Luis Fernando Alejo Chávez y Otros.
Expediente 877/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 877/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Luis Fernando Alejo Chávez y Otros.
- Luis Fernando Alejo Chávez
Actuaciones
- Principal
Agréguense a sus autos los oficios de cuenta remitidos electrónicamente por el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; mediante los cuales, a través del primero, informa el auto de uno de agosto del presente año, en el que solicitó al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas le informe si aceptó la competencia planteada. En el segundo oficio de cuenta, informa el acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintiuno, por el cual, en la parte que aquí importa, solicita copias o vincular el presente juicio de amparo, al diverso ******************** de su índice. En tal sentido, atendiendo a las cargas de trabajo que imperan en este órgano y a efecto de agilizar la impartición de justicia, se ordena la vinculación de este asunto al juicio del Juzgado signante. En atención a ello, se instruye a la analista jurídica encargada del "Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes" (SISE 2.0), a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el con el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, este juzgado se declaró incompetente por cuestión de materia, por los motivos allí expuestos, para conocer de la demanda de amparo 877/2021, del índice de este juzgado, promovida por**** ordenando remitir los autos al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, correspondiendo conocer del mismo al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, como se advierte del folio de envío 2586199, que obra glosado en autos; sin embargo, a la fecha no se tiene conocimiento de la determinación adoptada por dicho órgano jurisdiccional. En esas condiciones, a efecto de tener conocimiento de lo anterior, mediante oficio que se gire vía interconexión, solicítese al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que de no existir inconveniente legal alguno, informe la determinación adoptada con motivo de la incompetencia declinada por este Juzgado; esto es, si se avocó o no al conocimiento del citado asunto y si aceptó la competencia planteada. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la demanda de cuenta presuntamente promovida por ***en representación de en contra de actos de la Dirección de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades, ... Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que este Juzgado carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la misma, puesto que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: De los actos señalados con anterioridad se aprecia que los mismos tienen una vinculación con actos acontecidos durante la prisión preventiva o compurgación de la pena, en su caso, que está en el campo de las condiciones de reclusión de la parte quejosa y de la vigilancia prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, se encuentran en el campo de la competencia de los jueces de Distrito en Materia Penal. Ahora bien, en el asunto que nos ocupa, resulta evidente que los actos reclamados revisten una naturaleza de carácter penal, toda vez que la pretensión de los quejosos está estrechamente vinculada con las condiciones en las que se encuentran en su carácter de reos o imputados, ello en función de que el bien jurídico tutelado es preservar su dignidad humana con motivo de su estancia dentro del Centro Penal, por ello las condiciones y medidas de seguridad que al respecto se tomen se vinculan con la maximización de dicho bien jurídico. En ese contexto, los diversos actos reclamados por la parte quejosa, atribuidos tanto a las autoridades jurisdiccionales como a las administrativas, se relacionan con su condición de reclusión y con la vigilancia del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva o de cumplimiento de la condena, en su caso, en el lugar en que se encuentra interno. Así, la naturaleza de los actos y autoridades, en el contexto de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite establecer este asunto es competencia de los Jueces de Amparo Especializados en Materia Penal, lo cual se refuerza atendiendo al bien jurídico tutelado que es proteger o velar por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en este caso de la parte quejosa. Esta determinación encuentra apoyo en el criterio sustentado en el conflicto competencial ********************del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que se concluyó que el juzgador en materia de amparo penal no puede rechazar la competencia declinada por un Juez de Distrito en materia administrativa, por aspectos inherentes al turno, cuando éste expuso motivos de jurisdicción objetiva por razón de materia; aunado a que no existe disidencia entre el órgano que debe conocer del asunto atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, lo cual incluso, está plenamente definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.18/2012; citada en el presente acuerdo. Solicítese de la manera más atenta al Juez de Distrito que reciba la demanda, acuse el recibo correspondiente, e informe si acepta o no la competencia planteada. II. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, LA ORDEN DE TRASLADO DE LOS QUEJOSOS DE LA PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A OTRO CENTRO DE RECLUSIÓN (1). Por otra parte, dado que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a combatir la la orden de traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión; dichos actos no se ubican en los supuestos previstos en el artículo 15 y 48 de la Ley de Amparo, es decir, de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o bien, de aquéllos respecto de los cuales se requiera conceder la suspensión de oficio y de plano prevista en el diverso ordinal artículo 126 de la ley en cita, como son, aquellos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Por tanto, si una orden de traslado voluntaria, involuntaria o excepcional se emite y ejecuta durante la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no es un acto emitido fuera de procedimiento, porque el legislador secundario emitió los procedimientos previstos en los numerales 50, 51 y 52 de esa legislación, en los que Reglamentó la manera en la que operará la facultad exclusiva del Poder Judicial de decidir sobre la modificación de las penas en materia de traslado de reos, en términos de los artículos 18 y 21 constitucionales, por lo que en su contra, no procede conceder la suspensión de plano, prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. En efecto, no procede conceder la suspensión de plano respecto los citados actos, porque si bien es cierto, cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional; cierto también lo es, que la naturaleza del acto reclamado en el presente asunto deriva de la dolencia del quejoso consistente en la orden de traslado del centro penitenciario en el que se encuentra recluido y/o de dormitorio, por lo tanto, no se advierten indicios que se esté ante un acto de los que importen peligro conforme al numeral constitucional referido. Además, la parte quejosa no señala, ni siquiera indiciariamente, que los actos que señala son objeto sean equiparables a los prohibidos en el artículo 22 constitucional; aunado a que los promoventes omiten señalar en qué consisten o cómo se han materializado dichos actos por las autoridades que señala como responsables. En consecuencia, no es dable atender la solicitud de la parte justiciable para conceder la medida cautelar de oficio o de plano, pues no existen elementos suficientes para deducir que la ejecución de los actos reclamados ponga en riesgo la vida o integridad del quejoso; en tal sentido, toda vez que para el pronunciamiento de la suspensión de los efectos del acto reclamado debe atenderse a actos concretos, resulta improcedente conceder la medida solicitada pues no puede basarse en presunciones o aseveraciones sobre actos que pudieran emitirse; por tanto, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO SOLICITADA, toda vez que los actos reclamados no se ubican en los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Finalmente, se tiene como representante común de la parte quejosa a********************NOTIFÍQUESE.
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