Luis Fernado Rossano Guitiérrez
Expediente 982/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 982/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/03/2021
Partes del expediente
- Luis Fernado Rossano Guitiérrez
- María del Carmen Gutiérrez Barrera
- Carlos Alberto Rossano Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos y al advertirse que no se interpuso recurso de revisión en contra de la resolución del veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto por el que se sobreseyó el presente asunto y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvanse al Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, los tomos de pruebas I y II, los cuales aportó como pruebas para el presente asunto, en el entendido de que el acuse de recibo lo constituirá el oficio por el cual se le comunique la presente determinación. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Autoridad informa Finalmente, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio del Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por el que realiza diversas manifestaciones y remite documentales, toda vez que en esta fecha se ordenó el archivo del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Ampliación de plazos para acordar. Con fundamento en el artículo 2, fracción VIII, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la Circular SECNO/12/2021 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se informa a las partes que la demanda y/o promociones de este asunto se acuerdan dentro de los plazos ampliados; es decir, 10 días para demandas y 48 horas para promociones. Autoridad responsable remite documentales. Agréguese el oficio y anexos de la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por el que en atención al requerimiento efectuado en proveído del veintiocho de enero de dos mil veintiuno, informa que el cuatro de febrero del año en curso recibió el exhorto 14/2020 proveniente del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y remite copias certificadas de diversas constancias que acreditan lo anterior. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las documentales que anexó la autoridad oficiante al oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de los informes justificados que obran agregados en autos, de las documentales aportadas por las autoridades responsables, así como del oficio recibido en esta data, se pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable una causa de improcedencia del juicio de amparo, por lo que es procedente sobreseer en el juicio, sin esperar al desahogo de la audiencia constitucional. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En atención a lo anterior, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de radicar y diligenciar el exhorto 14/2020 del índice de los Juzgados Primero y Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, ambos de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a fin de que se recabara información acerca del salario y demás prestaciones que percibe el demandado ***, y se le corriera traslado con la liquidación de sentencia y su actualización, ordenado dentro del juicio de divorcio voluntario 190/2008, y la devolución de los referidos exhortos, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica, cabe precisar que de las constancias que remitieron la autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, en específico del informe rendido por el Juez y Diligenciaria, ambos adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, se desprende que derivado del exhorto 14/2020 de su índice, el siete de febrero de dos mil veinte, la notificadora adscrita a dicho juzgado levantó un acta de imposibilidad de notificar al demandado ***, toda vez que al constituirse en el domicilio de la empresa ***, fue atendida por una persona que laboraba en el área de recursos humanos, la cual le manifestó que el mencionado demandado ya no trabajaba ahí, por lo que dio cuenta de lo anterior al Juez y Secretario de su adscripción, a fin de que se acordara lo que en derecho correspondiera, y estos a su vez, mediante oficio 820/2019, ordenaron su devolución al juzgado de origen, el cual lo recepcionó y acordó mediante proveído del veintinueve de septiembre de dos mil veinte, tal como se aprecia de las reproducciones siguientes: Ahora bien, del diverso informe justificado rendido por el Juez Primero de Primera Instancia Civil de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y Diligenciaria de su adscripción, se desprende que por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte, recibió el exhorto 542 del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, el cual fue radicado bajo el número de exhorto 14/2020. En ese contexto, mediante diligencia del ocho de octubre de dos mil veinte, la Diligenciaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia Civil de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, manifestó que al constituirse en el domicilio que ocupa la empresa ***, sociedad anónima de capital variable, fue informada que el demandado *** no laboraba en dicha empresa, por lo que dio cuenta al Juez y Secretario de su adscripción a fin de que se proveyera lo conducente, y estos a su vez, mediante oficio 1586/2020, ordenaron su devolución al juzgado de origen, el cual fue recepcionado en la Oficialía Común de Partes del Poder Judicial del Estado de Puebla, el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, tal como se aprecia de las reproducciones siguientes: En consecuencia, dado que ha cesado la omisión de radicar y diligenciar los exhortos números 14/2020, ambos del índice del Juzgado Primero y Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, así como su posterior devolución, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 605, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a enero de 2009, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." No pasa inadvertido que la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, no exhibió la constancia de notificación a las partes de los exhortos 14/2020, del índice del Juzgado Primero y Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit; sin embargo, esa circunstancia no impide actualizar la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo, la parte quejosa tendrá conocimiento de los mismos. En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Se agrega oficio. Agréguese sin mayor proveído el oficio del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por el que, en esencia, informa que ya rindió su respectivo informe justificado y a su vez remite copia del mismo, toda vez que por auto del dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido y se acordó lo conducente. Se requieren documentales. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, se deprende que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, manifestó que devolvió sin diligenciar el exhorto 14/2020 de su índice, en el que se ordenó la notificación del demandado en el juicio de origen ***, sin que obre constancia de que se haya devuelto a la autoridad exhortante Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, o bien, que ésta última lo haya recibido. En consecuencia, en términos del artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a fin de que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias en donde se advierta que devolvió el exhorto 14/2020 de su índice a la autoridad de origen, como lo es el oficio por el cual ordenó dicha devolución o el número de guía de correo. Asimismo, requiérase al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, para que en el mismo plazo de tres días siguientes a la notificación del presente acuerdo, informe si ya recibió el exhorto 14/2020 proveniente del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para lo cual deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior. Se apercibe a las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir con los mandatos establecidos en los párrafos anteriores, se le impondrá una multa de 50 a 1000 veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. Notifiquese, y vía correo electrónico a la autoridad foránea Juzgado Primero de Primea Instancia del Ramo Civil de Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, al correo electrónico buceriascivil1@juzgadosnayarit.gob.mx.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de enero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que sólo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y sólo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, sólo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circular SECNO/1/2021. Finalmente, a través de la Circular SECNO/1/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, c. Que en el resto de los Circuitos Judiciales (entre ellos el Sexto: Puebla), el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales sería el Acuerdo General 21/2020; esto es, el relativo que reanuda plazos y dispone el regreso escalonado en los órganos. Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/1/2021, que establece las medidas vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. En el entendido que dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el procedimiento se reanuda en el punto en que quedó pausado. Audiencia constitucional. Se señalan las CATORCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO para la celebración de la audiencia constitucional. Exhorto para mejorar comunicación. Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, se solicita a las partes que a la brevedad proporcionen un correo electrónico y un número telefónico, a través de los cuales se establecerá un canal de comunicación directa -no procesal-. Exhorto para seguir en juicio en línea. Igualmente, de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias, manifiesten si es su deseo continuar con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Órgano Jurisdiccional Correo electrónico Juzgado Primero de lo Civil de Bucerías, Nayarit. buceriascivil1@juzgadosnayarit.gob.mx Diligenciario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil de Bucerías, Nayarit. buceriascivil1@juzgadosnayarit.gob.mx Juzgado Segundo de lo Civil de Bucerías, Nayarit. buceriascivil2@juzgadosnayarit.gob.mx Diligenciario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Bucerías, Nayarit. buceriascivil2@juzgadosnayarit.gob.mx Notifíquese; por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables locales y al Agente del Ministerio Público de la Federación; y por oficio y correo electrónico a las foráneas:
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