Luis Felipe Tuz Chay

Expediente 941/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
941/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
04/11/2020

Partes del expediente

  • Luis Felipe Tuz Chay
  • Fiscal General del Estado de Yucatan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de catorce de octubre del año en cuso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la expresada determinación, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado artículo del Acuerdo General, por lo que DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, y en atención a lo que manifiesta en los mismos, no ha lugar a hacer pronunciamiento alguno acerca de ellos, toda vez que de autos se advierte que mediante proveído de catorce de octubre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo en que se actúa.

  3. Principal

    Agréguense a estos autos los oficios signados por el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General y por la Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Hechos de Tránsito del Ministerio Público del Fuero Común, ambos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad y anexos que acompañan; misma documental a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por las citadas autoridades remitentes, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo reclamó en el presente juicio, su detención y la incomunicación de la que dijo ser víctima. En este sentido, de las constancias que adjuntó la autoridades ministerial responsable a su oficio de cuenta, se aprecia que el trece de los corrientes, emitió un acuerdo en la carpeta de investigación T1/1250/2020, en el cual determinó otorgar al quejoso su libertad, ya que no se pretendía solicitar en su contra prisión preventiva como medida cautelar. En este orden de ideas, ya que en esa fecha, trece de octubre de dos mil veinte, la autoridad ministerial emitió un acuerdo en el cual ordenó la inmediata libertad de la parte quejosa; mientras que en el caso a estudio, el promovente de amparo reclamó, en esencia, la privación de su libertad a causa de su detención; en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto privativo de libertad combatido por el solicitante del amparo, restituyéndose al agraviado en el goce del derecho constitucional violado. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado, por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad, de proseguirse el trámite del presente juicio. En la inteligencia que, respecto a la incomunicación la responsable negó dicho acto sin prueba en contrario de la parte quejosa, aunado al hecho que de la constancia actuarial se advierte, que el fedatario público de la adscripción tuvo acceso al quejoso para notificarle de la promoción de esta demanda de amparo, la cual incluso ratificó. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por consiguiente, esta Juzgadora Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal y, en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintitrés minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; nueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que obran los oficios suscritos por el Encargado de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el Director General del Registro y Control Documental y por el Director de lo Contencioso en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, compareciendo por el Director General del Registro y Control Documental, con el que informaron acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; así como que mediante proveído de veintitrés de septiembre del presente año, se dio vista a las partes con los oficios remitidos por las autoridades responsables para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a sus derechos conviniera; al haber fenecido dicho plazo, este órgano judicial determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión respecto de los actos reclamados al Delegado del Registro Agrario Nacional del estado de Yucatán, y Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México. Asimismo, por auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a las autoridades responsables su debido cumplimiento. De manera que las autoridades responsables, estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos indicados en la sentencia de amparo, los cuales fueron los siguientes: ".....De inmediato, dado el tiempo transcurrido, cumpla con lo dispuesto en los artículos 8 Constitucional, y con libertad de jurisdicción de debida respuesta a lo peticionado por los quejosos en su escrito que fue presentado ente la Delegación Yucatán el doce de marzo de dos mil diecinueve, relativo al recurso de revisión interpuesto contra la calificación registral negativa de la adopción de dominio pleno de la parcela colectiva 80 Z1 P3, del ejido de Ucú, Yucatán, signada con el número de trámite 31170010063; además deberá hacérselo de su conocimiento, de manera personal, a la brevedad debida.". Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el seis de abril del año en curso, la autoridad responsable Director General de Registro y Control Documental emitió el acuerdo relativo al recurso de revisión presentado por la parte quejosa e interpuesto contra la calificación registral negativa de la adopción de dominio pleno de la parcela colectiva 80 Z1 P3, del ejido de Ucú, Yucatán, signada con el número de trámite 31170010063, mismos que se declaró procedente, así como la liberación de la clave de acceso; en tal circunstancia, se concluye que las autoridades responsables cumplieron con la presente ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. En cuanto al escrito suscrito por el quejoso JUAN CARLOS BRICEÑO GONZÁLEZ, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que el efecto de la sentencia concedida en autos fue para que con libertad de jurisdicción, la responsable diera debida respuesta a lo peticionado en su escrito que fue presentado ente la Delegación Yucatán el doce de marzo de dos mil diecinueve, relativo al recurso de revisión interpuesto contra la calificación registral negativa de la adopción de dominio pleno de la parcela colectiva 80 Z1 P3, del ejido de Ucú, Yucatán, signada con el número de trámite 31170010063, así como hacérselo de su conocimiento, de manera personal, no así para la expedición o entrega de los títulos de propiedad. Finalmente, agréguese a estos autos el oficio RAN/YUC/SR/DJ/2489/2020, signado por la Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado y en atención a su contenido estese a lo acordado en las líneas que antecede. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretaria Hilda Adriana Chan Canto, con quien actúa y da fe.

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