Luis Felipe Xavier Güemes Ríos
Expediente 248/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 248/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Luis Felipe Xavier Güemes Ríos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio de la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita diversa información del juicio de amparo en el que se actúa; atento a lo anterior, se informa que no se ha cubierto a la parte quejosa "HIELO Y REFRIGERACIÓN DE ZACATEPEC", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el pago correspondiente al derecho de alumbrado público, respecto del ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, toda vez que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante sesión de nueve de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca 104/2018, determinó declarar infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvó por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Auxiliar Jurídico de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, por medio del cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta, así como con el oficio 01/350/15-IV, y anexos (fojas 94 a 98) y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese Personalmente.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b), de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Felipe Xavier Gümes Ríos, contra los actos que reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Morelos actualmente Comisionada a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Morelos y otra. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Ahora, se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. El quejoso señala como autoridades responsables y actos reclamados lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Morelos actualmente Comisionada a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Morelos. Acto que le reclama: ".La indebida integración en mi contra de la carpeta de investigación número FEIHC/003/2017-03, iniciada con motivo y a petición del Auditor General de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos, por posibles conductas delictivas derivadas de la auditoria realizada a la cuenta pública del Municipio de Cuautla, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del 2011, específicamente respecto a las diversas observaciones correspondientes a recursos federales que realizó a dicho Municipio, denominados: FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), y; FORTAMUN-DF (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL). Así como la solicitud de audiencia de formulación de imputación, imposición de medidas cautelares y vinculación a proceso, en contra del suscrito, por el supuesto ilícito de peculado, cometido en agravio del Municipio de Cuautla, Morelos.." Juez de Primera Instancia, de control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Acto que le reclama: ".La emisión del auto de fecha 22 de febrero de 2019 y sus consecuencias legales, a través del cual se cita al suscrito a efecto e comparecer a la audiencia de formulación de imputación, imposición de medidas cautelares y vinculación a proceso el día ocho de marzo de 2019 a las 9:00 horas, en el edificio denominado "Ciudad Judicial", ubicado en calle Paulino Martínez esquina con Emilio Vázquez sin número, colonia Francisco I. Madero, en Cuautla, Morelos, lo cual implica le exhibición del suscrito ante la sociedad y los medios de comunicación;." Desechamiento de la demanda De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia. El precepto legal anteriormente invocado, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, para una mejor comprensión se cita el precepto aludido: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Previamente al análisis de la improcedencia de la demanda de amparo, este Tribunal Federal considera pertinente precisar las siguientes consideraciones: En la demanda de amparo la parte quejosa señala como acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Morelos actualmente Comisionada a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Morelos, la indebida integración de la carpeta de investigación número FEIHC/003/2017-03, iniciada con motivo y a petición del Auditor General de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Morelos, por posibles conductas delictivas derivadas de la auditoría realizada a la cuenta pública del Municipio de Cuautla, Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal del 2011. En efecto, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, constitucional y 5°, fracción I, de la ley reglamentaria en comentario, estos últimos preceptos interpretados en sentido contrario, los cuales disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. "El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. "El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. "Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. "La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". El precepto constitucional y el legal transcrito en primer término, contienen uno de los principios que rigen el juicio de amparo, como lo es el de instancia de parte agraviada, esto es, que el juicio constitucional sólo puede iniciarse a petición de parte, pero además, que la legitimación procesal para promoverlo sólo la tienen las personas físicas o morales directamente agraviadas por la ley o el acto reclamado. Luego, en concordancia con la disposición legal reproducida en último término, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no causa un agravio personal y directo en la esfera jurídica de quien promueve el amparo. En el caso concreto, los actos reclamados que refiere el quejoso y precisados anteriormente, por sí, no trastocan derechos legítimamente tutelados, de la persona contra quien se realiza la investigación, sino que tal agravio surgirá, en su caso, cuando la autoridad judicial correspondiente decida librar una orden de aprehensión o comparecencia en su contra, actos que pudieran sí causar un agravio personal y directo, lo que legitimaría, en su caso, al impetrante a reclamarlos en sede constitucional. Por lo que no es factible abrir la puerta del juicio de amparo a toda clase de actos derivados de una carpeta de investigación, sino solamente a aquellos que afecten de modo irreparable los derechos fundamentales de los gobernados, como ocurre, verbigracia, cuando emite una orden de detención, pues de lo contrario se obstaculizaría y limitaría la función del Ministerio Público. En apoyo a lo considerado se invoca la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 351, tomo XX, diciembre de 2004, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 180028, que dice: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Asimismo, por similitud tiene aplicación la jurisprudencia I.2° P. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 689, tomo V, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." También se invoca el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 264, tomo III, enero de 1996, correspondiente a la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los términos siguientes: "AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 21 constitucional en lo atinente, dispone que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso integrar la correspondiente averiguación previa, de ahí, que el desahogo de diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio a la persona contra la que se iniciaron las investigaciones, por ser de orden público, según lo establece el máximo ordenamiento legal del país; siempre y cuando en ellas no se ordene que se le prive de su libertad, posesiones o derechos. En razón de lo anterior, es improcedente el juicio de garantías en que se señalen como acto reclamado tales diligencias ministeriales." En tales circunstancias, al actualizarse en el caso, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia mencionada, se desecha de plano la demanda de amparo respecto de dicha autoridad y acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el diverso 113, de la Ley de Amparo. Es importante mencionar que la determinación adoptada es coherente con lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, derechos humanos reconocidos internacionalmente y principio pro persona. Lo anterior, en atención a que el numeral citado en el párrafo precedente, contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; por ende, se advierte que limita la jurisdicción a la observancia de las condiciones fijadas en las normas correspondientes; en la especie, se trata de la Ley de Amparo, que en los actos con una consecuencia simplemente procesal veda la procedencia del amparo indirecto o biinstancial. Mientras que los actos precisados por los que se duele la parte quejosa, por sí mismos, no atentan contra sus derechos fundamentales. Aunado a que el principio pro persona, el cual determina que en caso de que exista una hipótesis legal nacional y un tratado internacional aplicable a un caso concreto, sometido a la facultad jurisdiccional, debe preferirse la que favorezca en grado predominante al justiciable; luego, los actos de los que se duele la quejosa, son consecuencia de la integración de la carpeta de investigación que señala, así, se reitera que los actos que habitualmente tienen verificativo en el desarrollo de una investigación para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, al no irrogar un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión; corolario de lo anterior, el presente acuerdo de desechamiento de la demanda del quejoso no contraviene la interpretación de mérito. De esta manera, el establecimiento de requisitos técnicos legales tiene como desiderátum el orden jurídico nacional, lo que se armoniza con los fines perseguidos en múltiples tratados internacionales y principio pro homine, pues en ellos se reconoce el respeto a los derechos humanos, que buscan el bienestar de las personas, en forma individual y social, aspecto que sólo puede ser logrado en un ambiente en que rija el mencionado orden. Sirve de apoyo la jurisprudencia con número de registro 2017640, Décima Época, de la Primera Sala, de la Gaceta Semanario Judicial de la Federación libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, que dice: ".SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad..". En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la justicia no implica dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen el juicio de amparo, puesto que dicho derecho es limitado y para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, con la finalidad de brindar certeza jurídica. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis XI.10.A.T.3K, consultable en la página 1494, décima época, libro XII, tomo 3, con número de registro 2001550, que textualmente dice: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales." Asimismo, se cita la tesis VII.2º.C.14C, consultable en la página 1495, décima época, libro XII, tomo 3, con número de registro 2001551, que textualmente dice: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, de conformidad con los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce en violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." Por otra parte, el quejoso reclama del Juez de Primera Instancia, de control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, el auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, y sus consecuencias legales, a través del cual se le cita a efecto de comparecer a la audiencia de formulación de imputación, imposición de medidas cautelares y vinculación a proceso el día ocho de marzo de 2019, dictado dentro de la causa penal JCC/845/2017. Ahora, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su propio numeral 107, fracción IV. Por su parte, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. En el caso, se está ante un acto realizado fuera de juicio, sin embargo, no afecta la libertad del quejoso, por las consideraciones apuntadas en líneas ulteriores, de ahí la improcedencia de la demanda. Esto es, la audiencia inicial, dentro de la causa penal JCC/845/2017, citada para el ocho de marzo de dos mil diecinueve, del índice de la Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial del Estado de Morelos, se encuentra prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia: 1a./J. 78/2018 (10a.) publicada en la página 239, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Época: Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, por cuanto a la privación de la libertad que refiere el quejoso, constituye un acto futuro de realización incierta, puesto que no existe la certeza de ser vinculado a proceso y, en su caso de ser sometido a una medida cautelar, como puede ser la presión preventiva. De ahí que, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso normativo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, por ende, lo que procede es desechar la demanda de amparo intentada respecto de dicho acto y autoridad responsable, con apoyo en el diverso numeral 113 de la ley de la materia. Domicilio procesal y autorizados: Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que indica para los efectos de oír y recibir notificaciones, y por autorizados a las personas que refiere para los efectos que precisa siempre y cuando cuenten con los requisitos necesarios, de conformidad con el artículo 12, de la Ley de Amparo. Días y horas inhábiles: Desde este momento, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios adscritos a este Juzgado Federal, para que todas las notificaciones personales que se ordenen en los presentes autos, se realicen en días y horas inhábiles. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE PERSONAL.
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