Luis Fernando Flores Robles

Expediente 121/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
121/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Luis Fernando Flores Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Devolución de disco compacto. Del estado de autos del presente juicio de amparo, se desprende que en este juzgado obra un disco compacto remitido por la autoridad responsable juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, con residencia en esta ciudad, al momento de rendir informe justificado; en esa virtud, y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena devolver dicho anexo, ya que resulta innecesaria su retención; en la inteligencia que no es necesario que la autoridad responsable acuse recibo del citado disco compacto. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad en cita. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante la secretaria Guadalupe López Gutiérrez, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, uno de junio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe. RamiroRJ

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de abril de dos mil veintidós. Cumplen requerimiento. Agréguense a los autos los oficios con anexos suscritos por el magistrado Instructor del Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora y por la autoridad responsable jefa de causas del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, ambos con residencia en esta ciudad, mediante los cuales en cumplimiento al requerimiento de veintinueve de marzo de la presente anualidad, remiten las constancias solicitadas. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexan. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del estudio integral del expediente y, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa en esencia como acto reclamado el siguiente: La resolución de siete de enero de dos mil veintidós, que determinan improcedentes las causales de sobreseimiento dentro de la causa penal 2184/2021. Luego, en relación al acto reclamado, del oficio de cuenta y anexos se advierte que para el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. En principio conviene precisar que en la referida porción normativa se prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo, es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponde al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.". Conforme a dicho numeral, el juicio de amparo es improcedente contra actos que emanan de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica acaecido en el mismo, deban considerarse que se consumaron irreparablemente las violaciones que se reclaman por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Asimismo, se indica que cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto y la autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que se notifique la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. Así, en el presente caso se actualiza la hipótesis de la causal de improcedencia que se invoca, toda vez que el quejoso reclamó de la responsable la resolución de siete de enero de dos mil veintidós, mediante la cual se determinó la improcedencia de las causas de sobreseimiento invocadas. No obstante, de las constancias que remitieron el magistrado Instructor del Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora y por la autoridad responsable jefa de causas del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, ambos con residencia en esta ciudad, se advierte que dentro del toca oral penal 51/2021 del índice del primero de los mencionados, se pone de relieve que el uno de febrero de dos mil veintidós, se dictó resolución al recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 2184/2021 del control estadístico de la segunda de los mencionados, por la cual revocó la resolución impugnada y, en su lugar, dictó auto de no vinculación a proceso a favor del aquí quejoso, quedando anuladas las medidas cautelares impuestas; atento a lo anterior, el juez de origen ordenó archivar la carpeta administrativa como asunto concluido. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. Así las cosas, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en la fracción V del artículo 63 del propio ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Diciembre de 1996, foja 219 que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Asimismo, debe indicarse que el sobreseimiento que nos ocupa no causa agravio a la parte quejosa, por el hecho de haberse efectuado fuera de audiencia constitucional, pues la causa de improcedencia destacada, es inobjetable, dado los alcances de la jurisprudencia en que se apoyó tal criterio, y a nada práctico conduciría tramitar un juicio de amparo evidentemente improcedente, pues la conclusión a que se arribó no variará, aún con las pruebas que eventualmente allegaran las partes. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, aprobada en sesión privada de catorce de febrero de dos mil tres, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 270, Tomo XXVII, Junio de 2008, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracciones V, en relación con el diverso 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado por el quejoso. Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las diez horas con cuarenta y un minutos del once de abril de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio las autoridades responsables. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Requerimiento. En tal medida, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente del Primer Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito y al juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan copia certificada de las constancias que se refieren en el párrafo que antecede; o bien, manifiesten la imposibilidad legal o material que al efecto tuvieren. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo establecido, salvo impedimento legal que al efecto tuvieren, con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se les impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Lo anterior, a fin de estar en aptitud de acordar lo conducente en el presente juicio de derechos.

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