Luis Fernando Coronado Gutiérrez

Expediente 800/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
800/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/12/2021

Partes del expediente

  • Luis Fernando Coronado Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído de quince de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dado que se desechó el presente juicio de amparo; una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por LUIS FERNANDO CORONADO GUTIÉRREZ, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar Especializado en Violencia Familiar, con sede en Tepic, Nayarit. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 800/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis del contenido del escrito de demanda de amparo y sus anexos, este Juzgador advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo que dispone el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dice: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por su parte, el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de la Materia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 4 c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" En efecto, el citado precepto establece que contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales la ley de la materia prevea algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, estos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. Este es uno de los supuestos que consagra el principio de definitividad, en el caso específico de resoluciones emitidas por tribunales jurisdiccionales, dicho principio rector del juicio de garantías preserva el carácter verdaderamente excepcional del mismo, al cual solo se podrá acudir cuando se hayan agotado todos las instancias procesales que se regulan en la ley de donde proviene el acto que se reclama, su ratio legis es impedir la tramitación de juicios de amparo que pueden tener un remedio en sede común, preservando la calidad del juicio de garantías como medio extraordinario de defensa. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Ahora bien, la parte quejosa reclama específicamente, el auto de diez de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1079/2021, del índice del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar Especializado en Violencia Familiar, con sede en Tepic, Nayarit, en el cual, dicha autoridad judicial determinó que el presunto agresor -ahora quejoso-, desocupara el domicilio conyugal ubicado en calle Jardines, número 41, entre las calles Sauce y Amapa, de la colonia Félix Peña de esta Ciudad de Tepic, Nayarit, así como su ejecución realizada el trece de julio del citado año, pues el juez responsable determinó: A. Se ordena que de inmediato el presunto agresor Luis Fernando Coronado Gutiérrez, desocupe el domicilio conyugal ubicado en el domicilio ubicado en calle Jardines, número 41, entre las calles Sauce y Amapa en la colonia Félix Peña en esta ciudad de Tepic, Nayarit. B. Prevéngase al posible agresor Luis Fernando Coronado Gutiérrez, para que se abstenga de acudir al domicilio ubicado en el domicilio ubicado en calle Jardines, número 41, entre las calles Sauce y Amapa en la colonia Félix Peña en esta ciudad de Tepic, Nayarit. Al respecto, los artículos 464 A y 464 D del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, prevén: Artículo 464 A. El juez bajo la responsabilidad de quien lo solicite, podrá autorizar la adopción de medidas cautelares, ante actos de violencia familiar. Artículo 464 D. El juez del conocimiento determinará las órdenes de protección conducentes para el resguardo de los menores y de la parte agredida, las cuales deberán de expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos, y se harán consistir en: I. Desocupación por el agresor, del domicilio familiar; II. Prohibición de acercarse a lugar o persona determinada; III. Prohibición de intimidar o molestar; IV. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes; V. Obligación alimentaria provisional e inmediata; VI. Reingreso de la víctima al domicilio o lugar que habite, una vez que se garantice su seguridad; o VII. Cualquier otra que a consideración del juez sea tendiente a proteger los intereses del núcleo familiar. Del contenido de la transcripción, se pone en evidencia que los actos reclamados por el quejoso tienen el carácter de una "medida precautoria", la cual se homologa a una medida cautelar o provisional, por lo que dichos términos pueden ser utilizados indistintamente, dado que tienen la misma naturaleza, esto es, son aquéllas que se adoptan preventivamente por los Tribunales y estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se hayan acordado, o hasta que éste finalice, aunque podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hayan adoptado; afirmación que se ve corroborada con la definición contenida en el Diccionario Jurídico Mexicano, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Décima Quinta Edición, Tomo I-O, página 2091, que al respecto literalmente señala: MEDIDAS CAUTELARES. I. Calificadas también como providencias o medidas precautorias, son los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso. II. Este es uno de los aspectos esenciales del proceso, ya que el plazo inevitable (que en la práctica llega a convertirse frecuentemente en una dilación a veces considerable por el enorme rezago que padecen nuestros tribunales, por el cual se prolonga el procedimiento hasta la resolución definitiva de la controversia, hace indispensable la utilización de estas medidas precautorias para evitar que se haga inútil la sentencia de fondo, y, por el contrario, lograr que la misma tenga eficacia práctica. En ese contexto, el aquí quejoso tuvo la oportunidad de hacer valer en contra de los actos reclamados el incidente previsto en el ordinal 630, fracción II, en relación con el diverso numeral 113, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, por virtud del cual pudo obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos reclamados. En efecto, los artículos 113 y 630, fracción II, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, disponen: Artículo 113. La persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, podrá reclamarla hasta antes de la sentencia ejecutoria, para cuyo efecto se le notificará dicha providencia, en caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo. Igualmente podrá reclamarla en cualquier tiempo un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto de secuestro. También podrá otorgar contragarantías que se fijarán a criterio del Tribunal para suspender los efectos de la providencia. Artículo 630. Esta clase de incidentes tendrá lugar en cualquiera de los casos siguientes: II. La reclamación contra una medida cautelar; Entonces, si el demandado en el juicio natural 1079/2021, -aquí quejoso- LUIS FERNANDO CORONADO GUTIÉRREZ, promovió demanda de amparo indirecto en contra de la medida cautelar contenida en el auto de diez de julio de dos mil veintiuno, así como su ejecución realizada el trece de julio del citado año, en la que el juez responsable decretó como medida precautoria, separarlo del domicilio familiar que tenía establecido con la actora EDITH MÁRQUEZ RAMÍREZ, ubicado en calle Jardines, número 41, entre las calles Sauce y Amapa, de la colonia Félix Peña de esta Ciudad de Tepic, Nayarit, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que, como ya se dijo, el impetrante de amparo no combatió esos actos que aquí reclama a través del referido incidente de reclamación, que era el medio de impugnación procedente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 113 y 630, fracción II, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dado que la única exigencia que prevé el primero de los dispositivos transcritos para que pueda reclamarse una medida cautelar, es que tal reclamación se realice antes de que se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio natural de donde provenga dicha medida provisional, de ahí que se entienda, en sentido contrario, que si ya se pronunció sentencia ejecutoria en el juicio respectivo, ya no es procedente hacer reclamación alguna en contra de aquélla, a no ser que se trate de un tercero ajeno a la controversia, en cuyo caso, éste puede impugnarla en cualquier tiempo, según lo prevé el párrafo segundo del citado dispositivo legal. Situación que en la especie no acontece, dado que el aquí quejoso, figura como parte demandada en el juicio natural, aunado que del contenido de las constancias que obran en autos, no se advierte que a la fecha se hubiese dictado sentencia ejecutoria. Cobra aplicación al caso, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en la tesis XXIV. 1.2 C, localizable en el Tomo XV, febrero de dos mil dos, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: MEDIDAS CAUTELARES. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS DECRETE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTÓ LA VÍA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT). De una interpretación sistemática y armónica de los artículos 104, fracción III, 109 y 113 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, se deduce que la resolución que decreta las medidas cautelares puede ser reclamada en la vía incidental; en una primera hipótesis, hasta antes de la sentencia ejecutoriada, siempre que el afectado figure como parte en el procedimiento y, en una segunda, puede reclamarse en cualquier tiempo, siempre que se trate de un tercero ajeno a juicio, tal y como lo refiere el artículo 113, párrafo segundo, del código citado, no obstante que en el primer supuesto el afectado no haya sido llamado a juicio, pues si haciéndose sabedor de su existencia promueve demanda de amparo indirecto sin que previamente hubiera agotado la vía incidental, es evidente que se actualiza, en el primer caso, la causal de improcedencia que establece el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Así como la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que es compartida por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, página 1559 de rubro y texto siguientes: MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCEDIMIENTO DEL ORDEN FAMILIAR. PARA SU DICTADO SON APLICABLES TANTO LAS REGLAS GENÉRICAS SOBRE PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS COMO LAS ESPECÍFICAS DE SEPARACIÓN DE PERSONAS, CON INDEPENDENCIA DEL OBJETO LITIGIOSO LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. En el texto reformado del artículo 520 del Código Procesal Civil del Estado se prevé que en todos los asuntos inherentes a la familia el juzgador estará facultado para decretar las medidas cautelares que tiendan a preservarla y proteger a sus miembros, dentro de los lineamientos previstos en el libro segundo, título primero, capítulos IV y VI del propio código; por tanto, si bien es cierto que en dichos apartados se regula la separación de personas y las providencias precautorias en general, ello no es obstáculo para que sus respectivas disposiciones puedan aplicarse a la generalidad de los procedimientos del orden familiar, entre los que se cuentan los relacionados con guarda y custodia de menores, puesto que así lo evidencia la remisión genérica hecha por el legislador, según la cual el objeto litigioso de la controversia no es determinante, ni de la procedencia de las medidas cautelares, ni de la regulación conforme a la cual pueden decretarse. En ese contexto, previo a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa tuvo que haber agotado el medio ordinario de defensa previsto en los artículos 113 y 630, fracción II, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, pues por medio de esa vía el acto reclamado pudo haberse revocado, modificado o nulificado. En ese tenor, se llega a la convicción de que efectivamente, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, máxime cuando no se está en ninguno de los casos de excepción que prevé dicho precepto. Es aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 307, Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, que dice: DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber 14 interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Además, debe decirse que en el presente asunto, LUIS FERNANDO CORONADO GUTIÉRREZ, no se ubica en los casos de excepción a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de la Materia, dado que los actos reclamados no se ubica en ninguna de las hipótesis ahí contenidas; ni se actualiza la excepción prevista por el inciso c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño, pues es parte demandada en el juicio de controversias del orden familiar 1079/2021 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar Especializado en Violencia Familiar, con sede en Tepic, Nayarit. En las relatadas condiciones, lo procedente es DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por LUIS FERNANDO CORONADO GUTIÉRREZ, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el que indica en su demanda de amparo y, como autorizado para tal efecto, a CARLOS ALFONSO GARCÍA RODRÍGUEZ, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a JUAN ENRIQUE CANO SÁNCHEZ, SANDRA LETICIA CAMPOS DORADO y KIMBERLY DENISSE GARCÍA RÍOS, en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo segundo del arábigo 24 de la legislación de referencia, toda vez que dichas personas no tienen inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que los faculte para ejercer la profesión de Abogados o Licenciados en Derecho. Sin que sea el caso autorizar para tal efecto el correo electrónico liccarlosagarcia@gmail.com, toda vez que con esta misma fecha se le tiene señalando como domicilio para tal fin, el que se indica en el párrafo que antecede. 16 Sin embargo, se le tiene proporcionando dicho medio de comunicación para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. Por último, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    EN TÉRMINO DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por LUIS FERNANDO CORONADO GUTIÉRREZ, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar Especializado en Violencia Familiar, con sede en Tepic, Nayarit. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 800/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis del contenido del escrito de demanda de amparo y sus anexos, este Juzgador advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo que dispone el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dice: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por su parte, el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de la Materia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 4 c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" En efecto, el citado precepto establece que contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales la ley de la materia prevea algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, estos deben promoverse antes de acudir a la instancia de amparo. Este es uno de los supuestos que consagra el principio de definitividad, en el caso específico de resoluciones emitidas por tribunales jurisdiccionales, dicho principio rector del juicio de garantías preserva el carácter verdaderamente excepcional del mismo, al cual solo se podrá acudir cuando se hayan agotado todos las instancias procesales que se regulan en la ley de donde proviene el acto que se reclama, su ratio legis es impedir la tramitación de juicios de amparo que pueden tener un remedio en sede común, preservando la calidad del juicio de garantías como medio extraordinario de defensa. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Ahora bien, la parte quejosa reclama específicamente, el auto de diez de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1079/2021, del índice del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar Especializado en Violencia Familiar, con sede en Tepic, Nayarit, en el cual, dicha autoridad judicial determinó que el presunto agresor -ahora quejoso-, desocupara el domicilio conyugal ubicado en calle Jardines, número 41, entre las calles Sauce y Amapa, de la colonia Félix Peña de esta Ciudad de Tepic, Nayarit, así como su ejecución realizada el trece de julio del citado año, pues el juez responsable determinó: A. Se ordena que de inmediato el presunto agresor Luis Fernando Coronado Gutiérrez, desocupe el domicilio conyugal ubicado en el domicilio ubicado en calle Jardines, número 41, entre las calles Sauce y Amapa en la colonia Félix Peña en esta ciudad de Tepic, Nayarit. B. Prevéngase al posible agresor Luis Fernando Coronado Gutiérrez, para que se abstenga de acudir al domicilio ubicado en el domicilio ubicado en calle Jardines, número 41, entre las calles Sauce y Amapa en la colonia Félix Peña en esta ciudad de Tepic, Nayarit. Al respecto, los artículos 464 A y 464 D del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, prevén: Artículo 464 A. El juez bajo la responsabilidad de quien lo solicite, podrá autorizar la adopción de medidas cautelares, ante actos de violencia familiar. Artículo 464 D. El juez del conocimiento determinará las órdenes de protección conducentes para el resguardo de los menores y de la parte agredida, las cuales deberán de expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos, y se harán consistir en: I. Desocupación por el agresor, del domicilio familiar; II. Prohibición de acercarse a lugar o persona determinada; III. Prohibición de intimidar o molestar; IV. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes; V. Obligación alimentaria provisional e inmediata; VI. Reingreso de la víctima al domicilio o lugar que habite, una vez que se garantice su seguridad; o VII. Cualquier otra que a consideración del juez sea tendiente a proteger los intereses del núcleo familiar. Del contenido de la transcripción, se pone en evidencia que los actos reclamados por el quejoso tienen el carácter de una "medida precautoria", la cual se homologa a una medida cautelar o provisional, por lo que dichos términos pueden ser utilizados indistintamente, dado que tienen la misma naturaleza, esto es, son aquéllas que se adoptan preventivamente por los Tribunales y estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se hayan acordado, o hasta que éste finalice, aunque podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hayan adoptado; afirmación que se ve corroborada con la definición contenida en el Diccionario Jurídico Mexicano, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Décima Quinta Edición, Tomo I-O, página 2091, que al respecto literalmente señala: MEDIDAS CAUTELARES. I. Calificadas también como providencias o medidas precautorias, son los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso. II. Este es uno de los aspectos esenciales del proceso, ya que el plazo inevitable (que en la práctica llega a convertirse frecuentemente en una dilación a veces considerable por el enorme rezago que padecen nuestros tribunales, por el cual se prolonga el procedimiento hasta la resolución definitiva de la controversia, hace indispensable la utilización de estas medidas precautorias para evitar que se haga inútil la sentencia de fondo, y, por el contrario, lograr que la misma tenga eficacia práctica. En ese contexto, el aquí quejoso tuvo la oportunidad de hacer valer en contra de los actos reclamados el incidente previsto en el ordinal 630, fracción II, en relación con el diverso numeral 113, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, por virtud del cual pudo obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos reclamados. En efecto, los artículos 113 y 630, fracción II, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, disponen: Artículo 113. La persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, podrá reclamarla hasta antes de la sentencia ejecutoria, para cuyo efecto se le notificará dicha providencia, en caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo. Igualmente podrá reclamarla en cualquier tiempo un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto de secuestro. También podrá otorgar contragarantías que se fijarán a criterio del Tribunal para suspender los efectos de la providencia. Artículo 630. Esta clase de incidentes tendrá lugar en cualquiera de los casos siguientes: II. La reclamación contra una medida cautelar; Entonces, si el demandado en el juicio natural 1079/2021, -aquí quejoso- LUIS FERNANDO CORONADO GUTIÉRREZ, promovió demanda de amparo indirecto en contra de la medida cautelar contenida en el auto de diez de julio de dos mil veintiuno, así como su ejecución realizada el trece de julio del citado año, en la que el juez responsable decretó como medida precautoria, separarlo del domicilio familiar que tenía establecido con la actora EDITH MÁRQUEZ RAMÍREZ, ubicado en calle Jardines, número 41, entre las calles Sauce y Amapa, de la colonia Félix Peña de esta Ciudad de Tepic, Nayarit, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que, como ya se dijo, el impetrante de amparo no combatió esos actos que aquí reclama a través del referido incidente de reclamación, que era el medio de impugnación procedente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 113 y 630, fracción II, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dado que la única exigencia que prevé el primero de los dispositivos transcritos para que pueda reclamarse una medida cautelar, es que tal reclamación se realice antes de que se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio natural de donde provenga dicha medida provisional, de ahí que se entienda, en sentido contrario, que si ya se pronunció sentencia ejecutoria en el juicio respectivo, ya no es procedente hacer reclamación alguna en contra de aquélla, a no ser que se trate de un tercero ajeno a la controversia, en cuyo caso, éste puede impugnarla en cualquier tiempo, según lo prevé el párrafo segundo del citado dispositivo legal. Situación que en la especie no acontece, dado que el aquí quejoso, figura como parte demandada en el juicio natural, aunado que del contenido de las constancias que obran en autos, no se advierte que a la fecha se hubiese dictado sentencia ejecutoria. Cobra aplicación al caso, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en la tesis XXIV. 1.2 C, localizable en el Tomo XV, febrero de dos mil dos, visible en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: MEDIDAS CAUTELARES. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LAS DECRETE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTÓ LA VÍA INCIDENTAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT). De una interpretación sistemática y armónica de los artículos 104, fracción III, 109 y 113 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, se deduce que la resolución que decreta las medidas cautelares puede ser reclamada en la vía incidental; en una primera hipótesis, hasta antes de la sentencia ejecutoriada, siempre que el afectado figure como parte en el procedimiento y, en una segunda, puede reclamarse en cualquier tiempo, siempre que se trate de un tercero ajeno a juicio, tal y como lo refiere el artículo 113, párrafo segundo, del código citado, no obstante que en el primer supuesto el afectado no haya sido llamado a juicio, pues si haciéndose sabedor de su existencia promueve demanda de amparo indirecto sin que previamente hubiera agotado la vía incidental, es evidente que se actualiza, en el primer caso, la causal de improcedencia que establece el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Así como la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que es compartida por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, página 1559 de rubro y texto siguientes: MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCEDIMIENTO DEL ORDEN FAMILIAR. PARA SU DICTADO SON APLICABLES TANTO LAS REGLAS GENÉRICAS SOBRE PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS COMO LAS ESPECÍFICAS DE SEPARACIÓN DE PERSONAS, CON INDEPENDENCIA DEL OBJETO LITIGIOSO LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. En el texto reformado del artículo 520 del Código Procesal Civil del Estado se prevé que en todos los asuntos inherentes a la familia el juzgador estará facultado para decretar las medidas cautelares que tiendan a preservarla y proteger a sus miembros, dentro de los lineamientos previstos en el libro segundo, título primero, capítulos IV y VI del propio código; por tanto, si bien es cierto que en dichos apartados se regula la separación de personas y las providencias precautorias en general, ello no es obstáculo para que sus respectivas disposiciones puedan aplicarse a la generalidad de los procedimientos del orden familiar, entre los que se cuentan los relacionados con guarda y custodia de menores, puesto que así lo evidencia la remisión genérica hecha por el legislador, según la cual el objeto litigioso de la controversia no es determinante, ni de la procedencia de las medidas cautelares, ni de la regulación conforme a la cual pueden decretarse. En ese contexto, previo a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa tuvo que haber agotado el medio ordinario de defensa previsto en los artículos 113 y 630, fracción II, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, pues por medio de esa vía el acto reclamado pudo haberse revocado, modificado o nulificado. En ese tenor, se llega a la convicción de que efectivamente, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, máxime cuando no se está en ninguno de los casos de excepción que prevé dicho precepto. Es aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 307, Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, que dice: DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber 14 interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Además, debe decirse que en el presente asunto, LUIS FERNANDO CORONADO GUTIÉRREZ, no se ubica en los casos de excepción a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de la Materia, dado que los actos reclamados no se ubica en ninguna de las hipótesis ahí contenidas; ni se actualiza la excepción prevista por el inciso c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño, pues es parte demandada en el juicio de controversias del orden familiar 1079/2021 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar Especializado en Violencia Familiar, con sede en Tepic, Nayarit. En las relatadas condiciones, lo procedente es DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo promovida por LUIS FERNANDO CORONADO GUTIÉRREZ, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el que indica en su demanda de amparo y, como autorizado para tal efecto, a CARLOS ALFONSO GARCÍA RODRÍGUEZ, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a JUAN ENRIQUE CANO SÁNCHEZ, SANDRA LETICIA CAMPOS DORADO y KIMBERLY DENISSE GARCÍA RÍOS, en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en relación con el párrafo segundo del arábigo 24 de la legislación de referencia, toda vez que dichas personas no tienen inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que los faculte para ejercer la profesión de Abogados o Licenciados en Derecho. Sin que sea el caso autorizar para tal efecto el correo electrónico liccarlosagarcia@gmail.com, toda vez que con esta misma fecha se le tiene señalando como domicilio para tal fin, el que se indica en el párrafo que antecede. 16 Sin embargo, se le tiene proporcionando dicho medio de comunicación para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. Por último, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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