Luis Fernando Aguirre Andriasi
Expediente 482/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 482/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Luis Fernando Aguirre Andriasi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a la autoridad responsable, pues ésta sólo puede interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse negado la protección de la Justicia Federal en el presente juicio, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a la autoridad que se señaló como responsable, como acontece en el presente Juicio de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con apoyo en el numeral 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, de conformidad con los puntos 8.1.2. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y artículos 20 fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del citado acuerdo general, el cuaderno incidental original es destruible, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la depuración del expediente principal y destrucción del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al Secretario Judicial a que firme los oficios que deriven del presente acuerdo. Finalmente, agréguese copia autorizada de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías para que obre como corresponda. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Luis Fernando Aguirre Andriasi, respecto del acto reclamado y autoridad precisada en el considerando segundo, y por los motivos y para los efectos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguense a los presentes autos para los efectos legales conducentes, los dos primeros escritos signados por el quejoso Luis Fernando Aguirre Andriasi, mediante los cuales desahoga la vista otorgada en auto de doce de mayo del año en curso, con el informe justificado rendido por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, en su atención; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados los alegatos que hace valer, sin perjuicio de hacer relación de ellos al momento de dictar la sentencia en el presente juicio de garantías. Asimismo, se tiene al quejoso solicitando a este órgano jurisdiccional que se requiera a la autoridad responsable remita la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación 27967/FMUJ/UDV/2021, de su índice; sin embargo, dígasele que mediante proveído de doce de mayo del año en curso, se tuvo a dicha responsable rindiendo su informe justificado y adjuntó diversas documentales para sustentar el acto reclamado; las que este Juzgado Federal estima resultan suficientes a fin de estar en aptitud de dictar una sentencia apegada a derecho. Aunado, que el acto reclamado versa precisamente en la negativa de la responsable de darle acceso a la citada carpeta de investigación, el cual, será materia de estudio de fondo al resolver el presente asunto. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el tercer escrito del quejoso Luis Fernando Aguirre Andriasi, mediante el cual amplía su demanda de amparo, respecto a la autoridad y acto siguiente: "(.) I. AMPLIACIÓN EN CUANTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. EN SU CARÁCTER DE EJECUTORA SEÑALO: 1.- El Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones. Con domicilio en Avenida Luis Echeverría Álvarez 1, 3ra Sección, Parte Media, San Antonio de la Cal, Oaxaca, Código Postal 71236. II. AMPLIACIÓN EN CUANTO A LOS ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad ORDENADORA SEÑALADA EN LA DEMANDA PRINCIPAL Y EJECUTORA SEÑALADA EN ESTA AMPLIACIÓN SEÑALO: LA ORDEN Y/O LAS ORDENES DE REALIZAR ACTOS DE INVESTIGACIÓN DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN 27967/FMUJ/UDVF/2021, SOBRE MI PERSONA, POSESIONES O PROPIEDADES DESIGNADO AGENTES INVESTIGADORES, SIN QUE SE EXCLUYA EJECUTAR ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y DE MOLESTIA SOBRE MI PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO PAPELES Y POSESIONES O EJECUTARLOS CON MANDAMIENTO DE AUTORIDAD QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DE SU PROCEDIMIENTO Y EN EL QUE SE ME HAYA TUTELADO MI DERECHO DE AUDIENCIA. III. AMPLIACIÓN EN CUANTO A LA PROTESTA DE DECIR VERDAD. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto a su señoría que los hechos y abstenciones que me constan y constituyen los antecedentes de los actos reclamados, son los que señalo a continuación: (.)" Ahora bien, de la lectura integral de la ampliación de demanda de amparo se advierte que el quejoso Luis Fernando Aguirre Andriasi señala como actos reclamados la orden de realizar actos de investigación dentro de la carpeta de investigación 27967/FMUJ/UDVF/2021, en su contra, que atribuye al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, formulando los correspondientes conceptos de violación. Sin embargo, se estima resulta notoriamente improcedente, la ampliación formulada respecto al acto, autoridad y conceptos de violación referidos al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con los diversos 6º y 107, fracción VII, aplicada a "contrario sensu", todos de la Ley de Amparo, en relación con el 21 Constitucional. En efecto, resulta improcedente el juicio de amparo, en virtud de actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes citada, ya que la parte promovente carece de interés jurídico para reclamar dicho acto, lo que amerita su desechamiento, pues no le causa perjuicio los actos de investigación que señala como nuevo acto reclamado, que atribuye a la mencionada autoridad. Los artículos antes invocados en su parte conducente señalan: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente. [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia...". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño ." Ahora bien, de los preceptos transcritos se aprecia que el amparo resulta improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos de los gobernados, es decir, contra aquéllos que no provocan una afectación definitiva a la esfera jurídica de la impetrante de amparo. Por su parte el artículo 21 de la Carta Magna disponen: "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines." Del precepto constitucional citado, se desprende que la persecución de los delitos es de interés público y que corresponde al Ministerio Público investigar los hechos probablemente delictuosos para determinar, en su caso, si ha lugar o no a ejercer la acción penal contra el indiciado; cabe señalar que durante esta etapa del procedimiento penal, el Ministerio Público, actúa como órgano investigador ordenando realizar diligencias tendentes a acreditar la existencia de los delitos denunciados y la probable responsabilidad de los sujetos activos en su comisión, por lo que goza de facultades amplias para allegarse y ordenar las diligencias que estime pertinentes para acreditar tales extremos. Y si bien es cierto que al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo y ordenar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, incluso, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Apoya lo anterior, la tesis II.2º.P.51 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 2601, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Décima Época, del Tomo IV, Octubre 2017, de rubro siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Así las cosas, es válido concluir que en su caso, ningún perjuicio le causa al quejoso que la responsable en ejercicio de sus funciones realice actos de investigación en torno a los hechos que la ley señala como delito, ya que tal aspecto es de interés público; por tanto, la orden de investigación, no puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso y en cambio, sí se le causaría a la sociedad, si no se lleva a cabo a su debido término dicha investigación y sus consecuencias, la cual se reitera es de orden público. Además, el perjuicio que en todo caso, llegase a ocasionarse al promovente de amparo, se materializaría hasta que la autoridad judicial conozca de la causa penal si resultara procedente la orden de aprehensión, que eventualmente se emitiera por ejercerse la acción penal. Así, los actos tendentes a integrar una carpeta de investigación, como lo es una orden de investigación, inclusive sin citarlo a declarar, no le irroga perjuicio alguno, toda vez que la sola existencia o investigación de los hechos puestos en conocimiento de las autoridades responsables, donde aún no ha sido citado a declarar como indiciado, no trasciende a su esfera jurídica, pues como se puntualizó con antelación, la orden de investigación solamente produce el efecto de que la autoridad ministerial efectúe sus facultades de investigación, sin que le irrogue perjuicios de imposible reparación, máxime cuando el precepto 21 Constitucional no lo dispone de tal forma. En ese orden de ideas, es lógico concluir que la orden de investigación que pudiese existir en contra del indiciado es una acción más por parte del Ministerio Público que forma parte de la investigación y persecución de los delitos que exclusivamente le compete para que durante la investigación justifique a través de la carga probatoria que se le impone, que el hecho tipificado por la ley como delito, ha sido perpetrado. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con los diversos 6º y 107, fracción VII, aplicada a "contrario sensu", todos de la Ley de Amparo, en relación con el 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la ampliación de demanda de amparo promovida por Luis Fernando Aguirre Andriasi, por lo que respecta al acto que hace consistir en los actos de investigación derivado de la carpeta de investigación. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Daniel Lira Gurrión, Secretario Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.
- Incidental
La Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que refiere el Secretario, las que se tomarán en consideración al momento de resolver este incidente. Asimismo, se tienen por recibidos los escritos del quejoso Luis Fernando Aguirre Andriasi, por medio de los cuales se desprende que realiza diversas manifestaciones en vías de alegatos; por tanto, con apoyo en el numeral 144 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidos los razonamientos hechos valer, los cuales en su caso serán tomados en consideración en esta audiencia. Enseguida, se abre el periodo probatorio, el secretario CERTIFICA: que ninguna de las partes ofreció algún medio de convicción. La Jueza acuerda: téngase por hecha la certificación secretarial que antecede, para los efectos legales procedentes. Cerrado el periodo probatorio y abierto el de alegatos. El Secretario hace constar que la parte quejosa realizó diversas manifestaciones a manera de alegatos, y que la agente del Ministerio Público Federal adscrita, no presentó pedimento. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del quejoso, y por perdido el derecho de las demás partes para ello; por lo que se ordena cerrar este periodo. A continuación, se procede a dictar la siguiente interlocutoria. Vistos, para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 482/2022; al tenor de los siguientes: R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda. Luis Fernando Aguirre Andriasi, mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, solicitó la suspensión definitiva contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género. SEGUNDO. Trámite. Este Juzgado de Distrito, por auto de tres de mayo del año en curso, ordenó formar por duplicado incidente de suspensión, solicitó a la autoridad responsable su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, inició en términos del acta que antecede y concluye con esta resolución. TERCERO. Celebración de la audiencia incidental. Acto continuo, el día de hoy conforme a lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley de Amparo, se celebró la audiencia incidental en términos del acta que antecede y forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A CI O N E S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es constitucional y legalmente competente para conocer del presente incidente de suspensión ya que aquí se tramita el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. SEGUNDO. Precisión del acto por el cual se solicitó la suspensión. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en el caso a estudio, el acto reclamado es: La negativa de otorgar acceso a los datos de registro que obran dentro de la carpeta de investigación 27967/FMUJ/UDVF/2021, que aduce se sigue en su contra. TERCERO. sentido del informe previo. La autoridad responsable al rendir su informe previo Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, aceptó la existencia del acto reclamado. CUARTO. ESTUDIO DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir si la media solicitada debe o no concederse, debe tenerse presente el contenido de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 125, 128, 129, 138, 147 todos de la Ley de Amparo, lo que lleva a analizar, por regla general los siguientes aspectos: 1) La presunción de existencia del acto reclamado. 2) Que exista solicitud del agraviado, quien deba acreditar indiciariamente su interés suspensional. 3) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. 4) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. 5) Junto con el examen de interés social y el orden público, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, para poder justificar que se decrete la medida cautelar, cuando sea urgente y necesaria la paralización de los efectos del acto reclamado. 6) Superado el análisis de procedencia de la suspensión, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, siempre que sea jurídica y materialmente posible, se reestablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, lo que implica la posibilidad de dar provisionalmente efectos restitutorios a la medida cautelar. En ningún caso la suspensión podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda, conforme dispone el artículo 131 de la ley de la materia. En la especie, el primer requisito que se requiere colmar para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse en relación con la suspensión de los actos reclamados, relativo a la existencia de solicitud expresa del quejoso, se encuentra satisfecho, dada su fácil apreciación objetiva, ante la petición manifiesta en el escrito de demanda Ahora bien, por lo que hace al siguiente requisito, concerniente a que para conceder la medida cautelar es necesario que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, quien resuelve sostiene que en el caso específico no se encuentra justificado ese requisito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 138, fracción I de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, respecto del acto reclamado, relativo a la negativa de otorgar el acceso a los datos de registro que obran dentro de la carpeta de investigación 27967/FMUJ/UDVF/2021, que aduce se sigue en su contra; ya que si bien es cierto que la suspensión está solicitada, también cierto es, que hay disposiciones de orden público que impiden el otorgamiento de la misma, en la circunstancia de que el quejoso no acredita ni indiciariamente estar bajo los supuestos de la ley del acto para conceder la medida cautelar de que se trata, a saber, lo establecido en el artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, del citado precepto se obtiene que el imputado y su defensor pueden tener acceso a los registros de la investigación, en los siguientes supuestos. a) Cuando se encuentre detenido; b) Sea citado para comparecer como imputado; o, c) Sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Lo anterior cobra relevancia, si se toma en consideración que este órgano jurisdiccional no puede constituir a favor del justiciable un derecho que no está indiciariamente acreditado, de ahí la improcedencia de la medida cautelar solicitada; pues sin desconocer el derecho fundamental de defensa al que alude, su ejercicio se garantiza en la forma y términos previstos en el citado precepto; por el contrario, dar acceso a una persona que se asume como señalada por la comisión de un hecho que la ley prevé como delito, podría implicar obstaculizar el curso del procedimiento de investigación. Aunado a que, en el caso particular, conceder la suspensión - contra los actos de naturaleza negativos reclamados- en los términos pretendidos por el quejoso, equivaldría a darles efectos restitutorios que únicamente son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo de donde deriva este incidente. Lo anterior es así, ya que los efectos de la suspensión no son restitutorios de derechos, sino en todo caso, será materia del fondo del asunto al momento de dictar sentencia; puesto que de requerir a la responsable de que se trata, dé intervención a la parte quejosa en la carpeta de investigación; implicaría un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, dejando sin materia el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, bajo el rubro y texto: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Finalmente, se autoriza al Secretario para que firme los oficios que deriven de la presente interlocutoria. Por lo expuesto, fundado y, con apoyo además, en el artículo 146 de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: Único. Se niega a Luis Fernando Aguirre Andriasi, la suspensión definitiva de los actos reclamados, materia de esta litis incidental; en términos del considerando último de esta interlocutoria. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación
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