Luis Fernando Campos Rivera
Expediente 74/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 74/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Luis Fernando Campos Rivera
Actuaciones
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, siete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la autoridad antes mencionada, mediante el cual acusa recibo de los oficios remitidos por el Encargado de Dirección del Centro Penitenciario de Lázaro, Cárdenas y el Coordinador del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, en los que rinden informe sobre la suspensión de plano decretada en autos y manifiesta que en el organigrama de la dependencia citada en segundo término no existe la autoridad señalada por la parte quejosa como "Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado de Michoacán", para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que según constancia secretarial mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno se ordenó el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido, devuélvase a su lugar de resguardo. Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la autoridad antes mencionada, mediante el cual informa que en proveído de doce de febrero del año en curso, se avocó al conocimiento del juicio de amparo número II-74/2021-2. De igual forma, remítasele los oficios citados en la constancia secretarial, así como las que con posterioridad se reciban solicitándole el acuse de estilo correspondiente. Finalmente, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de destrucción, dado que este Juzgado Federal se declaró legamente incompetente para conocer del presente asunto, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la constancia secretarial de cuenta agréguense a los presentes autos los oficios remitidos por las autoridades responsables antes mencionadas y atento a su contenido, resérvese proveer lo que en derecho proceda, hasta en tanto el Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, al que le sea turnado el cuaderno de incompetencia, informe sí aceptó o no la competencia planteada por este Juzgado en auto de veintiocho de enero del año en curso. Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ---, quien se ostenta defensora particular del quejoso ---, contra actos de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Michoacán y otras autoridades; regístrese en el Libro de Gobierno con el número II-74/2021-2. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión como lo solicita la promovente, en virtud de que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado procede la suspensión de oficio y de plano, de conformidad con lo que dispone el artículo 126 de la ley de la materia, ello porque la promovente manifiesta que el quejoso directo se encuentra recluido y que le informó que sería trasladado a uno diverso, acto que atribuye a autoridades administrativas, sin que de la lectura de la demanda se evidencia la intervención de alguna autoridad judicial. Sirve también de sustento, la jurisprudencia número 58/2016, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, del rubro siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA." Por lo tanto, con fundamento en el citado numeral 126 de la ley de la materia, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSION DE LOS ACTOS RECLAMADOS, para que no se ejecute el traslado del quejoso---, del lugar donde actualmente se encuentra recluido a uno diverso; siempre y cuando, esto a la fecha no haya acontecido, quedando a disposición de este Juez de Distrito que conoce del juicio de amparo, únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, en el lugar donde actualmente guarde reclusión y a disposición de la autoridad competente, por cuanto hace al procedimiento de donde deriva el acto reclamado. Se apercibe a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que tengan conocimiento de este proveído, informen a este órgano jurisdiccional sobre el cumplimento que hayan dado a la suspensión otorgada, en el entendido que esta orden, deberá obedecerse bajo la más estricta responsabilidad de las referidas autoridades responsables, con el apercibimiento que de no rendir su informe dentro del tiempo concedido, se procederá a tramitar el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, culminando con la sanción establecida en el artículo 209, en relación con las fracciones III y IV, del numeral 262, ambos de la Ley de Amparo. Superada la cuestión urgente, cabe destacar que el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen lo siguiente: "Artículo 37. El juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Precepto legal transcrito, del que se obtiene que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: La primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; La segunda, resulta del conocimiento anticipado de los Jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro; y, La tercera, que se refiere a los actos que no requieren de ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se observa, el rasgo que caracteriza a las dos primeras reglas competenciales, es que ambas se refieren a los casos en que el acto reclamado tenga ejecución material. El primero de los supuestos concierne a los casos en que la ejecución del o de los actos reclamados pueda efectuarse -de manera exclusiva- en una jurisdicción. En cambio, el segundo supuesto se actualiza cuando la ejecución pueda realizarse en dos o más distritos diferentes, o cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro. Tal disposición da cuenta de que el fin de la norma, al fijar la competencia en función del lugar de la ejecución material de los actos reclamados, es que el gobernado tenga la facilidad de acudir de inmediato ante el juez más cercano, que se presupone es el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Esto tratándose de la primera de las reglas competenciales antes precisadas, o a cualquiera de ellos, en el segundo supuesto. La regla de competencia en comento también se traduce en una serie de ventajas no sólo para el afectado, sino para la buena marcha del proceso y, en su caso, para el cumplimiento de la sentencia o resolución de que se trate. En relación con el tercer supuesto, que establece la competencia para conocer del juicio de amparo en contra de un acto que no requiera de ejecución material, se advierte que contiene una innovación, pues atribuye la competencia al juez ante el cual se haya presentado la demanda. En tal norma se observa que su finalidad es facilitar al quejoso el acceso a la justicia -de acuerdo con su particular situación o necesidades- pues la decretada regla es a favor del juez de distrito ante quien el quejoso optativamente decida presentar su demanda de amparo. Sólo a mayor ilustración, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que emergió la jurisprudencia 17/2014 (10ª), en lo que al caso interesa, determinó que el tercer párrafo del artículo en consulta, debía interpretarse literalmente sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance pues, se dijo, de su procedimiento legislativo no se advertía dicha posibilidad. Por consiguiente, bastará con que el acto reclamado no requiera ejecución material, para que por esa sola razón el juez de distrito competente sea aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Entonces, aplicando dicho criterio en sentido contrario, será suficiente con que el acto reclamado sea "materialmente" ejecutable para que, en esa medida, sea competente el Juez que tenga jurisdicción en el lugar donde deba, trate, se esté o se haya ejecutado. Es de relevancia para el caso que ahora se examina, establecer la acepción de la palabra "ejecutar" que establece el dispositivo en comento, el cual literalmente significa: "poner por obra algo"; la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Ejecutar, como se ve, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. Tal apreciación se reafirma tras advertir que al vocablo "ejecución" se le adicionó el adjetivo calificativo "material" (como se ve con toda claridad en el último párrafo), esto es, lo que produce un cambio en el mundo de los hechos, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal. Ese impacto fáctico o material, sin duda, se refiere al que resiente la parte quejosa en su persona o esfera con motivo de los actos reclamados. O sea, que el aspecto que se debe observar a efecto de determinar la competencia, es la afectación en el mundo de los hechos que perciba o resienta materialmente el quejoso. Tal es la ejecución que determina la competencia territorial en los juicios de amparo indirecto, la cual deberá atender a las repercusiones en el mundo fáctico, pues deberá tomarse en cuenta sus efectos y que éstos puedan modificar el estado de las cosas, no sólo en el ámbito de lo formal sino en una esfera objetiva y material, que es lo que se conoce como "ejecución material". En el presente caso, se reclama la orden de traslado del quejoso directo del Centro de Reinserción Social del Bordonal, Lázaro Cárdenas, a otro y su ejecución, por lo que las consecuencias jurídicas de la orden reclamada produce implícitamente efectos positivos, lo que indubitablemente implica una ejecución material que se concreta en la acción de trasladarlo a otro centro de reclusión, lo cual atento a lo manifestado en la demanda, bajo protesta de decir verdad, por la promovente se llevará a cabo en el Centro de Reinserción Social del Bordonal, Lázaro Cárdenas, lugar en el que se encuentra recluido el quejoso, pues es ahí donde resiente la afectación material de la orden reclamada a las autoridades penitenciaras, o sea, la ejecución de los mismos, en la acepción que debe atribuirse correctamente al artículo 37 de la Ley de Amparo, según se explicó anteriormente. Por tal razón es de concluirse que en la especie se actualiza la primera de las hipótesis, que determina que se debe atender al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Con base en ello, sí es un hecho cierto que las responsables serán quienes tomen la determinación de permitir o no el traslado del quejoso; entonces, como tal ejecución material del acto reclamado tendrá acaecimiento en la localidad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, corresponde conocer de la demanda de amparo al Juez de Distrito en turno con residencia en Uruapan, Michoacán, por ser el que ejerce jurisdicción en aquella ciudad. Consecuentemente, si la orden reclamada conlleva ejecución material, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el suscrito estima que corresponde conocer de la presente demanda de garantías al Juez de Distrito en turno con residencia en Uruapan, Michoacán, por lo que con fundamento en dicho artículo párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Juez de Distrito en turno con residencia en Uruapan, Michoacán, para los efectos legales procedentes, a quien se le solicita el acuse de recibo de estilo correspondiente. Lo anterior cobra fuerza con la tesis publicada en la página 73, Volúmenes 217-228 Tercera Parte, materia común del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado". De igual manera, es aplicable al caso, la tesis publicada en la página 4311, Tomo 5, con número de registro 2000066, Enero 2012, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado." Fórmese el cuaderno correspondiente, háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones el que precisa en su libelo constitucional. Asimismo, por proporcionando como datos de contacto la cuenta de correo electrónico y el número telefónico precisados en la constancia secretarial, a través de los cuales, en caso de requerirse, este órgano jurisdiccional podrá entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Notifíquese por lista el presente proveído, toda vez que la autoridad que conozca del presente juicio de amparo notificará dicho avocamiento de manera personal. Finalmente, con fundamento en el artículo 3, fracciones I, VII y 22, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de Judicatura Federal, este auto se firma de manera electrónica, por lo que se ordena glosar la evidencia criptográfica respectiva, sin que sea necesario realizar certificación alguna o nueva firma para su incorporación al expediente físico, toda vez que tiene el mismo valor que la firma autógrafa. Notifíquese.
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