Luis Fernando Cruz Magallon
Expediente 278/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 278/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/05/2023
Partes del expediente
- Luis Fernando Cruz Magallon
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de mayo de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse tenido por no presentada la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que trascurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de treinta y uno de marzo del año en curso, para que acudiera a este órgano jurisdiccional de manera personal y bajo protesta de decir verdad, manifestara si la firma que calza el escrito con folio 4245, con el cual pretendía subsanar la prevención realizada en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, sin que desahogara la misma. No presentado. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento impuesto en el acuerdo de treinta y uno de marzo del presente año, y se tiene por no presentado el escrito con folio 4245. Transcurrió plazo. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que trascurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa para que diera cumplimiento a la prevención que se le formuló por auto de diecisiete de marzo del año en curso, sin que desahogara la misma. No presentada. Atento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento impuesto en el acuerdo de diecisiete de marzo del año que transcurre, y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 278/2023-VI. Requerimiento. Ahora, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con fundamento en el artículo 108, fracciones III y IV, y 114, fracciones I, y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: a) Precise de manera clara y concreta el acto o actos que reclama y a qué autoridad o autoridades se los atribuye. Justificación. Lo anterior, toda vez que en la demanda de amparo la parte promovente en el capítulo relativo a actos reclamados, señala lo siguiente: "La omisión de las autoridades responsables de proveer a lo peticionado mediante escrito con fecha de presentación del 23 de noviembre de 2022, por medio del cual solicito se pronuncie sobre la procedencia del pago de la percepciones económicas dejadas de recibir con motivo de la suspensión preventiva de la que fui objeto dentro del procedimiento administrativa INV-D/209/2018" Y en el capítulo de antecedentes menciona que el diecisiete (sic) de febrero de dos mil veintitrés la autoridad responsable dio contestación a la solicitud presentada por la quejosa el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, lo que se robustece con la documental que adjuntó a su demanda; consistente en el original de la notificación del auto de quince de febrero de dos mil veintitrés, en el que se contestó dicha solicitud. Por tanto, no se tiene la certeza si lo que reclama la parte quejosa lo es la omisión de dar contestación a la solicitud presentada por la quejosa el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, o bien, si se duele del proveído emitido el quince de febrero de dos mil veintitrés. Resulta aplicable por analogía, la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página cincuenta y cuatro, del Tomo III, Segunda Parte -1, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 227883, cuyo título y texto son: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." Igualmente, la tesis aislada número XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito del Tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 202853, bajo el rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Circunstancias, que resultan indispensable se aclaren, con el objeto de que la autoridad o autoridades responsables cuenten con mayores elementos para rendir su informe con justificación, acorde a los actos reclamados y poder así fijar la Litis en el presente asunto. En el entendido que la prevención de referencia, deberá ser subsanada directamente por la parte promovente, por tratarse de actos personalísimos y que solo a ella le corresponde manifestar. Se aplica por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 88/20061, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." En los mismos términos se invoca la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional". Copias. La aclaración requerida habrá de hacerse por escrito y con copias suficientes del ocurso aclaratorio y, en su caso, del documento con el que acredite su personalidad, para su distribución entre las partes del juicio constitucional, ya que es un requisito que debe cumplirse en términos de lo dispuesto por los artículos 110 y 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Apercibimiento. De no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Juan Manuel Santiago Meza, Kenny Sánchez Rebolledo y Keny Berenice Rivera Uribe, dado que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; únicamente para oír y recibir notificaciones a Carolina Romero Gutiérrez, por así solicitarlo expresamente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente al promovente.
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