Luis Fernando Fierro Hernández

Expediente 859/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
859/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/12/2021

Partes del expediente

  • Luis Fernando Fierro Hernández
  • Juez Cuarto de lo Familiar por Audiencia del Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio de garantías de tres de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente controvertido, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, interpretado a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en este asunto, se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, destruirá este expediente y remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 35, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase al justiciable, Luis Fernando Fierro Hernández, cumpliendo en sus términos, el requerimiento aclaratorio contenido en el diverso proveído de doce de noviembre de este año, por medio del cual, precisa que el recurso que se interpuso en contra del auto de fecha dieciocho octubre de dos mil veintiuno, fue el de revocación, asimismo, exhibe copia certificada del auto en el que recayó el escrito de inconformidad, mediante el cual no se tuvo por interpuesto el recurso que se pretendió, de conformidad con el artículo 477 del Código de Procedimientos Familiares del Estado. Consecuentemente, se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve el ocursante, así como anexos que acompaña. Ahora bien, con apoyo en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretado este último en sentido contrario, se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente, la referida demanda de amparo, en atención a que se advierte la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, el amparo deviene improcedente al actualizarse una causa que impide su admisión y tramitación, la cual es oficiosa por ser de orden público en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo. Por su parte, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, esto a contrario sensu de la Ley de Amparo, señalan: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido". "SI se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." De la segunda parte del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia P./J.32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril del 2001, Novena Época, Página 31, del rubro y texto siguiente "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual forma, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que los actos reclamados en la presente instancia constitucional esencialmente se hace consistir en el auto de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, publicado en lista de la autoridad responsable, Juzgado Cuarto de lo Familiar por Audiencias Distrito Judicial Bravos, el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, surtiendo efectos el veinte de octubre del mismo año, en el cual ordenó que se remitieran los autos del expediente 930/19, del índice de la responsable, a la Notaria número Treinta; auto del cual se informó la parte promovente mediante escrito presentado ante la responsable el día veinte de octubre del año en curso. Actos que fueron emitidos dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que, conforme a lo establecido, no tiene el carácter de última resolución en esa etapa para efectos del juicio de amparo. Bajo ese contexto, como los actos precisados no constituyen la última actuación o resolución dentro del procedimiento de ejecución, pues la regla específica para la procedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en el artículo 107, fracción IV, de la nueva Ley de Amparo, hace referencia a que se combata la "última resolución" de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva; circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza del carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. Además, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, el legislador tiende a evitar su obstaculización impidiendo que en el juicio constitucional se combata precisamente la "última resolución" que se emita en el procedimiento de ejecución respectivo, y no así sucesivas determinaciones, es por ello que la "última resolución" contra de la cual procede el juicio de amparo, en términos del numeral de mérito, es aquella en la que: a) Se aprueba o reconoce el cumplimiento total de dicha resolución definitiva. b) Declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento. c) Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En el entendido de que cualquiera que sea el caso en que se ubique el accionante de amparo, ésta podrá hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que lo hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. Sin embargo, se afirma que, en el caso concreto, como antes se dijo, el quejoso, no se encuentra en alguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no se refiere a la "última resolución" emitida en el procedimiento de ejecución de donde emana el acto reclamado. Ello es así, ya que los actos que en esta vía se reclaman, están dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, los que, guardan plena vinculación con la ejecución del mismo; por ello, es inconcuso, que los actos reclamados no constituyen la última resolución a que se ha hecho referencia, pues no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del laudo, ni es de las que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, se colige que la "última resolución" que se pronuncia en el procedimiento de ejecución de sentencia, es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o, en su caso, la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, entonces, sólo en contra 3de la determinación que se emita reconociendo o declarando la imposibilidad de cumplir la sentencia, procederá el juicio de amparo indirecto. En efecto, como los actos impugnados son tendentes a dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada, resulta claro que se deben de seguir las reglas de procedencia del amparo indirecto señaladas para actos dictados en ejecución de sentencia. Lo anterior se afirma, habida cuenta que con dicho acto el Juez Familiar busca continuar con la ejecución de la sentencia emitida en el procedimiento de origen, y no debe perderse de vista que: I. El solicitante del amparo fue parte formal en el juicio familiar de origen; II. Los actos reclamados en esta instancia obedecen a la existencia de un fallo elevado a la categoría de cosa juzgada, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. Admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis II.2o.C. 389 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1721, del Tomo XXVII, Enero de dos mil tres, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: . "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." De igual forma, tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis 1a./J. 28/2010, visible en la página 60 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra de los actos reclamados es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia. En las apuntadas condiciones, al actualizarse en la especie la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es, con fundamento en el artículo 113 de la Codificación en consulta, DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda en cuestión. Por otra parte, se tiene a la quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y designando como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Jacobo Flores Galván, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones, al Licenciado Luis Darío Félix Reyes. Asimismo, se tiene al promovente proporcionado como medio alterno de comunicación el correo electrónico asesoriajacoboflogal@hotmail.com, entérminos de lo previsto por el artículo 23, fracción I, párrafo segundo, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19." En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3, 7, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (89.62) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de cinco horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las trece horas con cuarenta y cinco minutos hasta las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario vespertino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna, ello, con motivo de las medidas relativas a la etapa de contingencia. Ahora bien, en términos de lo previsto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Proponga usuario para que acceda al expediente electrónico a efecto de que pueda consultarlo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.L´lgwm

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de doce de noviembre de dos mil veinte, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.

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