Luis Fernando Cordero Salinas
Expediente 826/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 826/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Fernando Cordero Salinas
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, quince de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito con firma electrónica y evidencia criptográfica del quejoso Luis Fernando Cordero Salinas, a través del cual interpone recurso de queja contra el acuerdo de siete de noviembre del actual, en el que se desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase al promovente interponiendo el recurso en cita. En consecuencia, remítase el escrito del recurso de queja y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, en turno, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Tribunales, para la substanciación de dicho medio de impugnación. También, ríndase el informe correspondiente sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que en este juicio de amparo se dictó el acuerdo de siete de noviembre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo al actualizarse manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5 de la Ley de Amparo, a contrario sensu; por lo que adjúntense copias certificadas de la totalidad de las constancias que conforman el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja hecho valer. Se precisa que en el caso no es procedente notificar a la autoridad señalada como responsable la interposición de dicho recurso, a efecto de que dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, toda vez que se desechó de plano la demanda respectiva. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintidós RADICACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida ***, por propio derecho, contra actos del 1. Congreso de la Unión y otras autoridades, que hace consistir en IV- ACTOS RECLAMADOS: ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 826/2022 IV-A, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN ESPECIAL. Es de establecerse que dado que el presente juicio de amparo se promovió contra la inconstitucionalidad de un precepto contenido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con motivo de su aplicación concreta conforme a lo referido por el quejoso en su capítulo de actos reclamados, de tal suerte que, la técnica con la que se emprenderá el estudio del presente asunto es el que se expone a continuación: En principio, se analizará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto a los actos de aplicación impugnados, y si en relación con ellos no se actualiza una causa de improcedencia; de acontecer así, se impondrá desechar el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; de lo contrario se admitirá la misma siempre y cuando no existan motivos de prevención, en términos del numeral 114 de la Ley de la Materia. Esto, encuentra apoyo en la jurisprudencia 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 235, tomo XII, agosto de dos mil, materia Constitucional, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 191311, que dispone: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." SE DESECHA DEMANDA. El numeral 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la transcripción del artículo 113 citado, se aprecia que impone la obligación al Juez de Distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, por indudable, aquello que no puede ponerse en duda, esto es, que se tenga certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Debe señalarse que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia, deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, el artículo 113 citado, establece que el juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Asimismo, tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia con registro 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo VII, Mayo de 1998, visible en la página 890, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese orden de ideas, se tiene substancialmente como actos reclamados: Del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Congreso de la Unión y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a sus respectivas atribuciones. *El proceso legislativo del Decreto del artículo 319, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Del Fiscal de la Agencia del Ministerio Público, con sede en Juchitán, Oaxaca. La Judicialización de la carpeta de investigación 27844/FIST/HUCHITÁN/2019. Del Juez de Control de Juchitán, Oaxaca. La radicación de la causa penal 374/2022, así como la citación para que el quejoso comparezca a la audiencia de formulación de la imputación. Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en la judicialización de la carpeta de investigación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5-interpretado a contrario sensu- ambos de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico o legítimo; numerales que a letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley; . " "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." La causa de improcedencia citada, interpretada en sentido contrario, establece que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del arábigo 5 de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por el diverso 6 de la ley en comento, considerando que dicha afectación debe repercutir en el ejercicio de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, cuya titularidad corresponda a la parte quejosa, lo que le otorga la facultad de acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que dicho derecho o interés no le sea violado, o bien, para que le sea reparado, afectación que en todo caso, se requiere para la procedencia del juicio constitucional. Por lo que, en el supuesto de no acreditarse lo anterior, la acción de amparo resulta improcedente; es decir, para que sea procedente la demanda presentada por el impetrante, es necesario que hubiere sufrido de manera real y actual una afectación a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Luego, cuando los efectos del acto reclamado no causen afectación alguna al promovente, el juicio de amparo es improcedente. Esto es así, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, ya sea de forma directa e inmediata o en virtud de su situación especial frente al ordenamiento jurídico; por ende, resulta evidente que el quejoso carece de interés jurídico y legítimo, puesto que la integración e investigación de una carpeta de investigación para la judicialización de la misma, constituye la labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan el derecho de oponerse a su función, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. De ahí que si el acto reclamado se hace consistir en la judicialización de la carpeta de investigación de origen, resulta evidente que no se afecta algún derecho subjetivo, tampoco el interés legítimo del gobernado, porque no le causa una afectación real y actual, ni directa ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, ya que en términos de los artículos 21, párrafo cuarto, constitucional; 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial (o carpeta de investigación), tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente. Ciertamente, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional. Porque los actos verificados durante esa etapa no irrogan perjuicio al gobernado para efectos del juicio de amparo, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse al momento en que el fiscal formula la imputación ante el Juez de Control e inicia la etapa de investigación complementaria o formalizada; o bien cuando determina el no ejercicio de la acción penal. Considerar lo contrario, esto es, que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, previa o desformalizada, que integran la carpeta de investigación, afectan el interés jurídico o legitimo del gobernado, por lo tanto, declarar la procedencia del juicio de amparo, trae como consecuencia necesaria entorpecer injustificadamente la potestad conferida en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales al Ministerio Público, consistente en recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En el entendido claro está, que esta regla general admite excepciones que deben examinarse en lo particular, caso por caso, en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público, sino estrictamente en los casos en que sus determinaciones generen incertidumbre jurídica o limiten derechos constitucionalmente protegidos, como el de defensa adecuada e igualdad de las partes en el proceso. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis (X Región) 20.1 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, registro 2012423, la cual dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PUBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211/fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legitimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I de la Constitución Federal y 5, fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legitimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta reala general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Así mismo, se cita la diversa tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, número II.20.P.51 (10a.), registro 2015368, que señala: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo ha sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por las autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." Por lo hasta aquí expuesto, el acto reclamado al Fiscal Investigador, consistente en la judicialización de la carpeta de investigación, no resulta susceptible de controvertido a través del amparo biinstancial, al no vulnerar la esfera jurídica del quejoso, ni lesionar derechos subjetivos tutelados por un ordenamiento legal, conforme a los preceptos que quedaron invocados y precisados en esta determinación; con lo que se pone en evidencia, sin lugar a dudas, lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia de que se trata. Además, se debe tener presente que, la naturaleza del acto reclamado en el caso particular, no se trata de un aspecto que permita demostrar el interés jurídico a posteriori, debido a que tal como se anotó en párrafos precedentes, la sola judicialización de la carpeta de investigación conlleva a la no afectación del interés jurídico de una persona, no obstante se determinará incluso, tener el carácter de indiciado o imputado, debido a que la investigación a que se contrae precisamente la referida integración de la indagatoria es exclusiva del Ministerio Público por mandato constitucional; por lo tanto, confrontaría a tal orden supremo el que se dejara de resolver en términos de lo previsto en la ley, por haberse señalado como acto reclamado en el juicio de garantías. No se opone a lo anterior, que el pronunciamiento en el sentido de que el acto reclamado no afecta interés jurídico o legítimo del quejoso no se efectúe en autos iniciales, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis. 331/2016 señaló lo siguiente: "[...] Así pues, en cada asunto debe analizarse, como presupuesto de procedencia, el interés que impere acorde con la naturaleza del acto reclamado y con base en la situación y pretensión que aduzca la parte quejosa o en la que se advierta que se encuentre frente al indicado acto, con la finalidad de determinar si efectivamente se configura una afectación jurídicamente relevante que le permita acudir a la instancia constitucional. Al respecto, esta Segunda Sala no desconoce la complejidad de relaciones jurídicas de las que pueden ser parte los sujetos de derecho, ya sea de manera directa o indirecta, en consideración a la intensidad del tráfico de negocios jurídicos propios del Estado constitucional de derecho: lo que provoca que, en algunas ocasiones, no solo interese la relación directa de la autoridad o la ley con el promovente del amparo, sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentra, en virtud de las cuales podrían derivarse efectos perjudiciales de los actos reclamados que resulten tutelados a través del interés jurídico o legítimo. Además, se hace hincapié en que la actualización de ese interés en el procedimiento correspondiente no depende de una manifestación del interesado, sino que debe ser acreditado, ya sea con pruebas directas o por medio de inferencias lógicas, para lo cual es menester dar oportunidad al amparista de allegar los elementos necesarios para acreditar su dicho, lo que revela que, en principio, la ausencia de interés sobre el acto reclamado no constituye un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, pues esos elementos pueden introducirse, incluso, hasta la audiencia constitucional, a efecto de satisfacer el presupuesto. Sin embargo, como se ha apuntado, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística de las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tienen incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, por lo que están obligados a considerar cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas; de ahí que en el caso de que, al momento de determinar la admisión de una demanda, cuenten con los elementos suficientes para determinar el tipo de perjuicio que el acto reclamado genera en el amparista, o bien, su ausencia, estarán en aptitud de emitir la decisión correspondiente. En efecto, la práctica judicial impide soslayar que existen casos en los que el mero análisis de la demanda y de sus anexos permite advertir que el acto reclamado no perjudica la situación del particular, o bien, la afectación que le causa le otorga sólo un interés simple y no uno jurídico o legítimo, en virtud de que es claro que no existe daño a un derecho subjetivo del que sea titular el amparista o, en su defecto, una situación objetiva particular que le permita exigir del poder público que ajuste su actuación a derecho, pero no por su calidad de ciudadano, sino porque, cumpliéndose con la ley, conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto; supuesto en el cual, resulta ocioso abrir una dilación procesal que, independientemente de los elementos que se alleguen al sumario, no podría superar esa ausencia o insuficiencia del perjuicio que el acto genera en la circunstancia del promovente. Esto es, con base en la apreciación de la situación, a partir de la cual se aduzca el perjuicio que genera el acto de autoridad, el juzgador de amparo debe distinguir entre la existencia de la titularidad de un interés jurídico o legitimo no simple (cuestión de derecho) y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria); sobre lo cual, pueden configurarse diversos escenarios, a saber: Cuando del contenido de la demanda y de sus anexos, es decir, de lo relatado por el propio promovente y/o de los elementos que allegue aprecie indefectiblemente que su situación frente al acto de autoridad conlleva un mero interés simple y, por ende, carezca de la titularidad de un interés jurídico a legítimo, podrá determinarse que existe una causal de improcedencia manifesta e indudable que no requiere la sustanciación del juicio, pues esta circunstancia constituye una cuestión de derecho que, por sus propios caracteres, no es desvirtuable con su tramitación, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar ese hecho. Cuando del contenido de la demanda y de sus anexos, es decir, de lo relatado por el propio promovente y/o de los elementos que allegue, no sea factible apreciar de manera clara y sin lugar a dudas cuál es la situación del promovente frente al acto de autoridad, por lo que no puede conocerse si se trata de un mero interés simple o, por el contrario, de la titularidad de un interés jurídico o legitimo; supuesto en el cual, deberá ordenarse la tramitación del juicio a efecto de recabar mayores elementos o, en su caso, de estar en el momento oportuno para realizar consideraciones interpretativas complejas. Cuando del contenido de la demanda y de sus anexos, es decir, de lo relatado por el propio promovente y/o de los elementos que allegue, se aprecie, al menos, una posibilidad de que exista la titularidad de un interés jurídico o legitimo; supuesto en el cual, deberá ordenarse la tramitación del juicio, incluso, para permitir al amparista aportar los elementos que permitan confirmar esa situación [...]" La citada contradicción dio origen a la jurisprudencia obligatoria de la Segunda Sala de la Corte, número 2a./J. 57/2017 (10a.), registro 201443, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5 fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." De lo anterior, se advierte que el juzgador Federal, está en oportunidad de efectuar un análisis al recibir la demanda de amparo, y así verificar si se cuentan con elementos suficientes para determinar si el acto afecta la esfera jurídica del quejoso; por lo que es factible determinar en un auto inicial, la improcedencia del juicio constitucional por falta de interés jurídico o legítimo. En otro orden de ideas, la misma suerte debe correr el diverso acto reclamado al Juez de Control, consistente en la citación para que el quejoso comparezca a la audiencia de formulación de la imputación, en virtud de que ese acto, tampoco trasgrede derechos del quejoso, pues la facultad que ejerce el juez de Control al citarlo para llevar a cabo la audiencia inicial, no involucra el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial, de tal suerte que tampoco trasgrede derechos fundamentales que sean materia del juicio de amparo indirecto. En apoyo de lo cual se cita la jurisprudencia obligatoria de la Primera Sala del Alto Tribunal, número 1a./J. 78/2018 (10a.), registro que señala: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL, CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10) interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por si sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que as formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Sin que sea óbice a lo anterior, que el quejoso aluda que en su contra ya se había judicializado dicha carpeta de investigación por los mismo hechos, de la cual determinó el Juez de Control no vincularlo a proceso, ya que dicha circunstancia podrá hacerlo valer propiamente en la audiencia inicial del proceso, la cual se instaura entre otros para ese fin, que el inculpado tenga conocimiento de las circunstancias que se le imputan, máxime que se insiste al citarlo para llevar a cabo la audiencia inicial, no involucra el análisis de los hechos delictuosos o la probable participación del imputado en su comisión, lo cual si será materia de análisis una vez formulada la imputación. En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Luis Fernando Cordero Salinas, pues de acuerdo con lo expuesto con anterioridad, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Declaratoria de sobreseimiento que debe de hacerse extensiva respecto del proceso legislativo del Decreto del artículo 319, párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no debe desvincularse el estudio de la normatividad reclamada con motivo de su aplicación concreta, por lo que si el juicio de amparo resultó improcedente por cuanto al que se dice fueron los actos de aplicación de la disposición impugnada, también lo debe ser respecto de esta última. Similar criterio sostuvo el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este circuito, al resolver el recurso de queja 265/2021. AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa como su autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan García Jiménez, por tener demostrada su personalidad en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas mencionadas como lo solicitó. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Vista la certificación secretarial, tomando en cuenta que el usuario "Lic.Juan1585" se encuentra vinculado al correo electrónico garcia_lex15@hotmail.com; por lo que en términos de lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con el del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en sus artículos del 34 al 39; se autoriza la consulta a dicho usuario. Asimismo, en términos del 26, fracción IV de esa legislación, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General citado, se autorizan las notificaciones de manera electrónica de todas las resoluciones derivadas del presente asunto, al referido usuario. Se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior, y como consecuencia el Actuario Judicial de la Adscripción tenga a bien notificar por tal medio dicha resolución sin ulterior pronunciamiento. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1o.P.34 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2017924 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Página: 2364, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." Asimismo, no pasa desapercibido que la parte quejosa de referencia también señala como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; sin embargo notifíquesele electrónicamente, hasta en tanto previo requerimiento solicite una diversa forma de notificación, pues no pueden coexistir ambas designaciones y prevalece la vía electrónica atento al anterior criterio jurisprudencial. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, misma que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese electrónicamente
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes
- Luis Enrique Morales Pérez408/2020
- Luis Enrique Ramírez González397/2021
- Luis Enrique Santos Nieves39/2019
- Luis Ernesto De la Noval Santana583/2022
- Luis Ernesto García Robles81/2017
- Luis Felipe Sosa Chacon177/2018
- Luis Flores Vivanco203/2015
- Luis Flores Vivanco351/2016
- Luis Garcia Ahumada173/2014
- Luis Garcia Gutierrez466/2015
- Luis Garcia Gutierrez636/2015
- Luis Gerardo Galván Cortés640/2021