Luis Fernando Ayala Hernández
Expediente 354/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 354/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/05/2018
Partes del expediente
- Luis Fernando Ayala Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto en que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese. Así lo provee y firma la licenciada Cecilia Aguilera Ríos, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, quien actúa con la licenciada Ma. Guadalupe Xicoténcatl Pérez, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Agréguense a los presentes autos los informes justificados de cuenta, rendidos por las autoridades señaladas como responsables, asimismo téngase a la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, remitiendo copia certificada del laudo de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, emitido dentro del expediente laboral 05547/2015/5/1. Ahora, de autos se advierte que el quejoso promovió el presente juicio de amparo, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro y otras autoridades, consistente en la omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral 05547/2015/5/1, empero de las constancias que remite la Junta responsable, documento público que merece pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se aprecia que el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se dictó el laudo respectivo. De ahí que es evidente que en el particular se actualiza una causal de improcedencia, en virtud de que la omisión reclamada ya no existe, por lo que la violación de garantías acusada ha cesado en sus efectos. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en relación a los actos que se reclaman del Presidente y de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. Adicionalmente cabe dejar en claro que procede el sobreseimiento fuera de audiencia, en la medida que aun cuando se tramitara hasta su conclusión el presente asunto, de todas formas se llegaría a la misma conclusión aquí tomada, lo que hace innecesario el trámite del juicio hasta sus últimas consecuencias. Resulta aplicable, la tesis número 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior la tesis número P.CL/97 sustentada por el Pleno del más alto Tribunal del País, visible en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación cuyo epígrafe es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así también, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro...IV NP
- Principal
Visto el acuerdo de cinco de abril del año actual, dictado en el cuaderno de varios administrativo, relativo al oficio SEADS/480/2018, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se desprende que en sesión ordinaria del Pleno de cuatro de abril de dos mil dieciocho, se reubicó a este órgano jurisdiccional a la Juez Cecilia Aguilera Ríos, con efectos a partir del dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Por lo tanto, se ordena hacer del conocimiento de las partes dicha circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010, visible en la página 312, del tomo XXXII, Julio de 2010 de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Por otro lado, vista la comparecencia que antecede, se advierte que el quejoso Luis Fernando Ayala Hernández ratificó el escrito presentado en fecha tres de abril de dos mil dieciocho mediante el cual cumple la prevención realizada en auto de dos de abril de la presente anualidad en relación con el diverso auto de veintidós de marzo del año que transcurre, por lo que al efecto se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO POR AUTORIDAD RESPONSABLE Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, este Juzgado de Distrito considera que respecto a los actos de ejecución que se reclaman a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 5, fracción II, de la ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía o modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)." De la anterior transcripción, se desprende que es autoridad responsable la que dicta, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. En tal virtud, esta resolutora considera que la autoridad denominada como: Secretario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro; no es responsable de los actos reclamados, como lo señala el citado ordinal 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Ello es así, ya que el Secretario que señala la parte quejosa como responsable, sólo está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el Presidente responsable, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. Por ello, si el Secretario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, no esta investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del presente juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, con número de registro 180248, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, octubre de 2004, visible en la página 2292, que a la letra dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional." Por ende, se actualiza de manera indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 5, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales; y, SE DESECHA DE PLANO la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de la citada ley especial; únicamente por lo que hace al Secretario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro. ADMISIÓN Ahora, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por LUIS FERNANDO AYALA HERNÁNDEZ, en contra de los actos reclamados al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, y otras autoridades. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se apertura el cuaderno relativo al incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la ley reglamentaria invocada, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la celebración de la audiencia constitucional. AUTORIDADES RESPONSABLES En tal virtud, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, su informe con justificación, que deberán rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, al que acompañaran las constancias a que se refiere el artículo 117 de la Ley de la Materia, en la inteligencia de que las mismas, deberán remitirse debidamente legibles y completas, apercibidas que, de no hacerlo, en su oportunidad se les aplicará MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los artículos 238 y la fracción II, del artículo 260. De igual modo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que se encuentran en posibilidad de rendir su informe justificado vía fax a través del número (442) 235 73 52 o mediante correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que deseen usar la correspondencia oficial común. En tratándose de actos materialmente administrativos, y si en la demanda se aduce falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, requiérase el informe con justificación aludido conforme el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, debiendo en tal caso la autoridad señalada como responsable complementar en esos aspectos el acto reclamado, bajo apercibimiento que para el caso de no hacerlo, en la sentencia que se dicte se podrá considerar que el acto reclamado presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración en términos del último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta a las autoridades que en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este Órgano Jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el informe que se les solicita con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. INFORME SOBRE SOBRESEIMIENTO Requiérase a todas las partes, para que en su oportunidad, de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito, acompañando las constancias que lo acrediten; lo anterior, con apoyo en el numeral 64, de la ley reglamentaria invocada, haciendo de su conocimiento que si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de TREINTA UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN al emitirse la sentencia, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el artículo 251 de la Ley de Amparo. OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso, en el entendido de que negarse a recibir los oficios se harán acreedores a una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con el artículo 245 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO Con fundamento en el diverso artículo 26, fracción II, inciso c, de la propia Ley de la Materia, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente le compete, por medio de oficio. TERCEROS INTERESADOS Por su parte, se reserva el emplazamiento de los eventuales terceros interesados hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe justificado. AUTORIDADES INEXISTENTES Apercíbase a la parte quejosa para que, en el supuesto de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda de amparo, no existan, con fundamento en la fracción III del artículo 108, de la Ley de Amparo vigente (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre ellas el señalar en forma precisa las autoridades responsables), sin ulterior acuerdo, se les tendrá como inexistentes y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa proporcione la denominación correcta de las autoridades responsables; lo anterior, tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación del presente asunto; lo que guarda congruencia con el derecho fundamental tutelado por el artículo 17 constitucional, en su modalidad relativa a justicia pronta y expedita. ..IV
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado supuestamente por la parte quejosa, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada en autos; sin embargo, previo a acordar lo conducente, requiérasele para que en el término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca en el local que ocupa este recinto judicial, a efecto de que ratifique la firma del escrito de mérito, en el entendido que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se tendrá por no presentado el ocurso de mérito y, en consecuencia, se hará efectivo el apercibimiento realizado en la citada prevención; ello, ya que de una comparación a simple vista de la firma que obra en el escrito de demanda y la del escrito de marras se desprende una notoria discrepancia. Sirve de apoyo la jurisprudencia con número de registro 207437, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, visible en la página 385, misma que reza: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas."...IV not personal
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