Luis Fernando Arrioja Landa Sotomayor
Expediente 1967/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1967/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/12/2016
Partes del expediente
- Luis Fernando Arrioja Landa Sotomayor
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de diciembre de dos mil dieciséis. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Luis Fernando Arrioja Landa Sotomayor, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, se procede a acordar el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: DESECHAMIENTO Ahora bien, de la lectura integral del escrito de cuenta, se advierte que Luis Fernando Arrioja Landa Sotomayor, señala como actos reclamados, los siguientes: 1. ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: A.- DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, la OMISIÓN de notificar en tiempo y forma legal, al OFICIAL MAYOR DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE PUEBLA, respecto a mi separación del cargo como Agente del Ministerio Público una vez que esta autoridad tuvo conocimiento de que se le informaba la no aprobación de los exámenes de confianza, que como consecuencia omite notificar al Oficial Mayor de la Fiscalía del Estado de Puebla se me hiciera el pago correspondiente gel MÍNIMO VITAL PARA MI SUBSISTENCIA y DE MIS DEPENDIENTES ECONÓMICOS, hasta en tanto resuelva el procedimiento administrativo iniciado en mi contra por ANTES LA VISITADURÍA GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA AHORA DIRECTORA DE LA VISITADURÍA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y VISITADURÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. B.- DEL OFICIAL MAYOR DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE PUEBLA, LA NEGATIVA DE PROPORCIONARME EL MÍNIMO VITAL A QUE TENGO DERECHO HASTA EN TANTO SE RESUELVA EL PROCEDIMIENTO QUE EXISTE EN MI CONTRA POR LA SEPARACIÓN QUE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO; ASÍ COMO HA DEJADO DE PAGAR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, YA QUE DICHA INSTANCIA DE SEGURIDAD SOCIAL NO ME QUIERE DAR LA SEGURIDAD SOCIAL REFIRIENDO QUE YA NO SE HACEN LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES. C.- DEL DIRECTOR DE LA VISITADURÍA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y VISITADURÍA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA: 1.- EL ACUERDO DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2016 Y NOTIFICADO EL MISMO DÍA, EN BASE A MI COMPARECENCIA QUE SE LLEVÓ A CABO ANTE DICHA INSTANCIA DE QUE NO ACORDÓ FAVORABLE MI PENSIÓN DE QUE GIRARA ATENTO OFICIO AL OFICIAL MAYOR DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA PARA QUE SE ME REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL MÍNIMO VITAL PARA MI SUBSISTENCIA Y DE MIS DEPENDIENTES ECONÓMICOS, al ser el suscrito separado de mi cargo hasta, no se ha justificado al separación hasta en tanto se resuelva el procedimiento administrativo 47/2015 iniciado en mi contra por el informe el reporte de resultado de NO APROBADO emitido por el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Puebla, así como en el mismo acuerdo impugno ante esta instancia federal. 2.- EL ACUERDO DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2016 Y NOTIFICADO EL MISMO DÍA, EN BASE A MI COMPARECENCIA QUE SE LLEVÓ A CABO ANTE DICHA INSTANCIA, la NEGATIVA DE PROPORCIONARME COPIAS CERTIFICADAS DE LOS EXÁMENES QUE SE ME PRACTICARON POR EL ÚNICO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE PUEBLA, para tener una debida defensa en el procedimiento administrativo en base a lo ordenado por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla dentro del Juicio de garantías 1013/2015. D) DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, LA NEGATIVA DE REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MÍNIMO VITAL, EN BASE AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE MI CARGO POR LA ANTES LA VISITADURÍA GENERAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA AHORA DIRECTORA DE LA VISITADURÍA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y VISITADURÍA DE LA FISCALÍA GENERAL, dentro del expediente administrativo 47/2015, esta como autoridad vinculada, para que junto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicios de los Poderes del Estado, para que dichas autoridades que están vinculadas en vía de consecuencia a realizar acciones tendentes a restituir al peticionario en el goce del derecho que se me transgredió, dado que le corresponde brindar al quejoso el pago del mínimo vital, y seguridad social que es competencia del organismo descentralizado, esta misma ha dejado de pagar las cuotas y aportaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla que correspondan al quejoso hasta el día de su liquidación total. E) EL TITULAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA por sus siglas ISSSTEP, toda vez me dejo de dar el servicio en el entendido de que como fue injustificado el cese del quejoso, debe entenderse que también fue ilegal que se me dejara de ministrar el acceso a la salud y que el asimilado patrón dejara de enterar las cuotas correspondientes, a dicha dependencia de salud por la entonces Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, ahora Fiscalía General del Estado de Puebla, esta como autoridad vinculada con la citada Secretaria de Finanzas. Es menester precisar el contenido del acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, el cual es del tenor siguiente: ACUERDA: dígasele al encausado LUIS FERNANDO ARRIOJA LANDA SOTOMAYOR y su abogado particular LIBRADO HERNÁNDEZ NÚÑEZ, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en el sentido de que le sean expedidas copias certificadas de los exámenes y resultados de las evaluaciones de control de confianza que dieron origen al presente expediente administrativo, así como todo lo actuado dentro del presente expediente en razón de que dicha información se encuentra clasificada como reservada y confidencial [.] Respecto a que se gire oficio al Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que proporcionen el mínimo vital, correspondiente al pago del 30% de su salario íntegro para su subsistencia y la de sus dependientes económicos y a la Secretaria de Finanzas y Administración, para que junto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, para que dichas autoridades que están vinculadas en vía de consecuencia a realizar acciones tendentes a restituir al peticionario en el derecho del goce que se le ha transgredido; no ha lugar en razón de que el cumplimiento de amparo fue para efectos de reponer el procedimiento administrativo a partir del 10 de marzo del 2015, a fin de que se le cite nuevamente a las partes, en la que se le permitirá al encausado el acceso a la totalidad de las evaluaciones del proceso de control de confianza que le fueron realizados, a fin de restituirle el pleno goce del derecho fundamental violado y se encuentra en aptitud de contar con una completa y adecuada defensa aunado a que no forma parte de la esfera jurídica del encausado, además tienen la plena facultad de emplearse para subsistir económicamente a diferencia de los servidores públicos que se encuentren sujetos a un procedimiento que no ha culminado con una determinación, del que depende su resultado parara definir si siguen prestando sus servicios o de plano son dados de baja del servicio público. De lo anterior se desprende que el promovente reclama, básicamente, la negativa de la responsable de proporcionarle copias certificadas de los exámenes y resultados de las evaluaciones de control y confianza a que fue sometido, y de las constancias del expediente de origen, así como la negativa de girar los oficios correspondientes para que se le otorgue el pago del "mínimo vital" para su subsistencia; sin embargo, tal negativa reclamada, guarda relación con el cumplimiento a la ejecutoria de veintinueve de octubre de dos mil quince, dictada en auxilio de este juzgado por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, en el juicio de amparo 1023/2015, del índice de este órgano jurisdiccional, pues en esta resolución se concedió la protección de la justicia federal para que se dé a conocer al quejoso el inicio del procedimiento natural, a fin de indicarle cuál de los exámenes practicados no aprobó, y las razones por las que se estimó que con los elementos de prueba existentes, procede iniciar procedimiento de separación del cargo que ostenta, y lo que hoy pretende el promovente, excede ese cumplimiento, lo cual implica, como se dijo, que tales actos reclamados en la demanda que se acuerda, guardan relación con esa ejecutoria de amparo. Lo anterior se sostiene, pues la aludida resolución del juicio de amparo 1023/2015, que dictó el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, bajo el expediente 428/2015, la cual constituye un hecho notorio para este juzgado, en lo que interesa, señaló: 1. La autoridad responsable Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, deberá dejar insubsistente la resolución de veintiuno de abril de dos mil quince dictada dentro del expediente administrativo número 47/2015, por la que separó al quejoso de su cargo de Agente del Ministerio Público adscrito a dicha Procuraduría. 2. Reponga el procedimiento administrativo respectivo a partir de la audiencia de diez de marzo de dos mil quince, a fin de que se cite nuevamente a las partes a la celebración de la misma, en la que deberá permitirse al quejoso el acceso a la totalidad de las evaluaciones del proceso de control de confianza que le fueron realizadas, a fin de restituirle el pleno goce del derecho fundamental violado y se encuentre en aptitud de contar con una completa y adecuada defensa. 3. Hecho lo anterior, continúe con la tramitación del procedimiento de mérito y en el momento procesal oportuno dicte la resolución que en derecho corresponda. Asimismo, la protección constitucional se hace extensiva al acto que se le imputa al Director General Administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, consistente en la ejecución de la resolución reclamada, al no haber sido cuestionada por vicios propios, sino por vía de consecuencia. Lo anterior, de acuerdo con la tesis jurisprudencial marcada con el consecutivo 1328 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1492 del Tomo II, Procesal Constitucional, Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, con registro 1003207, que dice: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. (Se transcribe texto). En esta tesitura, al resultar esencialmente fundados los motivos de queja que en este apartado fueron analizados y haberse otorgado la protección constitucional solicitada, resulta innecesario ocuparse de los restantes motivos de agravio que plantea el quejoso en su libelo constitucional, ya que aun cuando resultaren fundados no mejorarían lo obtenido atento al principio de mayor beneficio; lo anterior, acorde con el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis identificada con el consecutivo 1335, localizable en la foja 1498 del Tomo II, Procesal Constitucional, Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, con número de registro 1003214, del tenor siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. (Se transcribe texto)". De igual modo, sirve de sustento por analogía al caso y en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 3/2005 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a foja 5, Tomo XXI, Febrero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 179367, que es del contenido siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. (Se transcribe texto). Por último, no pasa desapercibido que el impetrante señala en su demanda de garantías que debe condenarse a la autoridad responsable al pago de la indemnización y todas las prestaciones que le corresponden, conforme a lo establecido en el artículo 123 apartado "B" fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 114 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. Sin embargo no asiste razón al quejoso en dicho aspecto, toda vez que al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que en caso de que el amparo se conceda por un vicio de forma que conlleve la reposición del procedimiento, ello no implica que la concesión tenga como efecto inmediato que la autoridad responsable se encuentre obligada al pago de la indemnización respectiva y las demás prestaciones a que pudiese tener derecho el inconforme. Pues esa obligación depende en todo caso, de una resolución de fondo en donde se ponga de manifiesto lo injustificado del acto de autoridad que hubiera provocado la terminación de la relación administrativa correspondiente, pero cuando ello no ocurra, como en el caso, ya que el amparo se otorga por la actualización de una violación formal, pero no por haberse analizado una cuestión de fondo a través de la cual se haya determinado que el cese fue injustificado. Así, como en el caso el amparo se otorga ante la presencia de vicios formales en la sustanciación del procedimiento que trascendieron al resultado del fallo reclamado; al no haberse definido en el fondo lo justificado o injustificado de la separación del cargo, no puede exigirse a la autoridad responsable a reintegrar al impetrante el pago de las percepciones ni la indemnización constitucional correspondiente. Por ende, en la especie no procede el pago de indemnización ni prestación alguna, sino únicamente la reposición del procedimiento respectivo en el que se respeten las formalidades esenciales y los derechos fundamentales de audiencia y adecuada defensa del quejoso. Es aplicable a las consideraciones que anteceden, la tesis 2ª. CXXV/2013 (10ª.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a foja 1591, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2005255, del tenor siguiente: SEGURIDAD PÚBLICA. EL ALCANCE DEL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VICIOS DE FORMA, QUE CONLLEVEN A LA REPOSICIÓN DEL PROCESO, NO OBLIGA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO. (Se transcribe texto). Similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión 278/2014, de cuyo cumplimiento derivan el procedimiento administrativo de origen y la resolución reclamada en el presente juicio". Precisado lo anterior, el suscrito advierte que respecto al referido acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; De la transcripción que antecede se advierte que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución del mismo. Se considera que esa causa de improcedencia no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de amparo, inmersa en él u omisión acaecida dentro del mismo; por ello, en lo referente a la ejecución de las mismas, el legislador no solamente se refirió a resoluciones que se emiten en cumplimiento a las de amparo, sino que se comprenden todos esos actos u omisiones llevados a cabo por las autoridades, vinculados con la cumplimentación de toda resolución de amparo, haya sido emitida en el juico principal, recurso o incidente derivado de éste. Es decir, todo acto u omisión enmarcado en la ejecución de una resolución de amparo es inatacable mediante el juicio constitucional. En el caso, se advierte que el acto aquí reclamado guarda relación con la ejecución de la sentencia protectora dictada en el diverso juicio de amparo 1023/2015 del índice de este juzgado, pues como se apuntó, deriva de una solicitud ante la responsable a raíz del cumplimiento de esa ejecutoria, donde se ordenó dar a conocer al quejoso el inicio del procedimiento natural, a fin de indicarle cuál de los exámenes practicados no aprobó, y las razones por las que se estimó que con los elementos de prueba existentes, procedía iniciar procedimiento de separación del cargo que ostenta, lo cual excede tal cumplimiento. En efecto, es un hecho notorio para el suscrito que los actos reclamados tienen relación con el cumplimiento de la ejecutoria de veintinueve de octubre de dos mil quince, en la que se dejó insubsistente todo lo actuado dentro del procedimiento administrativo 47/2015, y se ordenó poner a la vista del hoy quejoso los exámenes practicados los cuales no aprobó, y en consecuencia, sirven de sustento para iniciar el correspondiente procedimiento de separación en su contra. Por tanto, es innegable que a través de acto reclamado el impetrante pretende controvertir el cumplimiento a la ejecutoria de veintinueve de octubre de dos mil quince emitida por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, en el diverso juicio de amparo 1023/2015; por lo que resulta inconcuso que el presente juicio de amparo es improcedente, pues tal aspecto atañe a la sentencia protectora dictada en ese juicio de amparo. Por tanto, cualquier circunstancia que el quejoso considere que no se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo en comento, deberá hacerla valer dentro del referido juicio de amparo. Lo anterior, en atención a que en la ejecutoria de veintinueve de octubre de dos mil quince emitida por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, en el diverso juicio de amparo 1023/2015, se precisaron los lineamientos a seguir por la responsable ordenadora, de manera que respecto a todo lo actuado y dejado de actuar por parte de las responsables y no responsables en relación con el incumplimiento o cumplimiento de los parámetros protectores, el juicio de garantías resulta improcedente, porque tales actos (cabales, excesivos o defectuosos) los llevan a cabo carentes de jurisdicción ya que actúan sometidas a una sentencia constitucional. Lo expuesto se apoya en la parte conducente que se subraya, de la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 44, Tomo 151-156 Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del tenor literal siguiente: AMPARO PARA EFECTOS, ESTRECHA VINCULACIÓN ENTRE LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL, Y LA DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN ACATAMIENTO DE LA PRIMERA. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO.- Por ello, es que este juicio de amparo resulta improcedente, porque no podría analizarse la legalidad de la actuación del Director de la Visitaduría del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla, pues ello equivaldría a decidir si la ejecutoria de amparo fue cumplimentada correcta o incorrectamente, y con ello emitir juicios de valor que no pueden determinarse en un nuevo juicio de amparo, sino solamente en aquél en el que se emitió el fallo protector porque ahí fue donde se decidió qué es lo que se debería hacer para respetar los derechos humanos del quejoso, por lo que es ahí en donde yace la jurisdicción para decidir todo lo relacionado con el cumplimiento. Es por ello que en la Ley de Amparo se prevé un sistema destinado para hacer efectiva toda ejecutoria concesoria de protección constitucional, mismo en el que incluso se prevé la posibilidad de llegar a la destitución de la autoridad que incumpla la sentencia de amparo, lo cual, no se logra en un nuevo juicio porque no se podría amparar y proteger a los quejosos para que las responsables cumplan con una sentencia de amparo anterior. Cobra aplicación la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setenta y uno, Volumen 193-198, Tercera Parte, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, del texto siguiente: EJECUCIÓN INCORRECTA DE SENTENCIA DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE DILUCIDARLA EN JUICIO DE AMPARO. Por ello, aun cuando el acto reclamado no se trata de una resolución o acuerdo determinado dictado en el citado juicio, ello no impide que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no es estrictamente necesario que el acto reclamado lo constituya de manera forzosa una resolución o acuerdo específico, sino también, un acto de naturaleza omisiva dentro del trámite del mismo juicio constitucional o en ejecución del mismo, como en el caso acontece. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Anahí Reyes García. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Luis Fernando Arrioja Landa Sotomayor, a través del cual pretende desahogar el requerimiento que se formuló en proveído de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, sin embargo, de las constancias recibidas se desprende que el citado requerimiento no se encuentra cumplido, dado que omitió, bajo protesta de decir verdad, narrar los antecedentes del acto reclamado, en especial lo relativo al acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, pues aunque hace una transcripción de su contenido, no se desprende, precisamente, esa protesta de decir verdad; lo anterior, a efecto de normar la demanda de amparo en términos del artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo; ya que en el ocurso de cuenta se omitió dicha declaración y conforme al citado numeral, es un requisito de forma que el quejoso manifieste que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. En esas condiciones, hágase del conocimiento del solicitante de amparo, que se encuentra transcurriendo el término para que dé el debido cumplimiento a la prevención de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, y se sirva desahogar el requerimiento hecho en líneas que anteceden. En la inteligencia de que la parte inconforme deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a las anteriores prevenciones en original y con seis copias en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, para ser distribuidas de la siguiente manera: cuatro para las autoridades señaladas como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado, y una más para la tercero interesada. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que se encuentra pendiente el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía ofrecida por el tercero interesado Juan Méndez Medel. A fin de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las nueve horas con veintinueve minutos del veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis.
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