Luis Fernando Escobar Villegas

Expediente 685/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
685/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
18/11/2022

Partes del expediente

  • Luis Fernando Escobar Villegas

Actuaciones

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de veintiséis de julio de dos mil veintidós, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *****. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintidós. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se desprende que no obran documentos originales exhibidos por la parte promovente, se ordena que el presente proveído se le notifique por lista. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista a las promoventes.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a veintiséis de julio de dos mil veintidós. Por recibido el oficio proveniente del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, al que acompaña expediente 685/2022-V, y en el que trascribe el contenido del proveído de veintiuno de julio de dos mil veintidós, del que se desprende que no acepta la competencia planteada por este juzgador mediante auto de catorce de julio dos mil veintidós; por tanto, se procede a acordar en los siguientes términos: PERSONALIDAD Se tiene a ****, por derecho propio, promoviendo la demanda de amparo contra actos del Juez, Secretario de Acuerdos y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO Es oportuno señalar que la demanda debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte promovente y así acordar lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Resulta preciso citar la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, visible en la página 32, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD, Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterito de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de libertad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejosa acude a la presente instancia constitucional, reclamando la falta de notificación del auto de once de mayo de dos mil cinco y los subsecuentes autos dictados en el incidente de liquidación de sociedad conyugal derivado del juicio de divorcio necesario seguido por *** vs ***, expediente ***, tramitado ante el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, así como su cumplimiento y ejecución. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO De lo manifestado por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se desprende lo siguiente: a) Con fecha quince de agosto de mil ochocientos ochenta y ocho, se dictó sentencia de divorcio la cual causo ejecutoria. b) El cuatro de mayo de dos mil cinco, ***, presentó escrito demandando vía incidental liquidación de la Sociedad Conyugal a la C. *** manifestando como bienes inmuebles materia de la sociedad conyugal la casa ubicada en ****. c) Con fecha veintidós de mayo de dos mil nueve, se dictó sentencia interlocutoria en los autos del incidente de liquidación, en la que declaro liquidada la sociedad conyugal. d) El dieciocho de agosto de dos mil diecinueve, la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, modifico la sentencia interlocutoria y dio continuidad al procedimiento en el incidente de liquidación conyugal, llevando de manera ilegal al remate del bien perteneciente a la sucesión en la que el quejoso es coheredero, en tanto que el albacea es ****. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA Del estudio íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado no causa un agravio personal y directo al peticionario del amparo, por lo que se actualiza la CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción V, 6° y 5° fracción I, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." En apoyo a lo anterior, este juzgado estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de garantías se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 107 fracción V de la Ley de Amparo revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para nuestra noble institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, debe decirse, que por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, en especial, a través de una resolución judicial y por extensión, también cada uno de los motivos de impugnación expresados en el recurso de apelación contra una resolución de primera instancia; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un interés jurídico y éste es el significado que se emplea en los artículos 6° y 5° fracción I de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales. Lo anteriormente expuesto encuadra en el caso a estudio, toda vez que este Órgano Jurisdiccional Federal determina que el acto combatido deviene improcedente reclamarlo a través del juicio de amparo indirecto en este momento procesal, en virtud de que del estudio de la demanda en cuestión no se desprende que exista algún acto que produzca un agravio personal y directo y sobre todo actual al promovente; esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en la esfera jurídica del impetrante, que ya se causó o que es inminente con toda certeza que se vaya a causar, por lo que se reitera que la citada demanda resulta improcedente, en atención a lo estatuido en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el 107 fracción V a contrario sensu, 6° y 5° fracción I todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el acto reclamado consistente en la resolución la falta de notificación del auto de once de mayo de dos mil cinco y los subsecuentes autos dictados en el incidente de liquidación de sociedad conyugal derivado del juicio de divorcio necesario seguido por *** vs ****, expediente *** y sus consecuencias, son actos que no están encaminados a causarle un perjuicio a la hoy promovente que haga procedente el juicio de amparo. Además, en el juicio de amparo, el interés jurídico como noción fundamental presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la legislación aplicable toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Asimismo, de acuerdo con el artículo 6° de la ley de la materia, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o, en su caso, por la ley. Por su parte el artículo 5° del mismo ordenamiento, dispone que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, al tener tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que el acto reclamado viole los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica. De lo anterior se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, pero además sólo podrá seguirse por el agraviado o por su apoderado legal. En otras palabras, para la procedencia del amparo, debe existir un agravio personal y directo; es decir se requiere que el acto o actos de autoridad reclamados afecten los intereses jurídicos del quejoso, es decir que produzcan un agravio directo. En relación con el agravio y perjuicio, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que el primero de los mencionados debe ser actual para justificar la acción de amparo y el perjuicio se debe traducir en la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Fundamenta lo expuesto, la jurisprudencia 138, emitida por el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, volúmenes 199-204, primera parte, visible en la página 135, del rubro y texto siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Asimismo, sirve de apoyo la sustentada por el propio Pleno de nuestro Más Alto Tribunal, relativa a la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, volúmenes 97-102, primera parte, visible a página 123, del rubro y texto siguiente: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les para perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." De ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que por ese solo hecho se tenga por acreditada la comprobación del interés jurídico del quejoso y como consecuencia se deba admitir a trámite, pues para ello es necesario que se demuestre o cuando menos que se infiera de forma presuncional que el acto reclamado lesiona sus intereses jurídicos. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 3a./J. 28/90, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, visible en la página 230, que establece: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar el órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo." Sentado lo anterior, es pertinente precisar que el quejoso, carece de legitimación, ya que no demuestra de albacea de la sucesión al que pertenece el inmueble que defiende. En ese orden, el quejoso, solo acredita ser coheredero, por lo que no implica que pueda realizar cualquier acto en nombre de la albacea y que su participación debe entenderse limitada al proceso de origen, pues no tiene la calidad de representante legal. Además, tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo. Por ende, la instancia constitucional debe instarse por la propia sucesión de la demandada incidentista, por conducto de su albacea o persona facultada para tal efecto, por ende, no está legitimado a promover el amparo en nombre de la sucesión de ****. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 1a./J. 36/2005 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha treinta de marzo de dos mil cinco, visible en el Tomo XXI, Mayo de 2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 178449, relativo a la Novena Época, página 217 cuyo rubro y texto es el siguiente: "HEREDEROS PRESUNTOS. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LA MASA HEREDITARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, éste sólo puede promoverse por la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y cierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien en sus propiedades o posesiones. En ese tenor, y en atención a que el artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco faculta a los herederos a ejercer las acciones, defensas y recursos que correspondan a la masa de la herencia, si no está en funciones el interventor o el albacea de la sucesión, se concluye que quien no sea heredero declarado por la autoridad correspondiente o no esté reconocido como tal y solamente tenga la calidad de presunto heredero carece de legitimación para promover el juicio de garantías en defensa de la masa hereditaria, pues si aún no se le ha reconocido ni declarado el carácter de heredero, ni se le han adjudicado los bienes, no existe la certeza de que ello ocurrirá y tampoco de que de llegar a tener esa calidad, no cederá sus derechos hereditarios a otra persona, antes de la adjudicación o de la división de los bienes; de ahí que en ese supuesto, al ser futuro e incierto, el presunto heredero no podría sufrir un perjuicio de manera concreta, actual, personal, directa e inmediata, en tanto que todavía no es titular de un derecho legítimamente tutelado." Es aplicable al caso concreto la tesis de jurisprudencia 1831, Tomo Parte II, del Apéndice de 1988, de la Segunda Sala, Quinta Época, visible en la página 2953, que textualmente señala: "SUCESIONES. REPRESENTACION LEGAL. La representación legal de las sucesiones, la tiene el que está en ejercicio del albaceazgo, siendo el único que puede promover judicialmente a nombre de la sucesión." Además, sustenta el anterior criterio la tesis de jurisprudencia II.2o.C.395 C, visible en el Tomo XVII, Febrero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página 1082, que establece: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS. De una correcta interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con lo señalado en los dispositivos 1533 y 1534 del Código Civil de la entidad, anterior al vigente, se llega a la conclusión de que cuando un heredero reconocido en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación activa para instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa del derecho de posesión que deriva del citado artículo 1533, esto es, en su calidad de heredero respecto de la masa universal de bienes del de cujus. Ello, porque su título no es individual sino en comunidad con el resto de los sucesores reconocidos en el juicio relativo y entonces, es precisamente el albacea quien resulta legitimado para tales efectos en cuanto representante de la sucesión, por corresponderle a ésta ese derecho de posesión y no a los herederos en lo individual." DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Consecuentemente, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA promovida por ***, por derecho propio. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo y por tal motivo desecharse la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. En cumplimiento al proveído de veintidós de julio del año en curso, notifíquese por lista el presente proveído al quejoso. NOTIFÍQUESE por lista a la parte quejosa y por oficio al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.

  3. Principal

    México, Ciudad de México, a veintidós de julio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos la razón de la Actuaria de la adscripción, de la cual se advierten los motivos por los cuales no pudo notificar al quejoso *********, el auto de catorce de julio del año en curso, toda vez que el domicilio proporcionado en autos resultó impreciso; en tales condiciones y dadas las razones expuestas por la citada fedataria, practíquese al quejoso la notificación del referido auto, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. ******México, Ciudad de México, a catorce de julio de dos mil veintidós. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito inicial de demanda presentado el once de julio de dos mil veintidós, recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y recibido el doce siguiente por la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. SE ORDENA FORMAR EXPEDIENTE Fórmese expediente impreso y electrónico conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 685/2022-V y NEUN 30445478. PERSONALIDAD Se tiene a **********, por derecho propio, promoviendo la demanda de amparo contra actos del Juez, Secretario de Acuerdos y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo se advierte que el quejoso acude a esta instancia la falta de notificación del auto de once de mayo de dos mil cinco y los subsecuentes autos dictados en el incidente de liquidación de sociedad conyugal derivado del juicio de divorcio necesario seguido por ******* vs ******, expediente *******/1988, tramitado ante el Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, así como su cumplimiento y ejecución. CONOCIMIENTO PREVIO Ahora bien, tomando en consideración que en el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se encuentra registrado el juicio de amparo ********/2016, de su índice, que fue promovido contra actos deducidos del expediente *******/1988, del índice del Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar de la Ciudad de México, promovido por ******* contra **********, que es el mismo juicio de donde deriva el acto que se reclama en esta vía, y en dicho juzgado se conoció de diverso acto reclamado relacionado con el mismo procedimiento de origen. En atención a lo anterior, se considera que quien debe tramitar y resolver el juicio de amparo en que se actúa, por haber conocido del asunto relacionado, es el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. En efecto, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, con su modificación en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil veintidós, que, en sus artículos 45 y 46 dispone: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: I. Forma aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema automatizado de turno, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. Tratándose de concentraciones de procedimientos, exclusiones de turno, turnos a órganos jurisdiccionales de guardia, y todos aquellos que no tengan relación con las fracciones I y II del presente artículo, el turno se realizará de manera automática, a través del sistema, a los órganos jurisdiccionales que corresponda, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables o la determinación del órgano competente. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. ... II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos; III. Los recursos de revisión, queja y la inconformidad, relacionados con el mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnarán al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado en el sistema, aun si se trata de otro recurso o un amparo directo; con excepción de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma carpeta de investigación o causa penal, al que tenga el último antecedente del asunto; V. Las demandas de amparo en las que el acto reclamado se emita en cumplimiento de lo ordenado en un diverso juicio de amparo; VI. ... VII. Los recursos de apelación que deriven del mismo expediente o causa penal, al Tribunal Colegiado de Apelación que tenga el último antecedente registrado; VIII. a X ... XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido en antecedente registrado; XII. Los casos en los que, por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; XIII. Las demandas de amparo o recursos que se refieran al mismo acto de autoridad, con excepción de aquellos presentados por distintos quejosos en contra de una misma norma general u omisión o cuando se trate de un diverso acto de aplicación de la norma; XIV. La denuncia por declaratoria general de inconstitucionalidad se turnará al órgano que tenga el último antecedente registrado si se promueve contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sin importar que elantecedente sea un juicio de amparo u otra denuncia por declaratoria general de inconstitucionalidad; XV. La ampliación de demanda se turnará al órgano jurisdiccional que la tuvo por no interpuesta o por no presentada, al ser éste el que tiene el último antecedente registrado; y, XVI. Los demás que determine la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. Quedan exentas de crear antecedente para la relación con posteriores asuntos las medidas precautorias de arraigo; aseguramiento; embargo; órdenes de cateo; intervención de comunicaciones que resulten indispensables para las averiguaciones previas o integración de carpetas de investigación; los conflictos competenciales, los incidentes de inejecución de sentencia, las quejas urgentes, las demandas que deriven de una separación de juicios, los procesos civiles federales, mercantiles y administrativos así como los concursos mercantiles. Quedan exentas de crear antecedente para la relación con posteriores asuntos las medidas precautorias de arraigo; aseguramiento; embargo; órdenes de cateo; intervención de comunicaciones que resulten indispensables para las averiguaciones previas o integración de carpetas de investigación; los conflictos competenciales, los incidentes de inejecución de sentencia, las quejas urgentes, las demandas que deriven de una separación de juicios, los procesos civiles federales, mercantiles y administrativos así como los concursos mercantiles. No se relacionarán los asuntos que no se encuentren contemplados en el presente artículo, con excepción de las hipótesis previstas en los criterios específicos de relación determinados por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos es el órgano facultado para regular los aspectos relativos al turno y distribución de los asuntos. Dicha Comisión, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, podrá determinar criterios específicos de relación, los cuales deberán comunicarse a las oficinas de correspondencia común por conducto de la Dirección General de Gestión Judicial y publicarse para su conocimiento general, en un listado que se difundirá en los portales de intranet e internet del Consejo. Este listado se elaborará y mantendrá actualizado por la citada Secretaría." De dichos preceptos, se advierte, en lo que aquí interesa, que las demandas de amparo cuando se encuentren relacionadas, serán turnadas acorde a la manera denominada "forma relacionada", que consiste en enviar la nueva demanda de amparo al juzgado que conozca o haya conocido de la demanda a la que se encuentre vinculada. En virtud de lo anterior, y tomando en consideración la relatoría que se realizó en párrafos precedentes, se aprecia que el acto reclamado en la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, provienen de un expediente jurisdiccional, del que ya se conoció de otro amparo promovido contra actos derivados de ese mismo asunto, en específico del diverso juicio de amparo 823/2016, tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; por tanto, se actualiza la relación establecida en el la fracción II, del artículo 46 del Acuerdo invocado. Se afirma lo anterior, ya que la finalidad del sistema de turno identificado como "forma relacionada", resulta indispensable no sólo para hacer un análisis de lo efectivamente planteado, sino también evita que existan resoluciones contradictorias y lograr una mayor rapidez en la solución de los asuntos. En este orden de ideas, se considera que el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es quien debe conocer y resolver respecto del acto reclamado en el expediente en que se actúa, por virtud del turno derivado del conocimiento previo de la demanda de amparo que dio origen al diverso expediente del juicio de amparo 823/2016 de su índice, que fue promovido contra actos deducidos del expediente 685/2022. De conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, con su modificación en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis, SE ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA AL JUZGADO DECIMOTERCERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ANEXO, solicitándole de la manera más atenta, que de no existir inconveniente legal alguno, se sirva acusar el recibo respectivo y comunicar si acepta avocarse al conocimiento del presente asunto. Con copia de este acuerdo y copia simple de la demanda de amparo, FÓRMESE POR SEPARADO EL CUADERNO DE ANTECEDENTES RESPECTIVO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio de la parte promovente el señalado en su demanda de amparo. Por otra parte, se tiene por autorizado al profesionista que menciona al igual que a las personas que señala, únicamente en términos del artículo 24 de la ley de Amparo, toda vez que no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento se autoriza para que cualquier diligencia que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, en días y horas inhábiles, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES. Conforme a lo dispuesto en los artículos 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal, ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/H ome/Ayuda. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por oficio al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y personalmente a la parte quejosa.************** Notifíquese por lista al quejoso.

  4. Principal

    México, Ciudad de México, a catorce de julio de dos mil veintidós. Notifíquese por oficio al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México y personalmente a la parte quejosa.

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