social, se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se infiere un daño que de otra manera no resentiría; perjuicio que sería mayor que el ocasionado a la parte quejosa, a la que se niega la medida cautelar. Aún más, el numeral 129 del citado ordenamiento legal, dispone diversos supuestos en los que se considera que se siguen esos perjuicios y se realizan las citadas contravenciones al interés social; sin embargo, el hecho de que el legislador haya indicado algunos supuestos de cuando considera que se vulnera el orden público y el interés social, no quiere decir que haya sido limitativo respecto a los supuestos en los que debe estipularse contravención a la citada porción normativa, sino que únicamente fijó criterios para que el intérprete de la ley delinee cuándo, en el caso concreto, se satisface o no el requisito citado en el artículo 128, fracción II. En efecto, ha sido criterio reiterado que el orden público y el interés social, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al órgano jurisdiccional examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. Así, el orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido solo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución; en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Lo anterior, se apoya en la tesis I.3o.A. J/16, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 383 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, y que ilustra: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Para entender el contenido de la noción de orden público, es menester ponderar las situaciones que se producirían con la suspensión del acto reclamado, esto es, si con la medida se privará a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le inferirá un daño que de otra manera no resentiría. Asimismo, para determinar si existe tal afectación, no basta que la ley en que se funda el acto sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución, son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, y en consecuencia, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados; por tanto, es necesario confrontar el perjuicio real y efectivo que podría sufrir la colectividad, con el que podría afectar a la quejosa con la ejecución del acto reclamado. Tienen aplicación en lo conducente la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/56, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 986, Tomo XXV, junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE AFECTAN EL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, DEBE SOPESARSE EL PERJUICIO REAL Y EFECTIVO QUE PODRÍA SUFRIR LA COLECTIVIDAD, CON EL QUE PODRÍA AFECTAR A LA PARTE QUEJOSA CON LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EL MONTO DE LA AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS EN DISPUTA. El artículo 124 de la Ley de Amparo condiciona la concesión de la suspensión, además de la solicitud del quejoso, en primer lugar, a que no se afecte el orden público y el interés social, y en segundo, a que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se le causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado. Ahora bien, para determinar si existe esa afectación no basta que la ley en que se fundamente el acto sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si son realmente significativos para afectar el interés social. Efectivamente, las leyes, en mayor o menor medida, responden a ese interés público, sin embargo, esto no puede ser una habilitación absoluta, capaz de afectar derechos fundamentales de modo irreversible, ya que también es deseable por la sociedad que las autoridades no afecten irremediablemente derechos sustanciales de los particulares, especialmente cuando tienen el carácter de indisponibles o irreductibles como la libertad, igualdad, dignidad y los demás consagrados en el artículo 16 constitucional, por ser sus consecuencias de difícil o de imposible reparación. Así las cosas, para aplicar el criterio de orden público e interés social debe sopesarse el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con los actos concretos de aplicación, con el perjuicio que podría afectar a la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado y el monto de la afectación de sus derechos en disputa." Así, una vez analizadas las premisas atinentes al orden público e interés social, a la luz de los efectos para los cuales se peticiona la medida cautelar, se considera que no se reúne el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues de otorgarse se contravienen disposiciones de orden público y se sigue perjuicio al interés social. Pues de un análisis integral a la exposición de motivos del Decreto impugnado, se advierte que las reformas de mérito tienen como finalidad primordial, en síntesis y de manera enunciativa lo siguiente: Lograr una mayor transparencia eficacia en el ejercicio de los recursos públicos, mayor control y vigilancia por parte de las instancias competentes para prevenir, investigar, denunciar e imponer sanciones para obtener resultados diferentes que permitan ir en contra de los evasores fiscales, pues se generaron de forma excesiva comprobantes fiscales apócrifos por parte de las empresas facturadoras de operaciones simuladas sobre operaciones, compras o servicios no realizados, con el fin de simular aumentos de gastos de operación para pagar menos impuestos; de ahí que se consideró necesaria la implementación de las disposiciones reclamadas. Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios; con el objeto de lograr una eficiencia presupuestaria. Combatir las estrategias de planificación fiscal utilizadas para cambiar de manera artificial los beneficios económicos a lugares de escasa o nula tributación, lo que permite eludir casi por completo el pago del Impuesto Sobre la Renta en México. Evitar el uso de estrategias de elusión fiscal. Que la autoridad fiscal se encuentre en posibilidad de realizar los actos necesarios para revisar si las operaciones que se hacen constar en los comprobantes fiscales en realidad se efectuaron y, de concluir en sentido negativo, en consecuencia, se declare la inexistencia de tales operaciones, desconociendo valor alguno a los mencionados comprobantes. Combatir a las empresas que facturan operaciones inexistentes, así como aquellas que dan efectos fiscales a las mismas. Se inhiba que los contribuyentes continúen simulando la realización de operaciones en perjuicio del Fisco Federal. Evitar que las empresas facturadoras de operaciones inexistentes, al momento de realizar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, proporcionen datos incorrectos, dentro de los que destaca el referente al domicilio, pues señalan domicilios inexistentes o de difícil localización, que evidentemente no constituyen el asiento o administración principal del negocio del contribuyente, o bien, el lugar en el que desempeñan sus actividades. Que las autoridades correspondientes aún sin ejercer sus facultades de verificación puedan comprobar que los datos proporcionados por el contribuyente como medios de contacto son incorrectos o falsos, situación que en el caso de las empresas facturadoras de operaciones inexistentes es recurrente para evitar que la autoridad les informe que tienen una notificación o mensaje en su buzón tributario, lo que impide que éstos sean notificados por dicho medio. Establecer como supuesto para dejar sin efectos los certificados de sellos digitales, cuando los contribuyentes facturen ingresos o retenciones y éstos no correspondan con la información proporcionada en sus declaraciones, así como de aquella que se encuentre en poder de la autoridad fiscal o a la que tengan acceso, ello aun cuando no se ejerzan las facultades de comprobación por parte de la autoridad, lo cual permitirá evitar la generación de facturas por posibles empresas facturadoras de operaciones inexistentes Determinar la metodología para calcular la tasa de retención anual de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Por esas circunstancias, es claro que se le causaría un perjuicio mayor a la sociedad, que los que podrían resentir el quejoso con la aplicación de dichos numerales, pues como se analizó, con las reformas normativas de referencia, se busca fortalecer los mecanismos de vigilancia y control, para erradicar la evasión de los impuestos y combatir la compraventa de facturas falsas, salvaguardando los ingresos públicos del país, su estabilidad y el bienestar de la población. En ese contexto, resulta improcedente la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, en virtud de que el legislador ha considerado relevantes las medidas decretadas, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y, en su caso, impedir la evasión fiscal, pues a través de garantizar el ejercicio de las facultades de las autoridades y los mecanismos y sanciones propuestas, se pretende hacer frente a los retos que representa para el país, la creciente evasión y elusión fiscal, además de que se respetan los instrumentos de verificación, los cuales evidentemente constituyen fines que contribuyen al interés de la sociedad, en tanto que es a través del sistema recaudatorio que el Estado se hace de los recursos esenciales para su sostenimiento; de ahí que de otorgarse la medida cautelar solicitada, se permitiría que la finalidad pretendida a través de la modificación legislativa reclamada no fuera satisfecha y podría dar lugar a la realización de las actividades que precisamente se pretenden erradicar. En este aspecto debe resaltarse también que la sociedad y el Estado en general están interesados en evitar prácticas fraudulentas como el incumplimiento de obligaciones fiscales o la obtención de beneficios en forma indebida por parte de los contribuyentes, pues conforme a lo previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es deber de todo mexicano contribuir al gasto público de forma proporcional y equitativa, lo cual se cumple mediante el pago de impuestos (obligación tributaria). No pasa inadvertido, que si bien es cierto que la suspensión definitiva de los actos reclamados, participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro de la demora, también lo es que el juzgador debe realizar su estudio, con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con su otorgamiento, análisis que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Sin embargo, en la especie, más que un asomo a la posible inconstitucionalidad de los actos reclamados se realizaría una labor interpretativa y de estudio profundo de estos, lo cual, implicaría no sólo un asomo a la inconstitucionalidad planteada, sino un verdadero análisis al fondo de la cuestión debatida, lo cual desnaturalizaría el objeto de la suspensión. Es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/347, con número de registro 209401, de dice: "SUSPENSION, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL JUICIO. Al resolver sobre ella no pueden estudiarse cuestiones que se refieran al fondo del amparo." En consecuencia, con fundamento en los artículos 128 fracción II y 129 de la Ley de Amparo SE NIEGA LA SUSPENSION DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE UNICO. Se NIEGA a Luis Fernando Garza Herrera, por propio derecho, la suspensión definitiva, por los motivos expuestos en el tercero y cuarto considerandos de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México · 11,192 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano